El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) planteó al Congreso de Guatemala diez recomendaciones para modificar el proyecto de Presupuesto 2027, identificado como iniciativa 6841.

Entre sus advertencias, pidió no aprobar otro aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), exigir sustento técnico para obras y revisar el uso de deuda para financiar gasto corriente.

La organización presentó sus observaciones ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, durante el análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

No sumar otro aporte extraordinario a los Codede

El Icefi recomendó que el Congreso no apruebe un nuevo aporte para los Codede, cuya ejecución presupuestaria alcanzaba solo el 30,9% al 26 de octubre de 2026.

Según el instituto, la asignación total de estas entidades para 2027 podría superar los Q13.000 millones, unos USD 1.701,2 millones.

Un aporte adicional de entre Q5.000 millones y Q7.000 millones, equivalentes a entre USD 654,3 millones y USD 916,1 millones, elevaría el presupuesto a niveles de entre Q17.000 millones y Q20.000 millones, unos USD 2.224,7 millones y USD 2.617,3 millones.

El Icefi sostuvo que la capacidad anual de ejecución de los Codede no superaría los Q8.000 millones, cerca de USD 1.046,9 millones. También alertó sobre riesgos de corrupción, uso político de recursos en el año electoral de 2027 y captura por estructuras del crimen organizado.

Deuda, ONG y proyectos sin estudios técnicos

El centro de estudios pidió revisar el aumento de la deuda pública bonificada y solicitar al Ejecutivo una justificación detallada de su destino, así como estudios sobre sus efectos fiscales y monetarios.

El proyecto prevé financiar con deuda Q22.915 millones, unos USD 2.998,8 millones, de gasto corriente. Esa cifra representa el 53,6% del endeudamiento bonificado solicitado para 2027. El Icefi indicó que ese mecanismo contraviene la prohibición prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Además, recomendó examinar la legitimidad y pertinencia de las 117 organizaciones no gubernamentales que recibirían aportes directos por Q2.437,4 millones, equivalentes a USD 319 millones, previstos en el artículo 38 de la iniciativa.

El instituto también pidió excluir asignaciones para obras sin código en el Sistema Nacional de Inversión Pública o sin estudios que respalden los fondos solicitados para preinversión y ejecución.

Infraestructura bajo revisión por más de USD 1.500 millones

El Icefi solicitó al Ejecutivo un informe sobre las medidas previstas para mejorar la capacidad de ejecución de inversión en infraestructura. También requirió detalles técnicos, cronogramas y capacidad operativa para cinco rubros.

La lista incluye Q4.800 millones para ampliar Puerto Quetzal, unos USD 628,2 millones; Q800 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías, USD 104,7 millones; y Q3.517,6 millones para proyectos viales prioritarios, USD 460,3 millones.

También pidió justificaciones para Q2.550 millones de la Agencia Nacional de Infraestructura, USD 333,7 millones, y Q350 millones para movilidad eléctrica y renovación del transporte de personas, USD 45,8 millones.

Programas sociales y niñez, otro foco de las recomendaciones

El instituto pidió informes sobre beneficiarios, transparencia y riesgos de politización en programas sociales. Entre ellos figuran Q3.015,4 millones para Mano a mano, USD 394,6 millones; Q1.000 millones para primera vivienda, USD 130,9 millones; y Q1.200 millones para agua y saneamiento, USD 157 millones.

La revisión también abarca Q250 millones para innovación tecnológica, USD 32,7 millones; Q150 millones para compra de tierras, USD 19,6 millones; y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo, USD 52,3 millones.

El Icefi solicitó elevar la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia. Pidió revertir recortes en educación básica, diversificada e inicial, así como en tecnología educativa. También propuso restituir fondos para monitoreo de crecimiento infantil, micronutrientes, vacunación y raciones alimentarias.

El Tribunal Supremo Electoral deberá detallar el uso de fondos

La novena recomendación reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un desglose de los aportes especiales destinados a los comicios de 2027: Q500 millones vigentes en 2026, USD 65,4 millones, y Q2.000 millones previstos para 2027, USD 261,7 millones.

Por último, el Icefi pidió corregir la proyección de ingresos tributarios y ajustar los cálculos de “Otros impuestos directos” y “Otros impuestos indirectos” a la recaudación observada.

El Organismo Judicial de Guatemala pagará en la última semana de octubre de 2026 un bono extraordinario de Q 2 mil (USD 262) a todos sus empleados y funcionarios, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de compensar el alza de la canasta básica y otros bienes de consumo. El desembolso fue confirmado por fuentes de la institución a La Hora.

El costo previsto ronda los Q 26 millones (USD 3,4 millones), aunque las proyecciones varían según la cantidad de beneficiarios considerada. Prensa Libre estimó que el gasto podría ubicarse entre Q 24 millones (USD 3,14 millones) y Q 27,9 millones (USD 3,65 millones).

Una plantilla calculada en unos 12 mil trabajadores implicaría un desembolso base de Q 24 millones (USD 3,14 millones). Los registros más recientes del Organismo Judicial para otras prestaciones contabilizan 13.955 colaboradores en todo el país, una cifra que elevaría el pago a casi Q 28 millones (USD 3,66 millones).

Un pago sin excepciones para la Corte Suprema

La medida fue aprobada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia y quedó asentada en el acta 54-2026, fechada el 14 de octubre. La propuesta, impulsada por el magistrado Gustavo Morales Duarte, había sido discutida durante una semana antes de su aprobación.

El acuerdo establece una ayuda económica única para el personal judicial, sin diferencias por cargo, rango o jerarquía. Por esa razón, los integrantes de la Corte Suprema que autorizaron la disposición también recibirán el pago.

Morales Duarte justificó su iniciativa por el impacto económico sobre los hogares de los trabajadores. Su planteamiento quedó expresado así: “El aumento de los precios de los productos de la canasta básica e insumos necesarios para el sostenimiento del hogar”.

Las autoridades ordenaron solicitar dictámenes técnicos, financieros y jurídicos para determinar la viabilidad del desembolso. La Hora identificó entre las dependencias requeridas a la Gerencia Financiera, Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica Interna y la Auditoría Interna, mientras que Prensa Libre mencionó a la Inspección General entre las áreas consultadas.

La resolución inicial no identificaba la partida presupuestaria que financiaría el bono ni precisaba el número total de beneficiarios. Sin embargo, la confirmación del pago durante octubre indica que el trámite administrativo avanzó hasta su ejecución.

Más de USD 6,38 millones en otra prestación durante el año

El bono se suma a otros beneficios económicos otorgados al personal judicial durante 2026. En el primer semestre, el Organismo Judicial autorizó Q 48,8 millones (USD 6,38 millones) para el llamado Bono del Pescado, entregado antes de Semana Santa.

Esa prestación consistió en un pago de Q 3.500 (USD 458) para todos los empleados de la institución. El nuevo beneficio, de menor monto individual, también alcanza a magistrados y funcionarios de mayor jerarquía.

Varios integrantes de la Corte Suprema manifestaron molestia por la divulgación del acuerdo, entre ellos Morales Duarte, según fuentes cercanas a la Presidencia del Organismo Judicial consultadas por el diario. Dentro del pleno también se planteó la posibilidad de abrir una investigación interna por la difusión de la información sobre el bono.

Un operativo contra el lavado de dinero u otros activos dejó cinco personas capturadas luego de once allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez.

Las diligencias apuntaron a operaciones bancarias bajo sospecha, con fondos que habrían terminado en cuentas de China y Hong Kong.

Las autoridades realizaron inspecciones, registros y secuestros de elementos de prueba en inmuebles de los cuatro departamentos.

La investigación se concentra en distintas modalidades de recepción, transferencia y movilización de recursos sin justificación económica o legal aparente.

Una cuenta recibió más de USD 1.2 millones y luego movió fondos a criptoactivos

Entre los detenidos figura Darwin F., quien habría recibido Q 9.577.893,81, unos USD 1,2 millones, en una cuenta bancaria personal entre el 18 de enero y el 17 de octubre de 2024. De acuerdo con la pesquisa, el dinero fue trasladado posteriormente a criptoactivos.

El caso forma parte de las investigaciones por lavado de dinero u otros activos, un delito que sanciona la incorporación al sistema financiero de recursos de origen presuntamente ilícito.

Las autoridades buscan determinar la procedencia de los fondos, la ruta de las transferencias y el papel que habrían tenido los titulares de las cuentas investigadas.

También fue aprehendida Evelyn G., señalada a partir de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dependencia de la Superintendencia de Bancos.

Según los registros analizados, recibió Q 848.553,81 (unos USD 11.090) en cuatro cuentas bancarias durante un período aproximado de cuatro meses.

La investigación sostiene que ese dinero podría provenir de estafas. La IVE identificó movimientos en entidades financieras distintas, una circunstancia que permitió activar el seguimiento por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos.

Los investigadores detectaron ingresos sin respaldo económico aparente

Otra de las capturadas fue Cynthia C., quien recibió Q 173.400 (USD 22.701) en una cuenta bancaria entre el 22 de julio y el 10 de agosto de 2024. Las autoridades indicaron que no encontró una explicación económica ni legal que justificara el manejo de ese monto.

En el mismo operativo fue detenida María H., investigada por ingresos de Q 248.208,87 (USD 32.494) en una cuenta de ahorro. Los movimientos se realizaron entre el 26 de agosto y el 22 de septiembre de 2024, según la información recopilada durante la investigación.

Los casos se analizan de manera individual, aunque forman parte de una línea de trabajo que busca establecer si existieron vínculos entre los movimientos financieros, los responsables de las cuentas y eventuales estructuras dedicadas a captar y transferir dinero de origen ilícito.

La pesquisa apunta a transferencias con destino a China y Hong Kong

La quinta detención correspondió a Zhi L., capturado en Petén. Las autoridades lo vinculan con personas detenidas en un operativo realizado el 26 de octubre y lo señalan como presunto líder de una estructura dedicada a captar fondos por medio de cuentas en distintos bancos del país.

Según la información oficial, la organización habría recibido dinero en efectivo, depósitos respaldados con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas entre cuentas. El análisis de las operaciones de débito determinó que el destino predominante fueron transferencias hacia China y Hong Kong.

Las autoridades también establecieron que la estructura habría utilizado diversos mecanismos financieros para concentrar recursos y trasladarlos fuera de Guatemala.

La causa continúa bajo investigación y los elementos recabados durante los allanamientos serán incorporados al expediente para definir la situación judicial de los cinco capturados.

La Policía Nacional Civil decomisó 880 bolsas con presunta marihuana ocultas en rollos de tela abandonados en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una diligencia realizada el 28 de octubre tras una denuncia ciudadana. Las autoridades sostienen que la acción evitó que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.

El hallazgo ocurrió a la orilla de una calle de terracería, donde los agentes encontraron los bultos de tela tipo cuerina. La droga estaba escondida dentro de ese material, una modalidad que buscaba ocultar el cargamento durante su posible traslado o almacenamiento.

La Policía Nacional Civil informó que el operativo fue ejecutado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, que acudió al lugar para documentar el hallazgo y efectuar los procedimientos correspondientes.

Los agentes localizaron 44 rollos de tela que contenían las bolsas de nailon con la sustancia. La primera información policial había señalado que se trataba de más de 800 paquetes, mientras que la ampliación posterior precisó la cantidad decomisada.

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación policial permitió impedir el desplazamiento del cargamento por el país. La operación se vinculó con el seguimiento de una denuncia y con pesquisas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.

Más de una tonelada de presunta droga localizada

El cargamento tuvo un peso total de 1.217 kilos de presunta marihuana, de acuerdo con la actualización difundida por la PNC. La institución calculó que el valor aproximado de la sustancia asciende a Q 18.573.854.

La valoración económica fue informada después de la inspección del material encontrado en El Socorro. Las autoridades precisaron el peso y el monto atribuido a la carga tras concluir el conteo de los paquetes y las diligencias iniciales en el sitio.

El procedimiento formó parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico y la distribución de drogas en Guatemala. La PNC señaló que sus unidades especializadas mantienen actividades de investigación derivadas de denuncias ciudadanas.

La ubicación del cargamento en una vía de terracería fue uno de los elementos documentados durante la intervención. Los rollos de cuerina permanecían abandonados cuando fueron localizados por los investigadores antinarcóticos.

Investigación sobre el origen y los responsables

Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de la sustancia y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento. Las autoridades buscan identificar a las personas responsables del cargamento localizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El Ministerio Público dio seguimiento a la diligencia junto con la PNC, mientras los investigadores analizan los indicios recabados en el lugar. La investigación también apunta a esclarecer el recorrido previsto para la carga antes de que fuera encontrada.

La PNC afirmó que mantendrá las diligencias para identificar y capturar a los posibles responsables. El caso permanece bajo investigación como parte de las acciones contra el narcotráfico en el territorio nacional.

El exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez presentó una petición formal contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia un patrón sistemático de persecución judicial que lo obligó a abandonar el país hace cuatro años.

El acto se realizó en el marco del 197 Periodo de Sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, con el acompañamiento legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La petición documenta diez procesos de antejuicio impulsados en su contra desde 2016, tres de ellos abiertos de forma simultánea en 2022. Además de 25 denuncias penales y administrativas, de las cuales 21 fueron desestimadas o archivadas por falta de fundamento.

Según los peticionarios, estas acciones constituyeron represalias directas por las resoluciones judiciales de Gálvez en casos de alta corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El caso Diario Militar y la renuncia forzada

El hostigamiento, según la petición, se intensificó cuando Gálvez tenía a su cargo el caso Diario Militar, un expediente que investigaba graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares retirados durante el conflicto armado interno.

El uso de un proceso de antejuicio tramitado de manera expedita e irregular puso en riesgo inminente su libertad e integridad personal, lo que derivó en su renuncia al cargo en diciembre de 2022 y en su salida de Guatemala poco después.

Antes de ese caso, el exjuez había tenido a su cargo procesos de trascendencia histórica. Entre 1990 y su salida del país ejerció distintos cargos en la judicatura, y desde 2011 presidió el Juzgado Pluripersonal Primero Penal de Mayor Riesgo.

Allí procesó a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio en perjuicio del pueblo ixil, envió a juicio el caso Sepur Zarco sobre esclavitud sexual militar.

También vinculó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción aduanera, y tramitó el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.

Medidas cautelares vigentes durante siete años

La gravedad de las amenazas llevó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares en agosto de 2016, vigentes durante siete años.

En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la protección con medidas provisionales, tras constatar que el esquema de seguridad brindado por el Estado resultaba insuficiente.

Pese a la vigencia de ambas decisiones internacionales, el hostigamiento continuó hasta forzar su salida del país, detalló el Cejil.

“Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son veinticinco años de ser juez y cuatro años de estar fuera”, declaró Gálvez tras la presentación de la petición.

CEJIL apunta a un patrón de criminalización judicial

Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, señaló, a través de un comunicado, que la petición busca además documentar una práctica más amplia contra operadores de justicia.

“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, afirmó.

La petición vincula este patrón con la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, entidad que, según los peticionarios, impulsó parte de las denuncias que afectaron a Gálvez.

Una de estas acciones, promovida por la Fundación contra el Terrorismo, llegó a recibir el aval de la Corte Suprema de Justicia, lo que incrementó el riesgo de que el exjuez enfrentara prisión.

Reparaciones solicitadas y próximos pasos

Entre las medidas de reparación, los peticionarios solicitan que se generen las condiciones necesarias para el regreso de Gálvez a Guatemala sin riesgo para sus derechos, y que el Estado adopte garantías de no repetición frente a casos similares de criminalización judicial.

Tras la recepción de la petición, la CIDH procederá a su trámite, trasladará el documento al Estado de Guatemala para que presente observaciones, realizará un análisis de admisibilidad y, en una etapa posterior, emitirá un informe de fondo sobre las violaciones de derechos humanos alegadas.

Gálvez permanece fuera de Guatemala desde 2022, mientras continúa con actividades de formación política vinculadas al partido Winaq desde el exterior.

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Turno ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva al notario Sergio L., señalado por el Ministerio Público (MP) de presuntamente utilizar escrituras públicas para despojar a varias personas de sus bienes inmuebles.

Según la investigación, el notario elaboraba las escrituras de las propiedades de sus víctimas y luego las colocaba a nombre de personas que ya estaban fallecidas, ello con el propósito de despojar a las personas de sus bienes inmuebles y apropiarse de ellos.

La resolución judicial fue solicitada por la Fiscalía, que atribuye al sindicado el posible abuso de las facultades que tenía como notario para formalizar operaciones sobre propiedades ajenas.

El caso se suma a otras investigaciones por maniobras similares que involucran documentos notariales y datos de personas fallecidas.

La Fiscalía sostiene que utilizó escrituras con propietarios ya fallecidos

De acuerdo con la información divulgada por el MP, Sergio L. utilizó las escrituras públicas a nombre de los fallecidos para venderlos, afectando de manera directa a los los legítimos propietarios.

La investigación indica que, para dar apariencia de legalidad a esos trámites, el notario habría hecho comparecer como propietarios a ciudadanos que ya habían muerto. Esas personas figuraban en las escrituras como si aún pudieran intervenir en la venta o cesión de los inmuebles.

La Fiscalía investiga si esos documentos permitieron inscribir o modificar la titularidad de diversas propiedades. La hipótesis del ente investigador es que el sindicado habría aprovechado la fe pública propia de la función notarial para validar actuaciones que no correspondían con la situación real de los propietarios.

El señalamiento se centra en el posible uso irregular de escrituras públicas como instrumento para consumar el despojo. En ese tipo de documentos, la intervención de las partes resulta determinante para acreditar la voluntad de transferir un bien, por lo que la comparecencia de personas fallecidas constituye uno de los puntos bajo investigación.

Sergio L. deberá permanecer en prisión preventiva

A petición del Ministerio Público, el juzgado resolvió ligar a proceso penal a Sergio L. y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

La medida cautelar implica que el imputado permanecerá privado de libertad durante la etapa de investigación, en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustenten su acusación ante los tribunales.

El MP indicó además que el notario registra más de 10 órdenes de aprehensión en su contra. No se detalló en la información disponible cuántos casos están vinculados directamente con el presunto despojo de propiedades ni la situación procesal de cada una de esas órdenes.

Las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones atribuidas al sindicado, identificar a todas las personas afectadas y determinar si participaron otros individuos en la elaboración, autorización, presentación o inscripción de los documentos cuestionados.

El caso apunta al posible abuso de la función notarial

La Fiscalía sostiene que el investigado habría usado su calidad de notario para confeccionar instrumentos que aparentaban cumplir con los requisitos legales. El señalamiento no se limita a una operación aislada, pues el Ministerio Público refiere que varias víctimas habrían perdido sus inmuebles bajo un patrón similar.

El expediente deberá esclarecer cómo se obtuvieron los datos de las personas fallecidas, quiénes aparecieron como compradores o beneficiarios de las transferencias y qué registros permitieron detectar las posibles irregularidades.

El 29 de julio ligaron a proceso a otro notario por falsificar firmas de fallecidos

Este no es el primer caso conocido en el que un notario es investigado por presuntas maniobras con documentos de personas fallecidas. El 29 de julio de 2026, las autoridades informaron que Miguel A. fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

Según la investigación de aquel expediente, el notario habría elaborado escrituras e instrumentos públicos falsos para presentar como vivas a personas fallecidas y falsificar sus firmas en traspasos de casas y terrenos.

La Fiscalía de Casos Especiales recibió tres denuncias relacionadas con ese caso. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que los legítimos propietarios no habían firmado las escrituras cuestionadas.

Una pareja y el hijo de la mujer fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia, en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Dimas Bautista Galeano, de 57 años; su conviviente, Margarita López López, de 47; y Jonathan Estiven Rosales López, de 20 años, hijo de la mujer e hijastro de Bautista Galeano.

El ataque ocurrió dentro del inmueble donde Bautista Galeano atendía una tienda desde hacía varios años. Familiares y vecinos lo conocían como “Don Dimas”, mientras que Jonathan Rosales López era llamado “Chapito”.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los Bomberos Municipales de Coatepeque confirmaron que los dos hombres y la mujer ya no tenían signos vitales cuando llegaron a la residencia.

Los bomberos hallaron a las víctimas dentro del inmueble

Tras recibir alertas vecinales sobre detonaciones con arma de fuego en la zona, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Coatepeque acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-97 y AD-61.

Al ingresar a la propiedad para asistir a los heridos, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos hombres y una mujer tendidos en las habitaciones.

Los rescatistas constataron que las tres víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego y carecían de signos vitales, motivo por el cual notificaron el caso a las autoridades de seguridad pública.

Familiares y vecinos consternados acudieron al lugar donde identificaron a los fallecidos, mientras que algunos fueron atendidos por los socorristas, luego de presentar crisis nerviosa.

La Policía encontró cinco casquillos frente a la residencia

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) establecieron un cordón perimetral de seguridad para resguardar las evidencias materiales y facilitar la labor de los peritos del Ministerio Público.

Durante la inspección en los accesos al domicilio, los investigadores localizaron cinco casquillos percutidos en la vía pública, a escasos metros de la puerta principal. Los cuerpos, en cambio, yacían en los ambientes interiores del inmueble.

Hasta ahora, se desconocen las causas y el origen del ataque armado que dejó a una familia completa fallecida. Tampoco se han realizado capturas.

No obstante, fiscales del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

Coatepeque concentra altos índices de homicidios en la región sur del departamento

El suceso se inserta en un escenario de violencia recurrente en la franja costera de Quetzaltenango. De acuerdo con registros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el 75% de las muertes violentas del departamento se concentra históricamente en solo cuatro municipios: la cabecera departamental, Colomba Costa Cuca, Génova y Coatepeque.

Estos tres últimos territorios, situados en el sur departamental, reportan de forma continua tasas de criminalidad que superan los 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras muy superiores a los registros del centro y norte del departamento.

Diversos análisis de seguridad publicados advierten que la actividad económica y la conectividad vial de Coatepeque, próxima a pasos fronterizos hacia México y corredores hacia la costa del océano Pacífico, facilitan el accionar de estructuras delictivas ligadas a extorsiones y disputas de territorio.

En este municipio, más del 80% de los asesinatos se comete mediante el empleo de armas de fuego, lo que sitúa a la demarcación entre las áreas con mayores operativos de vigilancia en el occidente guatemalteco.