La inflación de septiembre aumentó un 4,9% respecto al mismo mes de 2025, según el dato adelantado este viernes por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Se trata del tercer dato más elevado para un mes de octubre desde que existe registro, es decir, desde 2002. Tan solo por detrás del 5,4% de 2021 y del 7,3% de 2022, dos ejercicios marcados por la parálisis económica tras la pandemia y, posteriormente, por la invasión rusa de Ucrania.

Y es que cuatro años después, la prolongación de la guerra en Irán vuelve a situar a los mercados energéticos en el centro de las presiones inflacionistas, tal y como sucedió en 2022. Así, los precios de los carburantes actúan como el motor principal del alza inflacionista ya que, en septiembre, los productos energéticos (electricidad, gas y otros combustibles) registraron un incremento interanual del 13,6%.

Pese a ello, el dato supone una estabilización respecto a septiembre, ya que entonces la inflación también se situó en el 4,9% interanual. Además, ha roto la tendencia de ocho meses consecutivos de subidas, en los que la tasa de inflación había aumentado progresivamente respecto al mes anterior.

Vigilar la inflación subyacente

La cuestión ahora es si este encarecimiento queda concentrado en estos componentes más volátiles o termina trasladándose al conjunto de la cesta de consumo. Aquí es donde entra en juego la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados para evitar el efecto de sus mayores oscilaciones. Así, su evolución permite comprobar si el encarecimiento de la energía comienza a trasladarse a los precios del resto de bienes y servicios.

En este sentido, en octubre, la tasa se ha situado en el 3,1%, la misma cifra que en septiembre aunque todavía entre el intervalo del 2,8%-3% en el que se mueve desde febrero. Y, aunque continúa por debajo de la inflación general, su evolución será determinante en los próximos meses: cuanto mayor sea la transmisión del encarecimiento energético al resto de componentes, más difícil será que la inflación general vuelva a moderarse.

El PIB se reduce una décima

En paralelo, el INE también ha publicado el avance del crecimiento de la economía española durante el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, el PIB aumentó un 0,6% respecto al trimestre anterior, aunque representa una décima menos que en el segundo trimestre.

Por componentes, la demanda nacional aportó cinco décimas al crecimiento intertrimestral. Dentro de ella, el consumo de los hogares aumentó un 0,6%, mientras que el gasto de las administraciones públicas avanzó un 0,9%. La inversión, por su parte, registró un crecimiento más moderado, del 0,1%. Po otro lado, la demanda externa contribuyó con la décima restante, en un trimestre en el que las exportaciones crecieron un 1,3% y las importaciones un 1,1%.

Así, en términos interanuales, el PIB creció un 2,7%, una décima más que en el segundo trimestre, cuando la tasa se situó en el 2,6%.

El Banco de España eleva al 3,9% su previsión para 2026

Este telón de fondo explica los vaivenes de las previsiones de los principales organismos. El Banco de España elevó a principios de octubre su estimación de crecimiento del PIB hasta el 2,6% para 2026, tres décimas más que en sus cálculos de junio, y hasta el 2,2% para 2027, cinco décimas por encima de su previsión anterior.

En la misma línea, la OCDE revisó al alza sus perspectivas de crecimiento para la economía española en septiembre. El organismo prevé que el PIB avance también un 2,6% en 2026 y un 1,8% en 2027, cuatro décimas y una décima más, respectivamente, que en sus anteriores estimaciones.

Sin embargo, el encarecimiento de la energía ha obligado a ambos organismos a elevar sus previsiones de inflación. El Banco de España sitúa ahora la tasa media en el 3,9% para 2026 y en el 3,7% para 2027, lo que supone un incremento de tres décimas y de 1,1 puntos porcentuales respecto a sus cálculos de junio. Además, el organismo que preside José Luis Escrivá anticipa que los precios podrían situarse en torno al 5% a finales de año, incluso teniendo en cuenta las medidas fiscales aprobadas para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

Por su parte, la OCDE elevó hasta el 3,7% su estimación de inflación media para España en 2026, cuatro décimas más que en junio, y hasta el 3,4% la de 2027, cinco décimas por encima de su cálculo anterior. El organismo internacional también advirtió del riesgo de que el encarecimiento de la energía termine trasladándose al resto de componentes de la cesta de consumo si las tensiones se mantienen durante más tiempo. De ahí que la evolución de los precios en los próximos meses esté condicionada por la intensidad y la duración del conflicto en Oriente Medio.

El Gobierno de Pedro Sánchez encara la recta final de esta legislatura tal y como la empezó: sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Las últimas cuentas aprobadas por el Ejecutivo corresponden a 2023, durante la anterior legislatura, por lo que el Gobierno ha tenido que prorrogar este presupuesto desde 2024 y adaptarlo a las necesidades de gasto de los ejercicios posteriores mediante sucesivas modificaciones de créditos.

Aunque desde el Ejecutivo han defendido la validez de las cuentas prorrogadas, la evolución y la dimensión de los ajustes presupuestarios reflejan lo contrario. Según revelan los últimos datos disponibles de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y agosto de 2026, las modificaciones de crédito ascendieron hasta los 81.300 millones de euros. Un volumen que equivale al 22% de los 368.500 millones de euros de gasto total comprometido hasta agosto. Es decir, el Gobierno ha modificado uno de cada cinco euros del presupuesto prorrogado de 2023, lo que da una idea de la dimensión que han adquirido estas operaciones.

Además, la cifra también supone un salto respecto a los ejercicios anteriores. Entre enero y agosto de 2025, Hacienda alteró créditos por valor de 33.300 millones de euros, por lo que el importe de este año es un 144% superior. Y la diferencia es aún mayor si se compara con 2024, cuando los cambios rondaron los 25.800 millones hasta agosto, lo que representa un incremento de los cambios presupuestarios del 215% en 2026 si se compara con el primer año de prórroga.

De la deuda pública a la Defensa: las partidas con más modificaciones

El 99% de las modificaciones de crédito se concentran en seis partidas presupuestarias. La mayor parte de los ajustes se corresponde con la deuda pública, con 30.200 millones de euros en modificaciones hasta agosto. El importe responde, en buena medida, a las necesidades de financiación para atender los vencimientos de deuda. Con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el crédito inicialmente previsto para amortizar los préstamos resulta insuficiente ante las obligaciones de pago de 2026, lo que obliga al Ejecutivo a ampliar las dotaciones presupuestarias.

A continuación se sitúa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con unos 15.100 millones, un incremento presupuestario vinculado, principalmente, a las necesidades financieras y al impacto de las ayudas del paquete anticrisis impulsado por el Gobierno tras el estallido de la guerra en Irán.

Le siguen los sistemas de financiación de entes territoriales (12.800 millones) y el refuerzo del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (10.400 millones). En este último caso, el gasto está condicionado fundamentalmente por las necesidades de financiación de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el gasto asociado a las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, cuyo gasto se ha disparado en los últimos años.

Por su parte, el Ministerio de Defensa acumula otros 10.000 millones de euros en modificaciones, en un contexto marcado por el compromiso adquirido por el Gobierno en 2025 de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.

Y la sexta partida con mayor volumen de recursos movilizados es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (4.200 millones). Esta última ampliación de crédito vinculada nuevamente a las ayudas extraordinarias focalizadas al sector agrario por el conflicto en Oriente Medio y al plan de ayudas para agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por las borrascas de principios de año, dotado con casi 2.900 millones de euros.

Sin control del Congreso sobre la hoja de ruta del Gobierno

Así, los datos de la IGAE reflejan que los cambios no se limitan exclusivamente a partidas estructurales, sino que afectan también a nuevas prioridades políticas. Y, aunque algunas decisiones, como la revalorización de las pensiones, sí han pasado por el Parlamento, otras se han articulado mediante modificaciones de crédito autorizadas tan solo por el propio Ejecutivo.

Es decir, se han desplazado parte de estas decisiones desde la Cámara Baja hacia el Consejo de Ministros. Y, precisamente este era uno de los reproches que formuló el consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas Gómez, en su voto particular en la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, publicada el pasado mayo.

A su juicio, el problema no era solo la propia constitucionalidad de la prórroga presupuestaria en sí, sino que durante toda la XV legislatura el Gobierno no había presentado en el Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026. Para el consejero, esta situación vaciaba de contenido el control parlamentario previsto en la Constitución, ya que los presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo traduce en cifras sus prioridades políticas.

Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el consejero concluyó que "se había hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura" de conocer la hoja de ruta económica del Ejecutivo y de debatirse en el Parlamento.