El 28 de octubre, poco antes de las nueve de la mañana, el AVE 2080 de Renfe alcanzaba por detrás al tren 6076 de Iryo a la entrada de la estación de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a más de 160 km por hora. El impacto provocó que al menos 69 personas perdieran la vida. Tras más de 48 horas de dolor y conmoción en toda España, este viernes un hombre se ha abierto paso entre las cámaras que esperaban a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para lanzar un mensaje. “Me he puesto aquí en medio para que se me escuche”, ha dicho en directo. El hombre se ha identificado como Javier Barrio y ha explicado que su mujer, Carmen de Santana, viajaba en el vagón número 7, plaza 15A, del AVE. Su intervención, emitida en varias televisiones, se ha hecho viral en redes sociales. “Quiero sobre todo decir que estos muertos son los muertos de toda la sociedad, del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos”, ha afirmado: “Estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas”.

Este hombre da en la clave de la principal causa que ha producido el accidente ferroviario: el capitalismo, que pone por delante el beneficio económico a los derechos de la gente. “Tenemos que cambiar este mundo y hacerlo entre todos”. https://t.co/dlx6supXrh

— José Luis Aires🔻🇵🇸 (@joseluaires15) October 30, 2026

Barrio ha explicado que era el último viaje de trabajo de su mujer, a la que describió como “alta directiva de Viajes El Corte Inglés”. Y ha continuación ha puesto como ejemplo la carga de trabajo en las empresas: “El trabajo que hacían tres ahora lo hace uno nada más”. Y ha aclarado que hablaba de esa compañía porque su mujer trabajaba allí, pero que, a su juicio, ocurre en todas las empresas, en España y en el mundo.

Para explicarse, ha recurrido a una comparación histórica: “Acordaos cuando teníamos a los niños en las minas arrastrándose, cogiendo carbón. Ahora lo que tenemos son capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca, a la mayor velocidad posible”. Según él, ocurre “en todas las redacciones, en todos los trabajos”. Y ha hecho un llamamiento a “rebelarse entre todos”: “Los muertos como mi mujer de hoy y los que habrá y seguirá habiendo tienen que ver con esto”.

A la espera de la confirmación por ADN

“Aunque me veáis aquí, no paro de llorar hace dos días”, ha añadido. En estos momentos, Barrio y las demás familias de las víctimas están a la espera de los certificados de defunción oficiales, que dependen de las pruebas de ADN y que, según les han comprometido, llegarán en dos o tres días.

“Ayer entendí ya que las posibilidades eran remotísimas. La perdí ayer”, dijo sobre la esperanza de encontrar a su mujer con vida.

De las 70 denuncias de desapariciones, 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. La Benemérita aclara que no todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar.

Ese miércoles por la mañana del 28 de octubre el centro de control de Adif en Atocha funcionaba “en circunstancias de absoluta normalidad” cuando se produjo la tragedia en Urda (Toledo), según el ministro de Transportes, Óscar Puente. En la sala había 16 controladores y el operario que autorizó la marcha del AVE llevaba dos horas trabajando, como, según cree el ministro, el resto del turno que estaba con él. Ese ha sido el argumento que el ministro ha dado a quienes vinculan el siniestro con la falta de personal o el cansancio de la plantilla, una preocupación que los sindicatos ya habían trasladado a Adif en septiembre. Este viernes el trabajador del centro de control de Adif que ordenó al tren AVE reanudar la circulación con “marcha normal” se negó a declarar ante la Guardia Civil.

Pasadas más de 48 horas desde la colisión entre ambos trenes, la tragedia de Urda deja todavía muchas preguntas en el aire. El primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), al que ha accedido Infobae, avisa de que todavía es pronto para extraer conclusiones pero aporta algunas pistas. Una de ellas es que el AVE que impactó contra el tren que permanecía detenido en la vía en Toledo circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El accidente ha dejado por el momento 69 fallecidos y más de 200 heridos. Una de las grandes incógnitas es si el accidente se produce solo por un error humano o si también intervinieron fallos de mantenimiento, inversión y otros problemas estructurales que deberían haberse afrontado desde las instituciones. El informe apunta a que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

“¿Hay estrés?"

Puente se adelantó a las preguntas sobre las condiciones de trabajo. “¿Hay estrés? Me lo van a preguntar ustedes", planteó en su comparecencia. Su respuesta: el operario y, en su opinión, todo el turno llevaban dos horas en sus puestos, y los trenes estaban “completamente detenidos” porque el sistema de seguridad (el ya famoso LZB) los había parado. A partir de ahí, dijo, el centro de control tomó las decisiones para reanudar la marcha.

El ministro ha insistido en que los controladores no trabajan a ciegas cuando falla el sistema automático LZB. “El ser humano no está solo con un papel y un bolígrafo”, ha añadido. Disponen de pantallas que muestran en todo momento dónde está cada tren, y Puente asegura que esos sistemas funcionaron: quienes estaban en la sala “tenían a la vista lo que estaba sucediendo”.

Tampoco deciden a su libre albedrío, ha añadido. El protocolo marca reglas que el ministro calificó de “elementales y básicas” como que:

- Si hay dos trenes en el mismo cantón, el de detrás no se mueve.

- El tren de detrás no arranca hasta que el de delante haya iniciado la marcha y superado la baliza del siguiente cantón.

- Con el LZB caído, la circulación se autoriza en “marcha a la vista”, con un máximo de 40 kilómetros por hora hasta la siguiente señal ASFA.

Puente, que evitó atribuir culpas personales, se remitió a la investigación y a esperar a que esta avance para aclarar lo sucedido: “Yo no soy juez”.

La advertencia de septiembre

Las palabras del ministro llegan menos de dos meses después de que CSIF denunciara las condiciones de trabajo en Adif. El 4 de septiembre, el sindicato alertó con un comunicado que titulaba con las palabras “luego pasan las cosas que pasan” que los trabajadores incurrían en jornadas de hasta 12 horas diarias y de hasta cinco noches seguidas.

La queja afectaba a los departamentos de circulación e infraestructuras, que según CSIF reúnen unos 9.000 de los 12.000 empleados de Adif. El sindicato comparaba a estos trabajadores con “controladores aéreos, pero con los trenes”, aunque no especificaba si eran específicamente los controladores de Atocha.

“Adif mantiene gráficos de trabajo infames que obligan al personal a realizar jornadas de 12 horas y encadenar hasta 5 noches seguida”», afirmaba un portavoz. A su juicio, esa política multiplica el agotamiento físico y mental y compromete “gravemente la seguridad en la circulación ferroviaria”.

El portavoz precisaba que no toda la plantilla hace turnos de 12 horas; el resto trabaja nueve, pero con “una carga de trabajo brutal”. Y señalaba directamente a quienes están en los puestos de mando, que “tienen que controlar trenes que a lo mejor están a 300 kilómetros, y ellos son los responsables de lo que pasa en el tren”.

CSIF denunciaba además la supresión de pluses de toxicidad y penosidad y la falta de una retribución justa por turnicidad y nocturnidad. Por ello pedía rechazar el borrador del nuevo convenio de Adif, que en su opinión ponía en peligro “tanto la salud de la plantilla como la seguridad ferroviaria en todo el país”.

El comunicado no se refería específicamente al centro de control de Atocha, y el ministro no detalló la duración de los turnos en esa sala.

“He oído que hay poco personal”, admitía Puente al respsecto antes de dar sus cifras. Según el ministro, los centros de regulación y control de Adif han pasado de 1.008 empleados en 2016 a 1.762 en la actualidad. Él lo cifró en un incremento del 60 %, aunque las cifras que dio suponen un aumento cercano al 75 %.

En el centro de Atocha trabajaban 70 personas en 2012 y hoy son 133, según el ministro. La plantilla tocó máximo en 2025, con 140, y ha perdido siete personas por jubilaciones. Puente aseguró que están “en proceso de recuperarlas, incluso incrementarlas”.

El ministro recordó que, tras el accidente de Adamuz (Córdoba) de enero, el Gobierno pactó con los sindicatos aumentar “de manera muy importante” las plantillas de Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Concluyó que no cree correcto hablar de un servicio infradotado, aunque admitió que puede ser necesario «meter más» personal.

Puente anunció que el Gobierno revisará los protocolos, la formación, la situación de la plantilla y los sistemas de verificación de decisiones. “¿Pretendo decir con esto que no hay nada que corregir? Por supuesto que no", reconoció.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este viernes 48 horas después del trágico accidente ferroviario en Urda que ha dejado por el momento 69 víctimas mortales. “Por el momento, los indicios apuntan a que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control de mando de Adif”, ha afirmado al arrancar su segunda intervención desde que se produjo el accidente. Y ha añadido que están “analizando los hechos para esclarecer exactamente qué ha sucedido, cómo ha podido producirse y si existieron deficiencias en los procedimientos de control”. Aún así, ha insistido en la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

Ha asegurado que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la cadena de errores que llevó a la colisión mortal entre los trenes AVE e Iryo a primera hora de la mañana del miércoles, falló este año en 170 ocasiones. Este sistema, ha explicado, funciona con soportes físicos (balizas, cables) y el 75% de esas incidencias se deben a problemas en esos soportes físicos (por vandalismo, robo de cable, daño como consecuencia de obras, mantenimiento o acciones meterológicas). Pero es que “la caída del LZB puede ser habitual y su fallo está regulado”, ha añadido.

El número de incidencias “puede llamar la atención al público no especializado, pero está dentro de la normalidad europea y en cifras muy estables en los últimos seis, siete años. También les digo que está por debajo de la media registrada, en concreto con respecto a los dos años inmediatamente anteriores”. Según Puente, estamos hablando de unas incidencias que “pueden estar entre las ciento cincuenta y doscientas al año”.

Además, el ministro ha explicado que la última incidencia anterior al incidente fue el 14 de octubre, lo que arroja una de las incidencias por kilómetro de 0,4, que es la mitad, por ejemplo, de la que se registra en la banda de Atocha-Puertollano o en otras bandas de la línea Madrid-Sevilla. “Por tanto, estamos, insisto, hablando de una situación de normalidad”.

Puente ha incidido en que la caída del sistema LZB es algo tan “habitual”, que “el sistema está diseñado para lidiar con ella” y está recogida en el propio Reglamento de Circulación Ferroviaria. También ha negado que el LZB sea un sistema menos seguro o menos fiable que el ERTMS. “El LZB es un medio de seguridad tan sólido y tan fiable como el ERTMS. De hecho, quiero subrayar que el LZB es el sistema que tiene en este momento el 80% de la red de alta velocidad alemana o austriaca y que además está alojado en otros países, como las líneas regionales en Reino Unido o metros de alta densidad de tráfico como el de Múnich, el de Viena o el de Düsseldorf”.

“Si es así, se preguntarán ustedes: ¿y por qué se está cambiando entonces? ¿Por qué se sustituye, si es tan bueno, por otro sistema distinto?“, ha planteado Puente sobre el hecho de que en estos momentos, en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía está implementándose desde el pasado junio y está previsto que esté operativo a principios de 2027 el nuevo sistema de seguridad ERTMS.

Porque así lo exige el Reglamento Europeo de Redes Transeuropeas de Transporte, que dice en su artículo 18 que los Estados miembros tendrán que implantar el ERTMS a más tardar el 31 de de diciembre de 2040 en red básica, 31 de diciembre de 2045 en red ampliada y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2050 en red global.

Según el ministo, España es el país que ha implementado ya más kilómetros de ERTMS [...]. Por tanto, “España es la primera en hacer los deberes a la hora de implementar el sistema ERTMS y lleva implementados en su red de alta velocidad más kilómetros de ERTMS que ningún otro país de la Unión Europea”.

Ha explicado que el Ministerio le envió a la Unión Europea el certificado de recepción de la colocación física del ERTMS en junio del año 2026 y ahora para ponerlo en funcionamiento hay que superar dos fases: una, la fase de prueba y comprobación de laboratorio y otra, la fase de permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La fase de de pruebas y revisión de laboratorio está superada en la línea de Madrid-Córdoba. Las pruebas están hechas y ahora está en el laboratorio, realizándose los análisis. Y el tramo restante, el de la vía Córdoba-Sevilla, se está llevando a cabo en este momento las pruebas los fines de semana por las noches.

Por ahora, Puente no va a dimitir

Ante las peticiones de dimisión, Puente ha asegurado que su “forma de asumir responsabilidades es dar la cara”: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada de esconder”,

“Siento un dolor inmenso por las víctimas y los familiares. Pero no puedo dejar que el dolor me paralice. La fatalidad existe y hay que afrontarla”.

El sistema de respaldo ASFA

Para seguir explicando el sistema, hay que entender también cómo funciona el sistema de respaldo ASFA. El sistema LZB es un mecanismo de control y frenado automático que se apoya en cantones virtuales de longitud variable de dos kilómetros y medio (es decir, tramos de vía de seguridad).

Esos cantones emiten una información al sistema que le permite decirle al tren los cantones que están desocupados e incluso ajustar la velocidad en función del número de cantones disponibles y en función del espacio que tenga el tren por delante totalmente asegurado para poder circular.

Y es el sistema el que le dice: “Puedes ir a 200 km/h de máxima, puedes ir a 250 km/h, puedes ir a, a 270 km/h, a 300 km/h, a la velocidad que sea”. Cuando el LZB decae entra en servicio el mecanismo de respaldo, que es el ASFA. Hay países que no lo tienen, pero España sí. Óscar Puente lo ha explicado así: “Pasamos en ese caso de un sistema de cantones virtuales a un sistema de cantones físicos, de balizas. Balizas que detectan el paso de un tren y, en función de si el cantón está ocupado por otro tren o no, permiten no pasar, prohíben el paso o lo permiten”.

“Por tanto, voy a insistir de nuevo en la regla básica: dos trenes nunca en el mismo cantón. Pero el ASFA no tiene cantones tan pequeñitos, tienen balizas a más distancia. En este caso concreto, los dos trenes siniestrados se detienen dentro del mismo cantón. Por tanto, el sistema ASFA, en principio, no puede avisarles de que hay un tren dentro del cantón. Pero sí hace una cosa el sistema, y esto lo comunica por radio con claridad el maquinista del tren AVE. Les da una instrucción que se llama meta cero. Meta cero significa que el último punto de detención del tren AVE se produce como consecuencia, o se le deja constancia al tren, de que lo hace con un tren dentro del mismo cantón. Meta cero, que es distinto de la instrucción que se le da al Iryo. Al Iryo el sistema le da una instrucción meta cuarenta, es decir, le permite avanzar a cuarenta hasta la señal más próxima de ASFA, que es lo que hace deteniéndose en el semáforo rojo, para que se entienda, en la señal de rojo que hay a la entrada de la estación de Urda. Por tanto, tenemos dos trenes en el mismo cantón, uno de ellos detenido en la señal de final de cantón y otro poco después de la señal de entrada del cantón. Cuando se da la instrucción al tren que va por detrás de que reanude la marcha con normalidad, teniendo un tren detenido por delante, se produce una circunstancia doblemente dramática. Y es que unos minutos después se le da salida al tren Iryo y se cambia la luz roja de delante del tren a una luz verde para que este reanude la marcha. De manera que es imposible que el sistema ASFA avise al tren AVE cuando llega al final del cantón, porque el semáforo está en verde, aunque el tren Iryio no haya reiniciado la marcha. No voy a valorar esto”.

Con la dimisión anuncidada este jueves y prevista para febrero de 2027 de Christine Lagarde, han empezado rápidamente las quinielas para los aspirantes al puesto de presidente del Banco Central Europeo (BCE). Y entre los aspirantes, hay un español que suena como favorito: Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director gerente del Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Basilea. Así lo refleja una encuesta que ha hecho Bloomberg entre economistas y conocida esta semana en la que De Cos recibió el respaldo de 12 de los consultados, frente a nueve que se inclinabaan por el neerlandés Klaas Knot, expresidente del Banco Central de los Países Bajos.

La carrera por la sucesión se ha activado después de que Lagarde confirmara su salida del organismo para el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que expirara de forma natural su mandato, fijado para el 31 de octubre de ese año.

El candidato español inició en las últimas semanas contactos informales con gobiernos y bancos centrales de distintos países del euro, de acuerdo con una información publicada por El País. La tarea no es sencilla: implica conjugar los intereses de una Francia atravesada por una crisis política y financiera, y de una Alemania con un desempeño económico débil, además del resto de socios de la eurozona.

En el plano nacional, De Cos logró el respaldo explícito tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez lo calificó en septiembre como un gobernador “excepcional” del Banco de España y sostuvo que su liderazgo sería positivo “no solo para España sino también para Europa”. El apoyo de Feijóo cobra relevancia porque las encuestas sitúan al PP por delante en intención de voto, en un escenario donde las negociaciones por el BCE coincidirán en el tiempo con las elecciones generales en España, previstas para el 28 de noviembre.

El vicepresidente saliente del BCE, Luis de Guindos, también manifestó públicamente su apoyo a la candidatura del exgobernador.

Halcón o paloma

Un sondeo del think tank londinense OMFIF, adelantado por el Financial Times en abril, también lo colocó como el candidato mejor valorado entre nueve variables, con una puntuación de 1,77 sobre 5 (donde 1 es la mejor nota), por delante del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel (1,9), de Knot (1,92), del gobernador saliente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau (1,94), y de la actual miembro del consejo ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel (2,57).

Los expertos consultados por OMFIF destacan a De Cos en formación en política monetaria, capacidad para generar consensos, credenciales europeas y disposición a anteponer los intereses comunitarios a los de su propio país. Nagel, en cambio, aventaja al español en conocimiento de los mercados financieros y gestión de crisis, dos variables que podrían ganar peso en el contexto actual de tensión en la deuda francesa.

En la jerga de los bancos centrales, que distingue entre ‘halcones’ (partidarios de políticas monetarias restrictivas para contener la inflación) y ‘palomas’ (más proclives a mantener tipos bajos para sostener la actividad), De Cos aparece como un perfil centrista con un ligero sesgo de paloma, más moderado que Nagel, Knot o Schnabel, aunque más ortodoxo que Villeroy de Galhau.

El mecanismo de elección y el reparto de poder entre países

El sucesor de Lagarde será designado por el Consejo Europeo, que actúa por mayoría cualificada a partir de una recomendación del Consejo de la Unión Europea, tras consultar al Parlamento Europeo y al propio Consejo de Gobierno del BCE. Así lo establece el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El cargo tiene una duración de ocho años, no renovable, y solo pueden optar a él ciudadanos de los Estados miembros de la eurozona.

La negociación se complica porque no se trata de una silla aislada. En las próximas semanas también deberá cubrirse la vacante que deja Isabel Schnabel, quien abandonará el BCE el 3 de enero de 2027 para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), y la del economista jefe, Philip Lane, cuyo mandato concluye en mayo. “No tengo ninguna duda de que se negociarán a la vez; no puedes colocar una silla sin tener visibilidad sobre cómo se repartirán las próximas”, señaló una fuente financiera citada por El País.

El calendario institucional marca dos citas clave: una reunión informal de jefes de Gobierno de la Unión Europea el 13 de noviembre y un consejo extraordinario el 26 y 27 de ese mes, apenas dos días antes de las elecciones generales en España.

Antecedentes históricos y factores que complican la carrera

La presidencia del BCE, creada en 1998, nunca ha recaído en un español ni en un alemán. Por su sede la ocuparon hasta ahora un neerlandés (Wim Duisenberg), dos franceses (Jean-Claude Trichet y Christine Lagarde) y un italiano (Mario Draghi). Alemania, pese a no haber presidido nunca el organismo monetario, ya ostenta la presidencia de la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, un factor que algunos analistas consideran relevante en el reparto de cargos entre capitales.

Fuentes financieras consultadas por El País no descartan que, como ocurrió con la propia Lagarde en 2019, surja un candidato de última hora ajeno a las quinielas actuales. También advierten de que, si la crisis política y de deuda en Francia se agrava, París podría preferir a un perfil como el de De Cos, por su experiencia multilateral al frente del BPI, institución que coordina las políticas de los bancos centrales a escala global.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha anunciado este jueves su próxima dimisión al frente de la institución, según informó Reuters citando fuentes del organismo. La funcionaria dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que expirara de manera formal su mandato de ocho años, previsto para el 31 de octubre de ese mismo año.

La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia. los comicios presidenciales están previstos para abril de 2027 y, según había explicado el Financial Times en febrero de este año, la dirigente buscaría dejar el banco antes de esa fecha para permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, acordaran junto al resto de líderes europeos el nombre de su sucesor antes de que avance el proceso electoral francés.

Macron no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo, un factor que, de acuerdo con el diario británico, pesó en los cálculos sobre el calendario de relevo en el BCE. Entre los escenarios manejados por analistas figura también la preocupación por una eventual victoria de fuerzas de derecha en Francia, que podría complicar la selección del próximo presidente del organismo monetario.

Lagarde había evitado confirmar una fecha concreta

En declaraciones recientes al diario francés La Croix, Lagarde había reconocido la posibilidad de un retiro anticipado sin precisar plazos. “Si me retiro antes de tiempo, será solo por algunos meses. No va a cambiar el mundo”, sostuvo la funcionaria, de 70 años, en esa entrevista. en julio, en declaraciones a Les Échos, ya había dejado la puerta abierta a dejar la presidencia del BCE para “hacer oír una voz europea” en el debate electoral francés, aunque descartó presentarse ella misma como candidata.

El nombre de Lagarde también había sido vinculado en los últimos meses a la presidencia del Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Davos. Reuters había informado este mes que esa organización podría designarla como su próxima titular en noviembre, un dato que alimentó las versiones sobre su salida del banco central.

El proceso de sucesión sigue reglas establecidas por los tratados europeos

El sucesor de Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo a través del mecanismo previsto en el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entre los nombres que circulan como posibles candidatos figuran Klaas Knot, extitular del banco central de los Países Bajos, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, de acuerdo con un sondeo del Financial Times difundido en diciembre pasado.

La salida de Lagarde se suma a otros movimientos recientes en la cúpula del BCE. Isabel Schnabel, responsable de operaciones de mercado del organismo, dejará la entidad el 3 de enero de 2027 para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el economista jefe, Philip Lane, tiene previsto abandonar su puesto en mayo del mismo año.

Lagarde asumió la presidencia del BCE el 1 de noviembre de 2019, tras haber ejercido previamente como directora gerente del FMI y como ministra de Economía de Francia. Su gestión incluyó el manejo de la política monetaria durante la pandemia de covid-19 y el ciclo de subidas de tasas iniciado en 2022 para contener la inflación en la zona euro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo va a llegar hasta el final para esclarecer las causas del accidente ferroviario que ha dejado al menos 68 fallecidos y decenas de heridos en la provincia de Toledo y apunta a errores y fallos en el sistema de seguridad. “Si ha habido negligencias, se sabrá y, si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”, ha señalado desde el puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro en Urda (Toledo) en una declaración sin preguntas.

Sánchez ha dicho que “no es asumible” para un país como España tener dos accidentes ferroviarios —el de este miércoles y el del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba)— y se ha comprometido a reforzar la seguridad para recuperar la confianza en el sistema ferroviario. Según ha explicado, todo apunta a que las causas de ambos accidentes no guardan relación entre sí, aunque ha matizado que esa determinación no le corresponde a él, sino a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, a justicia y a las investigaciones internas que adelantan Renfe y Adif.

“Si debemos reforzar aún más la seguridad para volver a construir la confianza en nuestro sistema de alta velocidad, se hará, porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, ha indicado junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

El jefe del Ejecutivo asegura que “toda España está de luto” y ha adelantado que se van a declarar tres días de luto oficial a partir de este mismo jueves.

Agradecimiento a la coordinación interinstitucional

De igual manera, Sánchez ha trasladado todo su apoyo a los familiares de los fallecidos, detrás de los cuales, ha dicho, “hay mucho dolor”, deseando también una pronta recuperación a los heridos que permanecen hospitalizados. También ha destacado la profesionalidad de los equipos de emergencias que están actualmente trabajando en el lugar del accidente desde primeras horas.

Además, ha puesto en valor la coordinación entre el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y los ayuntamientos de la zona, a quienes ha agradecido su respuesta inmediata ante la emergencia. El presidente ha extendido su reconocimiento a otras comunidades autónomas y diputaciones provinciales que, según ha indicado, se volcaron para colaborar en la atención de la tragedia.

¿Qué ha ocurrido?

Este miércoles, un AVE y un Iryo han colisionado poco antes de las nueve de la mañana en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, entre las localidades toledanas de Yébenes y Urda. El impacto ha provocado el descarrilamiento de cuatro vagones, que han caído por un terraplén. El balance actual asciende a decenas de víctimas mortales y varios heridos, mientras las causas del choque todavía permanecen bajo investigación. La circulación en toda la línea de alta velocidad que conecta la capital con Andalucía está suspendida.

Urda ha habilitado un pabellón municipal para atender a los afectados. Renfe e Iryo, por su parte, han activado líneas telefónicas de asistencia a familiares, 900 10 10 20 y 900 001 403, respectivamente, a las que se suma el teléfono del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, 900 122 112.

Jesús es uno de los casi 400 pasajeros que iba en el AVE contra el que ha chocado el Iryo a la altura de Urda en Toledo, cerca de Los Yébenes. En una entrevista en la SER desde la “zona cero” del accidente ferroviario, Jesús ha relatado cómo ha sido el choque. El AVE transportaba 397 pasajeros y el Iryo, 147, según confirmó Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Jesús viajaba en el vagón 2 del AVE y sufrió una posible fractura de nariz y un corte en una mano, lesiones menores frente a las de otros viajeros, tal y como ha explicado.

“He tenido mucha suerte. Nada comparado con la gente que estaba en la peor parte del tren”, ha afirmado. “Estoy viendo... A la Guardia Civil sacando algunos cuerpos del tren. Y bueno, he visto imágenes que no se me van a olvidar. He visto un chico con el brazo amputado caminando y hay cuerpos que veo tumbados que no he visto ni moverse ni nada, y al tocarlos, al tacto, mi sensación, yo no soy médico, pero mis sensaciones son cadáveres”, ha relatado.

El superviviente ha explicado que trabajaba con su ordenador portátil cuando el tren frenó bruscamente. “Ha salido todo el mundo volando”, relata, después de asegurar que los pasajeros apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de comprender la gravedad de lo ocurrido.

En los primeros instantes, muchos creyeron que el convoy había descarrilado. “Nos dimos un golpe muy fuerte y empezamos a intentar ayudar a la gente que estaba peor. El tren estaba inclinado sobre la vía y teníamos miedo de que pudiera volcar”, contó.

Jesús ha contado que, tras abandonar el convoy, ha colaborado con otros pasajeros y con los sanitarios en la atención a los heridos. En la conversación emitida por la cadena, explicó que permanecía sujetando el suero de una persona mientras recibía asistencia médica.

“Hay muchos heridos y hay muertos. Hace falta que venga mucha gente porque hay muchísimos heridos. Estamos en medio del campo y es complicado, pero es una situación de emergencia absoluta”, señala. Le ha descrito a Aimar Bretos un escenario de “catástrofe” con varios equipos trabajando a la vez para localizar y evacuar a las víctimas.

Junto a él había un vagón que había caído por un terraplén, volcado y completamente destrozado: “Ese se ha llevado la peor parte”.

Los viajeros han ido sacando a parte de los ocupantes por las ventanas durante los primeros minutos. “Seguimos sacando gente por las ventanas. Hemos intentado ayudar en todo lo que hemos podido”, explicó Jesús.

Más tarde llegaron agentes de la Guardia Civil, policías locales, ambulancias y helicópteros medicalizados. Los equipos de emergencia pidieron a los pasajeros que se encontraban en mejor estado que dejaran espacio para facilitar la atención a los heridos.

José Luis Calama , magistrado de la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí. La medida buscaba que la Casa Real saudí aclarara el origen y confirmara que las joyas con rubíes, esmeraldas y zafiros halladas en su despacho eran un regalo del rey Abdulá.

En su auto, Calama apunta que la comisión rogatoria “carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia”, y recuerda que Zapatero dispone de “medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma”. “No se ha adoptado medida cautelar alguna que limite su libertad de movimientos o le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado”, afirma en el auto al que ha podido acceder Infobae.

Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que las joyas le fueron entregadas por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando era presidente del Gobierno. Por ello, Calama considera que esta comisión rogatoria “no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva”, sino a “construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado”.

La Fiscalía pidió, además, ampliar la investigación contra el exmandatario por un posible delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 432 del Código Penal. Esa solicitud será resuelta en una resolución separada.

El argumento de la defensa

La representación procesal de Zapatero, a cargo del procurador Granizo Palomeque, realizó la petición el 23 de septiembre de 2026. Según la versión del expresidente, los tres juegos de joyería —compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros— le fueron entregados personalmente por el entonces monarca de Arabia Saudí, Abdulá bin Abdulaziz Al Saud, durante la visita oficial que este realizó a España en junio de 2007, cuando Zapatero ejercía la presidencia del gobierno.

La defensa sostuvo que su cliente aceptó las piezas por deferencia hacia el soberano extranjero y que las conservó desde entonces junto a otras joyas de origen familiar y regalos de terceros, sin utilizarlas ni conocer su valor económico. Sobre esa base, pidió que el juzgado recabara una certificación oficial de la Corte Real saudí que respaldara esa versión.

El expresidente afirmó haber enviado dos comunicaciones a la Jefatura de Protocolo saudí a través de la embajada de ese país en Madrid. No aportó, sin embargo, ninguna constancia de que esos escritos hubieran sido efectivamente presentados o remitidos.

La posición de la fiscalía

El Ministerio Fiscal se opuso a la comisión rogatoria en su informe del 8 de octubre de 2026 y aportó un elemento que el juez consideró central: el acta de recepción en el Patrimonio de la Administración General del Estado de los obsequios institucionales recibidos durante las dos presidencias de Zapatero, entre 2004 y 2011.

Ese documento registra que el rey Abdulá entregó en la visita de junio de 2007 un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas. Con ocasión de otro viaje al año siguiente, obsequió un reloj de sobremesa y un objeto de artesanía en oro y plata sobre base de mármol y jade. Sin embargo, las joyas investigadas no figuran en ese inventario oficial.

La Fiscalía señaló, además, que el monarca al que la defensa atribuye el regalo ya falleció, lo que hace imposible obtener su testimonio directo.

A partir de esos elementos, el fiscal entendió que la versión del investigado “viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”. Con ese argumento, solicitó que la investigación se ampliara para incluir el delito de malversación.

Las razones del rechazo judicial

Calama construye su negativa sobre varios pilares. El primero es la ausencia total de corroboración externa de la hipótesis de la defensa: la visita del rey Abdulá en 2007 está acreditada, pero no hay ninguna constancia documental de que en esa oportunidad entregara las joyas.

El segundo pilar es el Código de Buen Gobierno aprobado por el propio gobierno de Zapatero mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005. Ese texto establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. El magistrado señala que esa norma, dictada bajo la presidencia del investigado, acredita que conocía las obligaciones aplicables a ese tipo de bienes.

El tercer elemento refiere a las joyas en sí mismas. El auto indica que resulta razonable inferir que unos juegos con rubíes, esmeraldas y zafiros presentan “una relevante entidad patrimonial” apreciable incluso sin conocimientos especializados. Desde esa perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en poder de Zapatero “sin conciencia de su valor material” es considerada incompatible con las características objetivas de las piezas.

El cuarto punto es la condición física de las joyas al momento del allanamiento: no estaban en sus estuches originales ni tenían certificados de autenticidad, documentación de procedencia ni ningún elemento identificativo asociado habitualmente a bienes de ese valor. El juez advierte que esa circunstancia difícilmente es compatible con la tesis de que se trataría de un regalo institucional de un jefe de Estado destinado al patrimonio público.

Por qué el juez descarta la rogatoria

La resolución distingue con precisión el alcance de la cooperación judicial internacional. Ese instrumento, explica el magistrado, está destinado a obtener pruebas sobre hechos que ya cuentan con algún grado de sustento objetivo, no a generar ese sustento desde la nada.

Acordar la comisión rogatoria en esas condiciones, razona el auto, implicaría que cualquier manifestación unilateral de un investigado, por inverosímil que fuera, obligara al juzgado a desplegar actuaciones potencialmente complejas y dilatorias, incluso fuera del territorio nacional.

El juez descartó también que el rechazo vulnere el derecho de defensa. Señaló que Zapatero no tiene ninguna medida cautelar que restrinja su libertad de movimientos y que, dado que fundamenta su versión en la relación institucional que mantuvo con la Corte Real saudí durante su presidencia, dispone de medios directos para gestionar personalmente esa confirmación ante las autoridades del reino.

Contra el auto pueden interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en el plazo de cinco días, en forma conjunta o por separado.

El poeta gaditano Enrique García Maiquez; el exvicepresidente de Vox en Valencia, José Luis Aguirres, y tres periodistas, entre ellos Alba Moreno, excolaboradora de Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, figuran entre los seis candidatos independientes elegidos por Vox para las listas del PP al Senado.

Este partido ha registrado la relación de sus candidatos a las elecciones generales, entre los que figuran los seis que concurren como independientes a la Cámara Alta, tras un acuerdo con Vox, en sus listas al Senado por Gran Canaria, Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook y en Instagram

Entre ellos están el escritor y poeta Enrique García Maiquez, que se presenta en la lista popular por Cádiz; el exdiputado autonómico valenciano José Luis Aguirre, que concurre por Valencia; y también Alba Moreno, que figura en la candidatura por la isla de Gran Canaria.

Completan esta relación de candidatos independientes el director de Comunicación de la fundación Disenso, Miguel Rovira, en la lista por Castellón; la exjefa de prensa de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Belén Bordils, por Mallorca; y Yeray Suárez, vinculado al partido en Canarias y que concurre por Gran Canaria, según las listas dadas a conocer por el PP este lunes.

Vox ha presentado como independientes a 20 personas vinculadas al partido. En cuanto a Baleares, Vox no presentará a nadie en Ibiza ni Menorca, pero Belén Bordils irá de número dos por Mallorca -seguida de Jordi Aguiló y Nerea García como suplentes- y Vicente Tur encabezará la lista de Formentera -con Carolina Tur como suplente-.

Una fórmula que repiten en el archipiélago canario, donde no se presentarán en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma, para concurrir con Alba Moreno de número dos con Yeray Antonio Suárez y María Cristina Aguado de suplente. José Francisco García será el número dos por Tenerife, seguido de Isis María Luque y David Fernández como suplentes.

Es el resultado del acuerdo anunciado este lunes con el PP por el que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza presentarse en esas seis provincias y a cambio los ‘populares’ rechazan presentarse en otras tres.

Finalmente, por la provincia de Cádiz, Enrique García será el número tres con María del Carmen Salas de primera suplente y Agustín Jiménez de segundo.

Una fórmula con la que buscan rentabilizar al máximo el voto para hacer frente al acuerdo entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que presentará una sola candidatura con el fin de terminar con la mayoría absoluta que ha regido la Cámara Alta durante esta legislatura.

Feijóo incorpora a 11 representantes públicos de nueve ejecutivos autonómicos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a nueve consejeros autonómicos para las listas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo que obliga a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y La Rioja a remodelar sus Gobiernos regionales.

Feijóo ha buscado rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas a 11 representantes públicos de nueve ejecutivos autonómicos (de los cuáles nueve son consejeros) y a 236 alcaldes, seis de ellos de capitales de provincia.

En concreto, el líder del PP ha fichado a la consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia (Congreso); a la consejera Educación de Castilla y León, María Pardo (Congreso); a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat (Congreso); y a la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García (Congreso).

También forman parte de las listas el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo (Congreso); la consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa (Congreso); el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana (Congreso); e Consejero de Urbanismo y Transportes de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver (Congreso); el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria; y Luis Venancio Martínez Abad (Senado).

Con estas incorporaciones, tienen que hacer remodelaciones en sus Gobiernos regionales Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Fernando López Miras (Murcia) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid). También el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, deberá realizar una crisis de gobierno tras la salida de uno de sus consejeros para ocupar un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

Enrique Santiago irá número en la lista de Frente Amplio por Sevilla

Otra de las novedades que se ha sabido a última hora de este lunes antes de que se cerrar el plazo es que Ee líder del PCE y diputado de IU Enrique Santiago irá como número uno en la lista de Frente Amplio por Sevilla al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, según han informado a EFE fuentes de su formación.

Santiago ha ejercido como portavoz de IU dentro del grupo parlamentario Sumar en la actual legislatura tras las elecciones generales de 2023, en las que se presentó como candidato por Córdoba.

En cambio, en las elecciones del próximo 29 de noviembre será el cabeza de lista por Sevilla para el Congreso en la candidatura de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio e impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno es Ada Colau, que va como número uno por Barcelona al Congreso, y la lista madrileña está encabezada por Emilio Delgado y Tesh Sidi, ambos de Más Madrid, seguidos por el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.