"No estamos construyendo suficientes casas y, por tanto, si no se construyen suficientes casas, no podemos financiar suficientes casas. Por tanto, el problema es que no hay suficiente construcción, porque financiación hay a espuertas, aunque es probable que la nueva producción hipotecaria pueda empezar a bajar por el encarecimiento de los precios". Así resumió el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en la rueda de prensa para detallar los resultados obtenidos por la entidad hasta el tercer trimestre del año -periodo en el que la entidad ganó 4.962 millones, un 12,9% más-, un problema que ha disparado su relevancia económica y social

Para Gortázar el problema de acceso a la vivienda se ha incrementado porque no se está construyendo lo suficiente. "Se están terminando menos de 100.000 viviendas al año cuando los nuevos hogares superan esa cifra con creces. Existe un grado de concienciación muy grande en torno a la necesidad de construir y, lo más lógic es incrementar la oferta para bajar el precio", aunque puntualizó que no tiene que ser la única medida y señaló otras que podrían implementarse, "como la liberalización de suelo, impulsar la construcción industrializada o establecer algún límite a los pisos turísticos. El sector privado tiene que actuar de una manera sensata" al tiempo que "tiene que haber una intervención del sector público para asistir a quienes no pueden acceder".

También insistió en que la banca tiene disposición de financiación prácticamente sin límite, siendo España el segundo país de Europa que concede las hipotecas a tipo fijo más baratas. Pese a ello, anticipó la posibilidad de que la nueva producción hipotecaria "pueda empezar a bajar" por el incremento de los precios para comprar y el límite de las rentas para afrontar las cuotas hipotecarias aunque, de momento, ha señalado que CaixaBank ha registrado un crecimiento del 8,3% en los nueve primeros meses. "Se está produciendo una caída del número de hipotecas, pero un incremento en el importe medio a financiar, que es consistente con que los precios se están encareciendo un 12%".

El consejero delegado indicó que una tercera parte de las hipotecas que el banco concede lo son a menores de 35 años y en los últimos diez años ha concedido 800.000 hipotecas residenciales, ha financiado 100.000 viviendas propiedad de CaixaBank comercializadas y ha dado crédito promotor para levantar otras 100.000. "El compromiso que tenemos con el acceso a la vivienda es máximo y el banco sigue ganando cuota de mercado en este segmento".

Por otra parte, Gortázar, ha descartado que el uso de la inteligencia artificial (IA) implique reducciones de plantilla en el banco: "Ser más eficientes no debe equipararse a reducir el número de empleados, sino que podemos hacer más cosas. La IA abre muchas puertas y genera la posibilidad de mejorar la eficiencia de las que ya hacía el banco y dar respuesta a nuevas necesidades de los clientes", y aunque reconoció que esta tecnología puede llevar a que en "algunos sectores o funciones sobren personas, no es el caso de CaixaBank en el corto plazo. Tenemos que seguir trabajando en formar, en lo que llaman el 'reskilling', en dar la capacidad a personas que aprendan nuevas capacidades y que puedan utilizar la inteligencia artificial y la tecnología. El banco lo afronta como un punto positivo". También descartó que el banco vaya a hacer planes de prejubilaciones porque "lo que necesitamos manos".

Gortázar también ha dado por hecho una subida "casi garantizada" de tipos de interés este y "probablemente dos más" el año que viene, después de que este jueves el Banco Central Europeo (BCE) los dejara en el 2,5%. "¿Habrá algo más de subidas? -se ha preguntado. Sí, probablemente, e incluso en la próxima reunión en diciembre y durante el año 2027 una o dos, pero tenemos que ver de nuevo, ellos mismos lo dicen, a ver cómo evoluciona la inflación". El directivo ha recordado que los mercados prevén que los tipos suban hasta situarse entre el 3% y el 3,25%, aunque ha advertido de que una "tensión en mercados financieros y un relajamiento del crecimiento económico podrían moderar esas subidas".

Sobre operaciones corporativas, como la posible compra de Cetelem, no ha querido ir más allá y se ha limitado a que la estrategia del la entidad "es de crecimiento sin adquisiciones".

Fin del embargo tributario de la multas de tráfico a los pensionistas. El Tribunal Supremo ha establecido que la Agencia Tributaria no puede embargar el remanente o saldo de una cuenta donde se ingresa una pensión si procede de sueldos, salarios o pensiones dentro de los límites legales para proceder al cobro multas de tráfico. Así lo ha publicado la sala de lo contencioso en una sentencia fechada el pasado mes de julio a la que ha tenido acceso Efe, en la que estima un recurso presentado contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abril de 2024, que ha sido anulado porque "la inembargabilidad del sueldo, salario o pensión busca garantizar la subsistencia y las necesidades básicas del deudor y su familia".

El conflicto comenzó cuando la Agencia Tributaria ordenó embargar una cuenta bancaria para cobrar cuatro sanciones de tráfico por importe de 4.262,51 euros. En dicha cuenta, el titular ingresaba una pensión de jubilación de poco más de 1.000 euros, y Hacienda le embargó 52 euros. El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaron las pretensiones del demandante al considerar que el saldo remanente de meses anteriores perdía la protección de inembargabilidad de la pensión y debía considerarse "ahorro" plenamente embargable.

Lo que ha abordado el Supremo es si en una cuenta donde habitualmente se abonan sueldos, salarios o pensiones, el saldo disponible a la fecha de embargo, excluyendo el último abono protegido, es íntegramente embargable o si, por el contrario, conserva la inembargabilidad por proceder de percepciones anteriores. Por ello la Sala señala que la inembargabilidad -en este caso de la pensión- garantiza la subsistencia y las necesidades básicas del deudor y su familia.

En su sentencia, el Alto Tribunal indica que "los gastos corrientes de una persona -como suministros, tributos, comunidad, y otros- no se agotan estrictamente dentro del mes natural", por tanto, "el dinero no consumido inmediatamente que permanece como remanente en la cuenta no puede considerarse automáticamente ahorro ni un excedente susceptible de libre embargo". En una cuenta donde se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, "el saldo disponible a la fecha de un embargo -deducido el importe del último abono en concepto de sueldos, salarios o pensiones, que se ha de considerar inembargable- debe considerarse también inembargable al tener su origen en el abono de anteriores percepciones de la misma naturaleza, salvo que existan ingresos de otras fuentes diferentes", aclara la sentencia.

En consecuencia, el Supremo establece que en "las cuentas donde habitualmente se abonen sueldos, salarios o pensiones, el saldo disponible a la fecha del embargo", incluso el remanente de meses anteriores, "debe considerarse inembargable si procede de dichas percepciones y estas no superan los límites legales, salvo que existan ingresos de otras fuentes diferentes".

Guinea Ecuatorial empieza a remontar tras unos últimos años en los que la crisis de los precios del petróleo, junto con la depresión ocasionada por la pandemia mundial del covid, han afectado a la economía del país. Sin embargo, a partir del primer trimestre del año 2022 empezó a mostrar síntomas de recuperación, con un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en más de un 10%, apoyado en el principal sector productivo, la explotación de los hidrocarburos, aunque otros sectores empiezan ya a despuntar gracias a una enorme riqueza de recursos naturales, que permanecen sin explotar plenamente y que el Gobierno ha empezado a buscar una salida a través de acuerdos internacionales y empresas de capital nacional.

Todo ello se ha producido tras la celebración de la Tercera Conferencia Económica Nacional, que a partir del año 2019 ha marcado la agenda económica a través del Plan Nacional de Desarrollo 2035, cuyos objetivos principales pasan por impulsar la diversificación productiva, prestar servicios sociales de calidad a la población sobre la base de mejoras en el funcionamiento del aparato administrativo, ampliar y mejorar las infraestructuras, potenciar el desarrollo del sector privado y formar recursos humanos.

Es este último punto uno de los principales retos del país, ya que la falta de profesionalización y especialización de la mano de obra ha sido uno de los principales problemas para el desarrollo económico de Guinea Ecuatorial por la falta de formación profesional de la población, como herencia de una economía básica, que hasta la llegada del petróleo era totalmente primaria y de subsistencia, basada principalmente en pequeños cultivos familiares, junto con la caza y la pesca. La gran mayoría de los ciudadanos carecían de estudios superiores, ya que la primera universidad no se abrió hasta el año 1995. Por ello, los escasos técnicos con estudios superiores se habían formado en otros países, principalmente España, gracias a la cooperación internacional.

Así, el Gobierno se ha visto obligado a potenciar y generalizar la educación, acelerando la profesionalización de la sociedad para intentar garantizar el trabajo. Es por ello que en las últimas décadas se han creado docenas de miles de empleos públicos en ministerios, instituciones públicas o empresas nacionales de distintos ámbitos, que han conseguido que los ingresos del petróleo se enfoquen en la reconstrucción nacional a través de la economía privada, que ha impulsado el traslado de grandes masas poblacionales hacia las ciudades, propiciando la apertura de miles de pequeñas empresas y negocios.

Con esta base, Guinea Ecuatorial ha reinvertido sus rentas petroleras en la dotación de infraestructuras económicas y sociales, con una agenda que fomenta la recepción de empresas inversoras, que permitirán explotar plenamente todos los recursos. Esta agenda «ofrece un clima atractivo para el inversor, con medidas concretas para el desarrollo empresarial», explican fuentes del Gobierno ecuatoguineano. Para apoyar la llegada de inversiones, el Ejecutivo ha invertido grandes cantidades en infraestructuras de transporte, que facilitan las conexiones nacionales e internacionales.

Ahora mismo, el país cuenta con varios aeropuertos en Malabo (Isla de Bioko), Bata y Mongomeyén (zona continental) y en las islas de Annobón y Corisco.

La red de carreteras se ha modernizado y el Gobierno presume de tenerlas «en el mejor estado de todo el continente, con autopistas y enlaces entre todos los puntos». También se han reconstruido dos grandes puertos, el de Malabo y el de Bata, que ha facilitado el desarrollo del tráfico de mercancías.

Otro de los puntos fuertes de cara a los inversores es el desarrollo de las telecomunicaciones. El acceso a los servicios de telefonía e internet llega a prácticamente toda la población, gracias, entre otras cosas, al servicio del cable de fibra óptica ACE, que une el oeste de África con Europa. El uso de teléfono móvil e internet está extendido, lo que ha propiciado la generalización de las redes sociales y el acceso a canales de televisión nacionales e internacionales. También se ha realizado una enorme inversión para garantizar la energía eléctrica, con un enorme incremento de producción gracias a la construcción de plantas de turbogas, centrales térmicas y plantas hidroeléctricas.

Por todo ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) –organización que trabaja con el Gobierno desde hace décadas– y otras instituciones oficiales internacionales han reiterado la necesidad de combinar la diversificación económica con la explotación de la riqueza de materias primas para reducir la dependencia de los hidrocarburos. Por ello, auspiciado por el FMI, se ha impulsado un plan de urgencia de búsqueda internacional de inversores que ayuden a explotar y rentabilizar todas las áreas económicas. Para ello se han tomado medidas fiscales y legislativas destinadas a crear un ambiente favorable para que la inversión trabaje con plena seguridad jurídica.