“Esta mañana cuando me he levantado he dicho, ‘mira, hasta el tiempo llora’. Cuando he salido de casa solo había silencio, silencio, silencio”. Ana, una de las panaderas de Urda, la localidad más cercana al lugar donde se produjo el choque entre dos trenes que ha dejado por el momento 69 fallecidos, empezó a repartir este jueves el pan a sus vecinos bajo una espesa niebla. El miércoles no hubo reparto. En cuanto se enteró del accidente, cargó en su furgoneta las cinco cestas de pan que distribuye diariamente y las entregó en los bares del pueblo y en los dos pabellones dispuestos para recibir a heridos y familiares de las víctimas. 

Un día después, esta localidad de 2.500 habitantes ubicada a 70 kilómetros de Toledo trata de volver a la normalidad. Donde ayer todo era un ir y venir de ambulancias y vehículos de los equipos de emergencia hoy solo hay un “silencio tremendo”, dice Magdalena, que pasó todo el miércoles echando una mano donde se necesitaba. El pabellón del colegio donde se trasladó a los allegados de los pasajeros está cerrado a cal y canto. En una de las puertas todavía está pegado un cartel en el que puede leerse, en mayúsculas, la palabra ‘familias’. 

“Hay mucha tristeza en el pueblo, pienso mucho en la gente que estaba en los trenes y sus familiares. Eso es ya para toda la vida”, dice Ana antes de subirse a su furgoneta para seguir con el reparto de pan. Las calles de Urda están desiertas. Pasaría por un jueves normal si no fuera porque un centenar de periodistas esperan en la plaza donde está en Ayuntamiento la llegada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aprovechó la ocasión para cargar contra el Gobierno por “echar la culpa” del accidente a un operador del centro de control de Atocha. Más allá de la nube de periodistas, la visita del líder de la oposición apenas despierta la curiosidad de algunos vecinos. 

Mientras Feijóo atiende a los medios, una camioneta de la ONG World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef José Andrés, carga víveres en uno de los supermercados del pueblo. Bricks de caldo de pollo, leche, bocadillos… Se dirige al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado a apenas ocho kilómetros, en el lugar del accidente. Allí un operativo de casi un millar de personas trabaja para retirar el amasijo de hierro en el que se han convertido los trenes, buscar restos biológicos de posibles víctimas y recabar las pruebas que nutrirán la investigación judicial que ya ha abierto un juzgado de Orgaz. 

En una llanura situada al borde de la carretera, la Guardia Civil y Protección Civil han instalado dos enormes carpas. También hay un vehículo del 112 de la Junta de Castilla-La Mancha. En la mañana de este jueves, el operativo de emergencia continúa plenamente desplegado en el punto del accidente ferroviario y las localidades colindantes, con más de 900 efectivos sobre el terreno.

El dispositivo cuenta con 422 agentes y 123 medios de la Guardia Civil —que incluye tres helicópteros, drones del Servicio Aéreo, Puesto de Mando Avanzado, Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, patrullas de caballería y guías caninos del Servicio Cinológico—, respaldados por 250 militares y 85 medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Completan la intervención 143 agentes y 26 vehículos de la Policía Nacional procedentes de las comisarías provinciales de Toledo y Ciudad Real, así como 102 miembros de Protección Civil dedicados a labores de apoyo y asistencia logística.

La agente Llanos Olivares, que ejerce tareas de portavocía, explica que parte del trabajo de la Guardia Civil está centrado en localizar restos biológicos en los trenes para tratar de localizar a las personas que aún continúan desaparecidas. Durante la mañana, el instituto armado despliega también un dispositivo aéreo contra drones intrusos al detectar “drones intrusos” sobrevolando los restos de los trenes sobre los que se está trabajando tanto en la búsqueda de pasajeros como en la investigación del siniestro.

En la zona, el ritmo es frenético. Agentes de la Guardia Civil, miembros de la UME y operarios de Renfe y Adif se acercan a la carpa instalada por WCK para coger algo de comer. Hay café, chocolate, bocadillos. Javier Sánchez, cocinero de la ONG, explica que están preparando comida para entre 700 y un millar de personas. “Nos iremos los últimos, cuando aquí no quede nadie. Nos reconforta poder ayudar dentro de nuestras posibilidades”, sostiene. 

En la zona también presta su ayuda la psicóloga Teresa Martín, especializada en la atención a los intervinientes en operativos de emergencias. Su labor es prestar asistencia psicológica a los agentes y técnicos que están participando en la búsqueda de desaparecidos. “El peso del uniforme no permite expresar emociones”, dice esta experta. Explica que, en estos momentos, su labor consiste en ayudarles con “pequeñas ventilaciones” para tratar de reducir el impacto del estrés acumulado y en darles pautas para cuando se retiren de la zona cero y sean conscientes de la “impactante” realidad vivida.

Dos tragedias ferroviarias en menos de un año. El accidente de Adamuz, en Córdoba y el de este miércoles en Urda, Toledo, han dejado el dramático saldo de más de un centenar de víctimas mortales. El pueblo de Urda, el más cercano al choque entre los trenes de Iryo y Renfe, en los que viajaban medio millar de personas, acabó de despertar con la polifonía inequívoca del desastre: un coro de ambulancias como jamás se había oído en esta población de 2.500 habitantes.

Después de una jornada de sirenas, solidaridad y agitación, Urda se sumió en el silencio al caer la noche, en ese minuto en el que se recordó a los fallecidos frente a los Ayuntamientos de toda España. En ese minuto en el que un gesto de luto callado devolvió al país al dolor del pasado 18 de enero en Adamuz.

Apenas nueve meses han pasado entre los dos accidentes. El primero todavía está siendo investigado. El de este miércoles recibió el calificativo de “inverosímil” por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente. Las primeras pesquisas apuntan a un error humano “inexplicable”, que permitió circular al tren de Renfe por la vía en la que el Iryo permanecía detenido.

“Si ha habido negligencias se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”, aseguró este miércoles el presidente del Gobierno en su visita a la localidad, pocas horas después del accidente. Pedro Sánchez reconocía públicamente el daño a la confianza en la seguridad de la red de alta velocidad, una de las joyas del transporte público español.

“Si tenemos que reforzar aún más la seguridad para reconstruir la confianza en el sistema ferroviario y la alta velocidad, se hará, porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios en la alta velocidad en un mismo año”, recalcó Sánchez.

“Todo indica a que el origen de los accidentes no tiene nada que ver”, aseguró el presidente, intentando marcar diferencias con Adamuz, el accidente que se cobró 46 víctimas mortales. Además de la investigación judicial, también indagará en las causas la recientemente creada Autoridad Independiente e Investigación Técnica de Accidentes de Transportes. Se trata de un organismo que no depende del Ejecutivo, cuyos integrantes han tenido que recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados y cuyas pesquisas pueden prorrogarse varios meses, incluso años.

Sánchez anunció desde esa localidad toledana, ya marcada en el mapa por la tragedia, la declaración de tres días de luto. Esto “desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas”, ha expresado la Asociación de Víctimas de Ademuz en un comunicado. “Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre”, han subrayado.

Una decisión fatal

La decisión se tomó en el centro de control de Adif, en la estación de Atocha. Un operario autorizó la circulación del tren de Renfe, del AVE que circulaba hacia Sevilla, cuando el tren de Iryo estaba parado en la misma vía.

“Sobre las 8.30, el sistema de control de la estación de Urda cae por un error de comunicación en los ordenadores”, explicó el ministro a los medios de comunicación. Se trata de un sistema denominado LZB que se utiliza en esa línea de alta velocidad desde su inauguración en 1992 y que está en proceso de ser sustituido. “No porque no sea bueno, sino porque ya no se fabrica y ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación”, ahondó Puente.

Ese fallo en el sistema afectó a un tramo de 63 kilómetros y supuso “la detención de todos los trenes que circulaban por ese tramo. Con los trenes detenidos, entra en mando del sistema el centro de control de Adif” en la estación de Atocha en Madrid, “que controla el tráfico ferroviario en esa zona concreta”, incidió el ministro.

“Hay una comunicación del centro de control con los trenes detenidos y se toma la decisión a las 8.36 [horas] de que el tren que impacta con Iryo reanude la marcha con normalidad”, señaló el responsable de Transportes. “En ese momento, ese tren tenía obligatoriamente que detenerse, no podría reanudar la marcha con normalidad porque el circuito de vía estaba ocupado por Iryo” y existía un semáforo en rojo, para evitar esa circulación. Sin embargo, “se ordena que reanude la marcha a las 8.36, el tren recorre 25 kilómetros con el tren Iryo detenido y acaba impactando, con el resultado que conocen”. Unos kilómetros en los que su velocidad habría alcanzado los 200 kilómetros por hora.

Los audios del centro de control, a los que ha tenido acceso elDiario.es, confirman que desde allí se indicó al maquinista que reanudase su camino con marcha “normal”. En los audios también se escucha cómo la maquinista de Iryo explicó a las 8.48 que no podía revisar el sistema y por eso todavía se encontraba parada. Nada parece indicar que supieran que había otro convoy yendo hacia ella. A las 8.54, el tren de Renfe chocó contra este tren.

Tragedia tras una hora de viaje

El Iryo 6076 es uno de los más madrugadores y salió poco antes de las 8 de la mañana de este miércoles de la madrileña estación de Atocha con dirección a la de Santa Justa, en Sevilla. El alcance del AVE de Renfe se produjo tras apenas una hora de trayecto, sobre las 8.48 según la compañía de origen italiano, cuando la mayoría de pasajeros o dormitaban o permanecían en sus asientos.

“Hemos notado un sonido muy fuerte y después ha sido todo un amasijo de hierros”, contaba a elDiario.es uno de los viajeros, que hacía el trayecto hacia Córdoba y consiguió salir del tren a través de una ventana rota. “Estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya me estaba yendo hasta el asiento de delante y me di un golpe en la barbilla. Es como si hubiera vuelto a nacer. Hoy es mi segundo cumpleaños”, narraba otro joven, Diego Martín, a la espera de que su padre llegase desde Sevilla para recogerlo.

Ramón Revolo, voluntario de Protección Civil de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), fue uno de los primeros en acudir en ayuda de las víctimas. “Esto no se puede describir. Es una pena, un desastre”, explicaba sobrecogido, tapándose la cara en numerosas ocasiones: “Lo que hemos visto ha sido muy trágico, muchos muertos y heridos de gravedad”.

María José, vecina de la cercana localidad de Marjaliza y que se acercó al lugar del accidente a socorrer a los afectados, explicaba que una mujer inglesa le había dejado a cargo de su bebé mientras ella iba en busca de su marido, al que no localizaba: “Ha sido horrible”, reconocía visiblemente emocionada.

Horas de incertidumbre

La incertidumbre se palpaba no solo en tierras toledanas, sino también en la ciudad a la que tendrían que haber llegado tanto el Iryo 6076, con casi 150 viajeros, y el AVE 2080, con cerca de 400 pasajeros a bordo. “No sé nada de mi amiga”, contaba Joaquina desde la estación de Santa Justa. Pero a su amiga ya no le llegaban ni mensajes ni llamadas a las diez de la mañana, cuando contaba su experiencia a los medios, afectada.

Juan, que vive a caballo entre Madrid y Sevilla, lamentaba que probablemente este accidente se iba a politizar “y otra vez antes de las elecciones se aprovecharán de la muerte de personas”. “¿Y las personas que han fallecido, que están heridas, qué van a hacer con ellas?”, se preguntaba. Los partidos anunciaron que suspendían toda su agenda apenas se conoció la noticia del accidente. Todos, con una excepción: Vox, que continuó con los actos de precampaña previstos y utilizó la tragedia para atacar al Gobierno, a poco más de un mes de las elecciones generales. Santiago Abascal ha aprovechado un breve mitin en Valladolid para llamar “ministro de la muerte” a Óscar Puente y “banda criminal” al Ejecutivo.

Mientras, en el pabellón de Urda que ha recibido a buena parte de los heridos en el accidente, los últimos familiares esperaban tener noticias de los suyos. “Está allí, en el hospital de Toledo. Díselo a quien sea, le están haciendo análisis”, grita una mujer a otra. Ellas reciben buenas noticias, pero muchos solo pueden esperar que no se confirme el peor de los escenarios. Aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos, se espera que las grúas que trabajan sin descanso para mover los coches siniestrados dejen al descubierto más cadáveres.

Antonio Gómez, otro de los viajeros, relataba cómo un raíl atravesó el coche en el que viajaba con un amigo. “He ido al vagón 7, donde estaba mi compañero, pero no lo he encontrado”, explicaba acompañado de su mujer y su hija, que se desplazaron a recogerlo. Tenían previsto acudir a Toledo a presentar la denuncia correspondiente, como muchas familias que no tienen noticias de sus allegados, y que durante todo el día inundaron las redes sociales pidiendo información sobre ellos.

Una de las personas que permanece desaparecida es la exministra Fátima Báñez, titular de la cartera de Empleo con Mariano Rajoy y presidenta de la Fundación CEOE. Báñez viajaba en el Iryo accidentado y acudía a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Sin noticias de su paradero, la noticia conmocionó a la gran patronal española, que seguía “a la espera de información contrastada” y trasladaba su apoyo “y cercanía a su familia y allegados”.

La espera se hace insoportable en un pabellón ubicado en la calle Escuelas del municipio de Urda (Toledo), a apenas unos kilómetros del lugar donde a las 8:48 horas de este miércoles un convoy de AVE impactó con otro de Iryo que estaba detenido. En este espacio que es poco más que una nave techada, familiares de los pasajeros aguardan noticias de sus seres queridos dando vueltas en círculos o sentados en unas sillas blancas. 

Dentro, el ambiente es de una tristeza absoluta. Algunos de los familiares salen a fumar, a hablar por teléfono o a tomar algo de aire. Y vuelven a entrar apresurados cuando una voz de mujer empieza a dar una relación de nombres por megafonía. En ese momento, todo el mundo contiene la respiración. “¿Qué más han dicho?”, pregunta alguien. “Nada, están informando de dónde se pueden poner las denuncias”, responde un joven. A consecuencia del accidente, la Guardia Civil ha habilitado puestos de recogida de denuncias en Toledo, Córdoba, Sevilla y Madrid. 

Estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya me estaba yendo hasta el asiento de delante y me di un golpe en la barbilla. Es como si hubiera vuelto a nacer

Hay quien logra dar con la información que todos esperan: su familiar está vivo. “Está allí, en el hospital de Toledo. Díselo a quien sea, le están haciendo análisis”, grita una mujer a otra. “Nosotros somos unos afortunados”, dice la segunda mientras sale corriendo hacia el coche en dirección al centro sanitario. 

Para los demás, la espera se hace cada vez más difícil y arrecia la incertidumbre. En algunos momentos, desde fuera se escucha el llanto de algunas personas rotas por el dolor mientras son atendidas por sanitarios y psicólogos. Voluntarios y vecinos del pueblo les ofrecen mantas y comida. Alrededor de las cinco de la tarde llega la furgoneta de un cátering con comida caliente. 

Sentimos un empujón, no sabíamos bien lo que estaba pasando. Había humo y muchos cables caídos

Este municipio de 2.500 habitantes, ubicado a apenas unos kilómetros del lugar del accidente, ha habilitado dos pabellones ante la tragedia. En este, ubicado al lado del colegio, están instalados los familiares de los viajeros que están todavía desaparecidos. Las inmediaciones son un ir y venir de personas: vecinos del pueblo, efectivos policiales, psicólogos, sanitarios… Una vecina cuenta que algunos restaurantes del pueblo han cerrado para preparar comida para atender la emergencia y abastecer a todos los servicios desplazados al municipio. 

En el otro pabellón, situado junto a la piscina municipal, se han alojado durante las primeras horas los heridos leves o quienes han salido ilesos, como Tongui Biñer, que viajaba en el vagón siete del Iryo junto a su padre. Ambos iban con destino a Sevilla. “Sentimos un empujón, no sabíamos bien lo que estaba pasando. Había humo y muchos cables caídos”, dice este joven de 22 años, que logró salir del vagón por la puerta de emergencia. Todas sus pertenencias quedaron en el tren siniestrado.

“Estaba dormido. Cuando abrí los ojos ya me estaba yendo hasta el asiento de delante y me di un golpe en la barbilla. Es como si hubiera vuelto a nacer. Hoy es mi segundo cumpleaños”, dice otro joven, Diego Martín, mientras espera que su padre llegue desde Sevilla para recogerle. Renfe ha habilitado autobuses para llevar a sus destinos a los pasajeros ilesos o heridos leves como este joven, al que le han dado unos puntos en el mentón. 

Los vecinos de Urda y de municipios cercanos se han volcado con las víctimas. Muchos de ellos han acudido con sus coches a la zona del accidente y han ayudado a llevar heridos leves hasta el pueblo. Una de ellas es María José, una vecina de Marjaliza, que ha acudido a primera hora para ayudar a los afectados y afectadas. “Estamos a cargo del bebé de esta señora que ha ido a buscar a su marido. Es su abuela y nos ha dejado a su bebé”, afirma. Media hora después ha aparecido la madre del bebé, su hija, y ha tenido lugar un emotivo encuentro. En ese momento no conocían todavía el paradero del abuelo.

A última hora de este miércoles, el número de fallecidos ascendía a 68 muertos y se contabilizan un centenar de heridos, muchos de ellos graves. Más de 500 personas viajaban en el AVE y el Iryo siniestrados en el término municipal de Urda.

El Tribunal Supremo da cinco días a los ministerios de Exteriores y Presidencia para que envíen la lista de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos a los que pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Los mismos jueces que mantienen paralizado desde hace semanas el voto de estas personas exigen esta información a ambos departamentos del Gobierno bajo advertencia de “una multa coercitiva” o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Los autos conocidos este viernes cuentan con el voto particular de la misma magistrada que se viene oponiendo a las decisiones del Alto Tribunal sobre el voto de los descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma.

Los jueces especifican que tanto el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tienen cinco días para cumplir este mandato. Si no lo hacen, advierten, se exponen a “la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros” sin cerrar la puerta a “otras responsabilidades patrimoniales”. Las resoluciones mencionan incluso la posibilidad de “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

91 'nietos' que pueden votar

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar si cuenta con un certificado del consulado. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Hacer ese filtrado supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. El auto revela que, a fecha 21 de octubre, la Administración únicamente ha revisado 31.390 de los 163.020 expedientes y que los cónsules han emitido solo 91 certificados. El tribunal considera “incomprensible” que la Administración General del Estado no haya facilitado aún la lista nominal de los 163.020 electores afectados, a pesar de que fue la Abogacía del Estado la que aportó esa “cifra exacta”.

Los jueces cargan duramente contra el Gobierno, al que hacen responsable de que estas personas puedan quedarse sin votar el próximo 29-N. “No se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”, recoge uno de los autos.

Envío de papeletas

Por otro lado, el Alto Tribunal da instrucciones precisas a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral sobre cómo ejecutar sus medidas cautelares en la votación del 29-N. Así, da el visto bueno a la decisión de la JEC de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el censo exterior. Pero exige que ese envío recoja la “advertencia expresa” para los nacionalizados por la ley de nietos de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Así, impone a la Oficina del Censo Electoral que cuando reciba la relación de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos excluya del listado del CERA vigente para el 29-N a quienes no cuenten con el certificado. Ese listado también debe enviarse a los consulados. En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto pero no lo introducirán en la urna, sino que lo mantendrán aparte para enviarlo a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero “debidamente diferenciada”. 

Para el escrutinio del voto de los electores inscritos en el CERA, las Juntas Electorales Provinciales deberán utilizar el listado que la Oficina del Censo Electoral les haya facilitado antes de esa fecha. “Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión”, dicen los magistrados.

Los ministerios de Exteriores y Presidencia han entregado en plazo al Tribunal Supremo la relación agregada de los más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo de las próximas elecciones. Tal y como había adelantado elDiario.es, ambos departamentos trasladado esa documentación este miércoles, cuando se cumple la fecha límite fijada por los jueces. El pasado viernes, el Supremo amenazó con multas e incluso responsabilidad penal a los titulares de Justicia, Félix Bolaños, y Exteriores, José Manuel Albares, si no entregaban esa información en cinco días. 

La decisión del Supremo ha obligado a revisar los expedientes de más de 163.020 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma. De ellos, solo podrán votar quienes logren conseguir un certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. Esa criba corresponde hacerla a los consulados, que han tenido que trabajar contra reloj para localizar los expedientes y agilizar las comprobaciones necesarias. 

Durante semanas, el Ejecutivo ha señalado las “dificultades” existentes e incluso ha hablado de la “imposibilidad material” de ejecutar esa orden. Las fuentes consultadas explican que, en un primer momento, en Exteriores se barajó la idea de hacer una aplicación informática que permitiera hacer ese trabajo. Sin embargo, el adelanto electoral frustró esta posibilidad. 

Los listados que aportan ambos departamentos detallan únicamente la relación de personas que accedieron a la nacionalidad española a través de la ley que abrió la puerta a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. En total, se ha facilitado la relación nominal de 163.355 españoles y españolas, según explican fuentes gubernamentales, que añaden que “buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones de extrema derecha”. La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que, al incluir datos de carácter personal, declare el listado como reservado.

La tarea de determinar cuántos de ellos figuran en el CERA, el censo de los españoles en el exterior, vigente para estas elecciones le corresponderá hacerla después a la Oficina del Censo Electoral (OCE), que depende del INE. Este organismo será el que les envíe la documentación electoral con la “advertencia expresa” de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Las fuentes consultadas afirman que el número de inscritos en el CERA será más bajo que el de total de nacionalizados. Así lo evidencian las cifras analizadas por el Ministerio de Justicia, que localizó 76.600 expedientes de nacionalizados por este supuesto que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado porque realizaron el trámite a partir de mediados de 2024. De ellos, solo la mitad —38.188— figuran en el CERA. Fuentes de Justicia señalan que, el resto, pueden ser menores de edad, fallecidos o personas que se han trasladado a vivir a España que deberían aparecer en el censo interior. 

Además, la concesión de la nacionalidad no supone un volcado automático ni directo al censo. Obtenida esa condición, los interesados deben realizar un trámite adicional: inscribirse como residente en el Registro de Matrícula Consular. De esa inscripción es de la que deriva la incorporación al censo electoral, que solo se realiza en el caso de los mayores de edad. 

En otro informe enviado al Supremo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano representativo adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó que “una parte muy considerable de quienes acceden a la nacionalidad española por esta vía lo hace por motivos vinculados a la reparación histórica, la identidad familiar o el vínculo afectivo con España, sin llegar a formalizar dicha inscripción consular”. Las fuentes consultadas sostienen que esta circunstancia puede explicar también la diferencia entre el número de nacionalizados y el de inscritos en el CERA. 

Un millar que podrán votar

Todavía será más baja la cifra de nacionalizados por la ley de nietos que podrán votar en estos comicios, dado que solo podrán hacerlo quienes cuenten con el citado certificado del consulado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente.

Las fuentes consultadas explican que, por el momento, Exteriores apenas ha localizado alrededor de un millar de nacionalizados que sí aportaron documentos del exilio. Y que, por tanto, sí tienen garantizado su derecho al voto el 29N. Se trata de un número muy bajo respecto a la cifra global de nacionalizados debido a la existencia de la citada instrucción. De hecho, en algunos casos, esos documentos ni siquiera se aportaban al expediente dado que se optaba por la vía más ágil, coinciden fuentes diplomáticas.