La política es una profesión con elevado grado de incertidumbre, pero los cambios que ha vivido el Gobierno valenciano del PP en tan solo tres años son algo inaudito. Lo promocionaron a bombo y platillo como un gobierno estable, “el gobierno de los mejores”, pero apenas quedan supervivientes políticos de aquellos que juraron el cargo en julio de 2023 junto a Carlos Mazón. El líder popular formó un Ejecutivo con 9 titulares: Susana Camarero, Vicente Barrera, Ruth Merino, José Luis Aguirre, José Antonio Rovira, Elisa Núñez, Salomé Pradas, Nuria Montes y Marciano Gómez. De ellos, solo tres siguen en el gobierno y solo queda uno con sus competencias intactas: Marciano Gómez, el conseller de Sanidad, quién ya formó parte del gobierno valenciano con Eduardo Zaplana. Pese al cuestionamiento de su trabajo -listas de espera, derivaciones a la sanidad privada, los negocios de su familia y las denuncias por falta de transparencia en los datos públicos- es el único conseller que no ha sufrido una crisis de gobierno.

La remodelación de Juanfran Pérez Llorca acometida este jueves da a luz al sexto Ejecutivo valenciano del PP esta legislatura, que ha ido subiendo y bajando los consellers cada año. Pérez Llorca ha unificado las consellerias de Justicia y Servicios Sociales tras el cese de Elena Albalat, que pasa a encabezar las listas al Congreso del PP de Castellón para el próximo 29N. Albalat no ha estado ni un año en el cargo: fue nombrada tras la investidura del actual president, en diciembre de 2025, aunque ya había sido secretaria autonómica del ramo bajo el mando de Susana Camarero. Según la reestructuración acometida y publicada este jueves en el DOGV, las competencias de Servicios Sociales pasan a la conselleria de Justicia, que dirige Núria Martínez.

Todo apunta que esta remodelación no será la última de la legislatura. Si la actual vicepresidenta primera, Susana Camarero, también titular de Vivienda e Igualdad, es finalmente senadora, deberá dejar la Generalitat Valenciana. El PP ha escogido a la número dos del Consell y ex responsable de Servicios Sociales como cabeza de lista para el Senado por la circunscripción de Valencia, en unas listas que comparte con el exconseller de Agricultura de Vox, José Luis Aguirre. Ambos tienen en común ser uno de esos rostros que formaron el Consell de Mazón, aunque Camarero está entre las más veteranas. Aguirre fue cesado en julio de 2024 como consecuencia de la ruptura de Vox con el PP, junto a Vicente Barrera —vicepresidente segundo y conseller de Cultura— y Elisa Núñez —consellera de Justicia e Interior, con competencia en Emergencias—.

Fruto de esta ruptura, marcada por los de Santiago Abascal en toda España, llegó la primera remodelación del Consell. A las 12 horas de la crisis, Mazón nombró un nuevo Ejecutivo: las competencias en Emergencias y Justicia pasaron a Salomé Pradas, que hasta la fecha se había encargado de Medio Ambiente, y tres meses después gestionó la dana, cuya acción está todavía bajo instrucción judicial y tanto ella como su secretario autonómico, Emilio Argüeso (ex número dos de Servicios Sociales) se encuentran investigados. En esa remodelación se elevó a Vicente Martínez Mus, hasta entonces director general de Costas, como conseller de Medio Ambiente, y al portavoz del PP, Miguel Barrachina, como titular de Agricultura.

Tras la dana se produjo el cese fulminante de la entonces consellera de Turismo, Núria Montes, quien negó a los familiares de las víctimas asistir al recinto habilitado para la inspección de los cadáveres. También el de Salomé Pradas, que ahora ejerce la abogacía. A Montes la sustituyó Marian Cano, que actualmente sigue en el cargo y se incorporó al Ejecutivo el militar retirado Francisco José Gan Pampols, en una vicepresidencia creada para la reconstrucción, sin estructura propia. Ruth Merino dejó de ser portavoz y quedó solo con las competencias en Hacienda, y la responsabilidad de ser la voz del Consell pasó a Susana Camarero. La conselleria de Pradas se dividió en dos departamentos: Justicia y Emergencias. Para el primero se incorporó Nuria Martínez; para el segundo, Juan Carlos Valderrama, ambos con la misma responsabilidad dos años después.

En noviembre de 2025, pocos días antes de dimitir, Mazón acometió otra reestructuración: cesó en el cargo Francisco José Gan Pampols, quien aseguró que su tarea consistía en pilotar la reconstrucción tras la dana. El presidente de la Generalitat dimitiría unas semanas después tras meses de presión popular y de un visible rechazo en el funeral de Estado. Su marcha sacudió el PP, que tuvo que afanarse en encontrar un relevo. A principios de diciembre, Juanfran Pérez Llorca, hasta entonces portavoz del PP en las Corts (en sustitución de Miguel Barrachina), tomó posesión del cargo.

Pérez Llorca compuso su Ejecutivo en diciembre con tres incorporaciones: José Díez como conseller de Presidencia, departamento de nueva creación; Mari Carmen Ortí para Educación y Elena Albalat para Servicios Sociales. Ortí relevó a José Antonio Rovira en esta cartera, y el cuestionado titular de Educación pasó a ocupar la conselleria de Hacienda y Empleo. Merino, hasta entonces en Hacienda, salió del Ejecutivo y volvió a entrar a los 15 días como secretaria autonómica de Relaciones con la Unión Europea. El titular de Sanidad, Marciano Gómez, no ha visto alteradas sus competencias en estos tres años.

La radiotelevisión pública valenciana suma otros 133.000 euros a la factura por las emisiones de los festejos taurinos. La cifra responde a los contratos suscritos en el mes de agosto para la cobertura de cuatro corridas de toros o rejones, solo una de ellas en territorio valenciano. En total, la cadena pública ha confirmado haber destinado más de 1,2 millones de euros desde el año 2025 para la cobertura de las novilladas.

En una respuesta parlamentaria remitida a Compromís, la televisión pública indica que durante el mes de agosto se emitieron cuatro novilladas: el 20 de agosto en Ciudad Real, del 23 en Cuenca, el 28 de agosto en la feria de Casas Ibáñez (Albacete) y del 29 de agosto en Requena, la única en territorio valenciano.

En el caso de Ciudad Real, el coste de los derechos de emisión fue de 30.000 euros, a los cuales se añadieron 3.458,46 euros correspondientes a la producción y puesta a disposición de la señal audiovisual, IVA al margen. La televisión pública no indica en la respuesta parlamentaria con qué empresa se contrataron los trabajos de producción ni a qué firma se abonan los derechos de emisión, que suele ser la titular de las plazas de toros. A menudo, como ha ido informando elDiario.es, se ha de pagar también a las televisiones autonómicas que realizan la señal, como ha sido el caso de Telemadrid en la Feria de San Isidro.

El 23 de agosto de 2026 se retransmitió la corrida de rejoneadores celebrada en Cuenca, en el marco de la Feria de San Julián. El coste de los derechos de emisión fue de 30.000 euros, más 3.458,46 euros por la producción y puesta a disposición de la señal audiovisual. El coste contractual total ascendió a 33.458,46 euros, más IVA, indica la respuesta parlamentaria. El 28 de agosto de 2026 se emitió la corrida de toros de la Feria de Casas-Ibáñez, en Albacete, que celebraba su 150 aniversario. La adquisición de los derechos de explotación tuvo un coste de 25.000 euros y la producción y puesta a disposición de la señal, de 8.272,20 euros. Así, el coste fue de 33.272,20 euros más IVA.

Por último, el 29 de agosto, la televisión pública retransmitió la corrida de toros de la Feria de Requena. El coste de los derechos de explotación fue de 25.000 euros y el de la producción y puesta a disposición de la señal, de 8.272,20 euros, según indica la respuesta parlamentaria. El coste contractual asciende a 33.272,20 euros sin contar el IVA. En total, impuestos incluidos, la cadena pública pagó 161.488,20 euros en un mes por cuatro retransmisiones.

La diputada de Compromís María Josep Amigó, autora de las preguntas, apunta que resulta “vergonzoso” que en año y medio se hayan destinado más de 1,2 millones de euros de dinero público en corridas de toros en À Punt, la mayoría de ellas de festejos de fuera del territorio valenciano, “mientras en nuestra televisión se margina la industria audiovisual valenciana”. Amigó considera que “la dirección de À Punt, controlada absolutamente por el gobierno del PP, está convirtiendo la radiotelevisión pública en un nuevo Canal 9, con manipulación, mal uso del dinero público, contrataciones para los amiguitos de siempre y degradación continua de la programación”. Compromís presentará más preguntas parlamentarias para fiscalizar la televisión, señalan fuentes de la coalición.

El agitador ultra Vito Quiles cancela su acto en la Universitat de València previsto para este miércoles. El joven ha publicado en sus redes sociales que suspende su visita debido al accidente de tren de Toledo.

La Universitat de València se blinda ante la llegada del agitador ultra Vito Quiles por temor a que se den altercados como los sufridos el pasado lunes en Bilbao. El campus ha cerrado algunos accesos y precintado las puertas principales para controlar la entrada de personas ajenas al campus. En las instalaciones de su institución vecina, las del campus de la Universitat Politécnica, también se han tomado medidas similares con el cierre de los accesos al parking.

La Policía Nacional lleva días trabajando en el dispositivo de seguridad ante las concentraciones no comunicadas previstas en València, tanto la de Vito Quiles como la convocatoria 'Blocus' del próximo sábado. La Policía Nacional cuenta con los medios necesarios y su despliegue será proporcionado a las circunstancias, apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno.

Las instituciones académicas informaron al personal, alumnado y profesorado del cierre de los accesos por motivos de seguridad. En el caso de la UPV, permanecerán cerrados los aparcamientos de la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, (P4A), Pabellón Deportivo (P6A) y edificio Nexus (P6B). También se cerrarán las puertas exteriores de acceso de vehículos K, L, M, N, N1, P y R, así como la puerta peatonal O.

La televisión pública valenciana À Punt enmienda su error y programará dos avances informativos para el próximo sábado, fecha en la que se celebra la manifestación por el segundo aniversario de la dana. En octubre de 2025 la televisión decidió emitir un programa de corridas de toros históricas mientras se celebraba una manifestación multitudinaria, que pocos días después derivó en la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. La emisión provocó fuertes críticas y una crisis reputacional de la cadena que se mantiene hasta la fecha.

La cadena pública ha aprobado este martes la parrilla de programación para el resto de la semana. Durante el jueves 29 de octubre, aniversario de la dana, habrá dos programas sobre la tragedia: un episodio de Crònica de la reconstrucciò y un documental sobre los voluntarios. La programación de la noche aún está por determinar, según ha podido saber elDiario.es.

Para el sábado, cuando está prevista una manifestación convocada por las asociaciones de víctimas y damnificados, la televisión pública realizará dos avances informativos de un cuarto de hora, a las 18 horas y a las 19 horas. Los avances interrumpirán la programación, que prevé emitir la película Siete mesas de billar francés.

La manifestación convocada está prevista a las 18 horas, con salida desde la Plaza de la Reina de Valencia y un recorrido hasta la Plaza del Ayuntamiento. Las asociaciones de víctimas denuncian que la reconstrucción es insuficiente y no atiende al criterio científico, y siguen exigiendo, mes tras mes, responsabilidades políticas y judiciales al expresidente Carlos Mazón, que sigue siendo aforado por ser diputado autonómico.