Organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios han denunciado que el pasado 26 de octubre decenas de agentes de la Policía Nacional entraron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos. El operativo, indican en un comunicado, incluyó material antidisturbios y derivó en detenciones de personas que permanecían en el centro a la espera de respuestas sobre sus solicitudes de protección internacional, por lo que reclaman el cese inmediato de unas expulsiones que califican de “ilegales y carentes de garantías”.

Las intervenciones, aseguran los colectivos, continuaron en días posteriores, lo que ha extendido el miedo entre los residentes del CETI.

El principal cuestionamiento apunta al lugar y la forma en que se realizan las entregas a las autoridades marroquíes. Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes aseguran que las devoluciones se ejecutan por un paso no habilitado, fuera del puesto fronterizo oficial.

Ese mecanismo, aclaran, impide verificar la entrega de cada persona y limita derechos básicos como la posibilidad de presentar alegaciones individuales, el acceso a intérpretes y la tutela judicial efectiva.

También señalan que las personas afectadas incluyen mujeres, personas del colectivo LGTBI y ciudadanos de terceros países, entre ellos Yemen, Senegal, Sudán y Bangladesh. Perfiles que, según advierten, afrontan riesgos de violencia y malos tratos en Marruecos, en especial quienes no tienen nacionalidad marroquí.

Las asociaciones sitúan un episodio previo el viernes 23 de octubre, cuando al menos 16 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas hacia Marruecos y permanecieron durante tres días en una zona fronteriza sin poder entrar en territorio marroquí ni regresar a España, según su relato. El grupo, en el que había personas de Senegal, Togo, Bangladesh, Costa de Marfil, Nigeria y Yemen, pasó tres días sin acceso a comida ni agua, sin información sobre su situación jurídica ni sobre el destino de sus procedimientos de asilo.

El Ministerio del Interior por su parte, sostiene que, de acuerdo con las informaciones conocidas sobre el caso, las personas devueltas no habían presentado recursos dentro de plazo. Las organizaciones lo niegan y afirman que hubo actuaciones pese a procedimientos judiciales aún abiertos.

El caso de Yaseen elevó la disputa con Interior

Uno de los expedientes señalados por las entidades corresponde a Yaseen S. A., ciudadano yemení cuya solicitud de asilo fue denegada. Su defensa había recurrido la decisión y solicitó una medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para evitar su devolución mientras se resolvía el procedimiento.

La abogada del migrante y de otro ciudadano yemení informó de que ambos fueron enviados a Youssoufia, una localidad situada a más de 230 kilómetros al sur de Casablanca, en Marruecos. Según la letrada, fueron privados de dinero y pertenencias, y quedaron bajo custodia de la policía marroquí por una presunta estancia irregular.

La defensa y otros abogados de la Coordinadora de Barrios habían comunicado por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI que no debían ser devueltos porque existía un recurso presentado. También alegaron que la denegación de protección internacional contradecía el criterio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La Audiencia Nacional acordó el pasado lunes que Yaseen permaneciera en España mientras se resolvía el recurso presentado ante su denegación de asilo. Interior, por su parte, reconoció la devolución, pero niega haber desobedecido al tribunal: sostiene que el plazo terminó el viernes y que la respuesta al recurso llegó el lunes por la tarde, con el migrante ya en Marruecos.

Interior posteriormente reconoció la vigencia de la medida cautelarísima y planteó que el ciudadano yemení se personara en el paso fronterizo para volver a entrar en España, una posibilidad que las entidades sociales consideran inviable, dadas las condiciones en las que se encuentra el hombre en Marruecos, sin dinero ni otros recursos.

Derecho de asilo y el principio de no devolución

Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan que se efectúen detenciones y devoluciones dentro de un recurso de acogida. A su juicio, la presencia policial en el CETI transforma un espacio destinado a atender a personas migrantes en un lugar de temor y puede disuadir a quienes necesiten solicitar asilo o acceder a servicios de protección.

Las asociaciones citan la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348, que regula los procedimientos de protección internacional y retorno, y recuerdan que las personas con recursos pendientes deben poder permanecer en España hasta que se resuelva su situación.

También invocan el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que prohíbe retornar a una persona a un país donde pueda afrontar persecución, tortura o riesgos graves para su integridad.

Por todo ello, las organizaciones sociales exigen al Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta que suspendan las redadas en el CETI y detengan las devoluciones de personas con recursos judiciales pendientes o necesidades de protección. Además, solicitan que cualquier entrega a Marruecos se realice por el puesto fronterizo oficial, con registro documental, asistencia letrada, intérprete y revisión individual de cada expediente.

El Sindicato Ferroviario considera “absolutamente precipitado” que el Gobierno haya atribuido a un error humano el fatal accidente de este miércoles entre Urda y Los Yébenes, Toledo, ya que la investigación judicial acaba de comenzar y aún es “muy pronto” para determinar el origen del siniestro, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de siniestros “siempre interviene más de un factor”. “Cómo puede ser haya pasado casi un año desde el accidente de Adamuz [en Córdoba] y todavía no haya respuestas definitivas sobre lo que ocurrió, y a pocas horas de haberse producido el de ayer ya tenemos que la respuesta es el factor humano”, se pregunta Joan Rodríguez, portavoz del sindicato, en conversación con Infobae, que critica el modelo privatizado de conservación de las vías. Hasta el momento, el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, que provocó la caída de dos vagones por un terraplén, ya se ha cobrado la vida de 68 personas y los servicios de rescate continúan este jueves los trabajos en la zona.

Según ha explicado el Gobierno, el accidente ocurrió después de que el sistema de seguridad LZB dejara de funcionar con normalidad. Los audios de las comunicaciones entre ambos trenes y el centro de mando de Atocha muestran que el controlador autorizó a los maquinistas a reanudar la marcha normal, permitiendo así que el AVE continuara su circulación a 200 kilómetros por hora cuando aún no se había comprobado que el Iryo que estaba delante se hubiera alejado la distancia necesaria —más de 30 kilómetros— para evitar una colisión. El Ejecutivo considera que esa decisión contraviene el protocolo y está en el origen del siniestro. La normativa establece que, ante una incidencia de este tipo, los trenes deben avanzar en régimen de marcha a la vista, con un límite de 40 kilómetros por hora.

Los audios, sin embargo, también recogen que la maquinista del tren de Iryo comunicó a Atocha que permanecía detenida, pese a haber recibido autorización para reanudar la marcha, porque no había logrado hacerlo.

Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario piden cautela. “El factor humano es solo una de las infinitas posibilidades que pueden haber ocurrido. Los accidentes de tren no responden habitualmente a una única causa, sino a una acumulación de factores”, insiste Rodríguez. Aunque la organización defiende que el sistema ferroviario español es “completamente seguro” y un ejemplo para otros países europeos, cuestiona el modelo de desarrollo de la red de alta velocidad y denuncia que gran parte de los trabajos de mantenimiento y conservación de las vías de Adif están en manos de empresas privadas y subcontratas.

“El modelo se centra más en seguir construyendo líneas de alta velocidad mientras luego se olvidan no solo del mantenimiento de estas líneas, sino de los núcleos de cercanías. A esto se suma también la internacionalización por la que ha apostado Renfe, que a día de hoy participa en infinidad de proyectos por todo el mundo, desde República Checa a Arabia Saudí o Estados Unidos, y creo que se debería prestar más atención a lo que tenemos en casa para volver a tener una de las mejores redes ferroviarias de todo el mundo”, critica Rodríguez.

El sindicato sostiene que la situación del sector empeoró tras la liberalización ferroviaria en España a finales de 2020, que permitió la entrada de operadores privados como Ouigo e Iryo para competir con Renfe en el transporte de pasajeros, en aplicación de las directivas de la Unión Europea. El proceso, no obstante, había comenzado 15 años antes en el transporte de mercancías, donde ya operaban empresas privadas.

En ese contexto, Rodríguez cuestiona que se recurra a empresas privadas para tareas de mantenimiento y conservación de la red, porque, a su juicio, ese modelo limita el control directo sobre los trabajos y retrasa la capacidad de respuesta.

El portavoz recuerda que el equipo de Adif está revisando los audios difundidos tras el accidente en Toledo para analizarlos y determinar qué ocurrió. Mientras avanza la investigación, los equipos de rescate siguen trabajando con varias grúas para retirar los vagones accidentados y comprobar si hay más víctimas atrapadas bajo los restos. Está previsto que este jueves se sumen el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de Criminalística, que recabarán pruebas para esclarecer las causas del siniestro.