De un tiempo a esta parte, en las urgencias se ha evidenciado un incremento de la prevalencia de pacientes con traumatismos en la cara y fracturas faciales tras haber sufrido un accidente con patinete eléctrico.
Ante esta observación, desde el Servicio de Cirugía Plástica de Vall d'Hebron se puso en marcha un estudio para conocer con precisión los datos relativos a los pacientes sometidos a cirugías por fracturas faciales durante el periodo 2020-2024 a consecuencia de un accidente con patinete eléctrico, los cuales, según este trabajo, representan el 10% del total (12 pacientes), por detrás de aquellos que han sufrido agresiones o accidentes (24), caídas accidentales (21) y caídas de bicicletas (14). Las personas intervenidas por fracturas faciales a consecuencia de accidentes laborales fueron 11 y por autolesiones, una decena.
Como resultado de la comparativa entre los pacientes intervenidos por los especialistas del Servicio de Cirugía Plástica a raíz de un accidente de patinete eléctrico y el resto, el estudio indica que los primeros son "pacientes más jóvenes en relación a las otras etilogías". Concretamente, como explica Bernat López-Masramon, líder del estudio junto con el doctor Alexander Lugilde-Guerbek, "la media de edad de los pacientes intervenidos por fracturas faciales debido a un accidente en patinete eléctrico es de 27,8 años, mientras que la del resto de es 40,6".
Seguramente debido a la juventud de los mismos, estos pacientes registran estancias hospitalarias más cortas, concretamente de una meda de 7,7 días por los 16,7 del resto de casuísticas, y menos ingresos en cuidados intensivos. De hecho, tan solo dos de ellos (16,7% del total) acabaron en la UCI, frente a los 49 (45,8%) del resto de pacientes.
Más jóvenes y con más secuelas
Sin embargo, según releva el estudio, las personas intervenidas tras sufrir un accidente con patinete eléctrico "presentaban un mayor número de fracturas faciales y requirieron cirugías más complejas", apunta López-Masramon. De hecho, el 81,5% requirió una cirugía abierta con fijación interna y, en un 41,7% de los casos, se complementó con una fijación intermaxilar. Todo ello se traduce en una elevada tasas de resultados adversos tras la cirugía. "Las secuelas y complicaciones a largo plazo son más frecuentes entre estos pacientes (58,3%) que entre el resto (26,2%)", indica el colíder del estudio.
La peculiaridad de los accidentes con patinete eléctrico es, principalmente, que "la persona va erguida y, a raíz de un impacto, sale despedida hacia adelante, con lo que el golpe suele ser en la cara, frontalmente. Si a eso le sumamos la alta energía del mismo por la velocidad que lleva y que normalmente los usuarios del patinete eléctrico no llevan protección en la cara, el resultado son fracturas más complejas, tanto por el número de huesos afectados como por la rotura de los mismos", explica el doctor.
Por lo tanto, a la hora de ser intervenidos, las cirugías suelen alargarse en el tiempo y requerir un mayor número de placas y tornillos, lo que complica la recuperación del paciente. "Las secuelas estéticas, como las retracciones de las cicatrices o una forma diferente de los huesos de la cara, y funcionales, como una mala oclusión mandibular, dolor crónico, un incorrecto encaje de los dientes y problemas oculares, son más frecuentes entre los pacientes que han sufrido un accidente con patinete eléctrico", explica López-Masramon.
Ante esta evidencia, el doctor indica que "el estudio pone sobre la mesa el problema, el importante número y tipo de secuelas que pueden vivir unos pacientes que se caracterizan por su juventud", lo que confirmaría la "importancia de implementar estrategias de prevención, tanto en relación con las medidas de protección de los usuarios como de las normas de circulación".
Este enclave de la periferia de Palma es el único sector censal de Balears situado entre el 3% de menor renta de España, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE. Mientras el archipiélago bate récords turísticos, Camp Redó arrastra el deterioro de un parque residencial sin rehabilitar y el estigma de la droga
El Monopoly del arte amenaza al barrio más humilde de Palma: “Los precios son tentadores para vender”
El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.
El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.
El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal
Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo.
Cada una de los inmuebles tiene apenas 26 metros cuadrados y no se han rehabilitado a lo largo de los años
mapa calle a calle TRACKER ATLAS RENTA
Construidas por Obra Social del Hogar
El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar.
Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península.
En total, se construyeron 568 viviendas repartidas en 26 bloques homogéneos en Camp Redó
Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda.
A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona.
A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad
Entre el 3% de familias más pobre de España
Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.
1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears
El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.
Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación.
Iniciativas municipales sin éxito
En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.
En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó
Algunos de los habitantes de Corea consideran que al barrio va vinculado su estilo de vida y no quieren abandonarlo
Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”.
En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos
Eduard Vila— Exdirector general de Vivienda
La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.
Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.
En contra de un “interés político”
“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.
La periferia palmesana creció entre los años 50 y 70 para albergar a los trabajadores que migraban desde la Península
Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa
Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.
Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea
En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse.
En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.
Parece que las defensas de los investigados en el procedimiento de las «cloacas del PSOE» han optado por fundamentar su estrategia para defenderse de los delitos que se les imputa en dos pilares. Por un lado, los ataques constantes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por otro, [[LINK:INTERNO|||Article|||6ab6b957580cd900076c3312|||alegar que «alterar» los cursos de los casos judiciales –que afectan a los intereses del PSOE, del Gobierno o del entorno del propio presidente del Ejecutivo– no es delito. ]]
En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se ha aferrado a las agendas de Leire Díez para desvincularse de las «cloacas del PSOE». En el documento, en el que también acusa a la UCO de ocultar los mensajes de WhatsApp que, según su versión, desmontarían las sospechas sobre el presunto soborno a la empresaria Carmen Pano que dijo haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz, la letrada sostiene que los agentes ignoraron deliberadamente esas conversaciones y vincula esta supuesta falta de imparcialidad con otra prueba que considera exculpatoria: las agendas intervenidas a Díez, en las que asegura que no aparecen contactos que acrediten su participación en la presunta organización «criminal».
De La Hoz carga contra la Policía Judicial al cuestionar la imparcialidad de sus investigaciones y se aferra a las anotaciones de la llamada «fontanera» porque, dice, que desvelan que sus contactos con ella revelan una relación vinculada exclusivamente a la preparación de acciones legales contra la empresaria Carmen Pano, y no a una operación destinada a interferir en las investigaciones judiciales, que es en lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
En este sentido, la defensa asegura que, de la veintena de agendas analizadas, únicamente existe una anotación que relaciona a Leticia de la Hoz con Carmen Pano. Se trata de una referencia fechada el 1 de abril de 2025, a las 14.00 horas, en la que figura la expresión «Documento Leticia Carmen Pano». Según su versión, esa anotación no guarda relación con ninguna maniobra contra la Guardia Civil, sino con un borrador de denuncia o querella que pretendía presentar contra la empresaria.
En el mismo escrito, la defensa de De La Hoz, ejercida por el abogado Carlos Bautista, argumenta que la UCO ha tenido, en este sentido, una «falta de ponderación equilibrada» porque en uno de sus atestados analizó y desplegó «juicios de inferencia» –propios de un «tribunal de justicia»– sobre los indicios incriminatorios contra la letrada por el presunto soborno a Carmen Pano, pero ignoró y «no dedicó valoración alguna» al contenido de su propio anexo en el que se recoge el borrador de denuncia contra la empresaria que la abogada de Koldo remitió a Leire Díez «un año antes» de que se abriera la investigación de las «cloacas del PSOE».
Según De La Hoz, este documento («omitido por la UCO») «acreditaría» la veracidad de su versión sobre el verdadero motivo de las reuniones con Pano –la compraventa de una operadora de hidrocarburos– y no con las presuntas maniobras investigadas en la trama. «Se redactó cuando no existía causa frente a la que preparar defensa alguna», dice el escrito, en el que también se insiste en que el primer contacto entre De la Hoz y Leire Díez en marzo de 2025 y «tuvo como principal motivo la denuncia o querella que pretendía interponer frente a Pano».
Con esta secuencia temporal, la defensa pretende desmontar la existencia de una relación anterior entre ambas y desvincular los contactos de febrero de 2025 con las «cloacas del PSOE». «Si el vínculo que se imputa a nuestra representada con una supuesta organización fuera cierto, las agendas contendrían más anotaciones conjuntas en el mes de febrero de 2025», argumenta el abogado, que añade que «nada de ello existe, por más que se intente contrarrestar ese dato con nuevos juicios de inferencia».
La estrategia de atacar a la UCO no queda ahí. De La Hoz también sostiene que los investigadores no pueden actuar con la necesaria imparcialidad porque pertenecen a la misma unidad que, según la hipótesis del juez, habría sido objetivo de las maniobras investigadas. «Quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso».
Según argumenta, los agentes omitieron datos porque, dice, que el 2 de junio de 2026 De la Hoz les remitió a los investigadores una cadena completa de conversaciones de WhatsApp para explicar el motivo de sus reuniones con Pano y su chófer y que, por tanto, disponían de ese material antes de que De la Hoz adquiriera la condición de investigada, pero no lo incorporaron a sus atestados ni contrastaron su contenido.
La cúpula de la Guardia Civil incoó y prosiguió con informaciones reservadas en contra de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de informaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ya tenía un conocimiento «fehaciente» de que las fugas de información no procedían de la unidad investigadora del Instituto Armado.
En un nuevo atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO detalla que las conversaciones filtradas eran de 2023 y que en su poder solo disponían de material incautado hasta octubre de 2021.
La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.
La segunda de ellas se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidos en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO.
Los investigadores detallan también que hay un WhatsApp enviado el 14 de mayo de 2025 por el general jefe de Policía Judicial al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, en el que le comunica: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO».
En el informe, los agentes reconstruyen las comunicaciones internas que comenzaron el 10 de mayo de 2025, después de que trascendieran las conversaciones entre Ábalos y Sánchez en la prensa. Ante las peticiones de información de sus superiores, los responsables de la UCO explicaron que los mensajes publicados no figuraban entre las evidencias analizadas por la unidad.
También añadieron que, en un supuesto caso de que fuera así, la información estaba en un disco «encriptado» del que todavía no se había efectuado análisis alguno y, por tanto, «no se podía acceder» al contenido por «ninguna fuente de la investigación» porque la desencriptación se produjo a finales de diciembre de 2024, meses después de las filtraciones de las conversaciones en la prensa.
«Este extremo hacía materialmente imposible que los mensajes filtrados estuvieran contenidos en el disco duro, y corroboraba lo ya informado: que en el análisis de ese dispositivo y de los demás no existía ningún mensaje de similares características y que, de haber existido, el mismo procedimiento de estudio de evidencias los habría detectado. Al no concurrir este acaecimiento, se podía concluir que la filtración no provenía de la UCO», expone el informe.
Según se explica, ninguno de los jefes de grupo era «conocedor» de esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, sencillamente, porque no estaban incluidos en las evidencias incautadas. «Nosotros esos mensajes no los hemos visto en ningún dispositivo. Aún así estamos revisando», escribió un agente al jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas.
Este último trasmitió, de hecho, todos estos detalles al superior de la UCO, Rafael Yuste, desde la mañana del domingo 11 de mayo para corroborar que las filtraciones nunca procedieron de la unidad. Según se expone, le explicó, «de manera reiterada» que, efectivamente, el dispositivo incautado seguía en las dependencias policiales, que no se había entregado a los investigados y que esta circunstancia «jamás» tuvo lugar, permaneciendo aún, a fecha de hoy, todas las evidencias intervenidas en el poder de la UCO.
El informe añade que, pocos días antes, las jefaturas de Información y Policía Judicial habían trasladado al DAO dos notas de despacho en las que se describía una supuesta campaña para perjudicar el prestigio de la UCO desplegada por las «cloacas del PSOE».
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, «que se pusieran de perfil».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".
La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.
Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".
Los correos, la prueba estrella del caso
Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.
Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.
Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.
"Las causas de componente político"
Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.
En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.
El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.
Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.
Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.
Trabajadores de Brigada Desokupa S.L intimidan a los inquilinos de un bloque de viviendas del barrio del sur madrileño con contrato de alquiler después de que un holding empresarial comprara los inmuebles
El barrio de Paquita: 144 pisos turísticos ilegales denunciados por los vecinos que Almeida y Ayuso mantienen abiertos
La llegada de un representante de la empresa Brigada Desokupa S.L ha generado tensión este miércoles por la tarde en el número 18 de la calle Madridejos, en el barrio de Usera, donde se han concentrado más de un centenar de personas en apoyo a tres familias de inquilinos que se enfrentan a una violenta presión para abandonar sus viviendas por parte de la empresa de desocupación.
Vecinos y activistas, así como varias personas que pasaban por allí y han visto el alboroto una vez ha aparecido la Policía Nacional, a quien ha contactado el miembro de Brigada Desokupa al llegar al bloque de pisos, se han arremolinado organizados por el Sindicato de Inquilinas frente al portal ubicado en una perpendicular de la avenida Marcelo Usera, una de las arterias principales de esta barrio de clase trabajadora del sur de Madrid.
La propiedad de tres de los inmuebles del edificio es, desde 2025, un holding empresarial que no solo no quiere esperar que termine el contrato de arrendamiento que mantienen las tres familias, sino que ha decidido contratar a la empresa para intimidar y amenazar a los arrendadores para que firmen un documento donde manifiesten su voluntad expresa de querer abandonar su actual vivienda.
Más de un centenar de personas se han movilizado este miércoles para impedir el desalojo de una familia con contrato de alquiler
Ante el aviso de que uno de los intermediarios acudiría alrededor de las 18 horas al edificio, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento al nodo de Usera para que acudiera a hacer músculo al cumplirse la fecha límite para que una de las familias se marchase. “No nos vamos, nos quedamos”, “Fuera Desokupa de nuestros barrios” y “No nos mires, únete” han sido algunas de las consignas coreadas después de la llegada de un dispositivo policial formado por una veintena de agentes desplazados en cuatro coches patrulla, dos motos y sobre cuatro caballos sobre los que han intentado dispersar a los manifestantes.
Ha sido el responsable de la empresa de desocupación quien, al llegar al bloque y ver el despliegue de activistas, ha contactado con el cuerpo de seguridad, tras lo que ha denominado una “emboscada”, como ha expresado a elDiario.es. “Habíamos llegado a un acuerdo [para la entrega de llaves], nosotros lo hacemos todo de manera pacífica”, ha protestado el CEO de la empresa de desocupación. También ha añadido que una de las inquilinas le había pedido 20.000 euros a cambio de abandonar su hogar. La Policía Nacional ha taponado la calle donde se desarrollaba la protesta mientras dos de los agentes regulaban el tráfico en la avenida principal.
Uno de los agentes de la Policía Nacional del operativo desplegado para dispersar la concentración organizada por el Sindicato de Inquilinas
Desde el Sindicato, una de las portavoces, Carmen Durán, ya había advertido a priori de que este tipo de empresas recurren a maniobras de intimidación personal y grabaciones —como ha sucedido—, y de que, según la experiencia y la de otros colectivos de vivienda en barrios obreros como Carabanchel o Vallecas, suelen ir acompañados de la Policía Nacional. Finalmente han tenido que retirarse.
Desokupaciones ‘express’ por 2.500 euros
En su página web, Brigada Desokupa, S. anuncia varios servicios relacionados con desalojar viviendas. Entre ellos, okupaciones ‘express’ desde un precio de 2.500 euros. “Más de 1.000 viviendas desocupadas y recuperadas en tres años. Contamos con mediadoras y agentes de actuación para desocupación mujeres, lo que nos permite trabajar con menos conflictos por razón de sexo en las operativas que lo requieren”, se promocionan en el portal.
También abren una ventana de preguntas en otro apartado en el que aseguran buscar “siempre el consenso” entre la propiedad y el inquilino, evitando la “confrontación, el conflicto”, pero sin olvidarse del “objetivo”, añaden: “¡Recuperar la propiedad legítima de tu vivienda!”. En el background de la web aparece, tras todas estas descripciones, la imagen de un trabajador sujetando a un perro potencialmente peligroso.
Durante la concentración, uno de los portavoces ha asegurado haber recibido amenazas verbales por parte del representante de la empresa delante de uno de los responsables del operativo policial. Acción que, según ha compartido, “denunciara” formalmente en comisaría.
Notificación para abandonar las viviendas
Se trata de un bloque formado por seis viviendas y dos locales comerciales. Las notificaciones a tres familias afectadas para abandonar los pisos se han producido en fechas distintas. El 14 de octubre, trabajadores de Brigada Desokupa entregaron a E. un documento que fijaba el 28 de octubre como fecha límite para dejar la casa en la que vive con su hijo, de 18 años, que no figura en el contrato y que fue quien al final bajo presiones firmó mientras su progenitora estaba de viaje.
Por su parte, W., otro de los moradores perjudicados por la situación con dos hijos a su cargo, uno de once años y otro de veinte, detalla que le hicieron firmar un acuerdo para abandonar su casa el 31 de octubre, que no le dieron una copia y que lo grabaron durante el proceso. A G., la tercera afectada, también con un hijo menor, el comunicado le llegó en la misma fecha.
Las familias se han organizado con el Sindicato de Inquilinas, aunque, según explican desde el colectivo, mantienen cierta cautela en su relación con otros vecinos, porque algunos temen a los que apoyan la actuación de la propiedad.
En el resto de viviendas del bloque continúan residiendo algunos moradores vinculados al anterior propietario. Durante la concentración también han participado integrantes de la PAH Vallekas y organizaciones de otros distritos.
La continua gentrificación de los barrios
Para Laura Barrio, portavoz del Sindicato, el intento de desalojo del bloque de Usera no se puede “separar” de la transformación que está sufriendo el barrio y que pretende convertirlo en un “parque de atracciones” con la cultura asiática como reclamo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid contrató al artista Okuda San Miguel para que una de sus obras multicolores -un oso y dos dragones, como muestra de la fusión de las dos culturas- sirviera para acabar el circuito peatonal ideado desde Madrid Río y que eso sirva de eje para impulsar Chinatown en la capital.
Por otro lado, de cara a la huelga general del 11 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha organizado comités de vivienda en distintos barrios de Madrid con grupos en Almendrales, Zofío, Moscardó y Orcasitas, además de espacios de coordinación entre barrios para llevar a cabo actuaciones que permitan seguir luchando contra la especulación en los mismos.
“Estamos organizadas”, han clamado tras la exitosa intervención de este miércoles los integrantes del Sindicato, que han agradecido a las vecinas su presencia y han reivindicado la fuerza de la organización colectiva para hacer frente a las presiones sobre las familias inquilinas. Los afectados, que están en continuo contacto con el sindicato, de momento siguen “bastante asustados” por las posibles presiones.
“Basta de brigadas paramilitares acosando a las vecinas”, han reclamado los activistas, que han defendido que son “gente pacífica” y que la decisión sobre un posible desalojo deberá tomarla, en todo caso, un juez. La protesta ha terminado entre aplausos y al grito de que el pueblo unido, “jamás será vencido”.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado parte del relato de la defensa del Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la unidad investigadora del Instituto Armado asegura que nunca "desmintieron" las informaciones que salían en prensa sobre las presuntas filtraciones y que "no existe" comunicación alguna entre el DAO y el General de Policía Judicial, Alfonso López Malo, relacionada con este asunto.
El DAO de la Guardia Civil detalló en un escrito a Pedraz que la UCO había desmentido de "forma autónoma" una de las filtraciones relacionadas con las causas que afectaban al Gobierno, al PSOE o a familiares del presidente y aportó conversaciones al respecto. Pero la UCO detalla ahora que fue el DAO y no López Malo quien se dirigió a este y que los mensajes a los que se refiere Llamas "nunca" llegaron a producirse.
En el informe, en el que responden a un requerimiento del instructor de las "cloacas del PSOE", la UCO insiste en que su unidad no estuvo detrás de las filtraciones a la prensa. Estos hechos provocaron que desde la cúpula de la Guardia Civil se abrieran tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.
La primera información reservada se abrió tras la publicación de datos relativos al correo institucional de Begoña Gómez, incluida su dirección de correo electrónico, que figuraban en las pesquisas del "caso David Sánchez".
En este informe, el coronel López Malo asegura que, cuando se filtraron los mensajes, se puso en contacto con el DAO para remitirle una nota de despacho en la que se detallaba con bastante profundidad que la unidad nada tuvo que ver con la filtración.
En esa nota, dice, que esos mensajes se incluyeron en un documento remitido a la magistrada del "caso David Sánchez" en el que se explicaba cómo se debían visualizar los anexos de las comunicaciones intervenidas, poniendo de ejemplo a imagen ilustrativo el intercambio de correos que, finalmente, acabaron en prensa. Aun así, Llamas le envió un wasap indicándole que, al día siguiente, se ordenaría incoar una información reservada.
La segunda información reservada se abrió en mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidas en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO. El DAO dijo que López Malo se contradijo porque no le informó de que el disco duro se devolviese, pero este ultimo asegura que para aquel entonces ni se devolvió ni la unidad tenia los mensajes en su poder.
El informe detalla, además, que la información se abrió el día 12 cuando dos días antes el DAO ya había confirmado que la filtración no provenía de la unidad investigadora.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, "que se pusieran de perfil".
Los agentes detallan ahora que hicieron constar al DIECAN que el DAO les ordenó que concluyeran en algunas investigaciones que "no había nada" y que les trasmitió la necesidad de mantener un "perfil bajo" en los casos que cercaban al Gobierno.
Vox ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado con el fallecimiento de 69 personas.
En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la formación de Santiago Abascal sostiene que el ministro habría tenido una conducta "omisiva" vinculada al ejercicio de sus competencias, y habría incumplido así sus propios "deberes" de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria después de meses de advertencias sobre deficiencias en la red y con el precedente del accidente ferroviario de Adamuz.
Según explican, Puente dirige y "controla" el sistema de seguridad que permitió que un "fallo de protección, de naturaleza previsible y ay conocida en su tipología, derivara en una circulación incompatible con la presencia de un tren detenido en la vía".
De acuerdo con las primeras hipótesis, un fallo en el sistema de seguridad LZB obligó a detener seis trenes y, ocho minutos después, el centro de control de ADIF en Atocha habría autorizado la reanudación de la circulación. Vox sostiene que, tras una incidencia de estas características, los trenes deberían haber circulado bajo condiciones restrictivas de velocidad y seguridad.
La formación recuerda el accidente de Adamuz, que dejó hasta 46 fallecidos, y el posterior descarrilamiento mortal de Gelida, así como las denuncias y movilizaciones de organizaciones sindicales que reclamaban mayores inversiones en mantenimiento y seguridad. También hace referencia al acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y los sindicatos, que contemplaba un incremento de 1.800 millones de euros para mantenimiento, nuevas contrataciones y medidas destinadas a reforzar la seguridad de la red.
Para la formación, este acuerdo es "relevante" por dos razones. "De un lado, supone el reconocimiento por el propio departamento de la necesidad de reforzar el mantenimiento, el personal y la supervisión de la seguridad ferroviaria. De otro, atribuye al Ministerio la asunción de compromisos concretos, de modo que la comprobación de su ejecución dejaba de ser una opción de gestión para convertirse en un deber de seguimiento específico del titular del departamento", expone.
En el escrito, Vox destaca, además, que entre marzo y octubre de este año, ADIF comunicó al menos una veintena de incidencias en el entorno de Toledo y el sur de Madrid y que, incluso, se acudió a Bruselas pedir a la Comisión Europea que verificara la aplicación en España de la normativa europea de seguridad ferroviaria.
También hace referencia a que el sindicato SEMAF convocó el 16 de octubre una nueva jornada de huelga para denunciar supuestos incumplimientos de los compromisos adquiridos. Renfe aseguró entonces que había ejecutado las medidas de su competencia, aunque reconoció que otras siete, dependientes de distintos organismos, continuaban en tramitación.
Para Vox, esta sucesión de acontecimientos, junto con muchos otros, demuestra que el Ministerio conocía las advertencias sobre posibles riesgos y debía haber reforzado los mecanismos de supervisión y prevención.
La formación, que pide al Supremo que tome declaración en calidad de investigado al ministro, atribuye a Puente una presunta falta de actuación previa para garantizar que los sistemas de seguridad y los protocolos ferroviarios funcionaran adecuadamente.
"La actuación exigida al Ministro consistía en activar, a través de los órganos competentes, la obtención de información técnica suficiente; exigir una evaluación documentada de las deficiencias relevantes para la seguridad; impulsar los controles, inspecciones o auditorías procedentes; requerir planes correctores con responsables y plazos; y verificar que las medidas acordadas se ejecutaban efectivamente", dice,
No obstante, asegura, que Puente no ha "promovido y comprobado las medidas de evaluación, control y corrección necesarias para evitar que las deficiencias de seguridad advertidas se trasladaran a la explotación del servicio".
A su juicio, la "deficiente supervisión de la suficiencia y efectividad de las barreras de seguridad habría permitido que el fallo del sistema de protección se tradujera en una reanudación de la circulación sin las garantías necesarias para impedir el alcance de un tren detenido".
El partido formuló este miércoles otra querella contra los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la que también se solicitaban medidas "urgentes" de conservación y aseguramiento de las fuentes de prueba del siniestro.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha detectado la presencia de migrantes ya «asentados» en España o en «suelo europeo» en los grupos de WhatsApp desde los que se orquestó la entrada masiva e irregular de personas procedentes de Marruecos a Ceuta del pasado mes de julio.
En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y en el que los agentes reconstruyen la organización digital que precedió a la invasión de la ciudad autónoma, aseguran que algunos de estos perfiles habrían facilitado «apoyo logístico» e «información» a familiares o conocidos, que pretendían acceder de forma irregular a Ceuta. También añade que, una vez producida la entrada masiva, muchos de ellos proporcionaron alojamiento a los inmigrantes ilegales, que evitaban ser «detectados por las autoridades».
En el documento de 61 páginas, que ya ha sido remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, los agentes exponen que habían detectado el incremento de la actividad digital antes de los hechos. El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el CENIF emitió una alerta a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla por un «riesgo extremo de colapso a causa de las entradas irregulares de migrantes» en las ciudades autónomas.
La información que obtuvieron del fenómeno «haraga» (concepto magrebí que alude al cruce fronterizo irregular) les permitió conocer con antelación que se estaba llevando a cabo «un llamamiento masivo a la movilización de estos migrantes con el objetivo de llevar a cabo una entrada irregular en territorio nacional».
El CENIF explica que el proceso comenzó con la captación masiva en redes públicas –como Facebok o TikTok– hasta llegar a la potenciación «psicológica» previa y «orientada a normalizar el cruce e incentivar la adhesión» para, finalmente, acceder al paso fronterizo entre Marruecos y España y «colapsar» la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales. Según explican, las redes públicas funcionaron como el «escaparate de funcionamiento» y el «filtro inicial» que nutrió a la masa crítica de miembros que, posteriormente, fue gestionada en hasta 19 grupos de WhatsApp.
Tras analizar más de 39.263 mensajes, datados entre el 24 de julio (días antes de la entrada masiva) hasta el 14 de agosto, los mandos exponen que se propagaron rumores sobre supuestas «aperturas de frontera, indicaciones en tiempo real sobre la debilidad en los dispositivos policiales o una aparente permisividad absoluta en los controles para forzar desplazamientos masivos hacia el perímetro fronterizo». Así, explican, se amplificó el «efecto llamada» y se produjo una de las mayores crisis migratorias que han sumido la ciudad de Ceuta en el «caos».
No obstante, el CENIF asegura que con la información de la que disponían se dibujó «una previsión de escenarios» en el que calificaba de «extremo» el riesgo de que se produjeran «entradas a nado» junto a un «salto a la valla de forma coordinada» –como, finalmente, ocurrió–.
En otros documentos remitidos a la juez e incorporados ya al sumario del «caso Ceuta», el CENIF corrobora que, efectivamente, la entrada masiva a la ciudad autónoma contó con agentes policiales marroquíes, que se encargaron en algunos casos de impartir «instrucciones» a los inmigrantes.
En otro informe, la Policía detalla con fotografías hasta 24 agentes marroquíes sin uniforme, que actuaron como «dinamizadores sobre el terreno». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están montando un control policial para evitar la llegada al espigón, se observa la pasividad de las mismas, puesto que la gente lo está atravesando sin problema», expone en una de las descripciones.
Las pesquisas apuntan a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como responsables de la autoría «intelectual» de la entrada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta. La juez Tardón exigió esta misma semana al Gobierno que en un plazo de 15 días desclasifique todas las comunicaciones que hubo entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios secretos de Marruecos.
Es decir, quiere determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas, qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas y qué papel jugó Marruecos en toda la crisis migratoria a fin de identificar la autoría «material» de la invasión que sufrió la ciudad autónoma.
Por otro lado, en otro documento, la Policía cifra en 204 los inmigrantes que consiguieron alcanzar la Península tras la entrada masiva e irregular. Los agentes detallan que, desde el 31 de julio hasta el 16 de agosto de este año, las llegadas se multiplicaron por doce respecto a las cifras del año anterior, que apenas superaron la veintena. Fuentes consultadas por este periódico, detallan también que la totalidad de ellos fueron detenidos.
En este sentido, y en otro informe remitido a la juez Tardón, el CENIF identifica hasta cinco organizaciones dedicadas al tráfico de personas a través de diferentes rutas entre Marruecos y España, con al menos 54 integrantes y una capacidad operativa conjunta estimada de 177 inmigrantes. No obstante, especifican que ninguna de estas cinco redes estuvo detrás de la entrada masiva a la ciudad autónoma.
La Benemérita, en un operativo del que forma parte la UCO, interroga tanto al "operario" señalado por el ministro Óscar Puente como a todos los miembros de su turno en el Centro de Regulación de la Circulación de Alta Velocidad de Adif Leer
La Benemérita, en un operativo del que forma parte la UCO, interroga tanto al "operario" señalado por el ministro Óscar Puente como a todos los miembros de su turno en el Centro de Regulación de la Circulación de Alta Velocidad de Adif
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional detectó en conversaciones internas los planes de los inmigrantes para acceder de forma irregular a otros territorios como alternativa a las tradicionales rutas de Ceuta y Melilla.
En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y en el que los agentes reconstruyen cómo fue la organización digital que precedió a la entrada masiva en Ceuta del pasado mes de julio, los mandos policiales recogen los mensajes internos que se intercambiaban los migrantes.
En ellos, se desprende cómo, conscientes del despliegue policial en el paso fronterizo entre Marruecos y España, proponen desplazarse hacia Italia o Francia como vía alternativa. "Dejad de mirar a Ceuta y Melilla. Está Blindado [...]. Busquemos vías hacia otros países", señala uno de los mensajes examinados por los investigadores.
Entre las alternativas que mencionan estos usuarios, cuyos números de teléfono muestra un claro predominio de contactos con prefijo de Marruecos", figura la utilización de pequeñas embarcaciones para alcanzar otros países. "La única vía es una embarcación pequeña para 6 personas rumbo a Italia o Francia", recoge otra de las comunicaciones analizadas.
El análisis de la Policía Nacional también revela que estas conversaciones se produjeron en un contexto de incertidumbre sobre la situación de quienes estaban tratando de entrar en Ceuta, que provocaron el "colapso" de la capacidad de respuesta de las autoridades españolas. De hecho, en el informe de 61 páginas, se exponen conversaciones entre los inmigrantes que intercambiaron testimonios sobre cómo poder entrar de forma irregular a la ciudad autónoma e, incluso, cómo poder permanecer "escondidos" para evitar el retorno a Marruecos.
Por ejemplo, entre las comunicaciones analizadas, destacan mensajes como "el que sabe lo que es esto no se deja devolver: se esconde en una alcantarilla o donde sea"; "hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los controles", o "en cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos".
Debido al análisis de estas conversaciones, los mandos exponen en el informe que pudieron "neutralizar" otra convocatoria posterior, prevista para el 15 de agosto, que también preveía asaltar la frontera de la ciudad autónoma.
Según exponen, esta nueva movilización se concentró en los montes próximos al perímetro fronterizo y se valió de otro tipo de perfil de inmigrantes. Es decir, pasaron de ser mayoritariamente jóvenes marroquíes que intentaban cruzar a nado a hombres de origen subsahariano de hasta aproximadamente 35 años.
Por otro lado, el CENIF, que ya alertó el 29J al puesto fronterizo de Ceuta del "riesgo extremo de colapso" ante una inmediata entrada masiva, detalla en el informe cómo se gestaron y se articularon los hechos sobre los que hoy indaga la juez Tardón. En este sentido, tras detallar que identificaron hasta una red de 19 grupos de WhatsApp, los agentes sostienen que la entrada masiva no fue un proceso "espontáneo" y describen una estructura "horizontal" y "jerarquizada" con distintos niveles, que permitió extender la convocatoria.
En el informe los agentes señalan, además, que –tras el análisis de los numerosos vídeos y fotografías tomadas durante la avalancha migratoria– hubo "agentes dinamizadores sobre el terreno" de las autoridades marroquíes que se encargaban en algunos casos de impartir "instrucciones" a los inmigrantes. De ahí que las pesquisas apunten a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como responsables de la autoría "intelectual" de la entrada masiva e irregular de inmigrantes.
Los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional han cifrado en 204 los inmigrantes que consiguieron alcanzar la Península tras la entrada masiva e irregular que sacudió Ceuta el pasado mes de julio.
En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un "ataque" contra la integridad territorial de España, los agentes detallan que, desde el 31 de julio hasta el 16 de agosto de este año, las llegadas se multiplicaron por doce respecto a las cifras del año anterior, que apenas superaron la veintena.
Los agentes explican, tras analizar la evolución de los movimientos migratorios después de la crisis fronteriza del Tarajal, que durante las dos primeras semanas de agosto se registró un aumento significativo de las llegadas con varios repuntes diarios que alcanzaron cifras de 29, 24 y 21 personas. Fuentes consultadas por este periódico, detallan también que la totalidad de ellos fueron detenidos.
El informe identifica, asimismo, los diferentes puntos de salida en el litoral ceutí, entre ellos la playa de Benzú, la playa del Trampolín, el entorno del castillo de Santa Catalina y Punta Almina. En el lado peninsular, Algeciras y La Línea de la Concepción aparecen señaladas también como algunos de los principales lugares de llegada.
Los agentes distinguen las llegadas procedentes de Ceuta y Marruecos, así como los casos de personas que viajaron ocultas en medios de transporte. La ruta desde territorio marroquí también registró jornadas con un máximo diario de 19 personas, según los datos recogidos por los investigadores.
Precisamente, la Policía Nacional detalló el pasado 21 de agosto que había detenido a cinco presuntos miembros de una organización criminal, que pedían hasta 9.000 euros por pasajero para acceder a la Península. En este sentido, y en otro informe detallado y remitido a la juez Tardón, el CENIF identifica hasta cinco organizaciones dedicadas al tráfico de personas a través de diferentes rutas entre Marruecos y España, con al menos 54 integrantes y una capacidad operativa conjunta estimada de 177 inmigrantes.
Según los investigadores, estas redes cobran una media de 9.400 euros por persona, aunque las tarifas oscilan entre los 2.000 y los 15.000 euros dependiendo de la organización, el itinerario y los medios de transporte utilizados. Estas organizaciones recurren a contactos personales, intermediarios, redes sociales y conocidos para captar a los inmigrantes, además de utilizar vehículos, puntos de encuentro y alojamientos seguros para preparar los desplazamientos.
Aunque el CENIF detalla que ninguna de las cinco redes analizadas estuvo detrás de la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta del pasado mes de julio, sí expone que se "aprovechan" de forma "oportunista para la obtención de beneficios económicos ilícitos".
"No existe indicio alguno que pudiera señalar a estas Organizaciones Criminales como promotoras o impulsoras de este asalto, ni tan siquiera en el proceso de promoción o difusión de una campaña viral en redes sociales, tampoco se puede hablar de su participación efectiva en los procesos de planificación y gestión simultánea de lo sucedido", concluyen.
Barcelona y sus Mossos d’Esquadra se preparan para una nueva noche de tensión. Aunque la Delegación del Gobierno de Cataluña no ha anunciado aún la prohibición de la manifestación del próximo día 31 de octubre, decenas de radicales están organizando ya asaltos masivos a comercios para asaltar las tiendas de lujo y sumir la ciudad catalana en el «caos». LA RAZÓN ha podido conocer las conversaciones que circulan por grupos de Telegram –bajo el nombre de Blocus– en las que se hace un llamamiento explícito a «saquear a los ricos» y a «quemar los contenedores» para «marear a la Policía».
En uno de los mensajes, un administrador señala que el día de la protesta comunicarán el punto inicial de encuentro y que posteriormente se facilitarán nuevas indicaciones a los participantes. «El 31 diremos ubicación inicial donde quedaremos a las 18.00. De ahí, habrá una persona que dirá tienda sin policía para ir y habrá que ir rápido», se desprende de las comunicaciones.
Bajo perfiles anónimos, la directriz no es otra que «aprovechar» la festividad de Halloween para ponerse «mascaras y guantes» –lo que hace más difícil cribar a los potenciales asaltantes de quienes salen a divertirse por las calles– y «coger cosas de valor». «Os recomiendo cuando tengáis cosas caras alejaros del centro y esconderlas. Si os pillan con eso a calabozo. No seáis ambiciosos. Coged cosas e iros», instruyen los administradores de los chats.
Las conversaciones no solo evidencian que el objetivo de las protestas no sería reivindicativo y que sería directamente delictivo, sino también la enemistad manifiesta de los protestantes contra los agentes policiales.
En uno de los mensajes, un usuario escribe que «hay que pillar a un mosu entre 20 para que vea qué gracia tiene»; otro responde proponiendo dejar al agente «desnudo» e, incluso, hay quien expone que «al policía le dejamos seco y sin porra ni nada».
Conscientes, no obstante, que para la convocatoria del próximo día 31 los Mossos d’Esquadra desplegaran un dispositivo «guapo» de seguridad, hacen un llamamiento a sus «colegas» porque «necesitan ser 700» y proponen tácticas para facilitar la impunidad. «Ya os podéis espabilar y que ninguno se quede en casa viendo directos [...]. Por los secretas no os rayeis chavales. Ocultar vuestro número en privacidad y estáis seguros», dicen.
Estos mensajes se producen en un contexto de preocupación policial por la posible repetición de los incidentes del pasado fin de semana, que terminaron con alrededor de 130 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y decenas de establecimientos saqueados.
El despliegue policial
Fuentes consultadas por este periódico, aseguran que los Mossos preparan ya nuevos dispositivos de seguridad para reforzar la vigilancia de las principales zonas comerciales de la ciudad condal con especial atención a los grandes establecimientos de lujo –como Apple, Louis Vuitton, Rolex, etc.– ante el temor de que se repita la imagen que dejaron los violentos disturbios del pasado fin de semana.
Los agentes también recurrieron ayer a la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), encargada de coordinar la eliminación de propaganda terrorista o extremista en redes, para cerrar, de hecho, el canal de conversación Blocus porque se incitaba a cometer acciones delictivas e instigaba a la violencia y con el objetivo de evitar nuevas réplicas de estos disturbios.
Mientras tanto, los Mossos trabajan para identificar a los promotores de las convocatorias, pero enfrentándose a grandes dificultades para determinar quién está realmente detrás de cada organización. Sobre todo, porque, dicen los investigadores, que los perfiles que agitaron las revueltas son «anónimos y efímeros» y porque utilizan mensajes con escasa trazabilidad que dificultan el rastreo. A ello hay que sumar que las plataformas no suelen colaborar con la Justicia a la hora de identificar sus cuentas.
No obstante, según explicó ayer la portavoz del gobierno catalán, Silvia Paneque, el Ejecutivo solicitó a alguna de estas empresas de mensajería que colaboren con el Govern y que eviten ser «espacios de impunidad y de divulgación de información no cierta».
Por otro lado, distintos mandos consultados por este periódico sí aseguran, en cambio, que tienen claro que el perfil de los detenidos es de gente muy joven, que «no tienen ni idea de política» y que la mayoría de ellos provienen de familias de clase obrera sin que conste tampoco antecedentes policiales. Estas mismas fuentes desligan, de hecho, los incidentes de los grupos ultras clásicos que se mueven por la Ciudad Condal –anarquistas, okupas o antisistemas–.
El uso de perfiles anónimos en redes sociales, la difusión de mensajes a través de grupos de Telegram y la ausencia de líderes visibles son los elementos que más dificultan las pesquisas.
Los investigadores analizan especialmente la creación de esos perfiles anónimos en plataformas digitales, la difusión de carteles generados con inteligencia artificial y el traslado de las convocatorias a grupos de mensajería privada.
Pero, según detallan en conversación con este diario, son investigaciones que suelen quedar «en nada» por la complejidad del rastreo para identificar a los presuntos líderes de las protestas.
No obstante, estas fuentes consultadas establecen una distinción clara entre las redes sociales y los grupos de mensajería privada, donde, dicen, sí puede ser una puerta para analizar a los creadores y organizadores de los mismos y una vía para poder llegar al origen de las revueltas y si este tiene nexos en el extranjero. Llegados a ese punto, unido a que las convocatorias se realizaron en otras ciudades de España, la investigación podría acabar en la Audiencia Nacional.
Aun así, la Policía es consciente de que las convocatorias no se quedaron en Barcelona y trabajan ya en la monitorización de las redes sociales como «seguimiento preventivo». Los agentes detectaron movimientos similares en Madrid y, según trasladan fuentes conocedoras, «neutralizaron» a un grupo amplio «similar» al de Cataluña. Chavales muy jóvenes, vestidos todos de negro y con ánimo de saquear negocios. En la capital la situación no fue a mayores, aunque el operativo se saldó con 200 identificados en el distrito centro, apuntan.
De hecho, debido al conocimiento policial y a las estrategias de monitorización desplegadas por parte de los agentes, la manifestación con intención violenta convocada para el próximo sábado en Madrid a fin de «quemar las calles» fue cancelada ayer. «No queremos que pase lo mismo que el pasado 24 de octubre. No vamos a arriesgar ni a repetir los mismos errores [...]. La operación Halloween ha fallado», apuntó el grupo Blocus a través de sus redes sociales en un comunicado.
Tres inmigrantes que están citados a declarar hoy como testigos en la Audiencia Nacional, a petición propia, ante la juez María Tardón en relación con la entrada masiva en Ceuta el pasado julio identificaron la pasada semana ante la Policía Nacional a una decena de altos cargos y mandos policiales marroquíes que se encontraban en la frontera durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. A cinco de los cuales, además, ellos mismos les vieron sobre el terreno ese día cuando se dirigían a la ciudad autónoma aprovechando la entrada masiva.
Así consta en las actas de declaración –a las que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en las que identificaron, entre otros, al «wali» o gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas (cargo equivalente a nuestros delegados del Gobierno); al jefe de Policía de Tetuán; al «mkadam» de Castillejos, funcionario del Ayuntamiento de dicha localidad; al «bacha» y a un teniente de auxiliares de ese mismo municipio; y al jefe de la Policía de Rincón.
De hecho, un sargento de la Gendarmería Real de Marruecos que accedió a nado a la ciudad autónoma ese día, Hicham E. B., advirtió en su declaración a los agentes españoles de las consecuencias que tendría para él regresar a su país tras haber abandonado el servicio para trasladarse a España de forma ilegal. «Si volviese a Marruecos me podrían meter en la cárcel», trasladó a la Policía el pasado día 19.
Tardón les ha citado a declarar hoy a petición de los propios inmigrantes para que ratifiquen las actas de reconocimiento efectuadas ante los agentes.
Entraron a nado
Mohamed A. (que también entró a nado en Ceuta el 30 de julio), por ejemplo, identificó «sin género de dudas») a cuatro personas y según dijo a todas ellas las vio en la frontera.
En cuanto al «wali» de Tánger-Tetuán-Alhucemas, que según afirmó es Younes Tazi y vestía «camiseta o polo de color verde y gorra», le definió como «la máxima autoridad de la administración territorial del Estado marroquí» en una determinada zona.
Este individuo, según relató, es «el encargado de la logística de la gente que se devuelve a Marruecos por parte de España», pues su cometido sería «organizar los autobuses que los trasladan, la comida que les dan y todo eso».
Otra autoridad a la que puso nombre y apellidos (y a quien, a diferencia de otros de los testigos, no vio en la frontera) es Mohamed el Oualidi, quien según explicó a la Policía es el jefe policial de Tetuán. «Es lo más», recalcó antes de referir que se trata de la «máxima autoridad en ese lugar».
También identificó al «secretario de Administración» provisional, pero no pudo dar su nombre y apellidos. Lo mismo que ocurrió respecto al «jefe del distrito» y a otra persona que, contó «puede ser periodista».
"Pocas fuerzas de seguridad"
«Había policías, fuerzas de seguridad y otras personas vestidas de civil que también podían ser policías y que parecían personal del bacha», explicó en su declaración. El bacha, mientras, «estaba dando órdenes» a los agentes y a las fuerzas auxiliares. Allí había más o menos, especificó, 20 o 30 agentes, «aunque había muchos más en otras zonas de la rotonda en donde se encontraba». Él, sin embargo, pudo pasar «sin problemas», pues no le pararon porque «había mucha gente pasando».
Otro de los testigos, Ziyad A. Y., –quien también entró a nado en Ceuta– dijo que camino de la frontera observó «pocas fuerzas de seguridad» marroquíes. «No había mucha Policía ni fuerzas auxiliares», afirmó.
Este testigo identificó fotográficamente a cuatro personas –aunque a diferencia del anterior a ninguna de ellas las vio en las inmediaciones del paso fronterizo–. Ni al «mkadam» de Castillejos, ni a un teniente de las fuerzas auxiliares de este mismo municipio, ni tampoco al «mkadam» de Condisa y al jefe de la Policía local de Rincón.
Según su testimonio, desde el año 2021 había intentado entrar en España «más de diez veces», por lo que vio hasta en cuatro ocasiones en la frontera a dicho teniente.
Un sargento de la Gendarmería
El último de los tres testigos, Hicham E. B. –que ha trabajado como sargento-jefe de la Gendarmería Real de Marruecos–, consiguió entrar a nado tras ser rechazado en un intento tres días antes. En la frontera, observó que había «agentes de las fuerzas auxiliares de Rabat, agentes de la Policía Nacional Marroquí y agentes de la Gendarmería Real». Este inmigrante identificó a su vez a dos personas: el bacha de Castillejos, a quien vio «en una rotonda situada debajo del hotel Senator, cerca de la frontera» entre las diez y las diez y media de la mañana; y a Mohamed El Oualidi, «wali al-amn» de Tetuán, encargado más de la seguridad. A este último, sin embargo, no le vio en los aledaños de la frontera de Ceuta.
Ayer mismo Tardó escuchó los testimonios de tres consejeros ceutíes: Alberto Gaitán, titular de Vivienda; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente (estos dos últimos estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva y coincidieron en la «pasividad» de los agentes marroquíes). Benzina explicó que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano preguntó: «¿Marruecos está colaborando?», una pregunta que le dejó «en shock» y a la que la consejera de Sanidad contestó irónica: «¿No lo estás viendo?».
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique, con carácter urgente y en un plazo máximo de 15 días, documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta el pasado mes de julio. La instructora pretende determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas y qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas.
En un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la juez considera imprescindible desclasificar esa información para esclarecer unos hechos que investiga como posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado y para que puedan prestar declaración como testigos todo aquel personal de los servicios de inteligencia que haya "mantenido cualquier tipo de comunicación" con agentes de la Guardia Civil y, en concreto, con miembros de la unidad UCE-3 porque, dice, tuvieron un conocimiento "directo, personal y muy relevante" de los hechos investigados.
Tardón también solicita todas las "notas e informes" realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del mismo día de la entrada masiva relacionados a las investigaciones sobre los hechos y todos aquellos relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos.
Además, la instructora pide todas aquellas comunicaciones que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia, conteniendo "cualquier posible aviso o alerta" respecto a la inmigración irregular, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta la fecha.
La petición de Tardón se produce después de que el CNI remitiera el pasado 14 de octubre un informe que, a juicio de la instructora, no responde de manera completa a las cuestiones planteadas por el juzgado. La magistrada reprocha al organismo que parte de la documentación facilitada mantenga las mismas tachaduras que los documentos desclasificados por el Gobierno el pasado 8 de septiembre y que, por tanto, no aporta "ningún extremo" que no fuera conocido por otras actuaciones ya practicadas en el procedimiento.
En este sentido, Tardón cuestiona que el CNI se limite a señalar que sus análisis fueron trasladados a "las autoridades" o a "los organismos correspondientes", sin identificar a sus destinatarios concretos, y reprocha que hay aspectos sobre los que el centro no ha dado una respuesta "completa".
La juez considera que esta información resulta esencial y tiene "absoluta relevancia" para determinar si las instituciones competentes dispusieron de advertencias previas sobre la convocatoria de entrada masiva y cómo reaccionaron.
"En el informe se responde tan sólo una parte de las cuestiones planteadas. Así, se reconoce que el CNI ha continuado investigando lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis. Añade que buena parte de su contenido se basa en esas investigaciones posteriores y que se remitieron documentos actualizados a las autoridades. Sin embargo, no se identifica ni remite ninguno de esos informes, como también se había solicitado por este órgano judicial, dejando sin respuesta la petición expresa de remitir a este órgano judicial los documentos que se hubieran elaborado", expone.
Reclama las comunicaciones secretas entre España y Marruecos
Respecto de la solicitud de las comunicaciones entre España y Marruecos, Tardón expone que el CNI solo ha aportado una nota de las 20 que se dicen que se habrían dirigido a los servicios marroquíes DGED y DGST, de ahí que solicite la desclasificación íntegra de esas notas y de todas las comunicaciones enviadas o recibidas entre los servicios de inteligencia de ambos países.
La magistrada considera especialmente urgente conocer el contenido completo de la nota del 29 de julio, porque podría permitir identificar a los responsables de grupos de WhatsApp y Facebook que fomentaron la entrada masiva de personas en Ceuta.
Aunque Tardón es consciente que los datos solicitados pertenecen al círculo de los secretos oficiales, justifica sus peticiones al asegurar que "la información cuya desclasificación se interesa presenta una relación directa, inmediata y objetiva con el objeto del procedimiento, resultado imprescindible para la averiguación de la verdad material".
En este sentido, añade, que el hecho de que sean secretos oficiales no puede generar un "espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal" y que del propio hecho de que el Gobierno ya desclasificó documentos se desprende que es "compatible" con las exigencias de la seguridad del Estado.
En este caso, dice, la información interesada es "indispensable" para el esclarecimiento de los hechos y porque permitirá determinar qué autoridades conocían y desde qué momento la convocatoria de la entrada masiva y qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse.
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