“Me ha dado un fallo por bloqueo parcial 000”. Esta fue la primera información que dio el maquinista del AVE al centro de control de Atocha cuando hablaron por primera vez tras caer el sistema LZB. Y era un código de información muy claro: el sistema del tren le estaba informando al maquinista que tenía por delante la vía ocupada, en este caso por el tren Iryo. Como dice el reglamento de circulación ferroviaria, un Meta 0 significa que “la parte de trayecto entre el tren y la señal de entrada de la siguiente estación [Urda] se encuentra ocupada”.

Aunque el maquinista del AVE, fallecido junto a un auxiliar en la cabina, avisó a Atocha de este código triple cero, se le dio orden de continuar. “¿Me has dicho que tienes un punto de parada y meta cero, verdad?”, le replica el operador del centro de control. “Sí”, confirma el maquinista.

Meta cero significa que el sistema dice que tiene que ir a 0 km/h, es decir, que te debes parar. Luego se podría reanudar, pero siempre en “marcha a la vista”, según el código. A la conductora del Iryo el sistema de su tren le da una velocidad Meta 40, que significa que ella sí podía ir a 40 km/h, porque no tenía delante un tren. Sin embargo, desde Atocha se da a todos la orden de ir a marcha normal.

Pero además, hay otra señal que pudo evitar que el AVE impactara en el Iryo, según ha explicado el ministro Óscar Puente en su comparecencia. El semáforo frente al que estaba parado el Iryo era rojo, lo que podría haber dado información al AVE sobre algún obstáculo en el semaforo avanzado que se encuentra suficientes kilómetros antes como para dar tiempo al tren de parar.

Pero como el semaforo de Urda se cambió a verde desde Atocha para que el Iryo pasase, aunque éste no podía arrancar, el semáforo avanzado también cambió a verde. Eso eliminó la posibilidad de que el sistema de seguridad de respaldo alertara al maquinista del AVE o lo frenara automáticamente.

Pese a que el maquinista trasladó una información clara a Atocha sobre la posición de su tren y que había una ocupación de vía por delante , recibió una orden contra la situación en que se encontraba. Por motivos todavía desconocidos, el maquinista obedeció la orden de la central contra lo que su sistema de información le estaba diciendo.

Eran casi las nueve y en el programa de Las Mañanas de TVE se hablaba de política, Bolsonaro, de Israel, del Senado. A los pocos minutos se heló la sangre y la escaleta preparada. Un “alcance” de trenes en Toledo que, según pasaban los minutos y las imágenes, se presentaba de peor color y que ha acabado por ser una desgracia incomprensible, evitable y terrible que ha dejado a una setentena de personas y familias arruinadas para siempre. Otras 400 han sobrevivido, aunque su vida quedará atravesada por la vivencia. Un choque de trenes por alcance en la misma vía era, hasta este miércoles, inimaginable y absurdo con la tecnología ferroviaria que tiene España. Así lo admiten los expertos y el propio Ministerio de Transportes.

Quinientas personas enseñaron este miércoles por la mañana su billete en Atocha y salieron de viaje desde Madrid a Andalucía. A trabajar, a pasar unos días con la familia, a ver un piso, a hacer un examen, a reunirse con un viejo amigo. Nada peligroso ni arriesgado. Un viaje en tren sin más, un trayecto cotidiano e irrelevante, un medio para llegar a un fin.

Una caída del sistema de seguridad automático seguida de una indicación humana errónea y mortal –no revertida por nada ni nadie– convirtió en una tragedia un simple viaje en tren. Es irreversible. El Estado solo puede ya atender, curar y ayudar en algo que tiene una dimensión incomprensible y que tiene y tendrá sus responsables. En paralelo a los cuidados y la atención sanitaria, el Gobierno debe dar información constante y exhaustiva de por qué y cómo pasó: dos accidentes ferroviarios de calibre desastroso y muertes múltiples en nueve meses en la misma línea no es razonable y bate todos los cálculos de probabilidad. Pueden o no ser dos eventos independientes con causas distintas, pero los ánimos de las víctimas y los viajeros de tren no están para matemáticas. Además de decir que hay seguridad, el Gobierno tiene, después de este terrible evento, que demostrarlo.

El ministro Óscar Puente salió a dar información y se sometió a las preguntas de los periodistas a las cinco horas del mortal accidente. Aunque despejó algunas incógnitas e hizo una cronología, él mismo sembró otras dudas: calificó de “inexplicable” que el operador de Adif hubiera dado vía libre a los trenes con la velocidad habitual y que no viera que había un Iryo parado. Si es inexplicable es que faltan datos y respuestas que no pueden tardar mucho en ser ofrecidas.

Según el propio ministro había tres personas en ese turno: el propio operador que dio órdenes erróneas, un auxiliar y un supervisor. ¿Por qué ninguno se dio cuenta, en los 17 minutos desde que el AVE se pone en marcha y hasta la embestida, de que había un tren parado? ¿Hay protocolo para esto? ¿Por qué si un maquinista alertó a la sala de que no se podía ir a velocidad normal, sino a 40 km/h al no haber sistema automático activo, en la sala de control no se revirtió la orden para el resto de trenes? ¿Qué despiste afecta a tres personas y dura casi 20 minutos? El propio ministro admitió ante los periodistas que todavía no lo entienden. Quienes cogen hoy un tren necesitan más certezas.

Primero van las personas, los heridos, las familias de los fallecidos y acabar la tarea de filiación y hospitalización. Al mismo tiempo tienen que darse las explicaciones, rellenar los agujeros negros que generan desconcierto y desconfianza, entender el porqué para dar respuesta a una España de luto. Y luego, la política. Hacerlo al revés es agitar el fantasma del Estado fallido y basar argumentos en opiniones. El propio organismo investigador, independiente del Gobierno, ha admitido que es pronto para las hipótesis y la guardia civil toma aún declaración a testigos, implicados y recaba pruebas. Mientras todo eso pasa, partidos como Vox ponen ya querellas en los juzgados con destinatarios y líderes del PP hacen diagnósticos generales sobre el sistema ferroviario. Hay prisa y necesidad por saber, pero también hay una campaña electoral en marcha. El incentivo para utilizar una desgracia que deja muchas vidas y todavía muchas incógnitas es alto y esperemos que no se dé ese salto, aunque en las redes ya haya un estado de ánimo incendiario y una España polarizada y experta en seguridad ferroviaria.

Hay un tiempo de digerir, de localizar, de llorar, de asistir a las víctimas. También hay que reclamar más información y claridad sobre lo ocurrido. Cuando se sepa qué, cómo y quién, hay que exigir las responsabilidades y las dimisiones o los castigos, también los electorales si es el caso. Y, sobre todo, poner el remedio para que nada parecido se pueda volver a repetir.

César Alonso es un médico jubilado de 66 años. En agosto empezó a dolerle la pierna y su médico de cabecera le derivó al traumatólogo de manera “preferente”. A los dos días le llamaron del servicio de citas de la Comunidad de Madrid, pero para decirle que no le daban cita: “Me dijeron, literalmente, que no había lista de espera disponible, que ya me avisarían cuando se abriera”. Es decir, las agendas médicas se habían cerrado y le dijeron que todavía no había entrado en el sistema oficial que recoge cuánto espera cada persona en la región para ser tratado. César no contaba para el sistema porque el contador no se activa hasta que la cita se da. Su caso no es único.

En 2025 se contabilizaron 366.603 pruebas y visitas a especialistas que, habiendo sido ordenadas, no obtuvieron el volante, formando así una bolsa de pacientes oculta en los registros de la Comunidad de Madrid, que publica en abierto solo las esperas una vez la cita se ha dado (es más o menos coincidente con el número de pacientes, pero un mismo paciente puede estar en la lista de espera de pruebas diagnósticas y de especialista, por ejemplo).

Esas demoras de los pacientes “sin cita” solo se pueden obtener revisando año a año las memorias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), ya que la web del Gobierno de Ayuso no los contabiliza junto al resto. También figura en los datos que Madrid aporta al Ministerio de Sanidad, pero sin desglosar. Por eso la Consejería considera, a preguntas de elDiario.es, que no se puede calificar de “lista oculta”.

Estos pacientes sin cita se han quintuplicado desde 2023, el año en el que Ayuso ganó por mayoría absoluta. De 71.755 pruebas y visitas sin citar entonces se ha pasado a 366.603 en 2025, año con los últimos datos disponibles. Destacan especialmente (para mal) las especialidades de traumatología y ginecología.

El activista por la sanidad pública Óscar Hernández visualizó hace unos meses los datos de quienes no tienen un volante con fecha: “Lo de traumatología es un ejemplo significativo. Los pacientes atrapados en este limbo sin cita se han multiplicado por 22 en los últimos dos años”, explica.

“Estas dos especialidades, trauma y ginecología, son precisamente las que cuentan con más asistencia a la privada. Hay que preguntarse por qué”, señala José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y exdiputado del PSOE en la Asamblea. Este experto en gestión sanitaria apunta a los riesgos asociados a un sistema que te hace esperar meses o años. “En Madrid han aumentado mucho los seguros privados, lo cual deslegitima lo público. La gente se pregunta para qué pago impuestos si luego tengo que pagar una póliza para que me vea el médico en un tiempo razonable”. César lo sabe bien: “Mi caso ha sido calificado como preferente y ni siquiera me citaron. De hecho, ahora tengo síntomas neurológicos, como hormigueo”. Hace una semana le ofrecieron finalmente una visita para el 29 de octubre. Pero del año 2027.

Según Sanidad, “el aumento responde a la adecuación de la actividad tras la pandemia: el Sermas ha recuperado y superado su actividad previa —13,7 millones de consultas en 2025, frente a 13,5 millones en 2019— para atender a una población que ha crecido en más de 440.000 personas desde 2020” y destaca que los “sin cita” no son un grupo homogéneo, ya que también hay reprogramaciones o derivaciones según prioridad.

Respecto a las pruebas médicas con más atasco y con más pacientes esperando sin siquiera tener fecha están las resonancias magnéticas (más de 42.000 “sin cita”) y las ecografías (casi 30.000 en 2025). También hay esperas de volante de derivación en mamografías: de las 20.000 pendientes de hacer el año pasado, casi la mitad era de mujeres que ni siquiera habían sido citadas.

elDiario.es ha hecho un análisis de datos sumando en una lista el total de personas esperando (con cita y sin cita). En 2025 había más de 1,4 millones de personas aguardando operación, pruebas o que le visitara un médico especialista. Esta última es la bolsa de espera más alta, con casi un millón de personas.

Pese a que el Gobierno de Ayuso saca pecho en algunos indicadores de demora de especialidades concretas o usando medias globales, la realidad es que desde 2017, y especialmente desde la pandemia de 2020 (el primer gobierno de la presidenta se inició en 2019), han empeorado especialmente los indicadores de la lista de espera para el especialista: se ha duplicado el número de pacientes en espera (+92%), la demora media ha subido un 86% y los pacientes que aguardan más de tres meses para ver al especialista se han incrementado un 321%.

La población de la región ha aumentado en más de 600.000 personas en ese tiempo. Mientras, el dinero destinado a personal sanitario se contiene cada año, incluso se presupuesta de manera tan escasa que no da para pagar las plantillas y hay que hacer constantes parches, como admitía la propia consejería de Sanidad en un documento interno que publicó elDiario.es. Las pruebas diagnósticas es el único indicador que ha bajado mínimamente en ese periodo (en 23.000 personas respecto al año anterior, aunque son casi 300.000 pruebas a la espera).

La Comunidad de Madrid, que en julio aseguró en una comunicación oficial que había reducido las listas de espera en el primer semestre de 2026, también utiliza la derivación a los hospitales públicos de gestión privada para reducir las demoras. A muchos pacientes se les ofrece como alternativa que acudan a hospitales de Quirón (hay cuatro en la región, entre ellos la Jiménez Díaz) o Ribera Salud (el de Torrejón), que pueden contratar o ampliar horario sin tener que cumplir con las estrictas normas del sistema público. Se ha llegado a citar a pacientes de madrugada.

Si el paciente no acepta porque quiere seguir en su hospital de referencia público se contabiliza como “rechazo de derivación”. Quienes no pueden ser operados por cualquier motivo (por ejemplo, están convalecientes de otra operación) se contabilizan como “transitoriamente no operable”. La lista de espera quirúrgica los suma a todos (no pasa lo mismo en pruebas y especialista, que se desagregan, lo que impide tener una visión global del problema).

Cuando las esperas son muy largas, también hay pacientes que deciden cambiarse de hospital desde el público a alguno de estos privatizados, gracias a la ley de libre elección que instauró Esperanza Aguirre y que convierte al paciente en un posible cliente para empresas con interés en captar desde la pública: “En traumatología, decenas de miles de pacientes salen del Ramón y Cajal (-7.809), 12 de octubre (-7.920) o La Paz (-8.018) y son absorbidos por hospitales de Quirón, como la Fundación Jiménez Díaz (+38.247), Rey Juan Carlos de Móstoles (+18.252) o Villalba (+9.363)”, explica Hernández.

La libre elección de primeras consultas en 2024 era de 11% y en 2025, a falta de que se publiquen todos los datos, al menos de 12,2%. La ganancia está en que los hospitales privatizados cobran al Servicio Madrileño de Salud por cada paciente extra que atienden de fuera de su zona de influencia, de manera que las largas listas de espera en la pública son una oportunidad de negocio para estos gigantes sanitarios. También para los seguros privados, que han crecido exponencialmente en esta región (cuatro de cada diez madrileños paga ya póliza privada).

“En los hospitales se cierran las agendas y así tu volante se mete en un cajón hasta que se abren agendas de nuevo. ¿Por qué? Así se controla la lista de espera, se engrosa o reduce. Cuando te llaman, te ofrecen el hospital público y luego muchas veces te ofrecen en Quirón más pronto”, resume Ana Encinas, testigo de los procesos como médico de Atención Primaria en Madrid y defensora de la sanidad pública en distintas plataformas. La portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, explica que el Gobierno de Ayuso saca pecho de algunas cifras porque maquilla datos: “La actividad de poca complejidad es muy rápida y sale adelante también por la libre elección, pero hay otra lista de espera muy larga. Si yo me como dos pollos y tú ninguno, la media dirá que nos hemos comido un pollo por persona, pero no es así”, resume como metáfora del conteo de esperas en Madrid.

“Pero el gobierno regional sabe perfectamente cuál es la espera real, como también lo saben los médicos por el sistema interno, lo que pasa es que han diseñado una serie de buzones distintos donde meten a distintos pacientes para que los datos den mejor imagen”, explica Carmona.

El Ministerio de Sanidad anunció en junio un real decreto que unificaría los criterios y datos que aparecen en las listas de espera de todas las comunidades autónomas para evitar diversidad de datos, con la intención de tener una radiografía clara y con criterios técnicos que diera una imagen fiel en cada territorio. Los consejeros autonómicos no pusieron grandes pegas en asumir criterios uniformes al inicio, pero el pasado viernes acabaron por votar en contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha explicado a este medio que se está trabajando en reducir las esperas con “la priorización clínica de las derivaciones, adecuación de la citación a quienes más tiempo llevan pendientes a misma prioridad clínica, codificación del motivo de cada solicitud, derivación a centros con menor demora” o las consultas telemáticas, una nueva apuesta que ha crecido un 800%, según datos de la propia Sanidad.

César Alonso, que ha sido médico y ahora paciente por su dolor en la pierna, sigue esperando a ver si le adelantan la cita, mientras que se ha pagado un fisio por su cuenta. Cuando le vean su dolencia “preferente”, en 2027, es muy probable que ya no le duela o que se haya buscado una solución de pago, aunque por el momento no quiere pasar a los hospitales privatizados de Quirón o Ribera si se lo ofrecen, cuenta a elDiario.es. “Me parece increíble y un descontrol que Madrid tenga miles de pacientes, algunos más graves que yo, sin control, esperando a ser atendidos o a tener una cita sin que nadie se interese por si han mejorado o empeorado”, concluye.

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