La deuda, el envejecimiento y el voltaje geopolítico están llenando de protestas las calles de los países del G-7. Sus ciudadanos no confían en las agendas reformistas para generar riqueza y el malestar crece como la espuma. Especialmente entre la Gen Z, pero también en el resto de las generaciones, que se sienten igualmente atenazadas por la rampante carestía de la vida y la falta de garantías sobre sus pensiones
Las protestas se extienden por Europa mientras la derecha culpa a la migración de los disturbios en Francia
Rebelión en la granja industrializada. Las potencias de rentas altas convienen en admitir que sus sistemas de pensiones necesitan reformas que avalen la remuneración del retiro de sus mayores y que sus mercados de trabajo se adecúen a una especie de regulaciones de empleo permanentes por obra y gracia del desembarco masivo de la IA en las estructuras productivas empresariales. De igual modo, consideran desfasados sus entramados fiscales. Junto a estas reivindicaciones, la crispación política interna y la confrontación de ideologías en el orden global han alumbrado, soterradamente y sin consentimiento social alguno, otro New Deal.
Esta crispación empieza a emerger este otoño; el de mayor ebullición ciudadana dentro del ciclo de negocios post-Covid que aún rige el clima económico y financiero internacional. Las calles de varias latitudes del espectro del G-7 se han llenado de manifestantes que reclaman, en el fondo, un nuevo contrato social.
Francia ilustra la gravedad de este estallido civil. Las protestas galas, con declaración de estado de emergencia incluida por parte de Emmanuel Macron, revelan desconfianza institucional y, a la vez, presión de los mercados por un exceso de endeudamiento, con inmovilismo reformista y escaso margen de maniobra para aplicar disciplina a unas cuentas públicas que exigen ajustes. Una crisis estructural inmersa en un círculo vicioso que no deja de centrifugar, pero que al mismo tiempo evidencia el desgaste de un patrón de crecimiento que no ofrece perspectivas prósperas. Especialmente, a los más jóvenes.
El FMI identifica el coste económico de esta dinámica en Francia. Su Fiscal Monitor calcula que un repunte significativo de la conflictividad social contrae en casi medio punto el crecimiento de su PIB y que el deterioro en sus saldos fiscales primarios lo hace descender otras 2 décimas. En su última evaluación del país, el organismo advierte de que la fragmentación política ha limitado los ajustes previstos y podría retrasar la corrección del déficit, en el 5,1%, de la deuda, del 119% del PIB, y elevar aún más la prima de riesgo sobre el bund alemán, ahora en 159 puntos básicos.
Pero las protestas trascienden del territorio galo. En España o Italia expresan el rechazo a años de reformas insuficientes en vivienda, recortes en Educación, Sanidad o intentos de abaratar el cheque de las pensiones. En definitiva, críticas a la estructura productiva. El Council on Foreign Relations (CFR) alerta de que las movilizaciones en la segunda, la tercera y la cuarta economías del euro son síntomas de una quiebra del contrato social que están liderando los estratos de la Gen Z. La protesta, desde esta perspectiva, “no es únicamente resistencia al cambio, sino una exigencia de transformaciones que no llegan”, asegura el CFR.
Fragilidad de los edificios institucionales
La OCDE también trata de descubrir la raíz institucional de esta declaración hostil. Su secretario general, Mathias Cormann, dice que los ciudadanos mantienen cierta confianza en los servicios públicos, pero que dudan de la capacidad de sus gobiernos para abordar desafíos de largo plazo. Según una encuesta reciente de esta institución multilateral, solo el 31% de quienes reconocen tener una visión crítica admite disponer de poder de influencia sobre las decisiones oficiales. La pérdida de representación percibida dificulta la construcción de consensos para aplicar reformas cuyos costes son inmediatos, pero cuyos beneficios tardan años en materializarse, dice el club de las economías de rentas altas.
Los mercados también reflejan esa fragilidad. Ludovic Subran, de Allianz Research, enfatiza que existe un alto precio derivado de la fragilidad política actual. A su juicio, “la fragmentación, la polarización y las dificultades de gobernabilidad han elevado la amenaza política por la excesiva deuda soberana de los socios del G-7”. En Francia –precisa– “el incremento de su indicador de fragilidad ha sido especialmente significativo”; hasta aumentar en 38 puntos básicos adicionales su prima de riesgo. Aunque es un fenómeno inoculado en el metabolismo del grupo más rico del planeta. Sin reformas –subraya Subran–us dinamismos pierden fuelle; sin confianza social, sus reformas encuentran resistencia; y sin estabilidad política, sus finanzas se vuelven más caras.
A ello se suma la rivalidad geopolítica y el aumento del gasto estratégico, que agravan esta escala de tensiones. De ahí que la experta de Allianz asegure que el gran desafío no consiste en diseñar agendas estructurales eficientes, sino en recuperar la legitimidad para aplicarlas.
Los intentos del canciller alemán, Friecrich Merz, son una buena muestra, tal y como se afanan en justificar voces neoliberales que todavía mantienen la esperanza en el éxito de Berlín. Porque el descontento germano expresa rechazo a la parálisis económica que capitaliza en las urnas la extrema derecha de AfD al polarizar asuntos como la reforma laboral o las pensiones.
En Francia, el malestar se concentra en los recortes educativos y en el deterioro de los servicios públicos; en Italia, en salarios, vivienda y coste de vida. Todos ellos, factores que han empujado a la calle aparte de la ciudadanía española. Y en EEUU, las movilizaciones No Kings han reunido a millones de ciudadanos contrarios a las políticas MAGA de Donald Trump, especialmente sus medidas migratorias, los ajustes sociales federales y la concentración de poder ejecutivo.
Marcel Fratzscher, presidente del instituto DIW, detecta en todas ellas un riesgo real de parálisis política y económica. Y, en el caso, de los cuatro mayores socios del euro, de fractura en el seno de la UE --sobre todo, en el orden presupuestario, con intentos de tijeretazos drásticos por parte de los contribuyentes netos, pero también en el estratégico, con el eje franco-alemán perfilando sanciones y vetos al comercio con China-- y de amenaza de desintegración del bloque. Por la agresividad diplomática y el encendido militarismo de EEUU y Rusia.
Las tensiones en Japón proceden más de los mercados. Sanae Takaichi, su primera ministra, ha confabulado a su gabinete para reactivar la economía con capital estratégico. En un intento de amortiguar la inflación, fortalecer el yen y rebajar la deuda más alta del planeta en relación al PIB. Keiji Kanda, del Daiwa Institute of Research, vislumbra el riesgo “en la creciente distancia entre las reformas aconsejables y los sacrificios que ciudadanos y mercados están dispuestos a aceptar”.
Europa fractura su centro político
La crisis de gobernabilidad europea ha arraigado, pues, en las calles. Las ciudades galas sumaron medio millón de estudiantes, docentes y sindicalistas el pasado 17 de octubre, con más de 2.000 detenciones. The Economist interpreta los episodios franceses como una señal del agotamiento del centrismo político con gobiernos incapaces de gestionar las demandas sociales. Pese a que la reacción de Macron resulte esperpéntica porque su palpable pérdida de poder para gobernar y reformar la economía contrasta con su habilidad para influir, casi en paralelo, en Bruselas con sus ideas de autonomía geoestratégica e intervencionismo industrial para proteger sectores.
Alemania manifiesta este mismo bloqueo. Merz recibe críticas de una sociedad descontenta con el estancamiento económico, pero también de las juventudes de la CDU, su partido. Su dirigente, Johannes Winkel, le acusa de presentar pequeños ajustes como reformas ambiciosas y exige una transformación profunda de las pensiones. Los jóvenes conservadores ostentan 20 diputados en el Bundestag, suficientes para comprometer la estrecha mayoría gubernamental.
La Italia de la ultraderechista Giorgia Meloni tampoco permanece al margen. Las movilizaciones conviven con la escasa ratio de productividad y las restricciones por su elevada deuda.
La rebelión europea no es uniforme, aunque comparten demandas sociales difíciles de satisfacer con reformas aplazadas y partidos tradicionales con dificultad para forjar consensos. El malestar abre un espacio a fuerzas situadas en el extremo del espectro político y evidencia que las elites no han logrado articular una hoja de ruta de renovación económica y reconversión industrial.
Charles Grant, director del Centre for European Reform (CER), dice que “Europa corre el riesgo de convertir su rechazo al inmovilismo en un muro que le impide salir de su rueda de molino”, enfatiza.
En Reino Unido, el descontento también alimenta la desafección hacia los partidos tradicionales. Un estudio de UCL Policy Lab revela que el 75% de los británicos cree que el Gobierno muestra poco o ningún respeto a la ciudadanía. La fractura aparece a modo de protestas laborales y de polarización del debate migratorio. La Joseph Rowntree Foundation asegura que “sin nuevas recetas redistributivas, la legislatura en curso registrará el peor retroceso de las rentas familiares desde 1961”.
Sanidad y poder adquisitivo irrumpen en las 'midterms'
En EEUU, es el cheque sanitario el que alimenta el malestar social ante las elecciones de medio mandato del próximo martes, donde mejor se desvela el rampante coste de vida americano. Con una Administración Trump defendiendo a capa y espada su disruptiva agenda económica, frente a la fuga de ingresos de millones de familias. Una encuesta anual de KFF muestra que los trabajadores con cobertura sanitaria familiar aportan a sus pólizas una media de 7.471 dólares anuales, un 9% más que en 2025.
La prima total, incluida la contribución empresarial, alcanza los 28.303 dólares y contrasta con unos salarios que apenas aumentaron un 3,7%, en línea con la inflación de septiembre, otro foco de disgusto para una ciudadanía que exhala hastío hacia la doctrina MAGA.
Incluso las clases medias y firmas sin sello tech. La pérdida de poder adquisitivo, intensificada por la guerra en Irán y los aranceles es el combustible del voto de castigo contra el trumpismo.
Según Pew Research, el 44% de los votantes confía en que su sufragio sirva de rechazo a Trump, con los sondeos otorgando a los demócratas un 90% de posibilidades de que se hagan con la Cámara de Representantes y un tercio de que alcancen la mayoría en el Senado. Tendencia que inquieta a Wall Street. Incluso a las big-techs. Chris Hughes, cofundador de Facebook, ya critica abiertamente que los jerarcas tecnológicos se hayan obcecado con influir en Washington para favorecer sus intereses regulatorios. Mientras Ken Rogoff, ex economista jefe del FMI, advierte del cóctel molotov de inflación, endurecimiento monetario y malestar social que ya “amenaza la agenda MAGA”.
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