Dos Mil Palabras S. L., la empresa editora del medio digital Okdiario, pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendía al exasesor ministerial Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo. El concepto de las facturas es conciso y no deja lugar a la imaginación: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

Esas facturas y las dos transferencias que las respaldan, a las que ha tenido acceso elDiario.es, han sido aportadas por De la Hoz ante el juez que la investiga por su posible implicación en el caso Leire Díez. Esta documentación consta de dos facturas fechadas en 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026 y dos órdenes de transferencia. Leticia de la Hoz busca así defenderse de la acusación que la mantiene imputada en el denominado caso Leire Díez, una trama delictiva vinculada al PSOE dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes o familiares de dirigentes de esta formación política.

“Los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de D. Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente”, resalta el escrito presentado este jueves ante el magistrado. La abogada está imputada en ese caso porque supuestamente ofreció dinero a una empresaria, Carmen Pano, a cambio de que esta mujer rectificara una declaración en la que aseguraba haber llevado 90.000 euros en bolsas de dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La entrevista a Koldo antes de entrar en prisión

Las facturas que ha entregado Leticia de la Hoz al juez Santiago Pedraz demuestran cómo un medio de comunicación afín a la derecha política española –su director Eduardo Inda llegó a pedir tanto a Alberto Núñez Feijóo (PP) como a Santiago Abascal (Vox) que se entendieran “porque el enemigo de los 48 millones de españoles es Pedro Sánchez”– pagó los gastos de defensa de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por corrupción.

De hecho, en el mismo mes de noviembre en el que se abonó la primera de las facturas, la más elevada de 150.000 euros más IVA, Okdiario publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este censuraba a Pedro Sánchez y a su Gobierno: “Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias”; “se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”; “no pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Marlaska, Chivite ni Zapatero”.

Seis meses después, en el último día del juicio del Supremo, Koldo García utilizó su turno de última palabra para denunciar que le habían hecho ofrecimientos ilegales prometiéndole que iba a salir libre del proceso por el denominado caso Mascarillas: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Esta declaración se puede escuchar en el video del juicio:

La abogada de Koldo García pretende acreditar ahora ante la Audiencia Nacional que la defensa de su cliente la pagó un medio de comunicación, Okdiario, caracterizado por sus campañas contra el PSOE y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Leticia de la Hoz quiere ahuyentar así todas las sospechas sobre su supuesta colaboración con el PSOE en el denominado caso Leire Díez.

El juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, no autorizó en un primer momento que De la Hoz revelará durante su declaración como imputada el nombre de quién le pagó por la defensa del ex asesor de José Luis Ábalos. Pero este pasado miércoles firmó una providencia en la que pedía a la abogada aportar “a la causa la nota de encargo, factura o justificante de pago referidas a la defensa que ha venido ejerciendo para Koldo García Izaguirre”.

ElDiario.es ha tratado de contactar sin éxito tanto con responsables de la editora Dos Mil Palabras y del medio para recabar una respuesta a ese escrito presentado en una causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya tiene sobre la mesa el informe pericial elaborado por la Joyería Yanes sobre las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cifra el valor en 1.023.000 euros, y, por tanto, se aproxima al cálculo inicial que tasó la Joyería Ansorena al inicio de las pesquisas.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el magistrado solicitó ese informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas para obtener distinta información como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Yanes indica que en su informe que “pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia Central”.

En esta pericia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que no los diamantes que contienen las piezas son naturales si bien no se puede determinar su procedencia. Con todo, añaden que por su calidad de talla se podría descartar que vinieran de Rusia. Sobre las esmeraldas, también naturales, puntualiza que son “de una calidad muy comercial y que el origen podría ser compatible con Zambia. Sobre las gemas rojas señala que no se pueden denominar rubíes porque tienen relleno de vidrio de plomo, y sobre los zafiros, también ”muy comerciales“ indica que el origen puede estar en Tailandia.

Explica la pericial, por otro lado, que los lotes 1, 2 y 3 -que son los que Zapatero habría recibido como obsequio de Arabia Saudí, fueron “fabricados simultáneamente” y, aunque no se puede precisar el año “ya que son joyas de estilo clásico atemporal y ajenas a modas”, tendencias o a una localización geográfica determinada“, fueron fabricadas a su juicio después de que en junio de 2007 entrara en vigor una normativa que reducía los niveles de níquel para que no fueran nocivos para la salud. ”La hipótesis de que estas joyas no hayan sido fabricadas en la Unión Europea, reforzaría la idea de que, en años posteriores a 2007, pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central“, explica.

Por otro lado, los joyeros señalan que es “incoherente” que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección. Tampoco entiende por qué carecen de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas como las estudiadas. “Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial”, añade.

Tras conocerse ese nuevo encargo a Yanes, el expresidente pidió que no fuera esa joyería porque su propietario ya se había pronunciado con anterioridad en un medio de comunicación sobre esas piezas. Además, remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuía la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El primer informe, el de Ansorena, tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles como investigado en el caso Leire Díez. Ante Santiago Pedraz, el ahora abogado Sáenz de Tejada ha negado “rotundamente” haber contactado con la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para proponerle atentar contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada ha atribuido su imputación en la Audiencia Nacional a una represalia por sus denuncias de “prevaricación judicial en Badajoz”, a lo que se une el momento de “campaña electoral” y el intento por perjudicar al PSOE. El exjuez está imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez en una de las maniobras de la exmilitante del PSOE, consistente en intentar apartar a Beatriz Biedma del caso de David Sánchez.

La investigación contra Sáenz de Tejada surge de noticias periodísticas que han seguido los agentes de la UCO, “un bulo” de un periodista de un medio madrileño, ha explicado el investigado al salir de su declaración. Rocho declaró en televisión que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le comentó que había que “eliminar” a Biedma.

Este miércoles, el exjuez ha asegurado que nunca ha hablado con Rocho y que si se ha referido a “eliminar” a la jueza en algún otro foro ha sido en el sentido de apartarla de una causa judicial, como ya logró el mismo en el procedimiento que instruía Biedma contra él por violencia de género. Biedma fue apartada por anticipar la condena a Sáenz de Tejada en un escrito.

Sáenz de Tejada compartía un chat con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz Joaquín Parra en el que supuestamente se habría abordado la corrupción judicial en la ciudad extremeña y las maniobras para apartar a Biedma. Sáenz de Tejada ha dicho este miércoles a los medios, tras declarar durante casi hora y media, que quien creó y tenía auténtico interés en ese chat era Parra, asediado por varias causas judiciales. Recientemente ha sido condenado a 10 años por un fraude de hidrocarburos.

El exjuez ha negado que trasladara sus quejas a la Fiscalía General del Estado por indicación de Leire Díez y que todo lo que habló con ella fue facilitándole información de la supuesta corrupción en Badajoz, como ha hecho con periodistas y políticos locales y nacionales.

Igualmente, Sáenz de Tejada ha insistido en la falsedad de que siguió en su coche a Beatriz Biedma el día de su declaración en la Audiencia Nacional y ha precisado que hay tres testigos y su geolocalización de que se encontraba a 450 kilómetros del lugar de los supuestos hechos.

El pasado 23 de octubre trascendió que la exmilitante Leire Díez se querellaba contra el PP por utilizar su imagen en un video realizado con inteligencia artificial en el que ponían en su boca que había contratado matones para eliminar a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma. Esa querella fue presentada ante el magistrado de la Audiencia Nacional que la investiga por coordinar una supuesta trama que se dedicó a desestabilizar causas judiciales abiertas contra miembros del PSOE y del entorno de Pedro Sánchez. Ahora, el juez Santiago Pedraz le dice que ha llamado a la puerta equivocada y que se trata de un tema personal ajeno a su causa.

“Procede inadmitir a trámite la querella interpuesta por cuanto los delitos que se atribuyen al querellado no figuran entre los supuestos tasados atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional”, le responde. Leire Díez imputaba a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y de suplantación de identidad digital por la publicación en sus redes de ese vídeo realizado con inteligencia artificial en el que se puede ver a Díez indicando: “Si haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, sí soy zurda”.

Para Pedraz, lo único que vincula el vídeo con la causa que él investiga es que en él se hace referencia a extremos relacionados con las diligencias que se siguen en su juzgado. Pero no genera de por sí “una conexión procesal” bastante para que se quede con esa querella. “Se pretende incorporar al procedimiento una controversia de carácter personal y mediático que resulta completamente extraña al objeto de la investigación en curso”, subraya.

El magistrado no pasa por alto en su resolución que esa querella puede ser una artimaña de Leire Díez para cambiar el foco el de la investigación, y recuerda que precisamente ella consta como investigada por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación y denuncia falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. “No puede desconocerse que la presentación de la querella (...) evidencia una utilización procesal anómala del procedimiento, orientada a desplazar el foco de la investigación hacia cuestiones completamente ajenas al objeto de la instrucción”.

En la querella, a la que tuvo acceso elDiario.es, la defensa de Leire Díez indica que esa recreación digital de su figura para poner en su boca palabras que no ha expresado fue difundida de forma simultánea por todas las redes del PP y eran “una clara alusión” a la jueza que instruyó la causa David Sánchez, Beatriz Biedma, que declaró recientemente en ese mismo juzgado del magistrado Santiago Pedraz.

La abogada de Díez lamentaba en la querella que “los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta y rotundamente falsos, habiendo no obstante el querellado actuado con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad de la Sra. Díez”.

La jueza que investiga la entrada masiva de migrantes por la frontera de Ceuta que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio ha tomado declaración en calidad de testigos a tres consejeros del Gobierno de Juan José Vivas: el consejero de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina; y el vicepresidente de la Ciudad de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que estos cargos políticos, que tuvieron presencia en la zona afectada y que participaron en la gestión de la crisis han señalado ante la magistrada María Tardón que fueron conscientes de que la entrada no era alocada sino que existía cierto orden y organización, y que percibieron que desde el otro lado de la frontera los gendarmes marroquíes actuaban con pasividad.

Uno de ellos, el vicepresidente, ha relatado que pudo observar la actitud de cinco gendarmes que se encontraban al otro lado del paso fronterizo: uno estaba tumbado en el suelo mirando el móvil, otro estaba rezando, otro ayudaba los que querían cruzar a nado... También ha recordado que los que ya habían logrado pasar tiraban flotadores al otro lado para que fueran utilizados por los siguientes para salvar la distancia por mar.

Los tres consejeros habrían coincidido en señalar que por parte de la Administración del Estado no recibieron ayuda concreta a pesar de las diferentes peticiones de auxilio que solicitaron los días previos a la entrada masiva, aunque sí ha destacado, el primero de ellos, el buen tono que tenía para su situación la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con la que mantuvieron varias conversaciones telefónicas y una reunión presencial. De hecho, han recordado que desde Interior les respondía que ese goteo de entradas era como el de otros veranos y esto a pesar de que si en julio de 2025 los accesos fueron de 113 personas, en 2026 ya llevaban 681.

Por otro lado, también se ha comentado en la declaración la petición que habría realizado el Gobierno de Vivas de aumentar la longitud de la red de boyas para dificultar el acceso de 'nadadores', y el consejero de Presidencia ha explicado que desde Interior rechazaron esa posibilidad porque el entramado de cuerdas que acompaña a ese tipo de barrera acuática podía provocar que personas quedaran atrapadas y murieran ahogadas.

Las fuentes presentes en las declaraciones han destacado, asimismo, que la consejera de Sanidad ha referido una conversación que mantuvo en la frontera el mismo 30 de julio con el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano. Éste le dijo que si se daba cuenta de la colaboración de las autoridades marroquíes, y ella se molestó con ese comentario porque estaba en shock por la entrada masiva.

Esta consejera también se ha referido a la gestión de los cadáveres rescatados en Ceuta, un total de 90. Ha explicado que hubo problemas con el Instituto de Medicina Legal porque sólo podía albergar a siete cadáveres y que tuvieron que improvisar cámaras frigoríficas para mantener al resto. Además, ha afeado que el país aluita rechazara cadáveres ya identificados.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que le fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. El magistrado resolverá en otra resolución aparte si le imputa un delito de malversación en relación con estas joyas, tal y como reclamó la Fiscalía la semana pasada.

En un auto, Calama explica Zapatero alega que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando ostentaba la condición de presidente del Gobierno. Según la versión del expresidente, aceptó tales efectos por deferencia hacia el soberano extranjero y los conservó desde entonces en el ámbito privado, junto con otras joyas de origen familiar y regalos recibidos de terceros, sin hacer uso de ellos ni conocer su valor material. 

La resolución refleja que el magistrado no cree la versión del expresidente. Así, otorga relevancia al hecho de que las joyas no se encontraran conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor.

Y apunta que esa circunstancias “difícilmente se compadecen con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público”. En ese supuesto, dice, cabría esperar la conservación de la documentación y de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia.

El magistrado, de acuerdo con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, señala que no se trata de invertir la carga de la prueba ni de exigir al investigado la acreditación de su versión de los hechos, pero precisa que en el momento actual “lo que se constata es que la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada” carece de “un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia”. 

La resolución explica que el investigado afirma haber remitido dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí. Zapatero pretendía una confirmación oficial de los hechos ahora alegados. Sin embargo, apunta Calama, no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de tales escritos. “Con todo, aun prescindiendo de esta circunstancia, la versión ofrecida carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones, a la vista de las consideraciones que se exponen seguidamente”, advierte. 

En efecto, continúa el juez, consta la visita oficial a España del Monarca de Arabia Saudí en junio de 2007. Asimismo, aparece documentada la entrega de determinados obsequios institucionales con ocasión de dicha visita que fueron incorporados al patrimonio público, una circunstancia que para el instructor “difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas”.

En este sentido, para Calama adquiere particular relevancia el hecho de que, en 2005, bajo su Presidencia, se aprobara el Código de Buen Gobierno en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. “Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida”, destaca el instructor. 

“Sin perjuicio de la valoración pericial que finalmente corresponda a las piezas intervenidas, resulta razonable inferir que unos juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un obsequio realizado por un monarca saudí, presentan una relevante entidad patrimonial. A ello se suma que las propias características externas de las joyas permiten advertir, incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico. Desde esta perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en su poder 'sin conciencia de su valor material' encuentra difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata”, añade el escrito del instructor. 

Calama: “El propio Zapatero podría acreditarlo”

Según el juez, tampoco puede obviarse que el propio investigado dispone de medios para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma y recuerda que no se ha adoptado medida cautelar que le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado.

“La versión que sostiene se fundamenta precisamente en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí con ocasión de su condición de presidente del Gobierno, circunstancia de la que razonablemente cabría inferir una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo o las instancias competentes de aquel país”, indica Calama.

De este modo, concluye el auto, la emisión del instrumento de cooperación jurídica internacional solicitado no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva, aunque sea periférica, “sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado”.