Las autoridades policiales informaron un incremento en las detenciones de personas adultas mayores en Honduras durante 2026, como resultado de operaciones de seguridad e investigaciones desarrolladas a nivel nacional.

Según los datos divulgados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entre enero y la fecha del reporte se contabilizaron 567 detenciones de ciudadanos de este grupo poblacional, señalados como presuntos responsables de diferentes hechos delictivos.

La cifra supera los registros de 2025, año en el que las autoridades contabilizaron 312 detenciones de adultos mayores por distintos ilícitos.

Entre las incidencias destacadas figuran 69 detenciones relacionadas con delitos sexuales y 58 por presunta portación ilegal de armas de fuego.

La diferencia entre ambos períodos es de 255 casos, lo que representa un crecimiento del 81,4% respecto al año anterior. La DPI atribuye estos resultados a las acciones operativas y las labores de investigación que mantiene en diferentes regiones del territorio hondureño.

Dentro de las estadísticas de 2026, la DPI destacó dos categorías delictivas en las detenciones de adultos mayores.

De acuerdo con la información oficial, 69 personas adultas mayores fueron detenidas por su presunta responsabilidad en delitos sexuales. Estos casos figuran entre los señalados por la institución en el balance presentado para el año en curso. Las autoridades también registraron la detención de 58 adultos mayores por presunta portación ilegal de armas de fuego.

Qué representa el aumento

El incremento registrado por la DPI supone una diferencia considerable frente al balance del año anterior. Mientras en 2025 se contabilizaron 312 detenciones, en lo que va de 2026 la cifra asciende a 567, es decir, 255 detenciones adicionales.

La variación porcentual del 81,4% se obtiene al comparar esa diferencia con las 312 detenciones del año anterior. La DPI reiteró que la aplicación de la ley no depende de la edad de una persona y que cualquier ciudadano señalado por su presunta participación en un delito debe responder ante las autoridades competentes.

Este principio implica que las investigaciones y los procesos judiciales deben desarrollarse de acuerdo con las circunstancias de cada caso, respetando las garantías legales de las personas involucradas.

Una detención constituye una actuación dentro del procedimiento penal, pero no representa por sí misma una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de cada acusado debe determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades policiales sostienen que las operaciones de investigación y prevención buscan contribuir a la seguridad ciudadana, identificar a los presuntos responsables de hechos delictivos y facilitar que los casos sean conocidos por el sistema de justicia.

El aumento registrado en 2026 plantea la necesidad de examinar con mayor detalle la composición de estos datos y su evolución a lo largo del tiempo. Por ahora, el balance de la institución policial establece que 567 adultos mayores han sido detenidos en lo que va de 2026, frente a los 312 registrados durante 2025.

Ahora, el desafío para las autoridades será determinar cómo evolucionan estos registros y qué resultados concretos producen las actuaciones policiales en los tribunales.

Más allá del número de capturas, el seguimiento de los expedientes, la resolución de los procesos y la transparencia en la publicación de estadísticas serán fundamentales para establecer si los arrestos se traducen en avances judiciales y en una respuesta efectiva frente a los delitos investigados en Honduras.

Honduras busca recuperar su industria camaronera y el sector de granos básicos mediante inversión tecnológica y nuevos mecanismos de financiamiento, luego de que la producción de camarón cayera un 33% y las sequías golpearan a los agricultores.

Los productores de camarón estiman que el país pasó de generar aproximadamente 120 millones de libras anuales a unos 80 millones, una caída de 40 millones de libras respecto del volumen anterior.

Ante este escenario, representantes de la Plataforma Nacional Agroalimentaria expusieron ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento que permitan recuperar las unidades productivas y aprovechar mejor la infraestructura existente.

La propuesta incluye incorporar tecnología para aumentar la producción sin depender exclusivamente de la expansión de las áreas de cultivo.

Wilmer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores de la Zona Sur (APEMASUR), señaló que la incorporación de tecnología podría elevar el rendimiento de unas 3.000 a 9.000 libras de camarón por hectárea, es decir, multiplicar por tres el volumen obtenido en una misma superficie, siempre que se concreten las inversiones y mejoras técnicas necesarias.

La actividad camaronera se concentra principalmente en Choluteca y Valle, en el sur de Honduras. Según las cifras de los productores, en el país operan aproximadamente 234 productores, entre grandes y pequeños. Cruz indicó que el sector genera alrededor de USD 250 millones anuales en divisas, impulsado por el valor agregado y las exportaciones al mercado europeo.

Granos básicos y la sequía

La recuperación productiva tendría implicaciones para las empresas acuícolas, el empleo vinculado a las granjas y las actividades relacionadas con el procesamiento y la comercialización del camarón.

Las dificultades no se limitan a la acuicultura. Los productores de maíz y frijol plantearon la necesidad de acceder a recursos para invertir en sus cultivos, tras la prolongada sequía que ha afectado al país. El financiamiento permitiría cubrir necesidades de producción, incorporar mejoras tecnológicas y recuperar áreas dañadas por las condiciones climáticas.

El ministro de Agricultura, Moisés Abraham Molina, manifestó su disposición de acompañar las propuestas presentadas por las organizaciones. Darwin Cálix, presidente del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), valoró la apertura al diálogo con las autoridades.

“Vemos cambios tangibles y estamos satisfechos con la disposición de trabajar juntos por el desarrollo del país y generar buenos resultados para nuestros productores”, expresó Cálix.

Misión de seguimiento

Los representantes del Gobierno y del sector productivo propusieron crear una comisión de trabajo para dar seguimiento a las necesidades planteadas y evaluar alternativas de financiamiento para los rubros de maíz, frijol y camarón.

Por el momento, las propuestas están en fase de coordinación y todavía deben definirse los instrumentos financieros, los recursos disponibles y las condiciones para acceder a ellos.

El objetivo de los productores es recuperar los 120 millones de libras anuales de camarón durante 2027 y mejorar la capacidad de respuesta del sector agrícola ante futuras sequías. El cumplimiento de esas metas dependerá de que las alternativas de financiamiento se concreten y permitan ejecutar las inversiones previstas.

La inseguridad preocupa al sector privado hondureño por sus efectos sobre la actividad económica, la inversión y la generación de empleo. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, señaló que tanto las familias como las empresas necesitan condiciones que les permitan desarrollar sus actividades sin amenazas de grupos criminales.

Gallardo sostuvo que el principal desafío no consiste necesariamente en aumentar las penas, sino en garantizar que las disposiciones vigentes se apliquen de manera efectiva.

“Tal vez a veces no hay que decir que las leyes sean más duras, sino que las leyes se cumplan”, expresó.

La dirigente empresarial indicó que el sector privado está dispuesto a respaldar las medidas dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana y reducir los delitos, con el propósito de que los trabajadores puedan desplazarse a sus empleos y los empresarios operar sin temor a represalias.

La extorsión representa una de las principales preocupaciones para los negocios. Según Gallardo, en algunas zonas los empresarios deben pagar cuotas a grupos delincuenciales para mantener sus establecimientos en funcionamiento.

Más extorsión menos inversión

Esos pagos elevan los costos operativos y reducen los recursos disponibles para invertir, contratar personal o mejorar los servicios. También pueden afectar los precios finales y dificultar la competencia con empresas de otros mercados de la región.

Consultada sobre la posibilidad de implementar en Honduras un sistema penitenciario similar al impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Gallardo indicó que no conoce a fondo ese modelo y consideró que corresponde a las autoridades evaluar sus resultados y determinar si el país cuenta con las condiciones necesarias para adoptar medidas similares.

La empresaria también se refirió a los cambios relacionados con el sistema penitenciario hondureño y señaló que es necesario examinar si las instalaciones existentes tienen capacidad para aplicar las nuevas disposiciones o si será necesario ampliar y mejorar la infraestructura.

La discusión sobre el sistema carcelario implica evaluar las medidas de seguridad, los recursos humanos, la capacidad de los centros penitenciarios y las condiciones necesarias para que las disposiciones puedan ejecutarse.

Cambio climático y cierre de maquilas

Gallardo advirtió que Honduras enfrenta un crecimiento económico más lento y que factores externos, entre ellos el cambio climático, han afectado la producción, en particular en el sector agrícola.

Ante ese escenario, planteó la necesidad de impulsar inversiones en infraestructura de riego para reducir las pérdidas de cultivos durante los períodos de sequía y aprovechar mejor el potencial productivo de las tierras hondureñas.

La propuesta busca reducir la dependencia de las lluvias y dar mayor estabilidad a las cosechas, un aspecto relevante para los productores que enfrentan condiciones climáticas cada vez más difíciles.

En el sector textil, la presidenta del Cohep señaló que el cierre de maquilas registrado en los últimos años plantea nuevos desafíos para el empleo y la actividad industrial.

Entre los factores que, a su juicio, deben evaluarse figuran la inseguridad, la seguridad jurídica y la capacidad de Honduras para competir con otros países centroamericanos.

Para el sector privado, mejorar las condiciones de seguridad, fortalecer la infraestructura productiva y ofrecer reglas claras para las empresas son elementos necesarios para sostener la actividad económica y ampliar las oportunidades laborales en Honduras.

Honduras proyecta enviar 3,200 trabajadores a España entre 2026 y 2027 mediante programas de contratación en el sector agrícola y otras actividades de servicios, informó Juan Carlos Rodríguez, viceministro de la Secretaría de Trabajo, organismo estatal encargado de la intermediación laboral.

De acuerdo con el funcionario, unos 1,200 hondureños viajarán durante 2026 para trabajar en el sector agrícola de Huelva, mientras que para 2027 se prevé seleccionar a otros 2,000 trabajadores. En conjunto, la meta alcanza las 3,200 plazas para el mercado laboral español.

Las oportunidades también comienzan a extenderse a otras ocupaciones. Rodríguez explicó que este año se puso en marcha un programa piloto con 30 hondureños contratados como ayudantes de cocina en España, una experiencia que podría abrir nuevas opciones de empleo.

La Secretaría trabaja en proyectos para colocar entre 200 y 300 trabajadores adicionales en ese sector, aunque su incorporación dependerá del desarrollo de los procesos de contratación.

Los programas de migración laboral incluyen oportunidades en Estados Unidos, donde los puestos de limpieza y mantenimiento de habitaciones —housekeeping, en la jerga del sector— y los empleos como ayudantes de feria registraron crecimiento, según Rodríguez. La meta es enviar alrededor de 400 hondureños a trabajar en ese país durante 2026 mediante estos procesos.

Más destinos laborales

En Canadá, más de 600 hondureños viajan regularmente para acceder a oportunidades laborales. La Secretaría busca aumentar las colocaciones gestionadas directamente por la institución con el objetivo de fortalecer la relación con las empresas contratantes y recuperar su confianza.

Las cifras corresponden a metas y oportunidades anunciadas por el funcionario, no necesariamente a contrataciones ya concretadas.

Junto con el anuncio de nuevas plazas, Rodríguez pidió a los hondureños interesados en trabajar en el exterior verificar la autenticidad de las ofertas antes de entregar documentos personales o iniciar trámites.

Advirtió que algunas personas se aprovechan de la necesidad de empleo para ofrecer contratos falsos, presentar documentación fraudulenta o cobrar dinero por supuestos boletos de avión y trámites relacionados con embajadas.

“Nadie le tiene que pedir dinero por adelantado a usted para un trabajo”, afirmó.

Rodríguez recordó que el proceso de intermediación laboral de la Secretaría de Trabajo es completamente gratuito. Recomendó comprobar directamente con la institución si una oferta es legítima y denunciar cualquier intento de cobro irregular. La advertencia apunta especialmente a las ofertas que prometen salarios atractivos, viajes inmediatos o contratos garantizados.

La recomendación de las autoridades es no pagar anticipos a intermediarios, verificar la identidad de las empresas contratantes y confirmar las condiciones del empleo antes de aceptar una propuesta.

El envío de trabajadores hondureños al extranjero forma parte de una estrategia que comenzó a tomar fuerza en 2017, cuando el país impulsó mecanismos de contratación temporal para facilitar la migración laboral regular.

En 2022, más de 6.200 hondureños viajaron a Estados Unidos, España y Canadá mediante estos programas, según registros publicados entonces.

Recientemente, el Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) contabilizó 3.361 beneficiarios entre 2023 y junio de 2026, distribuidos entre España, Estados Unidos y Canadá.

El Congreso de Honduras declaró que el Decreto Legislativo 08-2023, relacionado con la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, no cumplió los requisitos constitucionales para convertirse en una norma válida.

La decisión se produjo después de que se conociera que el documento había sido publicado en La Gaceta el 22 de enero de 2026, casi tres años después de que la entonces presidenta Xiomara Castro lo vetara y lo devolviera al Poder Legislativo.

La normativa había sido aprobada inicialmente el 8 de marzo de 2023. Sin embargo, tras el veto presidencial, el Congreso debía reconsiderar el proyecto y, para ratificarlo, necesitaba el respaldo de al menos dos tercios de sus integrantes, equivalentes a 86 votos, según el procedimiento constitucional señalado por el Legislativo.

Esa ratificación no consta en el expediente, de acuerdo con la resolución aprobada. Por esa razón, el pleno sostuvo que la publicación en el diario oficial no podía sustituir el procedimiento legislativo pendiente ni otorgar validez jurídica al decreto.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que es necesario investigar cómo un documento que había recibido un veto presidencial terminó publicado oficialmente.

Zambrano aclaró que no pretende atribuir responsabilidades anticipadamente, pero consideró necesario establecer qué instituciones intervinieron en el trámite y si se incumplieron las disposiciones constitucionales.

Como parte de la decisión, se dispuso que la Secretaría del Congreso y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) recopilen y remitan al Ministerio Público la documentación relacionada con la tramitación y publicación del decreto.

Qué establecía la ley

Los antecedentes incluyen oficios, comunicaciones, certificaciones y constancias de recepción que permitan reconstruir el recorrido del documento desde su devolución por el Ejecutivo hasta su aparición en La Gaceta.

La eventual existencia de responsabilidades administrativas o penales deberá determinarse mediante las actuaciones de las autoridades competentes. La declaración del Congreso no constituye por sí misma una sentencia sobre la responsabilidad de alguna persona.

La Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente buscaba incorporar contenidos educativos orientados a prevenir los embarazos durante la adolescencia en el sistema educativo hondureño.

La iniciativa contemplaba la incorporación de información y contenidos pedagógicos adaptados a las distintas etapas escolares, con participación de las autoridades educativas en la elaboración de materiales y su integración en el currículo.

El proyecto generó controversia política desde su aprobación en 2023 y fue vetado por Castro. La discusión actual, sin embargo, se centra en el procedimiento seguido para su publicación, no en una nueva evaluación legislativa de sus contenidos.

El Ministerio Público y la investigación

La remisión de los antecedentes busca esclarecer cómo llegó el decreto a la imprenta oficial y qué actuaciones permitieron su publicación pese al veto presidencial.

El Ministerio Público deberá examinar la documentación y determinar, dentro de sus atribuciones, si existen elementos para iniciar una investigación formal o adoptar otras medidas.

El caso también pone bajo escrutinio el proceso de formación de las leyes en Honduras, en particular la coordinación entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la institución responsable de publicar las normas oficiales.

La decisión del Legislativo establece que la publicación del Decreto 08-2023 no cumplió el procedimiento constitucional requerido. La investigación deberá aclarar las circunstancias del caso y determinar si hubo responsabilidades en la tramitación del documento.