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Thomas Piketty: 'The future billionaires are preparing for us is dystopian'

Most of the planet with incomes equivalent to €5,000 a month (nearly $5,600) by 2100. Average temperatures only 1.8 degrees Celsius above preindustrial levels. Less meat, industry and mining. More health care and education. And who would lose out? The world’s Jeff Bezos, Larry Ellisons and Elon Musks. A tiny group of billionaires representing 0.001% of the population would see their share of global wealth fall from the current 6.4% to 0.05%, while the poorest 50% of the planet would rise from holding just 2% to 30%.

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© Edgar Sapiña Manchado (EFE) (EL PAÍS)

French economist Thomas Piketty in Paris.
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Tambores de guerra

Rodríguez Zapatero ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que corrija al juez Calama y deje fuera del caso Plus Ultra la investigación sobre sus negocios en Bolivia. Para eso existen los recursos: para que las decisiones de un juez puedan ser revisadas por otros jueces. La defensa de Zapatero sostiene que Calama ha concedido a la UDEF una «patente de corso» para investigar toda su vida profesional. El juez replica que nadie queda blindado frente a los indicios de nuevos delitos que aparezcan durante una investigación. La Sala decidirá quién tiene razón. Es un debate jurídico valioso y necesario: establecer si los 200.000 euros cobrados por gestiones ante las autoridades bolivianas aparecieron legítimamente al investigar el rescate de Plus Ultra o son el resultado de una pesquisa general y prospectiva sobre la vida del expresidente. Ese es el procedimiento: se recurre una resolución, se exponen argumentos y otro tribunal resuelve. Zapatero actúa con tiento. No busca enfrentarse directamente. Otros hacen su trabajo. Él utiliza los instrumentos del Estado de derecho para defenderse, el Gobierno y el PSOE han elegido un camino mucho más peligroso, denunciado el jueves por la presidenta del Supremo en la apertura del año judicial, que es ir a una guerra abierta con los jueces. Porque lo que no encaja en Derecho es que el Gobierno señale como conspirador, activista o lobo solitario a cada magistrado que adopta una resolución que le incomoda.

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