El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala incorporó los antecedentes de violencia y la conflictividad social municipal como criterios para definir los nuevos centros de votación de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano de 2027. La medida busca descentralizar el voto rural sin ignorar los riesgos de seguridad que ya afectaron procesos electorales anteriores.

La Dirección Electoral concluyó el 29 de octubre la verificación de campo de 751 propuestas de circunscripciones electorales municipales rurales en 20 departamentos. El relevamiento había comenzado en mayo con 674 solicitudes y sumó pedidos de líderes comunitarios durante su desarrollo.

En 2025, el tribunal también verificó las cabeceras municipales de 93 municipios, donde identificó 572 alternativas para nuevos centros. El proyecto definitivo deberá ser aprobado por el pleno de magistrados antes de la convocatoria formal a los comicios.

La violencia electoral como factor para definir nuevas sedes

La directora electoral Gloria López explicó ante los partidos políticos que la evaluación de riesgo combina información de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público en algunos casos, líderes comunitarios, habitantes de las zonas visitadas y registros de violencia electoral de comicios previos.

El análisis busca establecer una visión objetiva de cada localidad antes de autorizar la apertura o el traslado de un centro de votación. La conflictividad se evalúa junto con los requisitos establecidos en los artículos 231 y 224 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La norma obliga a instalar centros en aldeas, caseríos o centros poblados con más de 500 personas empadronadas. También se consideran la distancia hasta la cabecera municipal, el tiempo y costo de traslado de los votantes, la disponibilidad de servicios básicos y el estado de los caminos de acceso.

El TSE activó dos instancias para atender los municipios con mayor riesgo: la Mesa de Prevención de la Conflictividad Electoral, a cargo del magistrado Velázquez, y la Mesa Interinstitucional de Seguridad, dirigida por el magistrado Jiménez. La segunda había sido instalada un día antes de la reunión mensual con las agrupaciones políticas.

Un magistrado de la región dos, que abarca departamentos como Retalhuleu y Alta Verapaz, indicó que ya fueron identificados municipios con antecedentes conflictivos. Las medidas específicas para esas zonas se definirán junto con la mesa de prevención.

El trabajo incluye la georreferenciación de los centros bajo el sistema GTM 15.5, validado con datos del Registro de Información Catastral. Durante la sesión, un magistrado afirmó: “Hemos identificado los municipios que puedan estar en riesgo alto y en riesgo medio”.

Los reclamos partidarios por las zonas de mayor riesgo

El representante del partido Azul pidió conocer la metodología para clasificar a una comunidad como conflictiva, las medidas de seguridad previstas y las regiones más afectadas. López respondió que la situación cambia de manera permanente y que el análisis continuaba, sin divulgar un listado cerrado de municipios.

El delegado del partido Todos solicitó un mecanismo formal para proponer cambios de sede en centros con antecedentes de criminalidad. Mencionó incidentes ocurridos en Quiché y Quetzaltenango que, según planteó, habían generado dudas sobre la transparencia de elecciones anteriores.

Los partidos tienen hasta los primeros 15 días de noviembre para presentar información sobre esos casos. La Dirección Electoral prevé terminar el análisis técnico a finales de ese mes.

La reunión mensual entre el TSE y los partidos políticos pasará a realizarse cada dos semanas a partir de noviembre. El ajuste busca acompañar la etapa final de definición de las circunscripciones y los centros que integrarán el plan de descentralización.

También surgieron dudas sobre la cantidad de juntas receptoras de votos en el distrito central. El representante de Winaq consultó por cambios en las mesas de esa jurisdicción, que cuenta con 5.336 juntas receptoras y 123 centros de votación.

López confirmó que habrá un aumento, aunque aclaró que la cifra mencionada por el partido correspondía al departamento de Guatemala completo y no solo a la capital. Para 2027, el tribunal estima 6.895 juntas receptoras de votos en todo el departamento, incluido el distrito central.

El representante del partido Unionista preguntó si la capital había formado parte de la verificación rural. La directora electoral informó que se recibieron cuatro propuestas en el departamento de Guatemala, pero no precisó cuántas correspondían específicamente al distrito central.

El delegado de UNI insistió en obtener una cifra concreta sobre los centros de votación de la capital. Un magistrado respondió que el pleno aún no conoce el proyecto final, porque la Dirección Electoral mantiene abierto el análisis técnico.

Más centros y juntas receptoras en los 340 municipios

El TSE proyecta instalar comicios en los 340 municipios del país, con 29.500 juntas receptoras de votos, 1.800 circunscripciones electorales municipales rurales y 4.205 centros de votación. La expansión responde al crecimiento sostenido del padrón electoral, de acuerdo con López.

En 2023 funcionaron 1.213 circunscripciones rurales que atendieron a 15.242 comunidades. La proyección para 2027 amplía esa cobertura territorial mediante nuevas sedes en áreas que antes requerían traslados más extensos hacia las cabeceras municipales.

La descentralización comenzó tras la reforma de 2004 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Hasta entonces, la normativa solo exigía instalar centros de votación en las cabeceras municipales y, en 2003, Guatemala contaba con 3.468 centros en todo el país.

La Dirección Electoral trasladará su propuesta al pleno de magistrados una vez que determine cuáles de las 751 solicitudes verificadas cumplen las condiciones legales. Tras la aprobación mediante acuerdo, el tribunal actualizará su base geoelectoral con las comunidades incorporadas y remitirá esa información a los partidos por el chat institucional y la Secretaría General.

El Intituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) pidió a los pasajeros que viajan desde o hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora anticipar sus traslados entre el 2 de noviembre y el 18 de diciembre, debido a los desvíos viales que provocarán las obras del Aerómetro en Ciudad de Guatemala. La recomendación busca evitar que las demoras en el tránsito afecten la llegada de los viajeros a sus vuelos.

Los cambios se concentrarán en el bulevar Liberación, una de las vías de acceso más utilizadas hacia la terminal aérea, y en sectores cercanos de las zonas 8 y 13. La institución aconsejó planificar el recorrido con margen adicional, revisar las rutas habilitadas y seguir las comunicaciones de las autoridades de tránsito y de las aerolíneas.

Las restricciones se aplicarán durante siete semanas y coincidirán con buena parte de la jornada laboral. El período de mayor afectación se extenderá de 11:00 a 20:00, una franja en la que se concentra la circulación habitual hacia el aeropuerto y otros puntos de la capital.

La estación 2 y la ocupación temporal de un carril

Las modificaciones responden a la construcción de la estación 2 del Aerómetro, un proyecto que requerirá instalar una megatorre y ejecutar su cimentación. Los trabajos obligarán a ocupar temporalmente un carril en distintos puntos del bulevar Liberación.

Héctor Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Transporte, explicó que la obra es parte del desarrollo de un sistema de transporte masivo. “Se están impulsando más opciones de transporte masivo, que es lo que necesita la ciudad para mejorar la movilidad y la administración del tránsito”, afirmó.

Los desvíos abarcarán el sector de La Pérgola, en la zona 13; los carriles reversibles de la 40 calle “C”, en la zona 8; y los alrededores del Zoológico La Aurora. También habrá modificaciones para los vehículos que busquen incorporarse al bulevar Liberación desde otras vías de circulación.

La afectación más relevante para quienes se dirigen a la terminal aérea se ubicará en la zona de los museos, dentro de la zona 13. Los conductores que avancen por la quinta calle desde sectores como Atanasio Tzul y la zona 12 deberán girar a la derecha al llegar al semáforo situado frente a los museos.

El recorrido alternativo continuará hacia el área de Caminos y Covial, seguirá hasta el redondel próximo al aeropuerto y permitirá luego tomar el bulevar Juan Pablo II para retomar el bulevar Liberación. Ese trayecto añadirá un rodeo que los pasajeros deberán considerar antes de emprender el viaje hacia La Aurora.

Carriles reversibles y un viraje para reducir la congestión

La 40 calle “C” de la zona 8 funcionará como carril reversible en dirección al occidente durante el horario de las obras. La medida pretende absorber parte del flujo vehicular que se desvíe del bulevar Liberación mientras se realizan los trabajos de construcción.

El carril reversible ubicado en las inmediaciones del Zoológico La Aurora mantendrá su operación vespertina, como ya ocurría antes del inicio de estas intervenciones. Esa alternativa continuará disponible para ordenar el tránsito en uno de los sectores próximos a la ruta aeroportuaria.

Las autoridades habilitarán además un viraje continuo para los vehículos que salgan del bulevar del Aeropuerto y necesiten incorporarse al bulevar Liberación. La medida apunta a reducir la acumulación de automóviles en ese cruce durante las restricciones.

El Instituto Guatemalteco de Turismo recomendó a los viajeros salir con tiempo suficiente y contemplar las rutas alternas definidas por Emetra. La advertencia se dirige tanto a quienes parten hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora como a quienes llegan a la ciudad y deben desplazarse desde la terminal.

Durante el período de obras, Asistur atenderá consultas turísticas a través del número 1500 y por WhatsApp en el +502 5188-1819.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomendó el 31 de octubre el cierre preventivo total del puente Pinula en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, por los riesgos estructurales asociados a la erosión del río Pinula y mientras continúan las obras de mitigación en el sector.

La decisión revierte la habilitación temporal para vehículos livianos que la Municipalidad de San Miguel Petapa autorizó tres días antes. El alcalde Mynor Morales había explicado el 28 de octubre que la circulación permitiría contar automóviles y medir las vibraciones de la estructura para establecer sus condiciones de seguridad.

La suspensión para vehículos y peatones hasta completar las obras

El cierre recomendado alcanza tanto al tránsito vehicular como al peatonal. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó que el paso debe permanecer restringido hasta que concluyan las tareas de recuperación y personal técnico competente confirme que la circulación puede reanudarse sin riesgo.

El comunicado 31-2026 señala que las mediciones de vibración impulsadas por la comuna constituyen un insumo para conocer el estado actual del puente y orientar la respuesta ante la emergencia. La nueva recomendación se basó en una evaluación preliminar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

El puente Pinula conecta sectores de Villa Hermosa con Los Álamos y Boca del Monte, en Villa Canales. Su restricción afecta los desplazamientos de residentes hacia otras áreas de San Miguel Petapa y hacia la Ciudad de Guatemala.

La Conred ya había pedido el 4 de octubre un cierre inmediato para todo tipo de vehículos, luego de una evaluación que advirtió un riesgo inminente de colapso. En esa ocasión solicitó habilitar albergues para las familias expuestas cerca del cauce, activar el plan local de respuesta e identificar vías alternas.

Las lluvias de septiembre y octubre elevaron el caudal del río Pinula y profundizaron el socavamiento de sus márgenes. La erosión dañó viviendas de Villa Hermosa I y avanzó hacia el área donde se ubica la estructura vial.

Las autoridades municipales colocaron roca y concreto para contener el desgaste del terreno y proteger el paso. Técnicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda inspeccionaron el puente el 8 de octubre para evaluar los daños y definir las intervenciones necesarias.

Más de cinco mil personas afectadas o expuestas al riesgo

La emergencia abarca una zona residencial con 1.120 viviendas dañadas o ubicadas en condición de riesgo, de acuerdo con las evaluaciones interinstitucionales efectuadas entre el 8 y el 12 de octubre. El registro comprende 116 inmuebles con daños graves, 36 con daños leves, dos con daños moderados y 966 situados en áreas expuestas.

La afectación alcanza a 1.379 familias y 5.277 personas en cuatro sectores de Villa Hermosa. Los daños más graves se concentraron en los sectores 2 y 4, donde se identificaron 499 casas en riesgo, mientras que los sectores 1 y 3 sumaron otras 467 viviendas expuestas, además de inmuebles con afectaciones leves o moderadas.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el 4 de octubre un amparo provisional solicitado por el alcalde de San Miguel Petapa. La resolución ordenó al Gobierno adoptar medidas administrativas, técnicas y operativas para reducir los daños provocados por el río Pinula y atender a la población expuesta.

La prioridad, según Conred, es reducir la exposición al riesgo de quienes viven o circulan por el área. Las instituciones que integran el sistema de respuesta ante desastres mantienen acciones coordinadas mientras se desarrollan los trabajos y las evaluaciones técnicas.

Una década de daños por las crecidas del río Pinula

El riesgo en Villa Hermosa I se remonta al menos a una década. Las crecidas del río han provocado destrucción de viviendas, pérdida de terreno y desalojos preventivos en los sectores cercanos al cauce.

En septiembre de 2016, unas 20 viviendas fueron destruidas en el área. Una nueva crecida en 2023 causó el colapso de 13 casas y dejó otras 11 en condición de riesgo, mientras vecinos alertaron en los últimos meses sobre la falta de alternativas habitacionales para las familias que deben abandonar inmuebles afectados.

El puente y las viviendas aledañas se encuentran dentro de la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001, una condición que exige tareas de prevención y vigilancia frente a la erosión, los deslizamientos y las crecidas de los cauces. Conred pidió a la población seguir los canales oficiales y comunicarse al 119 ante emergencias o desastres.

Las autoridades no informaron una fecha estimada para reabrir el paso ni precisaron cuándo terminarán las obras técnicas en el área afectada.

El Comando Sur de Estados Unidos entregó entre el 27 y el 29 de octubre tres edificios escolares en comunidades rurales de Guatemala, financiados con una inversión de USD 2.81 millones a través de su Programa de Asistencia Humanitaria.

Las instalaciones fueron construidas para ampliar la infraestructura educativa en Santa Rosa, Jalapa y Chiquimula, departamentos donde las autoridades estadounidenses identifican factores vinculados con la migración irregular y la presencia de estructuras criminales.

Los nuevos centros fueron transferidos al Ministerio de Educación de Guatemala, que deberá equiparlos, contratar al personal docente y asumir su administración y mantenimiento. La inversión equivale a unos 21.5 millones de quetzales, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

La primera ceremonia se realizó el 27 de octubre en el Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria de la aldea La Morena, situada en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa.

Un día después, las autoridades entregaron la Escuela Oficial Rural Mixta del barrio La Bolsa, en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

El tercer edificio fue inaugurado el 29 de octubre en la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Terrero Barroso, en la aldea Taco Arriba, municipio y departamento de Chiquimula.

Las tres obras se incorporaron a la red de establecimientos públicos bajo responsabilidad del Ministerio de Educación.

Tres entregas escolares en Santa Rosa, Jalapa y Chiquimula

La construcción estuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como USACE, organismo que gestionó las obras bajo supervisión del Comando Sur. También participó el Equipo de Asuntos Civiles de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, identificada como JTF-Bravo.

El Comando Sur, también llamado Southcom, financió los proyectos mediante su programa de asistencia humanitaria. La iniciativa reúne la inversión estadounidense en infraestructura con el compromiso de las autoridades guatemaltecas de sostener el funcionamiento de los establecimientos en los próximos años.

La Embajada de Estados Unidos sostuvo que las escuelas buscan mejorar las condiciones de vida en las comunidades beneficiadas y reducir los factores que impulsan los desplazamientos irregulares hacia territorio estadounidense. La representación diplomática vinculó la construcción de infraestructura educativa con la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las comunidades rurales.

Un funcionario de la sede diplomática afirmó que la inversión escolar “construye comunidades resilientes capaces de resistir el alcance de narcoterroristas, carteles y otras redes criminales”.

La embajada difundió además un mensaje en su cuenta oficial de X: “Cuando ampliamos las oportunidades de nuestra juventud, les quitamos terreno a quienes buscan desestabilizar la paz”.

Educación y seguridad dentro de la política estadounidense

Las obras se inscriben en los lineamientos de America First, la política exterior impulsada por la administración del presidente Donald Trump bajo la premisa de priorizar los intereses de Estados Unidos. Entre sus objetivos figuran frenar la migración ilegal, contrarrestar el reclutamiento de menores por organizaciones criminales transnacionales y promover oportunidades económicas mediante la educación en áreas vulnerables.

La representación estadounidense indicó que estas intervenciones amplían las tareas habituales del USACE, concentradas generalmente en infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. En este caso, el programa se orientó a edificios destinados a la enseñanza en comunidades rurales del sur y el oriente de Guatemala.

El modelo asigna funciones diferenciadas a cada país: Estados Unidos financia y construye las instalaciones, mientras el Ministerio de Educación debe asegurar que los centros tengan equipamiento, maestros, administración y mantenimiento. Ese esquema busca preservar la inversión a largo plazo y garantizar que las comunidades continúen accediendo a los servicios educativos.

La entrega de octubre no constituye la primera intervención de Southcom en escuelas guatemaltecas. En febrero de 2026, el organismo militar estadounidense apoyó la construcción de otros tres establecimientos en Jutiapa, Santa Rosa y Zacapa, con una inversión de USD 2,3 millones.

Los proyectos anteriores incluyeron la Escuela Garita Chapina, en Moyuta, Jutiapa; la Escuela Paso de Caballos, en Casillas, Santa Rosa; y la Escuela Monte Grande, en Río Hondo, Zacapa. Aquellas obras beneficiaron a cerca de 275 estudiantes de entre cinco y 11 años.

En esa ocasión, la Embajada de Taiwán en Guatemala aportó mobiliario y otros recursos para los centros educativos. La representación estadounidense calificó esa cooperación con socios internacionales como una alianza entre actores “democráticos y confiables”.

Henry, un hombre de 25 años, fue capturado en Escuintla como presunto sicario por el delito de asesinato, señalado por las muertes del excandidato a diputado Salvador Wilfredo Calderón Pérez y de José Ariel Barrios Rodríguez, director en funciones de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá. La orden judicial, emitida el 29 de octubre por un juzgado departamental, fue ejecutada durante un allanamiento en la colonia Los Voladores, zona 3.

La Granja Penal Canadá, el centro de detención más grande de Guatemala, alberga a más de 2.000 reclusos en instalaciones diseñadas para 600 personas. La sobrepoblación coincidió con motines, requisas y traslados de cabecillas de estructuras criminales hacia un nuevo Centro de Aislamiento Penitenciario.

Dos ataques armados ocurridos en menos de dos semanas

La detención fue realizada por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público (MP), durante una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble de la zona 3. El operativo surgió tras denuncias de vecinos, según la Policía Nacional Civil (PNC).

El sospechoso quedó a disposición del juzgado correspondiente. Las autoridades no divulgaron su identidad completa ni información sobre eventuales cómplices, mientras analizan si podría estar relacionado con otros ataques armados registrados en el sector.

El primero de los crímenes atribuidos al detenido ocurrió el 11 de octubre en la zona 1 de Escuintla. Salvador Wilfredo Calderón Pérez, de 46 años, viajaba en automóvil cuando hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon.

El excandidato perdió el control del vehículo, que chocó contra un muro de contención. Bomberos Voluntarios lo trasladaron al Hospital Nacional de Escuintla, donde se confirmó su muerte, mientras que otros dos hombres resultaron heridos.

Calderón Pérez había sido inscrito como candidato a diputado distrital por la Unidad Nacional de la Esperanza para las elecciones de 2023, de acuerdo con registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE). También fue juez de Asuntos Municipales de Escuintla y aspiró dos veces a la alcaldía del departamento: primero con la UNE y luego con la Unidad del Cambio Nacional.

Su nombre figuró en un listado de más de 15 aspirantes a cargos de elección popular que mantuvieron vigente su candidatura en 2015, pese a señalamientos del MP y de la Contraloría General de Cuentas.

El segundo ataque se produjo la noche del 23 de octubre, en la zona 3 de Escuintla. José Ariel Barrios Rodríguez, de 41 años, fue asesinado mientras ejercía de forma interina la dirección de la cárcel.

El asesinato del director interino de la cárcel

El crimen ocurrió a las 23:00 en el cantón Los Voladores, cerca de una escuela y de la ruta hacia la finca El Salto. Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Bomberos Departamentales encontraron a Barrios Rodríguez en el sector conocido como la Vuelta Oscura, con tres heridas de bala: una en el pómulo izquierdo, otra en el cuello y una tercera en la parte posterior del cráneo. Las lesiones impidieron que recibiera asistencia médica.

Testigos indicaron de forma preliminar que la víctima se desplazaba en motocicleta junto a otra persona, aunque no se estableció si el acompañante sufrió heridas. Agentes de la PNC resguardaron el área para las diligencias del MP y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Las autoridades del Sistema Penitenciario aclararon que Barrios Rodríguez era un guardia que había asumido interinamente la conducción del centro de detención. Al momento de su muerte, no se había determinado si el ataque estaba vinculado con sus funciones, si había recibido amenazas previas, cuántos agresores participaron ni qué arma fue utilizada.

El MP busca establecer la relación entre ambos homicidios, cometidos en el mismo municipio con menos de dos semanas de diferencia, y no descartó ampliar la investigación hacia otros hechos de violencia armada recientes en Escuintla.

El Gobierno de Guatemala y la misión técnica del Reino Unido al presentar el proyecto Metroriel, aseguran que este será un sistema ferroviario metropolitano de 20,5 kilómetros que requerirá una inversión inicial de USD 969,1 millones para transformar un corredor histórico en una conexión entre la capital y municipios del área metropolitana.

La planificación parte de una Fase 0, un diagnóstico estratégico sobre las condiciones técnicas y financieras necesarias para construir el tren urbano. Por su escala económica y complejidad de ingeniería, la propuesta se perfila como la mayor obra de infraestructura del país desde la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.

La inversión de capital, denominada CAPEX, cubrirá las obras civiles, la compra del equipamiento ferroviario y los acuerdos por el derecho de vía. El sistema apunta a articular distintos medios de transporte, reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso de la población a oportunidades laborales y servicios.

Una red de 22 estaciones con un punto aún por definir

El Metroriel tendría 22 estaciones distribuidas en tres niveles: 17 a nivel de calle, dos elevadas y tres subterráneas. Sin embargo, el apartado de infraestructura de la presentación consigna 21 puntos de estación, una diferencia que deberá resolverse en las etapas posteriores de planificación.

Los datos técnicos fueron presentados por el Gobierno y la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). El material rodante estará integrado por 32 unidades de metro ligero, que también podrán operar como tranvías, con tres trenes en reserva.

Las unidades circularán a una velocidad comercial promedio de 20 km/h, incluida la detención en las estaciones, y pasarán cada cuatro minutos en los períodos de mayor demanda. El recorrido estará dividido en cuatro fases de 11,10, 3,25, 1,90 y 4,25 kilómetros.

El trazado conectará Centra Sur, en Villa Nueva, con los sectores de Centra Norte y Portales, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. La propuesta busca integrar ese corredor ferroviario con una red metropolitana de transporte público.

La infraestructura incluirá 28 pasos a desnivel, 28 intersecciones semaforizadas y 92 cruces con talanquera, las barreras que regulan la circulación en los pasos ferroviarios. También prevé la construcción de los puentes Belice 2 y Frutal, el mantenimiento de cuatro puentes existentes y la reubicación de una línea de conducción.

La presentación reconoce que las obras tendrán un impacto alto sobre el tránsito vial. Para reducir esa afectación, se proyectan conexiones alternativas y 30 intersecciones semaforizadas adicionales.

Un corredor ferroviario con eje verde y desarrollo urbano

El plan incorpora un eje verde para la movilidad activa y la recuperación o creación de espacios públicos en las áreas atravesadas por el tren. La iniciativa contempla intervenciones urbanas alrededor de las estaciones para mejorar el entorno de los barrios vinculados al recorrido.

El modelo propuesto combina comercios, equipamientos públicos, vivienda social o asequible y el aprovechamiento de parcelas estatales próximas a las paradas. El alcance final de estas transformaciones todavía dependerá de la definición del trazado y de las estaciones.

La embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, sostuvo que la movilidad es una condición para el desarrollo del país: “Para una ciudad como Guatemala, contar con soluciones modernas de movilidad no es opcional, es una necesidad”.

Correa señaló que los problemas de tránsito inciden en la vida diaria de los habitantes y en la actividad económica, porque dificultan tanto el acceso al empleo como el funcionamiento de las empresas. El proyecto también plantea participación comunitaria, inclusión, acceso al patrimonio y generación de empleo durante la construcción.

En materia ambiental, la propuesta establece objetivos de reducción de la contaminación del aire y del ruido, promoción de la economía circular y protección o recuperación del entorno natural. El acuerdo entre Guatemala y el Reino Unido prevé, además, el intercambio de experiencia y capacidades especializadas en infraestructura ferroviaria.

Para 2027, la hoja de ruta contempla definir el trazado, confirmar las estaciones, consolidar los estudios técnicos y desarrollar un proceso de diseño con participación de los sectores involucrados. Ese año también se prevé iniciar la transferencia de conocimientos con universidades británicas, convocar las primeras licitaciones y comenzar las obras.

La documentación presentada no define aún el número final de estaciones, las tarifas del servicio ni los tiempos de recorrido. Los hitos anunciados tampoco establecen una fecha concreta para el inicio de operaciones del sistema.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó a Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, después de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera el nombramiento de Jonathan Menkos por una incompatibilidad vinculada con su condición de diputado.

El economista asumirá la conducción de la banca central tras una disputa judicial que también puso bajo discusión la autonomía técnica de la institución.

La controversia provocó pronunciamientos empresariales y diplomáticos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras advirtió que el reemplazo simultáneo de cinco gerencias del banco central “puede debilitar la continuidad técnica que ha distinguido a la banca central guatemalteca”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala en su momento manifestó, también a través de X, que no permanecería en silencio frente a intentos de “politizar el Banco de Guatemala, socavar su independencia o poner en riesgo la estabilidad económica del país”. La representación diplomática respaldó además la autonomía de la Corte de Constitucionalidad para resolver el litigio sin presiones externas ni represalias.

Arévalo confirmó la designación de Carpio Sam mediante un mensaje publicado en X. “He designado a Eddy Roberto Carpio Sam como nuevo presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria”, escribió el mandatario.

El Presidente sostuvo que la carrera del nuevo funcionario, su formación académica y su paso por organismos financieros internacionales serán determinantes para dirigir la entidad “con responsabilidad, rigor técnico y compromiso con la estabilidad económica del país”. El mensaje concluyó con un deseo de éxito para Carpio Sam en su nueva función pública.

Más de 25 años de carrera en la banca central

Carpio Sam es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y acumula más de 25 años de trayectoria vinculada al Banco de Guatemala. Antes de su designación como presidente, se desempeñaba como gerente general de la institución.

La Junta Monetaria lo había nombrado gerente general el 7 de octubre, en el marco de una renovación de la estructura directiva que alcanzó a las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica. Su carrera dentro del banco incluyó tareas de análisis macroeconómico, elaboración de pronósticos económicos y asesoría permanente a la Junta Monetaria.

Su formación académica reúne una maestría en Economía con concentración en Econometría Financiera por la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos. También obtuvo una maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad Galileo y una especialización en Finanzas por la Universidad de Valparaíso, en Chile.

La experiencia del nuevo titular se extendió a organismos multilaterales. Entre 2023 y 2025 fue director ejecutivo por Centroamérica ante el Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest, mientras que entre 2025 y 2026 ejerció como consejero por Guatemala ante ambas entidades.

Durante su período en el Banco Interamericano de Desarrollo, presidió el Comité de Programación del Directorio Ejecutivo entre julio de 2024 y junio de 2025. También integró los comités de Auditoría y de Políticas y Evaluación.

La suspensión judicial del nombramiento de Menkos

La llegada de Carpio Sam se produjo después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ejecutivo dejar sin efecto la designación de Jonathan Menkos. El tribunal suspendió provisionalmente su nombramiento el 8 de octubre y anuló las decisiones que había adoptado desde su toma de posesión, ocurrida el 1 de octubre.

La resolución respondió a dos acciones de amparo que cuestionaron que Menkos pudiera ejercer simultáneamente funciones vinculadas a una curul legislativa y la presidencia del banco central. Una fue presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, y la otra por el diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos.

Los recursos sostuvieron que Menkos no había perdido su calidad de diputado, pese al permiso otorgado por el Congreso en enero de 2024 para que asumiera como ministro de Finanzas Públicas. Esa condición, según los demandantes, representaba un impedimento legal para ocupar la presidencia del Banco de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad instruyó a Arévalo a verificar que cualquier futura designación cumpliera con las exigencias de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. También le ordenó abstenerse de nombrar a personas alcanzadas por prohibiciones o incompatibilidades legales.

Tras la suspensión, Menkos regresó al Ministerio de Finanzas Públicas. El vicepresidente del Banco de Guatemala, José Alfredo Blanco Valdés, quedó al frente de la institución de manera interina hasta la designación de Carpio Sam.

El Congreso de la República ya oficializó el llamado a Olga Villalta para cubrir la vacante legislativa que dejó Menkos al retornar de forma definitiva al Ministerio de Finanzas Públicas.

El Parque Zoológico Nacional La Aurora, en Guatemala, realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre un homenaje a Romina, la tigresa de Bengala que murió en marzo a los 17 años, y abrirá un altar comunitario para que las familias recuerden a sus mascotas fallecidas.

La propuesta unirá las conmemoraciones de Todos los Santos y los Fieles Difuntos con un espacio dedicado a los animales que formaron parte de hogares guatemaltecos y de la historia del parque.

Romina vivió casi dos décadas en La Aurora y será una de las figuras centrales de las tres jornadas, que comenzarán a las 10:00. El tributo incluirá actividades infantiles, talleres manuales y un recorrido con puntos de distribución de dulces para quienes asistan disfrazados.

La iniciativa se vincula con una práctica que ha ganado presencia en Guatemala y otros países de la región: los altares para animales de compañía que murieron.

En algunos lugares, esta fecha de recuerdo se asocia con el 27 de octubre y suele expresarse mediante fotografías, juguetes, collares y alimentos que las mascotas disfrutaban.

Un altar para las mascotas y la memoria de Romina

El zoológico instaló un altar conmemorativo inspirado en las tradiciones locales, decorado con flores y habilitado para recibir fotografías impresas de mascotas fallecidas.

La institución convocó a los visitantes con un mensaje difundido en sus redes sociales: “Entre flores y fotografías, recordamos con cariño a nuestros animales y a tus mascotas”.

Las familias podrán llevar imágenes y objetos de sus compañeros animales para sumarlos al muro del recuerdo. El espacio reunirá el homenaje a las mascotas de los visitantes con la memoria de Romina, uno de los ejemplares más recordados por quienes frecuentan el parque.

Las actividades coinciden con fechas de especial arraigo en Guatemala, donde las familias visitan cementerios, preparan fiambre y participan en el vuelo de barriletes gigantes en distintas comunidades. El altar comunitario traslada parte de esas expresiones de memoria a los vínculos construidos con los animales.

El homenaje se extenderá durante tres días consecutivos: 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. La programación busca que los visitantes puedan integrar el recorrido habitual por el zoológico con momentos de recuerdo dedicados a animales que acompañaron a las familias durante años.

Talleres, disfraces y dulces para los visitantes más pequeños

La Pérgola de Osos será sede de un taller de calabazas los días 30 y 31 de octubre, desde las 10:00. La actividad está pensada para que los niños realicen manualidades junto a sus familias durante la visita al parque.

También habrá un taller de manualidades orientado al mismo público. Ambas propuestas se sumarán a la programación recreativa prevista en el recorrido, con actividades destinadas a los visitantes más jóvenes.

El sábado 31 de octubre, entre las 10:00 y las 13:00, los niños que lleguen disfrazados podrán ingresar sin costo si un adulto compra su entrada. Durante esas tres horas, distintos puntos del zoológico ofrecerán dulces para que los menores recorran las instalaciones vestidos como sus personajes favoritos.

La Aurora fue fundada en 1924 y es administrada por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural.

La institución está acreditada ante la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, y desarrolla su trabajo sobre tres ejes: investigación, conservación y educación.

El parque alberga más de 280 especies y mantiene programas de conservación tanto dentro de sus instalaciones como en los entornos naturales de las especies. Estas acciones se realizan en colaboración con entidades nacionales e internacionales y están orientadas a la protección de la biodiversidad de Guatemala.