La subdirectora de LA RAZÓN analiza la situación del ministro de Transportes Óscar Puente, tras producirse una nueva catástrofe ferroviaria bajo su mandato. "Cuando se producen dos tragedias en menos un año, no basta con buscar al responsable", sino que "hay que preguntarse qué ha fallado en el sistema y quién debe asumir las consecuencias".

Por otra parte, las víctima de Adamuz siguen denunciando que se sienten abandonadas y que todavía no han recibido explicaciones, atención ni respuestas. Las víctimas de este nuevo accidente de trenes "merecen algo más que condolencias", y merecen "un gobierno que no les mienta".

Hay acontecimientos que nos recuerdan brutalmente nuestra fragilidad. La vida es imprevisible. Podemos salir de casa una mañana convencidos de que regresaremos por la noche y descubrir que el destino ha decidido otra cosa. Ninguna sociedad, por avanzada que sea, puede eliminar el riesgo ni garantizar que nunca se producirá una tragedia. Pero precisamente porque vivimos expuestos a lo inesperado necesitamos confiar en algo que debería permanecer por encima de cualquier incertidumbre: la solidez de nuestras instituciones y la responsabilidad de quienes las dirigen.

La catástrofe ferroviaria en Toledo nos enfrenta de nuevo a esa dolorosa realidad. Por segunda vez, en apenas un año, decenas de familias han visto sus vidas destrozadas por un accidente de tren. La tragedia de Adamuz todavía permanece abierta, sus víctimas siguen reclamando respuestas y España vuelve a preguntarse cómo ha podido ocurrir algo semejante. Y no podemos acostumbrarnos a que el dolor se suceda sin que las instituciones sean capaces de ofrecer todas las explicaciones y garantías que los ciudadanos merecemos.

Todavía es pronto para determinar las causas de lo ocurrido. Pero la justificación del error humano no vale. Los sistemas de seguridad están concebidos precisamente para prevenir las equivocaciones y evitar que una decisión individual tenga consecuencias irreparables. Si un fallo técnico obliga a modificar los procedimientos habituales, deben existir garantías adicionales para impedir que se produzca una catástrofe.

En este contexto, la dimisión de Óscar Puente es una exigencia de responsabilidad institucional por respeto a las víctimas. Un ministro no conduce los trenes, no controla personalmente las señales ni supervisa cada operación de mantenimiento. Pero tiene la responsabilidad última sobre la dirección política del sistema ferroviario y los organismos públicos que dependen de su departamento. Su obligación es garantizar que existen los medios, los controles, los protocolos y la organización necesarios para reducir los riesgos al mínimo razonablemente posible. Y cuando se producen dos catástrofes de semejante magnitud en tan poco tiempo, esa responsabilidad adquiere una dimensión que trasciende cualquier consideración partidista.

No debemos aceptar una cultura política en la que dimitir equivale a reconocer un delito y permanecer en el cargo se presenta como una demostración de fortaleza. La responsabilidad democrática no empieza ni termina en los tribunales. Hay decisiones que deben adoptarse por respeto a las instituciones, a los ciudadanos y, especialmente, a quienes han sufrido las consecuencias de una tragedia. Asumir responsabilidades debe ser una forma de reconocer que ningún cargo público puede situarse por encima de la confianza que está obligado a preservar.

Y esa confianza también depende de la manera en que el Estado trata a las víctimas porque en este segundo día de luto, nueve meses después de Adamuz, las familias que entonces vieron rotas sus vidas siguen denunciando una sensación de abandono que debería avergonzarnos como sociedad.

Hoy todas las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación. También necesitamos recuperar el valor de la verdad en la vida pública. Hoy los ciudadanos merecemos un Gobierno que no nos mienta, igual que lo exigimos en el pasado con un Gobierno de otro color. Hoy se acabaron los besos de marketing, los bailes y el amor de propaganda como sustitutos de la gestión. La política no puede reducirse a una sucesión de gestos, eslóganes y escenificaciones de cercanía porque los ciudadanos no necesitamos que nuestros gobernantes nos quieran delante de las cámaras. Necesitamos que nos protejan, que administren con rigor los recursos públicos, que nos digan la verdad y que respondan cuando las cosas fallan.

La dimisión de un ministro no resolverá por sí sola los problemas que puedan existir en el sistema ferroviario. No sustituirá las investigaciones, no reparará los daños ni devolverá la vida a quienes la han perdido. Pero representa un acto de respeto institucional y el reconocimiento de que la responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que los tribunales determinen si existieron conductas delictivas. También puede contribuir a recuperar un principio esencial de cualquier democracia: los cargos públicos son una obligación de servicio, no un derecho de permanencia.