En Costa Rica, el 69% de las personas no utiliza un presupuesto formal ni herramientas financieras para controlar sus gastos, según reveló una encuesta patrocinada por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), que evidencia importantes diferencias en la manera en que los hogares administran su dinero, especialmente según la edad, el nivel educativo y la situación económica.

El estudio, denominado “El ecosistema financiero del hogar costarricense”, se realizó entre junio y julio de 2026, mediante 1,200 entrevistas telefónicas a personas adultas residentes en Costa Rica, y analizó los hábitos de ahorro, la administración del presupuesto familiar y las dificultades económicas que enfrentan los hogares.

Los resultados muestran que únicamente el 31% de los encuestados utiliza presupuestos o herramientas financieras para organizar sus gastos. En contraste, el 44% lleva un control informal, mientras que el 25% reconoce que no utiliza ningún método para administrar sus recursos.

Los hallazgos fueron divulgados en el marco del Día Mundial del Ahorro, que se conmemora cada 31 de octubre, una fecha que busca promover prácticas responsables en el manejo del dinero.

Jóvenes son quienes menos controlan sus gastos

Una de las principales conclusiones de la investigación está relacionada con las diferencias entre generaciones.

Entre las personas de 18 a 34 años, el 36% asegura que no utiliza ningún mecanismo para controlar sus gastos, mientras que otro 46% realiza ese seguimiento de manera informal.

Esto significa que el 82% de los adultos jóvenes no emplea un presupuesto formal ni herramientas financieras para organizar sus ingresos y egresos.

La situación cambia conforme aumenta la edad. Entre las personas de 35 a 54 años, la proporción de quienes no utilizan ningún método disminuye al 23%, mientras que entre quienes tienen 55 y 70 años se reduce al 15%.

También existen diferencias importantes en el uso de presupuestos. Apenas el 18% de los jóvenes recurre a estas herramientas, frente al 36% de las personas entre 35 y 54 años, porcentaje similar al registrado entre los adultos de mayor edad.

Educación e ingresos influyen en la organización financiera

El nivel educativo también aparece como un factor relacionado con la manera en que las personas administran sus recursos.

Según la OCF, el 44% de los encuestados con estudios universitarios utiliza presupuestos o herramientas financieras, mientras que entre quienes tienen secundaria incompleta o un nivel educativo inferior, la proporción disminuye al 24%.

La investigación también identificó diferencias según la capacidad económica de las familias.

Entre las personas cuyos ingresos superan sus gastos básicos y que, por lo tanto, tienen posibilidades de ahorrar, el 40% utiliza herramientas para organizar sus finanzas.

En cambio, entre quienes apenas consiguen cubrir sus necesidades o no cuentan con dinero suficiente para hacerlo, solamente el 25% emplea estos mecanismos.

Para la organización, estos resultados muestran que mejorar la educación financiera es importante, pero también deben considerarse las condiciones económicas que enfrentan las familias.

Controlar los gastos no requiere aplicaciones ni herramientas complejas

Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, destacó que la organización del dinero debe considerarse una parte esencial de los hábitos de ahorro.

“Para hablar de ahorro también hay que hablar de organización financiera. Tener claridad sobre cuánto ingresa, cuáles son los compromisos del hogar, en qué fechas y en qué se utiliza el dinero restante, permite tomar decisiones con mayor información”, explicó.

El especialista señaló que cada familia puede adoptar el mecanismo que mejor se ajuste a sus posibilidades, siempre que permita revisar periódicamente los ingresos y gastos.

De acuerdo con la OCF, no es necesario utilizar aplicaciones especializadas para llevar un control financiero.

Un cuaderno, una libreta o una hoja de cálculo pueden resultar suficientes para registrar los movimientos económicos y conocer cómo se distribuye el dinero cada mes.

La institución recomienda comenzar por identificar los gastos fijos, como vivienda, alimentación y servicios básicos, y posteriormente revisar los gastos variables, que pueden cambiar de un mes a otro.

También considera importante dar seguimiento a los movimientos bancarios y, cuando las condiciones económicas lo permitan, reservar una cantidad para el ahorro.

Sin embargo, la organización advirtió que tener un presupuesto no garantiza que una familia pueda ahorrar, especialmente cuando sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades.

Por esta razón, la OCF sostiene que no existe un porcentaje de ahorro ideal para todos los hogares, ya que las posibilidades económicas son diferentes.

El estudio concluye que, más allá de la cantidad de dinero que una persona consiga reservar, resulta fundamental desarrollar hábitos de organización financiera y compartirlos entre los integrantes del hogar, para tomar decisiones económicas con mayor información.

Un ciudadano de El Salvador, identificado con el apellido Ventura, fue detenido este viernes 30 de octubre de 2026 en Los Chiles, frontera norte de Costa Rica, después de que las autoridades confirmaran que era requerido por la justicia salvadoreña mediante una orden de captura emitida en 2014, relacionada con un presunto delito de abuso contra una persona menor de edad.

La aprehensión fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía Profesional de Migración, quienes localizaron al extranjero mientras transitaba por una vía pública en la comunidad de Hernández Pista, perteneciente al cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el hombre se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica y mantenía un requerimiento judicial vigente en su país de origen desde hacía aproximadamente 12 años.

La verificación de sus antecedentes permitió confirmar que las autoridades salvadoreñas lo buscaban por una causa relacionada con el presunto abuso de una persona menor de edad.

También registra antecedentes judiciales relacionados con drogas

Además del requerimiento por el presunto delito contra una persona menor de edad, el ciudadano salvadoreño registra otras causas judiciales en El Salvador.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estas investigaciones están relacionadas con la presunta posesión de estupefacientes y conducción de vehículos bajo los efectos de esas sustancias.

Por esa razón, las autoridades deberán verificar su situación jurídica y determinar cuáles requerimientos permanecen vigentes ante la justicia salvadoreña.

Captura se realizó en una comunidad de la frontera norte

La ubicación de Ventura ocurrió en Hernández Pista, Los Chiles, una comunidad situada en la zona fronteriza con Nicaragua.

Los oficiales de la Policía de Fronteras y Migración lograron identificar al extranjero y verificar su condición migratoria, así como la existencia de la orden de captura emitida por El Salvador.

Posteriormente, procedieron con su aprehensión y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

La participación de ambos cuerpos policiales permitió atender tanto el requerimiento judicial extranjero como la situación migratoria irregular del detenido.

El Ministerio de Seguridad Pública no informó si durante el procedimiento se decomisaron objetos o documentos vinculados con las investigaciones que enfrenta el sospechoso.

Detenido quedó a disposición de Migración y el OIJ

Tras su aprehensión, el ciudadano salvadoreño quedó bajo responsabilidad de la Policía Profesional de Migración, que continuará con las diligencias correspondientes y coordinará las actuaciones necesarias con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre los aspectos pendientes se encuentra determinar el procedimiento que corresponde aplicar ante el requerimiento judicial emitido por las autoridades salvadoreñas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una solicitud formal de extradición ni sobre una fecha para su eventual traslado a El Salvador.

Cualquier medida relacionada con su entrega a las autoridades extranjeras deberá ajustarse a los procedimientos legales correspondientes.

La captura de Ventura se suma a las intervenciones de los cuerpos policiales costarricenses para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras que se encuentran en territorio nacional.

Por ahora, el sospechoso permanece sujeto a las diligencias de las instituciones competentes, mientras se determina su situación jurídica.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su rechazo a una propuesta legislativa para reducir ₡8,048 millones (aproximadamente USD 17.7 millones) del financiamiento de las universidades públicas y solicitó valorar la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, al considerar que la medida compromete recursos previamente acordados con el Gobierno.

La posición fue adoptada mediante un acuerdo firme durante la sesión ordinaria número 7038, celebrada el 27 de octubre de 2026, en respuesta a las iniciativas impulsadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Los recursos en discusión corresponden al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y forman parte de compromisos adquiridos en noviembre de 2025 para recuperar montos pendientes de los años 2020 y 2021.

Aunque el recorte de ₡8,048 millones ya fue incorporado al proyecto de presupuesto nacional de 2027 durante su trámite en comisión, todavía debe superar la discusión legislativa correspondiente para convertirse en una decisión definitiva.

UCR advierte consecuencias para estudiantes e investigación

En su pronunciamiento, las autoridades universitarias señalaron que una reducción de estos recursos podría afectar el funcionamiento y la planificación de las instituciones de educación superior.

Entre las principales preocupaciones figuran las oportunidades de acceso y permanencia estudiantil, el fortalecimiento de sedes regionales, la investigación científica y tecnológica y los programas de acción social.

El Consejo Universitario considera que estos fondos son necesarios para mantener proyectos que benefician tanto a los estudiantes como a las comunidades costarricenses.

Además, recordó que los recursos habían sido comprometidos mediante un acuerdo alcanzado el 20 de noviembre de 2025, durante una reunión de la Comisión de Enlace, integrada por representantes gubernamentales y universitarios.

Según la UCR, modificar los compromisos establecidos genera incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos para desarrollar proyectos institucionales.

Por su parte, representantes de las cinco universidades estatales han advertido que las reducciones presupuestarias podrían afectar becas, residencias estudiantiles, servicios de alimentación, atención de salud y programas académicos, particularmente en comunidades alejadas de la Gran Área Metropolitana.

Piden a diputados detener la reducción de recursos

El acuerdo universitario solicita expresamente al Plenario de la Asamblea Legislativa que impida la aprobación definitiva del recorte y garantice la asignación de los fondos comprometidos.

La institución fundamenta su posición en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica, que establecen garantías relacionadas con la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior pública.

El Consejo Universitario sostiene que estas disposiciones deben considerarse al momento de aprobar modificaciones presupuestarias que involucren recursos de las universidades estatales.

La moción que redujo los ₡8,048 millones fue impulsada por el oficialismo durante el análisis del presupuesto nacional de 2027.

Los recursos fueron trasladados dentro del proyecto presupuestario hacia el Ministerio de Educación Pública (MEP), para financiar contribuciones patronales destinadas a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

La redistribución fue incorporada mediante la moción número 16 del expediente legislativo 25,754 y permanece sujeta al trámite del presupuesto en el Congreso.

Universidad solicita valorar una acción de inconstitucionalidad

Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento es la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional para cuestionar las disposiciones presupuestarias.

El Consejo Universitario solicitó a las instancias competentes de la UCR que, en coordinación con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), analicen la procedencia de presentar una acción de inconstitucionalidad.

El objetivo sería determinar si las modificaciones propuestas respetan las garantías establecidas en la Constitución y los compromisos de financiamiento adquiridos por el Estado.

Sin embargo, la UCR no anunció la presentación de una acción judicial, sino que pidió estudiar esa posibilidad antes de adoptar una decisión.

Paralelamente, diputados del Frente Amplio ya presentaron una consulta de constitucionalidad contra el recorte, al considerar que podría contradecir las disposiciones que protegen el financiamiento universitario.

Una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, conocida mediáticamente como “la asesina del bikini”, deberá cumplir un año de prisión preventiva como principal sospechosa del homicidio del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido el pasado 27 de setiembre de 2026 en un condominio de Playas del Coco, Guanacaste, en Costa Rica.

La medida cautelar fue ordenada este viernes 30 de octubre por el Juzgado Penal de Liberia, después de que la Fiscalía Adjunta de Liberia solicitara mantener privada de libertad a la imputada mientras continúa la investigación por el delito de homicidio calificado.

La resolución se produce tres días después de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaran y detuvieran a la joven en San Felipe de Alajuelita, San José, tras una búsqueda que se extendió durante varias semanas.

Según el Ministerio Público, la sospechosa habría sido la última persona que estuvo con Fleming antes de que fuera encontrado sin vida dentro de su apartamento, una circunstancia que forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades judiciales.

Empresario estadounidense habría sido asesinado con el vaso de una licuadora

El homicidio ocurrió la tarde del 27 de setiembre, cuando Fleming, quien residía en Costa Rica, ingresó a su apartamento acompañado de una mujer.

De acuerdo con la información recopilada por el OIJ, ambos llegaron al condominio aproximadamente a las 4:50 p. m., pero posteriormente la joven fue observada saliendo sola del inmueble.

Horas después, el estadounidense fue encontrado sin vida, con múltiples lesiones en la cabeza.

La investigación apunta a que la víctima habría sido golpeada con un vaso de licuadora, objeto que presuntamente fue utilizado para causarle las lesiones mortales.

Las autoridades también analizaron grabaciones de cámaras de seguridad del condominio, en las que se observaría a la sospechosa durante su ingreso y posterior salida del edificio.

Según reportó Teletica, uno de los dispositivos de grabación permitió captar gritos de auxilio de la víctima durante los hechos investigados.

Policía investiga robo de relojes Rolex y tarjetas bancarias

Además del homicidio, los investigadores identificaron la posible sustracción de artículos de valor pertenecientes al empresario.

El OIJ informó que del apartamento habrían desaparecido tres relojes de lujo marca Rolex, valorados individualmente en aproximadamente USD 25,000, así como varias tarjetas bancarias.

Los agentes también investigan movimientos realizados con esas tarjetas después de la muerte del estadounidense.

De acuerdo con los reportes judiciales, una segunda mujer de apellido Zeledón habría colaborado con Ortiz para abandonar Guanacaste y trasladarse hacia San José después del crimen.

Esta segunda sospechosa fue detenida durante los allanamientos realizados el 16 de octubre en Desamparados y recibió tres meses de prisión preventiva por su presunta participación en los hechos.

Las autoridades investigan si ambas utilizaron las tarjetas de Fleming para efectuar compras en diferentes establecimientos comerciales.

Sospechosa fue capturada después de varias semanas de búsqueda

La detención de Ortiz se concretó el martes 27 de octubre, cuando agentes judiciales la localizaron en un complejo residencial de San Felipe de Alajuelita.

La captura ocurrió después de que las autoridades realizaran allanamientos en sectores de La Capri y San Miguel de Desamparados, donde inicialmente intentaron ubicarla sin éxito.

Ante las dificultades para localizarla, el OIJ había divulgado fotografías de la sospechosa y solicitado colaboración ciudadana.

Finalmente, los investigadores consiguieron ubicarla en Alajuelita, donde fue detenida y posteriormente presentada ante las autoridades judiciales.

Con la resolución anunciada este viernes, Ortiz permanecerá privada de libertad durante un año, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar su eventual responsabilidad penal.

El caso se tramita bajo el expediente 26-002963-0060-PE.

La imposición de prisión preventiva no constituye una condena ni determina la culpabilidad de la imputada, quien continúa siendo investigada por homicidio calificado.

La Fiscalía Adjunta de Fraudes de Costa Rica consiguió una condena de seis años y seis meses de prisión contra Juan Carlos Martín Solís, declarado culpable de estafar a cinco inversionistas mediante falsas concesiones de tecnología satelital, supuestas alianzas con empresas multinacionales y argumentos religiosos utilizados para ganarse la confianza de sus víctimas.

Según informó el Ministerio Público, el condenado creó una empresa denominada Intersat, que utilizó para ofrecer oportunidades de inversión relacionadas con dispositivos de rastreo satelital instalados en contenedores de transporte de carga.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una condena civil por ₡45.9 millones (USD 100,918), como consecuencia de los perjuicios económicos ocasionados por los delitos.

Aseguraba que Dios le indicaba quiénes debían ser sus socios

Uno de los principales mecanismos utilizados por Martín Solís consistía en presentarse como un empresario religioso, filántropo y comprometido con los principios bíblicos.

Según la acusación, afirmaba que seleccionaba a sus socios mediante revelaciones divinas y exigía que fueran personas creyentes para “no abrirle las puertas al diablo”.

Con este discurso buscaba generar confianza entre los inversionistas y convencerlos de participar en negocios que presentaba como altamente rentables.

El condenado también aseguraba falsamente que había obtenido licitaciones y concesiones exclusivas con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, relacionadas con la desinstalación de dispositivos de rastreo satelital GPS, específicamente equipos GT2000, utilizados en contenedores de mercancías.

Para respaldar sus afirmaciones, mostraba cotizaciones sin valor contractual y equipos de demostración, con los que aparentaba mantener operaciones comerciales y alianzas con importantes compañías tecnológicas internacionales.

Prometía ganancias superiores a USD 146,000 mensuales

La investigación determinó que el empresario solicitaba a sus víctimas inversiones iniciales de entre USD 15,000 y USD 60,000, a cambio de participar en supuestas concesiones que valoraba en USD 360,000 cada una.

Como parte de su estrategia, ofrecía rendimientos superiores a USD 146,137.50 mensuales por concesión, una promesa que resultaba atractiva para quienes buscaban oportunidades de negocio.

También aseguraba que los técnicos contratados podrían desinstalar al menos 15 dispositivos satelitales diarios, lo que supuestamente garantizaría ingresos constantes.

Además, exigía a los inversionistas crear nuevas sociedades anónimas, firmar contratos de confidencialidad y contratar cuadrillas de técnicos para desarrollar las operaciones.

Sin embargo, la Fiscalía demostró que las concesiones ofrecidas eran ficticias y que las supuestas relaciones comerciales no respaldaban los negocios anunciados.

Utilizaba la pandemia para justificar los retrasos

Cuando los inversionistas comenzaron a cuestionar por qué las operaciones no iniciaban, Martín Solís ofrecía distintas explicaciones para justificar los incumplimientos.

Entre los argumentos utilizados figuraban los efectos de la pandemia de COVID-19, problemas relacionados con el tráfico marítimo internacional y supuestos gastos adicionales por licencias de software y viáticos.

Estas justificaciones permitían prolongar las expectativas de las víctimas, pese a que las operaciones prometidas no se concretaban.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar que el empresario había estructurado un mecanismo de engaño para obtener recursos económicos de los cinco afectados.

No podrá salir de Costa Rica mientras la sentencia queda firme

El juicio se desarrolló entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre de 2026, y concluyó con una condena de seis años y seis meses de prisión.

Mientras la resolución judicial adquiere firmeza, el tribunal ordenó que Martín Solís se presente a firmar mensualmente ante el Tribunal Penal de San José.

También se le impuso impedimento de salida del país, como medida para asegurar su sujeción al proceso judicial.

El expediente se tramitó bajo el número 20-002106-0175-PE.

La sentencia establece la responsabilidad del empresario en un esquema que combinó falsas oportunidades tecnológicas, promesas de ganancias millonarias y manipulación de creencias religiosas para estafar a cinco inversionistas.

El fútbol costarricense tendrá a dos representantes disputando el título de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026, luego de que Liga Deportiva Alajuelense derrotara 2-1 al Motagua de Honduras y consiguiera su clasificación a la final, donde enfrentará al Club Sport Cartaginés, que también aseguró su boleto tras eliminar al Olimpia hondureño.

El triunfo de los rojinegros se produjo la noche del jueves 29 de octubre, en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, donde las anotaciones de Juan Pablo Añor y Creichel Pérez permitieron al conjunto dirigido por Óscar Ramírez superar una semifinal que terminó con momentos de tensión.

Con este resultado, Alajuelense disputará su cuarta final consecutiva de la Copa Centroamericana, un torneo que ha dominado desde su creación en 2023 y en el que buscará conquistar su cuarto campeonato consecutivo.

La clasificación también garantiza que el trofeo permanecerá en manos de un equipo costarricense, independientemente del resultado de la serie definitiva, que enfrentará a dos clubes nacionales durante diciembre.

El conjunto manudo llegó al encuentro después de empatar 0-0 en el partido de ida disputado en Honduras, por lo que necesitaba una victoria en casa para asegurar su clasificación sin depender de tiempos adicionales.

Alajuelense tomó ventaja con dos goles en el primer tiempo

El partido comenzó con un Motagua decidido a buscar la clasificación, ejerciendo presión sobre la defensa rojinegra y tratando de aprovechar los espacios en el terreno de juego.

Sin embargo, Alajuelense logró responder y abrió el marcador al minuto 19, cuando el venezolano Juan Pablo Añor aprovechó un balón que quedó suelto cerca del área después de una acción ofensiva.

El mediocampista controló la pelota y consiguió superar al guardameta hondureño para establecer el 1-0, provocando la celebración de los aficionados presentes en el Morera Soto.

La anotación permitió a los dirigidos por Óscar Ramírez manejar el encuentro con mayor tranquilidad, mientras Motagua buscaba recuperar terreno.

Antes de finalizar la primera mitad, el conjunto costarricense amplió su ventaja gracias a Creichel Pérez, quien apareció al minuto 43 para conectar un remate de cabeza después de un centro enviado por Kenyel Michel.

Con el 2-0, los manudos se marcharon al descanso con una ventaja importante y la posibilidad de asegurar su cuarta presencia consecutiva en la final de la competición.

Ambos jugadores consiguieron además sus primeras anotaciones en la Copa Centroamericana 2026, según las estadísticas oficiales de Concacaf.

Motagua reaccionó y puso en peligro la clasificación

Durante la segunda mitad, el equipo hondureño aumentó su presión y comenzó a generar oportunidades frente a la portería defendida por Washington Ortega.

Aunque Alajuelense mantuvo la ventaja durante buena parte del complemento, el panorama cambió al minuto 74, cuando una acción ofensiva de Motagua terminó con un autogol del defensor Alexis Gamboa.

La jugada fue revisada por el videoarbitraje (VAR), debido a las dudas sobre si el balón había cruzado completamente la línea de gol. Finalmente, la anotación fue validada y el marcador quedó 2-1.

El descuento provocó momentos de incertidumbre para los rojinegros, ya que un empate con goles habría favorecido al conjunto hondureño por el criterio de anotaciones como visitante.

Motagua buscó aprovechar esa posibilidad y aumentó sus ataques durante los últimos minutos, mientras los futbolistas de Alajuelense intentaban contener la presión.

En el tiempo de reposición, el delantero Ángel Zaldívar fue expulsado, por lo que los locales terminaron el encuentro con 10 jugadores.

Pese a las dificultades, los manudos conservaron la ventaja hasta el pitazo final y consiguieron la clasificación con un marcador global de 2-1.

Costa Rica tendrá una final entre Alajuelense y Cartaginés

La victoria rojinegra confirmó una final completamente costarricense, después de que el Club Sport Cartaginés eliminara al Olimpia de Honduras en la otra semifinal.

Los brumosos, dirigidos por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, consiguieron su clasificación después de empatar 2-2 en Tegucigalpa, resultado que les permitió imponerse 3-2 en el marcador global.

De esta manera, el Cartaginés disputará su primera final de la Copa Centroamericana, mientras que Alajuelense llegará como vigente tricampeón del torneo.

El enfrentamiento tendrá un significado especial para ambos clubes, debido a que los rojinegros buscarán ampliar su dominio regional y los cartagineses intentarán conseguir su primer campeonato en esta competición.

El primer caballero de Costa Rica, Jeffry Umaña, sostuvo una serie de reuniones con autoridades deportivas de Italia para impulsar nuevas oportunidades de cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar los modelos de gestión y promover la infraestructura deportiva en el país centroamericano.

Los encuentros se desarrollaron durante la visita oficial a Italia de la presidenta Laura Fernández Delgado, como parte de una agenda orientada a estrechar las relaciones entre ambas naciones en diferentes áreas.

Según informó el propio Umaña mediante sus redes sociales, una de las reuniones se realizó con Andrea Abodi, ministro de Deporte y Juventud de Italia, con quien conversó sobre las posibilidades de establecer mecanismos de colaboración entre las instituciones deportivas de ambos países.

El primer caballero anunció que acordaron iniciar las coordinaciones para elaborar conjuntamente un memorándum de cooperación en materia deportiva, que permitiría definir áreas de trabajo y facilitar el intercambio de experiencias.

Italia y Costa Rica buscan intercambiar experiencias deportivas

Durante la reunión con Andrea Abodi, el representante costarricense abordó diferentes posibilidades para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el deporte y la actividad física.

Entre los principales temas estuvo el intercambio de experiencias sobre programas que promuevan el deporte como herramienta para mejorar el bienestar, la educación y la integración social.

También se discutió la posibilidad de conocer modelos italianos de coordinación entre instituciones públicas, centros educativos, federaciones y organizaciones deportivas, con el propósito de identificar prácticas que puedan ser útiles para Costa Rica.

Otro de los objetivos consiste en explorar mecanismos para ampliar la participación deportiva entre personas de diferentes edades, desde niños y adolescentes hasta adultos mayores.

De acuerdo con lo publicado por Umaña, ambas partes acordaron comenzar las gestiones con las instituciones correspondientes para avanzar en la construcción del futuro memorándum.

Este instrumento permitiría establecer las bases de una relación de cooperación deportiva, aunque sus alcances deberán definirse durante las siguientes etapas de coordinación institucional.

Jeffry Umaña también se reunió con autoridades de Sport e Salute

Como parte de la agenda, el primer caballero sostuvo otro encuentro con Marco Mezzaroma, presidente de Sport e Salute, y Diego Nepi, director ejecutivo de la entidad italiana.

Durante esta reunión se inició la articulación de un posible convenio de cooperación entre Sport e Salute y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

La propuesta busca promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, además de acercar a Costa Rica a modelos internacionales relacionados con la administración y el desarrollo de instalaciones deportivas.

El acercamiento también permitiría estudiar experiencias de gestión institucional que puedan contribuir al fortalecimiento de los programas deportivos costarricenses.

Según explicó Umaña en sus publicaciones, uno de los intereses de esta alianza es aprovechar la experiencia de Italia para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo del deporte en Costa Rica.

Buscan fortalecer el acceso al deporte en Costa Rica

Los encuentros encabezados por Jeffry Umaña plantean dos posibles vías de colaboración internacional: una con el Gobierno de Italia, mediante el futuro memorándum de cooperación, y otra entre Sport e Salute y el ICODER.

Ambas iniciativas tienen como propósito facilitar el acercamiento institucional y promover el intercambio de experiencias que puedan ser aprovechadas para mejorar el desarrollo deportivo.

Entre las áreas identificadas figuran la formación, la gestión de infraestructura, la promoción de la actividad física y la coordinación entre organizaciones deportivas.

No obstante, la materialización de estas iniciativas dependerá de los procesos de negociación y formalización que desarrollen las instituciones competentes de ambos países.

Con estos acercamientos, el primer caballero busca ampliar las relaciones internacionales relacionadas con el deporte, en el marco de la gira oficial que realiza la administración de Laura Fernández Delgado por Italia.

La costarricense Rebeca Grynspan volvió a encabezar las preferencias para convertirse en la próxima secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de conseguir 11 votos a favor y cuatro en contra durante el séptimo sondeo informal realizado este viernes 30 de octubre de 2026 por el Consejo de Seguridad.

El resultado representa el mayor respaldo obtenido hasta ahora por la exvicepresidenta costarricense en este proceso de selección, aunque su eventual nombramiento continúa condicionado a la posición de las cinco potencias con derecho a veto, que todavía no han alcanzado un consenso sobre quién deberá suceder al actual secretario general, António Guterres.

La consulta se realizó entre los 15 países que integran el Consejo de Seguridad, mediante un mecanismo conocido como straw poll, que permite conocer el respaldo de los Estados miembros hacia las diferentes candidaturas antes de realizar la recomendación formal.

¿Por qué Rebeca Grynspan todavía no tiene asegurado el cargo?

Aunque la costarricense obtuvo 11 de los 15 votos posibles, este resultado no garantiza su nombramiento.

Para que una candidatura pueda avanzar, necesita al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

La votación de este viernes se realizó mediante papeletas del mismo color, por lo que no es posible determinar si alguno de los cuatro rechazos hacia Grynspan provino de estas potencias.

Sin embargo, en un sondeo anterior, realizado con papeletas que permitían diferenciar los votos de los miembros permanentes, dos países con derecho a veto se habían pronunciado contra su candidatura.

Por esta razón, el principal desafío de la diplomática costarricense continúa siendo conseguir el consenso necesario entre las principales potencias mundiales.

Así quedaron los candidatos en la séptima votación

El nuevo sondeo también permitió conocer el respaldo recibido por los demás aspirantes a dirigir Naciones Unidas.

• Rebeca Grynspan, Costa Rica: 11 votos favorables y cuatro en contra.
• Rafael Grossi, Argentina: nueve apoyos, cuatro rechazos y dos abstenciones.
• Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana: ocho votos favorables, seis contrarios y uno sin opinión.
• Lana Nusseibeh, Emiratos Árabes Unidos: siete apoyos, seis rechazos y dos votos sin opinión.
• Olara Otunnu, Uganda: cuatro votos favorables y 11 en contra.
• María Fernanda Espinosa, Ecuador: dos apoyos, diez rechazos y tres votos sin opinión.
• Ivonne Baki, Ecuador: un voto favorable y 14 en contra.

El argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se mantiene como uno de los principales competidores de Grynspan.

Mientras tanto, la reciente incorporación de Lana Nusseibeh amplió la lista de aspirantes y generó cuestionamientos entre organizaciones internacionales por el papel atribuido a Emiratos Árabes Unidos en el conflicto de Sudán.

Una costarricense podría convertirse en la primera mujer en dirigir la ONU

Rebeca Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y actualmente ocupa la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), aunque solicitó una licencia para concentrarse en su candidatura.

Su trayectoria internacional incluye distintos cargos dentro del sistema de Naciones Unidas, donde ha trabajado en asuntos relacionados con el desarrollo económico, el comercio y la cooperación internacional.

Su eventual elección tendría un significado histórico, debido a que ninguna mujer ha ocupado la Secretaría General de la ONU desde la creación del organismo en 1945.

Además, representaría el regreso de América Latina a la dirección de Naciones Unidas, puesto que el último latinoamericano en ocupar el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

La elección deberá resolverse antes de finalizar el año

El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026, por lo que el Consejo de Seguridad deberá continuar las negociaciones para recomendar a su sucesor.

Por ahora, no se ha anunciado una fecha definitiva para el próximo sondeo, mientras persisten las diferencias entre los países con poder de veto.

También se ha mencionado la posibilidad de que nuevas figuras internacionales se incorporen a la contienda, entre ellas el diplomático turco Feridun Sinirlioğlu.

Una vez que el Consejo de Seguridad alcance un acuerdo, deberá presentar una recomendación a la Asamblea General de Naciones Unidas, encargada de formalizar el nombramiento.

Mientras tanto, Grynspan continúa encabezando las votaciones informales, pero su llegada a la Secretaría General dependerá de que consiga superar las diferencias entre las potencias que tienen la capacidad de bloquear su candidatura.

Los salarios de los funcionarios públicos en Costa Rica podrían perder hasta un 29.36% de su poder adquisitivo para 2033, debido al congelamiento de las remuneraciones y al aumento acumulado del costo de vida, según un análisis elaborado por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio advierte que, aunque los trabajadores continúen recibiendo el mismo salario mensual, el dinero les alcanzaría para comprar menos productos y servicios, una situación que podría afectar directamente la economía de miles de familias costarricenses.

Para ejemplificar el impacto, el Observatorio plantea que una persona que actualmente recibe ₡500,000 (USD 1,099) mensuales podría enfrentar una pérdida de poder adquisitivo equivalente a ₡146,800 (USD 323) para 2033, bajo el escenario de mayor inflación.

En el caso de un funcionario que percibe ₡1,000,000 (USD 2,199), la pérdida de capacidad de compra alcanzaría aproximadamente ₡293,620 (USD 646).

Esto no significa que los trabajadores recibirán menos dinero en sus cuentas bancarias, sino que su salario perdería valor frente al aumento de los precios, por lo que necesitarían mayores ingresos para mantener el mismo nivel de consumo.

Los salarios públicos ya perdieron un 8,29% de su poder adquisitivo

El problema no se limita a las proyecciones futuras. Según el análisis del OES-UNA, entre 2020 y 2025 los salarios de los funcionarios públicos perdieron un 8,29% de su capacidad de compra, como consecuencia del congelamiento salarial aplicado bajo las disposiciones de la regla fiscal.

La coordinadora del Observatorio, Roxana Morales, explicó que el impacto puede comprenderse al comparar cuánto podía comprar una persona con la misma cantidad de dinero en diferentes momentos.

“¿Qué significa esto en la práctica? Si en diciembre de 2020 una persona podía comprar una determinada cantidad de bienes y servicios con ₡100,000, en diciembre de 2025, con ese mismo monto, podía adquirir bienes y servicios equivalentes a los que compraba con aproximadamente ₡91,713 en diciembre de 2020”, detalló Morales.

En términos aproximados, estas cantidades equivalen a USD 220 y USD 202, respectivamente.

La especialista agregó que, para mantener la misma capacidad de compra de diciembre de 2020, el trabajador habría necesitado alrededor de ₡109,040 (USD 240) en diciembre de 2025.

Este deterioro se produjo en un período marcado por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, así como por las restricciones fiscales que limitaron los ajustes en las remuneraciones del sector público.

Aunque el país registró cambios en las condiciones económicas durante los años posteriores, el Observatorio señala que los trabajadores no necesariamente recuperaron la capacidad de compra que habían perdido.

Ajuste salarial de 2026 no benefició a todos los funcionarios

Durante 2026, las condiciones económicas del país permitieron un relajamiento de las restricciones establecidas por la regla fiscal, lo que abrió la posibilidad de aplicar algunos incrementos salariales en el sector público.

Sin embargo, la Universidad Nacional advirtió que estas modificaciones tuvieron un alcance limitado y que una parte de los funcionarios quedó excluida de los beneficios.

Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, se autorizó un aumento de ₡10,000 (USD 22) en los salarios base de determinados funcionarios remunerados bajo el esquema de salario compuesto.

Además, se estableció un incremento adicional de ₡10,000 (USD 22) para los salarios base comprendidos entre ₡287,000 (USD 631) y ₡514,600 (USD 1,131).

No obstante, estos ajustes solamente beneficiaron a los empleados cuyo salario bruto era inferior al salario global correspondiente al mismo puesto.

En consecuencia, una parte de las personas que trabajan para el Estado no recibió ningún incremento, pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los años anteriores.

Congelamiento de salarios podría extenderse hasta 2033

Una de las principales preocupaciones del Observatorio está relacionada con la posibilidad de que las restricciones salariales se mantengan durante varios años más.

La regla fiscal establece límites al crecimiento del gasto público tomando en consideración, entre otros elementos, la relación entre la deuda del Gobierno Central y el Producto Interno Bruto (PIB).

Para elaborar el presupuesto nacional de 2027, se utiliza como referencia la relación deuda/PIB registrada al cierre de 2025, que alcanzó el 60,4%.

Este indicador tiene consecuencias sobre los límites presupuestarios que se aplican posteriormente, por lo que el Observatorio advierte que en 2027 nuevamente se establecería un congelamiento salarial.

Además, las proyecciones del Ministerio de Hacienda, incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, señalan que la relación deuda/PIB se mantendría por encima del 60% durante ese período y alcanzaría el 63,8% en 2031.

Si estas estimaciones se cumplen y continúan vigentes las restricciones sobre los ajustes por costo de vida, los salarios base del sector público podrían permanecer congelados al menos hasta 2033.

La consecuencia sería una pérdida progresiva del valor real de los ingresos, especialmente si los precios de los bienes y servicios continúan aumentando.

Familias podrían reducir gastos y recurrir al endeudamiento

El Observatorio advirtió que mantener los salarios sin ajustes durante períodos prolongados podría tener consecuencias más allá de las remuneraciones de los empleados públicos.

La pérdida del poder adquisitivo podría obligar a los hogares a modificar sus hábitos de consumo, reducir gastos considerados importantes e incluso recurrir a préstamos para mantener sus condiciones de vida.

“Lo anterior podría afectar negativamente la calidad de vida de las personas trabajadoras del sector público y sus familias, al reducir su capacidad de compra”, manifestó Roxana Morales.

La economista explicó que este fenómeno podría provocar que las familias “disminuyan su consumo, pospongan gastos importantes, reduzcan su capacidad de ahorro o recurran al endeudamiento”.

Los efectos podrían ser especialmente importantes en los hogares de menores ingresos, debido a que cuentan con menos recursos para enfrentar incrementos en el costo de los alimentos, los servicios y otras necesidades básicas.

El análisis también señala posibles consecuencias para la economía nacional, ya que una disminución del consumo de los hogares podría afectar las ventas de los comercios y las empresas que dependen del mercado interno.

A su vez, una menor demanda de bienes y servicios podría llevar a las compañías a moderar sus decisiones de producción, contratación de personal e inversión.

Por esta razón, el Observatorio considera que las consecuencias del congelamiento salarial no se limitarían a los empleados del Estado, sino que también podrían repercutir sobre el crecimiento económico.

UNA pide revisar las leyes que restringen los aumentos salariales

Ante este panorama, el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional recomendó revisar las disposiciones legales que regulan las remuneraciones del sector público.

En particular, planteó evaluar posibles modificaciones a la Ley N.° 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a la Ley N.° 10.159, Ley Marco de Empleo Público.

La propuesta busca identificar mecanismos que permitan aplicar ajustes salariales razonables por costo de vida, sin abandonar los principios de disciplina fiscal establecidos para controlar el crecimiento del gasto público.

Estos mecanismos deberían considerar tanto a los funcionarios remunerados bajo el sistema de salario compuesto como a quienes reciben un salario global, además de las pensiones vinculadas a estas remuneraciones, cuando corresponda.

El Observatorio sostiene que el equilibrio entre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la protección del poder adquisitivo resulta fundamental para evitar un deterioro prolongado de las condiciones económicas de los trabajadores.

De mantenerse las restricciones y cumplirse el escenario de inflación más elevado, los salarios públicos podrían llegar a 2033 con casi un tercio menos de capacidad de compra respecto a diciembre de 2020, una situación que, según la UNA, tendría consecuencias tanto para los funcionarios y sus familias como para el consumo y la actividad económica de Costa Rica.

Los conductores costarricenses deberán preparar sus bolsillos para un nuevo aumento en el precio de los combustibles, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste extraordinario que elevará el costo de la gasolina regular, la súper y el diésel, con incrementos de hasta ₡89 (USD 0,20) por litro, mientras que el gas utilizado para cocinar también registrará un encarecimiento.

La modificación tarifaria provocará que los tres combustibles de mayor consumo en Costa Rica superen los ₡800 (USD 1,76) por litro, una situación que afectará directamente a los propietarios de vehículos particulares, transportistas y empresas que dependen de estos productos para desarrollar sus actividades.

Según la resolución RE-0057-IE-2026, la gasolina regular experimentará el aumento más significativo, mientras que la gasolina súper y el diésel también registrarán incrementos.

El ajuste presenta una particularidad: la gasolina regular costará ₡2 (USD 0,004 aproximadamente) más por litro que la súper, a pesar de que tradicionalmente esta última ha mantenido un precio superior.

Los nuevos montos comenzarán a aplicarse al día siguiente de la publicación de la resolución en el diario oficial La Gaceta.

Así quedarán los nuevos precios de los combustibles en Costa Rica

Los incrementos aprobados por Aresep afectarán a los principales productos que distribuye la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

• Gasolina regular: pasará de ₡719 (USD 1,58) a ₡808 (USD 1,78) por litro, un aumento de ₡89 (USD 0,20).
• Gasolina súper: pasará de ₡764 (USD 1,68) a ₡806 (USD 1,77) por litro, un incremento de ₡42 (USD 0,09).
• Diésel: aumentará de ₡785 (USD 1,73) a ₡808 (USD 1,78) por litro, una subida de ₡23 (USD 0,05).
• Gas licuado de petróleo (GLP): pasará de ₡263 (USD 0,58) a ₡289 (USD 0,64) por litro, un aumento de ₡26 (USD 0,06).
• Cilindro de gas de 25 libras: aumentará de ₡7.172 (USD 15,77) a ₡7.721 (USD 16,98), es decir, ₡549 (USD 1,21)adicionales.

La gasolina regular aumentará aproximadamente un 12.4 %, una variación considerablemente superior a la registrada por la súper, cuyo incremento ronda el 5.5 %, y el diésel, con un alza cercana al 2.9 %.

Para dimensionar el impacto, un conductor que actualmente llena un tanque de 40 litros de gasolina regular paga aproximadamente ₡28,760 (USD 6323). Con los nuevos precios tendrá que desembolsar ₡32,320 (USD 71.06), es decir, ₡3,560 (USD 7.83) adicionales por cada llenado.

En un vehículo que utilice gasolina súper, llenar ese mismo tanque costará ₡1,680 (USD 3.69) más, mientras que en uno de diésel el gasto aumentará ₡920 (USD 2.02).

Estas diferencias podrían representar un gasto acumulado importante para los conductores que utilizan diariamente sus vehículos para trabajar o trasladarse.

¿Por qué volverán a subir los combustibles?

El intendente de Energía de Aresep, Mario Mora, explicó que la modificación responde principalmente al comportamiento de los precios internacionales de los hidrocarburos y a los costos reales de importación reportados por Recope.

Costa Rica depende de las importaciones para abastecerse de combustibles terminados, por lo que las variaciones en los mercados internacionales tienen consecuencias directas sobre los precios que pagan los consumidores.

Entre los factores señalados por la autoridad reguladora figuran las restricciones en el suministro de petróleo desde Medio Oriente, la reducción de inventarios internacionales y el encarecimiento de los procesos de refinación y transporte.

A estas condiciones se agregan los riesgos geopolíticos que continúan afectando el comercio mundial de hidrocarburos.

Para calcular el nuevo ajuste, Aresep analizó los costos de los embarques gestionados por Recope entre el 11 de setiembre y el 8 de octubre de 2026.

Otro elemento que influyó fue el comportamiento del tipo de cambio del dólar, debido a que las compras internacionales de combustibles se realizan en esa moneda.

Según los datos utilizados por la autoridad reguladora, el tipo de cambio promedio considerado para la nueva fijación fue de ₡456.66 por dólar, frente a los ₡450.41 por dólar del estudio anterior.

Esta diferencia también influyó en el costo final de los productos importados.

Aumento también afectará al transporte y al gas de cocina

La nueva fijación tarifaria tendrá un alcance importante sobre la economía nacional, debido a que los combustibles son utilizados tanto por vehículos particulares como por unidades de transporte público y de mercancías.

De acuerdo con Mario Mora, el ajuste incidirá sobre una flota vehicular estimada en cerca de dos millones de unidades en Costa Rica.

El incremento del diésel resulta especialmente relevante para las actividades relacionadas con el transporte de productos, debido a que este combustible es utilizado por numerosos camiones y vehículos de carga.

El exalcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano Zúñiga, fue condenado a tres años de prisión por su participación irregular en la aprobación de un permiso para construir un motel en ese cantón costarricense, un caso que se remonta a mayo de 2016 y que involucró un conflicto de intereses entre funcionarios municipales y la empresa responsable del proyecto.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que encontró al exfuncionario culpable de los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa, según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Además de la pena de prisión, los jueces ordenaron que Solano no pueda ejercer cargos públicos durante tres años, una prohibición que también comprende los puestos de elección popular, como alcaldías, regidurías o diputaciones.

Sin embargo, el exjerarca municipal no tendrá que ingresar a un centro penitenciario, debido a que recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena, que le permitirá permanecer en libertad siempre que cumpla las condiciones establecidas por el tribunal.

Una orden para aprobar la construcción de un motel originó el caso

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron en mayo de 2016, cuando Marvin Solano Zúñiga se encontraba al frente de la Municipalidad de Paraíso.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el entonces alcalde emitió una orden escrita dirigida al jefe del Departamento de Ingeniería Municipal para que se aprobara el permiso de construcción de un establecimiento comercial.

El proyecto correspondía al motel Tu y Yo, ubicado en el distrito de Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso.

Según la Fiscalía, Solano utilizó argumentos basados en un texto legal para justificar su intervención y presentar la solicitud como si se tratara de una gestión ajustada a la normativa.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que existían irregularidades en el procedimiento administrativo, principalmente por un conflicto de intereses entre los funcionarios que debían revisar el permiso y la empresa interesada en construir el motel.

La Fiscalía estableció que algunos de los trabajadores municipales que participaban en el trámite también prestaban servicios profesionales a la compañía encargada del proyecto.

Esta situación comprometía la independencia con la que debían realizarse las valoraciones técnicas y administrativas necesarias para autorizar la construcción.

Las autoridades judiciales consideraron que la intervención del entonces alcalde constituyó una conducta delictiva, por lo que finalmente fue declarado culpable de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.

No irá a prisión, pero deberá pagar ₡6,6 millones

Pese a la condena de tres años de cárcel, el tribunal concedió al exalcalde el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años.

Esto significa que podrá permanecer en libertad, pero deberá cumplir una condición específica: no cometer un nuevo delito doloso que tenga establecida una pena de prisión superior a seis meses.

En caso de incumplir esta disposición, el tribunal podría revocar el beneficio y ordenar que cumpla la condena dentro de un centro penitenciario.

La resolución también establece que Solano quedará inhabilitado durante tres años para desempeñar funciones públicas, incluidos los cargos que se obtienen mediante votación popular.

Por otra parte, los jueces declararon con lugar una demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República, por lo que fijaron el pago de ₡6,600,000 (USD 14 mil)

Este monto corresponde a daño social, intereses y costas procesales y personales, derivados del proceso judicial.

La condena representa un cambio importante respecto de la primera resolución judicial emitida en este expediente, que inicialmente había favorecido al exalcalde.

Un exalcalde que gobernó Paraíso durante tres períodos

Marvin Solano Zúñiga fue una figura conocida en la política municipal de Cartago, especialmente por haber ocupado la alcaldía de Paraíso en tres períodos diferentes.

Su primer mandato se extendió entre 2003 y 2007, bajo la representación del Partido Auténtico Paraiseño, agrupación política de carácter cantonal.

Posteriormente, regresó al cargo para el período 2007-2011, esta vez con el Movimiento Libertario, y volvió a obtener la alcaldía en 2016, bajo la bandera del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Durante su última administración enfrentó distintos cuestionamientos sobre la gestión municipal, que incluso llevaron a la realización de un plebiscito revocatorio en mayo de 2018.

Aunque la mayoría de los votos emitidos favoreció su destitución, no se alcanzó la proporción requerida para retirarlo del cargo.

En febrero de 2019, Solano presentó su renuncia a la alcaldía, después de varios años de controversias relacionadas con su administración.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo este jueves 29 de octubre una reunión oficial con su homólogo italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal, en Roma, donde ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de la cooperación entre sus países para combatir el narcoterrorismo, la criminalidad financiera y las organizaciones delictivas internacionales, mediante una mayor coordinación entre los cuerpos policiales y el intercambio de información de inteligencia.

El encuentro formó parte de la gira oficial que realiza la mandataria costarricense por Europa y tuvo como uno de sus principales objetivos estrechar los vínculos diplomáticos con Italia, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Según la información compartida por la Presidencia costarricense, Mattarella expresó su disposición de trabajar conjuntamente con Costa Rica para enfrentar las amenazas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas que trascienden las fronteras nacionales.

Costa Rica busca aprovechar la experiencia italiana contra el crimen organizado

Uno de los principales temas del encuentro fue la posibilidad de fortalecer el intercambio de inteligencia policial, una herramienta que permite a las autoridades de diferentes países compartir información relevante sobre organizaciones criminales, movimientos financieros sospechosos y actividades vinculadas con el narcotráfico.

Antes de la reunión, la presidenta Fernández había adelantado que su intención era impulsar un acuerdo con Italia para ampliar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

“Vamos a hablar de temas de seguridad que involucran a ambas naciones”, manifestó la mandataria durante una entrevista con la agencia EFE.

Fernández explicó que su administración pretende avanzar hacia “un acuerdo bilateral para el fortalecimiento de la inteligencia en materia de seguridad”, que también contemple el combate al narcoterrorismo, el contrabando y el comercio ilícito.

La propuesta busca facilitar el acercamiento entre las instituciones policiales costarricenses y sus contrapartes italianas, de manera que puedan compartir conocimientos y experiencias en la investigación de delitos complejos.

Italia cuenta con una amplia trayectoria institucional en el combate de organizaciones mafiosas y redes criminales, experiencia que representa una oportunidad de cooperación para Costa Rica en un contexto de creciente preocupación por la expansión del narcotráfico y sus vínculos con otras actividades ilícitas.

El interés costarricense también comprende la criminalidad financiera, relacionada con operaciones utilizadas por las organizaciones delictivas para movilizar, ocultar o introducir en la economía formal recursos obtenidos mediante actividades ilegales.

Una eventual ampliación de la cooperación permitiría fortalecer las capacidades institucionales para investigar estas operaciones, aunque todavía deben definirse los alcances específicos de cualquier mecanismo bilateral.

Sergio Mattarella destacó los 162 años de relaciones diplomáticas

Durante el recibimiento oficial, el presidente italiano resaltó los vínculos históricos entre ambos países y expresó su interés en que la visita de Fernández contribuya a ampliar la colaboración.

“Tenemos una larga relación de creciente amistad, me parece que son 162 años de relaciones entre Costa Rica e Italia”, expresó Mattarella.

El mandatario agregó que las relaciones bilaterales han estado caracterizadas por la amistad y la colaboración, y manifestó su expectativa de que el encuentro permita profundizar los vínculos existentes.

“Confío en que su presencia haga crecer aún más nuestra cooperación”, afirmó.

Por su parte, Fernández agradeció la recepción ofrecida por el Gobierno italiano y destacó el trato recibido por la delegación costarricense.

Ministros y autoridades diplomáticas acompañaron a la presidenta

La mandataria costarricense acudió al encuentro acompañada por el primer caballero, Jeffry Umaña, así como por funcionarios de su equipo de Gobierno.

Entre los integrantes de la delegación estuvieron el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y la canciller Ana Elena Pinto, quienes participaron en el acercamiento diplomático con las autoridades italianas.

También formó parte de la comitiva el director de Despacho de la Presidencia, Alexander Astorga.

La presencia de representantes del Gobierno costarricense permitió abordar distintas áreas de cooperación bilateral, más allá de los asuntos estrictamente relacionados con seguridad.

La visita también contempla espacios para fortalecer las relaciones con instituciones y sectores empresariales italianos, como parte de los esfuerzos por ampliar los vínculos internacionales de Costa Rica.

Seguridad se mantiene como prioridad en la agenda internacional de Fernández

El acercamiento con Italia se suma a otros encuentros internacionales que la presidenta Laura Fernández ha desarrollado desde que asumió el poder el 8 de mayo de 2026, en los cuales ha colocado la lucha contra el crimen organizado entre los principales asuntos de su agenda.

Durante septiembre, la gobernante visitó Colombia, donde abordó posibilidades de cooperación en seguridad e intercambio de información con las autoridades de ese país.

Posteriormente, el 16 de octubre, viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en momentos en que Costa Rica impulsa su propia estrategia de alta contención penitenciaria.

Ahora, la reunión con Sergio Mattarella abre otro espacio de coordinación internacional, esta vez con un país europeo que cuenta con experiencia especializada en la investigación de organizaciones criminales y delitos financieros.

Durante su estancia en Italia, Fernández también sostuvo una audiencia con el papa León XIV, a quien invitó formalmente a visitar Costa Rica en 2027.

La gira continuará en España, donde la mandataria tiene previsto participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

La Fuerza Pública de Costa Rica anunció que intensificará los operativos de seguridad durante la celebración de Halloween, el próximo sábado 31 de octubre, con vigilancia especial en cementerios, templos religiosos, centros comerciales y alrededores de bares, ante la posibilidad de que se registren actos vandálicos, fiestas clandestinas o incidentes relacionados con las actividades de esa noche.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó que mantendrá presencia policial en diferentes regiones del territorio nacional, con el propósito de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que participen en las celebraciones.

La institución explicó que los operativos estarán dirigidos principalmente a sitios donde se espera una alta concentración de personas, así como establecimientos comerciales y espacios públicos que suelen recibir visitantes durante esta fecha.

Aunque las autoridades no precisaron la cantidad de oficiales que participarán en los dispositivos de seguridad, confirmaron que se mantendrán recursos policiales disponibles en todo el país para atender eventuales incidentes.

Policía pide a padres acompañar a sus hijos cuando salgan a pedir dulces

La seguridad de los menores de edad también será una prioridad durante la jornada, particularmente por la costumbre de salir disfrazados a recorrer barrios y comunidades para solicitar golosinas.

La Fuerza Pública hizo un llamado a los padres de familia para que acompañen a sus hijos durante estas actividades y mantengan supervisión constante mientras se encuentran fuera de sus viviendas.

Esta recomendación busca disminuir los riesgos asociados con la presencia de menores en calles, espacios públicos y lugares donde puedan concentrarse numerosas personas.

Las autoridades consideran importante que los adultos responsables permanezcan atentos a los desplazamientos de los niños y eviten que realicen recorridos sin supervisión.

El llamado cobra relevancia porque Halloween reúne distintas actividades en una misma jornada, desde celebraciones familiares hasta fiestas nocturnas dirigidas a personas adultas.

En ese contexto, la Policía procura reforzar las medidas de prevención tanto en comunidades residenciales como en zonas de mayor actividad comercial.

Vigilarán la denominada caravana del payaso

Otra de las actividades que estarán bajo vigilancia policial será la denominada “caravana del payaso”, mencionada expresamente por el Ministerio de Seguridad Pública entre los eventos que recibirán atención durante este Halloween.

La institución confirmó que desplegará vigilancia para prevenir situaciones de riesgo en carretera relacionadas con esta actividad.

La medida forma parte de los dispositivos preventivos que se desarrollarán durante la celebración, considerando que algunas actividades pueden trasladarse a espacios públicos y vías de circulación.

Costa Rica también celebrará el Día Nacional de la Mascarada

El 31 de octubre no solamente estará marcado por Halloween. En Costa Rica también se conmemora el Día Nacional de la Mascarada Costarricense, una fecha dedicada a reconocer una de las tradiciones culturales más representativas del país.

Durante esta celebración, distintas comunidades organizan actividades con mascaradas tradicionales, cimarronas, bailes y encuentros culturales, que reúnen a familias y visitantes.

Las mascaradas forman parte del patrimonio cultural costarricense y se caracterizan por la utilización de grandes figuras elaboradas artesanalmente, que representan personajes tradicionales, históricos o populares.

La música de cimarrona suele acompañar estas actividades, que mantienen una importante presencia en diferentes localidades del territorio nacional.

Por esa razón, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que los operativos también comprenderán las celebraciones vinculadas con esta tradición.

La institución señaló que los oficiales velarán por que las actividades culturales se desarrollen de manera segura y que las personas puedan disfrutar de los encuentros comunitarios sin inconvenientes.

De esta manera, Halloween y el Día Nacional de la Mascarada Costarricense coincidirán el sábado 31 de octubre, una jornada en la que se espera la realización de distintas actividades recreativas y culturales.