Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, es la única responsable de la incorporación al sumario de la dirección del correo electrónico y mensajes de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que acabaron publicados en Okdiario. En el atestado, los agentes aseguran que trasladaron a Biedma que, en aquel momento, el contenido de esa información “no parecía tener relevancia para el objeto de la investigación”, tal y como quedó acreditado más tarde. “Sin embargo, la magistrada requirió todos los correos para determinar, ella, la relevancia de estos, incluidos los referidos”, añade el informe entregado al juez Pedraz en el marco del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Okdiario publicó el 29 de noviembre de 2024 una información con el siguiente titular: “La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de Presidencia como si tuviera un cargo en Moncloa”. En la misma se reproducían pantallazos de los correos intervenidos a David Sánchez en el curso de la investigación dirigida por Beatriz Biedma en un juzgado de Badajoz. En la información actualizada consta tachada una dirección de correo pero no la de Gómez, que se reproduce completamente, al igual que la de David Sánchez. La dirección de Gómez tuvo que ser inutilizada ante la avalancha de amenazas e insultos que se recibieron en él en las horas siguientes.

La filtración motivó una investigación interna en el seno de la Guardia Civil después de una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al director adjunto operativo del Cuerpo, según contó el propio teniente general Llamas en el juzgado. Se trata de una de las tres informaciones reservadas abiertas, con tomas de declaración a la cadena de mando de la UCO, que el juez Santiago Pedraz investiga como una maniobra de presión a la unidad que investiga los casos de corrupción al PSOE por indicación de Leire Díaz. Por esos hechos está imputada la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas.

Para que la jueza pudiera navegar entre los 60.000 correos del caso de tráfico de influencias de David Sánchez, la UCO elaboró unas “instrucciones de visionado” que incluían unos mensajes con los que enseñar a la jueza a cómo 'bucear' por todo el material. Era en esa “guía de navegación” donde aparecían los mensajes sin relevancia para la investigación que acabaron publicados en Okdiario. ¿Por qué la UCO seleccionó esos mensajes? La unidad asegura en su atestado que “el cuadro donde aparecen los correos referidos se generó automáticamente en virtud de unos parámetros introducidos por el analista y que se reflejaban en la propia nota”.

La UCO se puso en contacto con la magistrada, una vez desatada la polémica por las investigaciones internas por filtraciones, y ella “confirmó que había sido quien acordó dar trasladado a las partes de dicho documento [la guía de navegación con las direcciones de Sánchez y su mujer] porque consideraba que esta decisión judicial no vulneraba ningún derecho, sino todo lo contrario, facilitaba el trabajo de análisis a las partes y con ello aseguraba su derecho a una defensa efectiva”.

La investigación interna por la publicación de estos correos se cerró con la recomendación de una amonestación verbal al analista que incluyó las direcciones en la guía de navegación de entre 60.000 correos. Esa amonestación verbal no se llegó a ejecutar.

El caso contra David Sánchez surge de una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa que incluían errores de bulto. Biedma admitió a trámite la querella y decidió que el supuesto tráfico de influencias, materializado en un sueldo de unos 40.000 euros al año de la Diputación de Badajoz para un reputado concertista, debía ser investigado por la unidad especializada de la Guardia Civil a nivel nacional. Manos Limpias es una de las organizaciones de ultraderecha que tuvieron acceso a las direcciones de Sánchez y su mujer gracias a la decisión de Biedma.

La UCO estableció el caso del hermano de Sánchez como una prioridad y propuso a la jueza que ordenara requisar los 60.000 correos. Esto provocó que el director general de la Guardia Civil en ese momento, Leonardo Marcos, reprochara lo que consideraba un ánimo prospectivo en la investigación. Según los mandos de la UCO, el DAO del Cuerpo les trasladó que tenían que ponerse “de perfil” en las investigaciones al PSOE, dejar la iniciativa a los jueces y, en el caso de David Sánchez, poner todos los medios necesarios para que el análisis de todos esos correos se concluye lo antes posible. Según la UCO, el teniente general Llamas dijo: “Nos usan como ariete contra el Gobierno”.

Los agentes de la UCO informaron a la jueza Biedma de las supuestas presiones y estas les trasladó su respaldo. Balas decidió que a partir de ese momento él sería el instructor de las diligencias en sustitución del comandante que las había emprendido con el objeto de proteger a sus subordinados. Biedma ordenó a los investigadores de la UCO que, a partir de ese momento, le informaran a ella en exclusiva de sus avances.

Biedma, protagonista del caso Leire Díez

La investigación sobre un supuesto plan para atentar contra la jueza Biedma ha sido impulsada por el coronel Balas a partir de informaciones de prensa que no han podido ser confirmadas por ahora. Los agentes de la UCO viajaron a Badajoz para tomar declaración a personas que habían hablado en los medios de ese supuesto plan, incluida la supuesta jefa de un clan que luego no ha sido llamada a declarar por el juez Pedraz.

En la misma línea actuó Balas cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil por la documentación de las investigaciones internas contra él y sus agentes, tal y como indicaba el auto del juzgado. Sin embargo, el coronel aprovechó para realizar una diligencia policial sin autorización judicial, dentro de sus facultades, y tomar declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, cuyo contenido sirvió para imputar con posterioridad a la directora del Cuerpo, la socialista Mercedes González.

Esta misma semana, el juez Santiago Pedraz ha confirmado a Balas al frente del caso Leire Díez pese a que su ascenso a coronel obliga a que abandone su puesto de jefe del Departamento Anticorrupción de la UCO. La decisión de Pedraz se produce pese a que Balas y sus agentes son presuntas víctimas de la principal investigada, Leire Díez.

Agentes de la especialidad de Policía Judicial de la Guardia Civil participan en las gestiones que están realizando los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en el centro de control de Adif ubicado en la estación de Atocha, en Madrid. Esas gestiones incluyen la toma de declaración al operario que dio la orden de retomar la marcha con normalidad antes de que lo hiciera el otro convoy que le precedía, de la compañía Iryo, lo que finalmente motivó que este le embistiera, según informan a elDiario.es fuentes próximas a la investigación.

El trabajo de la CIAF y la Guardia Civil en Atocha incluye recopilar testimonios de otros operarios y recabar el material audiovisual relacionado con el siniestro. En estos casos, los agentes del instituto armado contribuyen a la labor de los técnicos de la CIAF, que son los encargados de redactar el informe que se presenta al juzgado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado este mediodía como “inexplicable” la decisión de centro de control de Adif en Madrid que ha permitido reanudar la marcha del tren AVE de Renfe cuando había otro, el de Iryo, parado en la vía, que ha derivado en el accidente de este miércoles en Urda (Toledo) en el que han fallecido decenas de personas.

“Se da una orden, para que reanude la marcha, una decisión errónea”, que no se ha rectificado a tiempo, ha recalcado Puente. “La decisión corresponde al centro de control”, de Adif en Atocha, “a través de sus operarios”, que han permitido retomar la marcha del tren AVE “en unas circunstancias inexplicables, estando un tren detenido y con una señalización roja”, ha afirmado Puente en rueda de prensa.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles como investigado en el caso Leire Díez. Ante Santiago Pedraz, el ahora abogado Sáenz de Tejada ha negado “rotundamente” haber contactado con la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para proponerle atentar contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada ha atribuido su imputación en la Audiencia Nacional a una represalia por sus denuncias de “prevaricación judicial en Badajoz”, a lo que se une el momento de “campaña electoral” y el intento por perjudicar al PSOE. El exjuez está imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez en una de las maniobras de la exmilitante del PSOE, consistente en intentar apartar a Beatriz Biedma del caso de David Sánchez.

La investigación contra Sáenz de Tejada surge de noticias periodísticas que han seguido los agentes de la UCO, “un bulo” de un periodista de un medio madrileño, ha explicado el investigado al salir de su declaración. Rocho declaró en televisión que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le comentó que había que “eliminar” a Biedma.

Este miércoles, el exjuez ha asegurado que nunca ha hablado con Rocho y que si se ha referido a “eliminar” a la jueza en algún otro foro ha sido en el sentido de apartarla de una causa judicial, como ya logró el mismo en el procedimiento que instruía Biedma contra él por violencia de género. Biedma fue apartada por anticipar la condena a Sáenz de Tejada en un escrito.

Sáenz de Tejada compartía un chat con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz Joaquín Parra en el que supuestamente se habría abordado la corrupción judicial en la ciudad extremeña y las maniobras para apartar a Biedma. Sáenz de Tejada ha dicho este miércoles a los medios, tras declarar durante casi hora y media, que quien creó y tenía auténtico interés en ese chat era Parra, asediado por varias causas judiciales. Recientemente ha sido condenado a 10 años por un fraude de hidrocarburos.

El exjuez ha negado que trasladara sus quejas a la Fiscalía General del Estado por indicación de Leire Díez y que todo lo que habló con ella fue facilitándole información de la supuesta corrupción en Badajoz, como ha hecho con periodistas y políticos locales y nacionales.

Igualmente, Sáenz de Tejada ha insistido en la falsedad de que siguió en su coche a Beatriz Biedma el día de su declaración en la Audiencia Nacional y ha precisado que hay tres testigos y su geolocalización de que se encontraba a 450 kilómetros del lugar de los supuestos hechos.

La jueza que investiga la entrada masiva de migrantes por la frontera de Ceuta que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio ha tomado declaración en calidad de testigos a tres consejeros del Gobierno de Juan José Vivas: el consejero de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina; y el vicepresidente de la Ciudad de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que estos cargos políticos, que tuvieron presencia en la zona afectada y que participaron en la gestión de la crisis han señalado ante la magistrada María Tardón que fueron conscientes de que la entrada no era alocada sino que existía cierto orden y organización, y que percibieron que desde el otro lado de la frontera los gendarmes marroquíes actuaban con pasividad.

Uno de ellos, el vicepresidente, ha relatado que pudo observar la actitud de cinco gendarmes que se encontraban al otro lado del paso fronterizo: uno estaba tumbado en el suelo mirando el móvil, otro estaba rezando, otro ayudaba los que querían cruzar a nado... También ha recordado que los que ya habían logrado pasar tiraban flotadores al otro lado para que fueran utilizados por los siguientes para salvar la distancia por mar.

Los tres consejeros habrían coincidido en señalar que por parte de la Administración del Estado no recibieron ayuda concreta a pesar de las diferentes peticiones de auxilio que solicitaron los días previos a la entrada masiva, aunque sí ha destacado, el primero de ellos, el buen tono que tenía para su situación la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con la que mantuvieron varias conversaciones telefónicas y una reunión presencial. De hecho, han recordado que desde Interior les respondía que ese goteo de entradas era como el de otros veranos y esto a pesar de que si en julio de 2025 los accesos fueron de 113 personas, en 2026 ya llevaban 681.

Por otro lado, también se ha comentado en la declaración la petición que habría realizado el Gobierno de Vivas de aumentar la longitud de la red de boyas para dificultar el acceso de 'nadadores', y el consejero de Presidencia ha explicado que desde Interior rechazaron esa posibilidad porque el entramado de cuerdas que acompaña a ese tipo de barrera acuática podía provocar que personas quedaran atrapadas y murieran ahogadas.

Las fuentes presentes en las declaraciones han destacado, asimismo, que la consejera de Sanidad ha referido una conversación que mantuvo en la frontera el mismo 30 de julio con el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano. Éste le dijo que si se daba cuenta de la colaboración de las autoridades marroquíes, y ella se molestó con ese comentario porque estaba en shock por la entrada masiva.

Esta consejera también se ha referido a la gestión de los cadáveres rescatados en Ceuta, un total de 90. Ha explicado que hubo problemas con el Instituto de Medicina Legal porque sólo podía albergar a siete cadáveres y que tuvieron que improvisar cámaras frigoríficas para mantener al resto. Además, ha afeado que el país aluita rechazara cadáveres ya identificados.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que le fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. El magistrado resolverá en otra resolución aparte si le imputa un delito de malversación en relación con estas joyas, tal y como reclamó la Fiscalía la semana pasada.

En un auto, Calama explica Zapatero alega que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando ostentaba la condición de presidente del Gobierno. Según la versión del expresidente, aceptó tales efectos por deferencia hacia el soberano extranjero y los conservó desde entonces en el ámbito privado, junto con otras joyas de origen familiar y regalos recibidos de terceros, sin hacer uso de ellos ni conocer su valor material. 

La resolución refleja que el magistrado no cree la versión del expresidente. Así, otorga relevancia al hecho de que las joyas no se encontraran conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor.

Y apunta que esa circunstancias “difícilmente se compadecen con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público”. En ese supuesto, dice, cabría esperar la conservación de la documentación y de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia.

El magistrado, de acuerdo con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, señala que no se trata de invertir la carga de la prueba ni de exigir al investigado la acreditación de su versión de los hechos, pero precisa que en el momento actual “lo que se constata es que la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada” carece de “un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia”. 

La resolución explica que el investigado afirma haber remitido dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí. Zapatero pretendía una confirmación oficial de los hechos ahora alegados. Sin embargo, apunta Calama, no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de tales escritos. “Con todo, aun prescindiendo de esta circunstancia, la versión ofrecida carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones, a la vista de las consideraciones que se exponen seguidamente”, advierte. 

En efecto, continúa el juez, consta la visita oficial a España del Monarca de Arabia Saudí en junio de 2007. Asimismo, aparece documentada la entrega de determinados obsequios institucionales con ocasión de dicha visita que fueron incorporados al patrimonio público, una circunstancia que para el instructor “difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas”.

En este sentido, para Calama adquiere particular relevancia el hecho de que, en 2005, bajo su Presidencia, se aprobara el Código de Buen Gobierno en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. “Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida”, destaca el instructor. 

“Sin perjuicio de la valoración pericial que finalmente corresponda a las piezas intervenidas, resulta razonable inferir que unos juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un obsequio realizado por un monarca saudí, presentan una relevante entidad patrimonial. A ello se suma que las propias características externas de las joyas permiten advertir, incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico. Desde esta perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en su poder 'sin conciencia de su valor material' encuentra difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata”, añade el escrito del instructor. 

Calama: “El propio Zapatero podría acreditarlo”

Según el juez, tampoco puede obviarse que el propio investigado dispone de medios para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma y recuerda que no se ha adoptado medida cautelar que le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado.

“La versión que sostiene se fundamenta precisamente en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí con ocasión de su condición de presidente del Gobierno, circunstancia de la que razonablemente cabría inferir una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo o las instancias competentes de aquel país”, indica Calama.

De este modo, concluye el auto, la emisión del instrumento de cooperación jurídica internacional solicitado no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva, aunque sea periférica, “sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado”.