El Tribunal Supremo ha inadmitido la denuncia con la que Manos Limpias pedía la imputación del ministro Félix Bolaños por sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez. Los jueces entienden que las palabras de Bolaños, que entre otras cosas calificó de “una vergüenza” el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, no constituyen un delito de calumnias ni coacciones ni denuncia falsa ni inducción a la prevaricación. Los jueces también rechazan diversas denuncias y querellas de Manos Limpias y Vox contra el ministro Fernando Grande-Marlaska, la exministra María Jesús Montero y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El pseudo sindicato ultra dirigido por Miguel Bernad decidió llevar a Bolaños ante la Justicia después de que el pasado mes de abril el ministro criticara abiertamente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular. “Avergüenza”, dijo, a ciudadanos, jueces y fiscales, y “ha hecho un daño irreparable”. También mostró su confianza en que la Audiencia Provincial de Madrid revocara esa decisión. “Mi confianza es que un tribunal superior e independiente revocará estas decisiones y tomará medidas ajustadas a derecho”.

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en ese caso contra la esposa del presidente del Gobierno, decidió denunciar a Bolaños ante el Tribunal Supremo por varios delitos. Calumnias contra Peinado pero también coacciones, denuncia falsa e incluso inducción a la prevaricación, al entender que con sus palabras había condicionado la decisión de la Audiencia de Madrid, que hasta la fecha ha revocado o corregido varias decisiones de Peinado en el caso.

La respuesta del Tribunal Supremo, con el visto bueno de la Fiscalía, es inadmitir la denuncia de plano. No hubo calumnias en sus críticas, dice el tribunal con Manuel Marchena como ponente, porque “el ejercicio de la libertad de expresión ensancha su ámbito de legitimidad cuando la opinión se refiere a un tema que, por una u otra razón, ha adquirido una dimensión política incuestionable”. Tampoco hubo denuncia falsa, añade, porque ni siquiera existió una denuncia.

Tampoco coaccionó a Peinado por dirigirse al Consejo General del Poder Judicial pidiendo medidas “por la actitud impropia del juez” y, finalmente, tampoco impulsó a la Audiencia Provincial a prevaricar porque se limitó a desear una resolución judicial. “Interesar de un órgano judicial que dicte una resolución conforme a derecho jamás podrá considerarse como una inducción a que asuma una interpretación delictiva”.

El Supremo ha hecho públicos diversos autos en los que inadmite otras denuncias y querellas de Manos Limpias contra altos cargos del Gobierno y el Congreso. Contra Fernando Grande-Marlaska por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate en 2024, contra María Jesús Montero por modificaciones presupuestarias de casi 2.400 millones de euros para la hucha de las pensiones con dinero “inicialmente destinado” al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, y finalmente otra de Vox contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por unas declaraciones en una comisión parlamentaria de investigación.

El Consejo General del Poder Judicial acaba de anunciar la renovación de sus comisiones, órganos internos de funcionamiento que en algunos aspectos manejan puntos clave del órgano de gobierno de los jueces. Una votación en la que se han impuesto las listas del vocal Carlos Hugo Preciado, nombrado a instancias de Sumar, después de que el bloque conservador haya retirado las suyas y dejando una mayoría conservadora de vocales en departamentos tan clave como la Comisión Permanente aunque con la presencia de la presidenta Isabel Perelló, considerada progresista, como punto de equilibrio de ambos bloques.

Los vocales del sector progresista han emitido un comunicado en el que acusan a Preciado, directamente, de “entregar el Consejo del Poder Judicial a la derecha”. Preciado, por su parte, se refiere a su lista como una “tercera vía” que ha desbloqueado las negociaciones para alcanzar comisiones más paritarias y destacando que ahora los progresistas tienen mayoría en una comisión más que en 2025. Fuentes del sector conservador lamentan estas “descalificaciones” y destacan un acuerdo que consideran “equilibrado entre sensibilidades”.

El órgano de gobierno de los jueces votaba este miércoles la renovación anual de sus comisiones: la Permanente, la de Calificación, la de Asuntos Económicos, la de Igualdad, la de Estudios, la relativa a la Escuela Judicial y otros departamentos entre los que destaca la Disciplinaria. La Comisión Permanente, con siete vocales y la presidenta del organismo, es considerada clave dentro del funcionamiento del Consejo.

La fuerte división interna, como en otras votaciones relevantes, se tradujo en tres candidaturas diferentes: las de los sectores conservador y progresista y la del vocal Carlos Hugo Preciado. Los conservadores encabezados por José Antonio Montero han retirado la suya y la propuesta de este vocal se ha impuesto por delante de la lista de los progresistas, liderados en esta votación por José María Fernández Seijo.

El resultado es un precario equilibrio entre ambos bloques en la Comisión Permanente. Junto con la presidenta de perfil progresista Isabel Perelló estarán los conservadores José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez y José Luis Costa. Tres vocales representarán al sector progresista: Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros.

El Consejo ha destacado en un comunicado que “por primera vez” la Permanente tendrá cuatro mujeres entre sus miembros e igualmente que serán mujeres quienes presidan las comisiones de Asuntos Económicos, Igualdad, Estudios, Escuela Judicial y de Relaciones Internacionales. Desde el sector progresista, tres de esas cuatro mujeres sin embargo critican el acuerdo en un comunicado: “Rechazamos que se invoque la igualdad y nuestra representación para decidir por nosotras sin habernos consultado (...) no somos títeres al servicio de los intereses de Carlos Hugo Preciado, ni la igualdad puede servir de coartada para un reparto que desatiende el equilibrio y el pluralismo”.

Una mayoría de conservadores en las comisiones

Carlos Hugo Preciado defiende el éxito de su propuesta como “un hito histórico en paridad” que “aumenta la presencia progresista” y “evita la concentración de responsabilidades en unas pocas manos”. El sector progresista, sin embargo, no comparte esa apreciación al ni siquiera haber participado en su elaboración. “Ha proporcionado a la derecha la lista con la que imponer su reparto del Consejo”, critican al destacar que ocupan el 36,9% de los puestos frente al 54,6% de los conservadores y el 8,5% que ocupa el propio Preciado, a quien atribuyen “un peso equiparable al de un grupo”.

“Hoy, Carlos Hugo Preciado ha hecho posible la imposición del bloque conservador”, explican los vocales progresistas con la vista puesta en las votaciones más encalladas del Consejo: los nombramientos en el Tribunal Supremo. Tras la última renovación del órgano de gobierno de los jueces las candidaturas conservadoras se han impuesto en algunas de las salas clave del tribunal, entre otras con las presidencias de las salas Penal y de lo Contencioso-Administrativo, donde las dos candidatas progresistas llegaron a retirarse ante la situación de bloqueo.

Fuentes del sector conservador, por su parte, destacan que el acuerdo deja un resultado “equilibrado entre sensibilidades”, garantiza la paridad en la Permanente y lamentan “ las descalificaciones dirigidas contra Preciado por facilitar una solución negociada”. “El verdadero pluralismo exige respetar la independencia de criterio de cada vocal, también cuando discrepa de su propio grupo”.

El Tribunal Supremo da cinco días a los ministerios de Exteriores y Presidencia para que envíen la lista de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos a los que pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Los mismos jueces que mantienen paralizado desde hace semanas el voto de estas personas exigen esta información a ambos departamentos del Gobierno bajo advertencia de “una multa coercitiva” o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Los autos conocidos este viernes cuentan con el voto particular de la misma magistrada que se viene oponiendo a las decisiones del Alto Tribunal sobre el voto de los descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma.

Los jueces especifican que tanto el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tienen cinco días para cumplir este mandato. Si no lo hacen, advierten, se exponen a “la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros” sin cerrar la puerta a “otras responsabilidades patrimoniales”. Las resoluciones mencionan incluso la posibilidad de “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

91 'nietos' que pueden votar

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar si cuenta con un certificado del consulado. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Hacer ese filtrado supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. El auto revela que, a fecha 21 de octubre, la Administración únicamente ha revisado 31.390 de los 163.020 expedientes y que los cónsules han emitido solo 91 certificados. El tribunal considera “incomprensible” que la Administración General del Estado no haya facilitado aún la lista nominal de los 163.020 electores afectados, a pesar de que fue la Abogacía del Estado la que aportó esa “cifra exacta”.

Los jueces cargan duramente contra el Gobierno, al que hacen responsable de que estas personas puedan quedarse sin votar el próximo 29-N. “No se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”, recoge uno de los autos.

Envío de papeletas

Por otro lado, el Alto Tribunal da instrucciones precisas a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral sobre cómo ejecutar sus medidas cautelares en la votación del 29-N. Así, da el visto bueno a la decisión de la JEC de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el censo exterior. Pero exige que ese envío recoja la “advertencia expresa” para los nacionalizados por la ley de nietos de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Así, impone a la Oficina del Censo Electoral que cuando reciba la relación de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos excluya del listado del CERA vigente para el 29-N a quienes no cuenten con el certificado. Ese listado también debe enviarse a los consulados. En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto pero no lo introducirán en la urna, sino que lo mantendrán aparte para enviarlo a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero “debidamente diferenciada”. 

Para el escrutinio del voto de los electores inscritos en el CERA, las Juntas Electorales Provinciales deberán utilizar el listado que la Oficina del Censo Electoral les haya facilitado antes de esa fecha. “Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión”, dicen los magistrados.