La cúpula de la Guardia Civil incoó y prosiguió con informaciones reservadas en contra de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de informaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ya tenía un conocimiento «fehaciente» de que las fugas de información no procedían de la unidad investigadora del Instituto Armado.

En un nuevo atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO detalla que las conversaciones filtradas eran de 2023 y que en su poder solo disponían de material incautado hasta octubre de 2021.

La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.

La segunda de ellas se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidos en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO.

Los investigadores detallan también que hay un WhatsApp enviado el 14 de mayo de 2025 por el general jefe de Policía Judicial al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, en el que le comunica: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO».

En el informe, los agentes reconstruyen las comunicaciones internas que comenzaron el 10 de mayo de 2025, después de que trascendieran las conversaciones entre Ábalos y Sánchez en la prensa. Ante las peticiones de información de sus superiores, los responsables de la UCO explicaron que los mensajes publicados no figuraban entre las evidencias analizadas por la unidad.

También añadieron que, en un supuesto caso de que fuera así, la información estaba en un disco «encriptado» del que todavía no se había efectuado análisis alguno y, por tanto, «no se podía acceder» al contenido por «ninguna fuente de la investigación» porque la desencriptación se produjo a finales de diciembre de 2024, meses después de las filtraciones de las conversaciones en la prensa.

«Este extremo hacía materialmente imposible que los mensajes filtrados estuvieran contenidos en el disco duro, y corroboraba lo ya informado: que en el análisis de ese dispositivo y de los demás no existía ningún mensaje de similares características y que, de haber existido, el mismo procedimiento de estudio de evidencias los habría detectado. Al no concurrir este acaecimiento, se podía concluir que la filtración no provenía de la UCO», expone el informe.

Según se explica, ninguno de los jefes de grupo era «conocedor» de esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, sencillamente, porque no estaban incluidos en las evidencias incautadas. «Nosotros esos mensajes no los hemos visto en ningún dispositivo. Aún así estamos revisando», escribió un agente al jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas.

Este último trasmitió, de hecho, todos estos detalles al superior de la UCO, Rafael Yuste, desde la mañana del domingo 11 de mayo para corroborar que las filtraciones nunca procedieron de la unidad. Según se expone, le explicó, «de manera reiterada» que, efectivamente, el dispositivo incautado seguía en las dependencias policiales, que no se había entregado a los investigados y que esta circunstancia «jamás» tuvo lugar, permaneciendo aún, a fecha de hoy, todas las evidencias intervenidas en el poder de la UCO.

El informe añade que, pocos días antes, las jefaturas de Información y Policía Judicial habían trasladado al DAO dos notas de despacho en las que se describía una supuesta campaña para perjudicar el prestigio de la UCO desplegada por las «cloacas del PSOE».

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, «que se pusieran de perfil».

La filial española de la compañía de seguros QBE Europe ha informado a la juez que investiga el accidente de Adamuz (Córdoba) que consigna un millón de euros más para resarcir a las víctimas del siniestro que provocó la muerte de 46 personas. Se da la circunstancia de que la aseguradora contratada por Adif remitió el escrito este miércoles, el mismo día que se produjo el mortal siniestro de Urda (Toledo) que deja un balance, por el momento, de 68 personas fallecidas.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la compañía explica que ha cursado "la orden de transferencia y pago" por importe de 816.952 euros, aunque no aporta justificante de la operación porque, dice, todavía no lo tiene. Se trata de la quinta entrega de fondos que, en total, suman 27,62 millones de euros "en favor de las víctimas y perjudicados por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero".

La aseguradora, que en febrero pidió al juzgado el listado de pasajeros que viajaban en los trenes siniestrados, carga este monto a la póliza de responsabilidad civil suscrita por el Administrador de la Infraestructura Ferroviaria (ADIF). No obstante, avisa que estos desembolsos "no suponen asunción de responsabilidad alguna". "QBE deja constancia expresa de la reserva de cualesquiera derechos y acciones, totales o parciales, que pudieran corresponderles frente a cualesquiera terceros que pudieran resultar responsables del accidente, derivados del pago de esta cantidad", recalca.

27 millones para las víctimas

De esta forma, se desvincula de la gestión de Adif en el marco de esta investigación que, casi diez meses después de su arranque, indaga la responsabilidad penal del accidente que se produjo, según las principales hipótesis, por una rotura de la vía como consecuencia del fallo de una soldadura. Ello provocó el descarrilamiento del tren Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid y el posterior impacto con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.

En su notificación al juzgado, la aseguradora de Adif remite un listado de los familiares de las víctimas resarcidas "sin perjuicio de continuar avanzando en la identificación de los perjudicados". Además, también ha indemnizado a las más de 200 personas que resultaron heridas en el fatal accidente y que están personadas en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro.

Las cantidades, explica, se han establecido teniendo en cuenta idénticos criterios de gravedad basados en el tiempo de hospitalización, estancia en UCI, tiempo estimado de incapacidad para el trabajo y tiempos estimados de curación de las lesiones, en los casos más leves. "Los pagos se realizan sin exigencia de renuncia alguna, y sin asunción de responsabilidad por parte de mi mandante ni de su asegurado, quedando pendiente la determinación de dicha responsabilidad", precisa la aseguradora.

La sombra de Adif

Los investigadores mantienen en el foco la gestión de Adif, especialmente después de que la Guardia Civil advirtiera a la juez Cristina Pastor en los inicios de esta causa penal que personal de esta empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes retiró material de las vías apenas días después del siniestro, sin autorización judicial. Un responsable de Adif confirmó a la Policía Judicial que recibió una orden verbal del jefe de área para que recogiera parte del material clave para la investigación y lo trasladara a la base de mantenimiento de Adif.

Este hecho propició que la juez instructora ordenara la "restitución inmediata" del material sustraído y que se abstrajeran de realizar cualquier operación en el lugar de los hechos, donde todavía se encontraban los convoyes siniestrados. De hecho, les apercibió con incurrir en responsabilidad penal si desobedecían a la autoridad judicial. Cabe recordar que en aquellos primeros compases de la investigación el ministro del ramo, Óscar Puente, negó cualquier responsabilidad de Adif e incluso puso en tela de juicio los informes de la Guardia Civil sobre el estado de las soldaduras, llegándolo a calificar de "bulo".

Además, en estos meses, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha advertido de "incongruencias" en los informes aportados por Adif a la causa sobre las labores de mantenimiento y control de las vías. El equipo investigador alertó de una posible manipulación de firmas y alteración del contenido de los documentos que pone en entredicho la veracidad de los mismos.

La consignación de la aseguradora de Adif se produce, casualmente, el mismo día que tuvo lugar el segundo gran accidente de la alta velocidad en España. El siniestro que se produjo a primera hora de la mañana de este martes en la localidad de Urda (Toledo) y que ha dejado un balance provisional de 74 muertos, acorrala al departamento de Puente por la falta de seguridad de la red de alta velocidad en España en lo que va de año.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".

La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.

Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".

Los correos, la prueba estrella del caso

Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.

Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.

Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.

"Las causas de componente político"

Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.

En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.

El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.

Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.

Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.