Tanto el mercado del alquiler como el de compraventa atraviesan un escenario marcado por unos precios cada vez más difíciles de asumir, unas condiciones de acceso exigentes y una oferta insuficiente en las zonas con mayor demanda. La dificultad para emanciparse, encontrar un alquiler asequible o reunir los ahorros necesarios para comprar una casa ha terminado por trasladar el problema a las calles, donde las reivindicaciones por una vivienda digna han ganado protagonismo durante las últimas semanas.

El malestar social quedó especialmente patente el pasado 3 de octubre, cuando decenas de miles de personas salieron a manifestarse en más de 50 ciudades españolas para reclamar soluciones a la crisis habitacional. Las movilizaciones, convocadas por los sindicatos de inquilinos, coincidieron con el rechazo del Congreso al Real Decreto-ley 26/2026, que recogía distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la protección de los arrendatarios. Tras su derogación parlamentaria, el Gobierno aprobó el 6 de octubre un nuevo texto, el Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el día 7 y en vigor desde el 8 de octubre.

La nueva norma recupera buena parte de las medidas anteriores e incorpora modificaciones destinadas a reforzar la protección de los colectivos más vulnerables. Sin embargo, su recorrido parlamentario todavía no ha terminado. Al encontrarse disueltas las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones, la convalidación o derogación del nuevo decreto corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene determinadas funciones de la Cámara durante este periodo. Según establece la Constitución, este organismo puede debatir y votar la continuidad de los reales decretos ley dentro del plazo de 30 días desde su promulgación.

Su decisión será determinante para el futuro de unas medidas que afectan directamente al mercado inmobiliario y, especialmente, a quienes atraviesan dificultades para mantener una vivienda. Entre ellas destaca un nuevo mecanismo de protección para los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica, que introduce una responsabilidad directa de la Administración cuando se produce un desahucio por impago.

Así actúa la Administración cuando hay un inquilino vulnerable

Jordi Rodríguez, asesor inmobiliario y experto en el mercado de la compra y venta de propiedades que se ha dado a conocer en redes sociales por su contenido divulgativo, expone los pasos que sigue la Administración cuando un inquilino se encuentra en una situación vulnerable. "Te voy a decir algo que, como propietario, te va a sonar a ciencia ficción, pero es real. Tu próximo moroso podría ser una Administración pública", comienza explicando el profesional. Esta actualización viene esclarecida en la normativa que entró en vigor el pasado 8 de octubre.

"Si tu inquilino no paga y acredita una situación de vulnerabilidad, la Administración tiene un plazo de dos meses para realojarlo o pagar la deuda. Si no actúa, asume la deuda y se frena el desahucio", agrega. De esta manera, es deber de la propia Administración hacerse cargo de la deuda en determinadas ocasiones y cuando las circunstancias son las correctas. No obstante, el experto incide en un factor que muchos no tienen en cuenta. "Pero ojo con la letra pequeña. No se fija cuándo cobrarás las siguientes mensualidades, aunque se contemplan unos intereses por demora y tu piso sigue ocupado", informa.

Esto es lo que pasa con los desahucios que no han llegado al lanzamiento

Rodríguez esclarece los casos en los que el organismo actúa de oficio para garantizar el bienestar de los inquilinos. Además, los fondos cuentan con un trato especial. "Para determinados fondos, se establece una suspensión hasta 2030 sin una compensación. También afecta a los desahucios iniciados que todavía no han llegado al lanzamiento", indica. Asimismo, compara esta situación con la sucedida en pandemia. "¿Recuerdas el COVID? Todavía hay unos propietarios esperando cobrar", concluye. De todas formas es preciso destacar que el paso por la Diputación Permanente podría ser clave.

El lunes 28 de abril de 2025, España se quedó a oscuras. A las 12.33 horas, un apagón sin precedentes dejó sin suministro eléctrico a la Península Ibérica y convirtió una jornada primaveral en una de las mayores crisis energéticas de la historia reciente. El transporte ferroviario quedó paralizado, los comercios cerraron y miles de personas se quedaron sin cobertura, internet ni posibilidad de realizar pagos electrónicos. En apenas unos segundos, la vida cotidiana quedó suspendida y la electricidad se convirtió en la protagonista de una jornada que puso a prueba al sistema energético español.

La mañana ya había registrado alteraciones en los niveles de tensión de la red. A las 12.03 horas aparecieron las primeras oscilaciones significativas y, media hora después, las desconexiones de instalaciones eléctricas provocaron una reacción en cadena que terminó con el colapso del sistema peninsular. La recuperación llegó gracias a las interconexiones con Francia y Marruecos y a las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, el regreso de la electricidad no despejó las incógnitas. Los informes técnicos señalaron una combinación de factores, entre ellos las oscilaciones y las deficiencias en el control de tensión, mientras persistían las discrepancias sobre las responsabilidades.

Más de un año después, la incertidumbre vuelve a situarse sobre el sistema eléctrico español por una decisión de Red Eléctrica que afecta a la disponibilidad de sus centrales. El operador ha cuestionado más de un centenar de solicitudes de mantenimiento para instalaciones de generación entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, al considerar que necesita mantenerlas operativas para garantizar la seguridad de la red.

La medida afecta a centrales nucleares, ciclos combinados de gas e instalaciones hidroeléctricas de bombeo. La paradoja es evidente. Las centrales necesitan detenerse periódicamente para revisar sus equipos y prevenir averías, pero algunas paradas pueden comprometer la capacidad de respuesta del sistema.

El cambio de generación de electricidad tras el apagón

Detrás de esta decisión aparece uno de los principales problemas del sector, la disponibilidad de las centrales de ciclo combinado. Según los datos publicados, esta tecnología ha llegado a tener disponible únicamente el 65% de su potencia instalada. Su participación en la generación peninsular habría pasado del 8% al 19,4% desde el apagón, tal y como explica El economista. Estas instalaciones producen electricidad cuando disminuye la aportación solar o eólica y contribuyen a regular la tensión y la frecuencia.

Sin embargo, su mayor utilización implica más desgaste, ya que los arranques, las paradas y los cambios de temperatura aceleran la fatiga de sus componentes. Se configura así un círculo complicado, pues cuanto más necesita el operador estas centrales, más difícil resulta encontrar el momento para detenerlas. Asimismo, retrasar las revisiones puede aliviar las necesidades inmediatas, pero también aumentar el riesgo de averías. La presión sobre las instalaciones convencionales coincide con una mayor utilización de otros mecanismos para equilibrar el sistema.

El Servicio de Respuesta Activa de la Demanda como recurso en 2026

Durante 2026, Red Eléctrica ha recurrido en once ocasiones al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, frente a ninguna activación en 2025. Esta herramienta permite solicitar a determinadas industrias que reduzcan temporalmente su consumo a cambio de una compensación económica. El dato no significa que España esté al borde de otro apagón, pero refleja una mayor utilización de recursos de flexibilidad.

Al mismo tiempo, la transición renovable exige adaptar las infraestructuras mediante baterías, centrales de bombeo, compensadores síncronos y nuevos sistemas de control de tensión. El desafío consiste en desarrollar estas alternativas sin prescindir prematuramente de centrales que todavía desempeñan funciones esenciales para la estabilidad de la red.

La necesidad de que las centrales se detengan momentáneamente

La decisión de Red Eléctrica refleja una tensión que va más allá de un desacuerdo con las compañías eléctricas. Las empresas necesitan realizar sus mantenimientos, mientras el operador debe disponer de suficientes recursos para responder ante cualquier incidencia. El sistema se enfrenta a una contradicción, necesita que las centrales sigan funcionando, pero también que puedan detenerse para evitar que su desgaste provoque problemas mayores. La cuestión de fondo es si España está desarrollando al mismo ritmo el almacenamiento, las redes y los servicios de estabilidad que requiere su transformación energética.

En España, la herencia de una vivienda puede convertirse en una oportunidad para asegurar el futuro económico, pero también en el comienzo de una larga lista de trámites, decisiones y gastos inesperados. Aceptar una herencia implica mucho más que recibir las llaves de una casa. Hay que gestionar la documentación, liquidar los impuestos correspondientes y decidir qué hacer con el inmueble, especialmente cuando hay varios herederos. En ocasiones, lo que debería ser un proceso para organizar el patrimonio familiar termina convirtiéndose en una fuente de incertidumbre justo cuando los familiares todavía están asimilando la pérdida de un ser querido.

Las cifras muestran que cada vez más viviendas cambian de manos a través de las herencias. En 2025 se registraron más de 208.000 transmisiones de inmuebles residenciales por esta vía, un 3,2 % más que el año anterior y la cifra más elevada de la serie histórica. La tendencia continuó en 2026, cuando en junio se contabilizaron 19.107 viviendas heredadas, un 12,92% más que en el mismo mes del año pasado. Detrás de estos números hay miles de familias que deben decidir si venden la casa, la mantienen en copropiedad o acuerdan que uno de los herederos se quede con ella a cambio de compensar económicamente a los demás.

En este contexto, una de las dudas más habituales surge cuando varios hermanos heredan una misma vivienda y uno de ellos quiere quedarse con ella. ¿Es necesario comprar las partes de los demás o existe una alternativa fiscalmente más ventajosa? La gestión de una propiedad compartida puede resultar especialmente complicada cuando cada heredero tiene necesidades económicas diferentes o no existe acuerdo sobre qué hacer con el inmueble. Para evitar gastos innecesarios, conocer las distintas vías legales disponibles resulta fundamental. Una de ellas es la "extinción de condominio", una fórmula que permite que la vivienda pase a ser propiedad exclusiva de uno de los copropietarios.

Un economista explica cómo funciona la "extinción de condominio"

José María Páez, economista y perito judicial inmobiliario conocido en redes sociales por sus publicaciones divulgativas sobre el mercado de la vivienda y sus particularidades, ha explicado las ventajas de esta operación en uno de sus vídeos más recientes. Su recomendación es clara para quienes heredan una casa con sus hermanos o atraviesan una separación y quieren conservar el inmueble. En lugar de comprar directamente las participaciones de los demás, plantea estudiar la extinción de condominio.

La diferencia está en que el interesado ya es propietario de una parte de la vivienda y, mediante esta operación, se disuelve la copropiedad para adjudicar el inmueble a uno solo, que compensa en dinero a quienes dejan de ser propietarios. Si se cumplen los requisitos legales y fiscales, esta fórmula puede reducir considerablemente la factura tributaria frente a una compraventa ordinaria. El ahorro se explica, principalmente, por la diferencia entre los impuestos que gravan ambas operaciones. En una compraventa de una vivienda usada, el comprador debe abonar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, conocido como ITP, cuyo tipo depende de la comunidad autónoma y de las circunstancias aplicables.

Así es como tributa esta alternativa con un ejemplo

En cambio, la extinción de condominio tributa, con carácter general, por el impuesto sobre actos jurídicos documentados, conocido como AJD, cuando concurren los requisitos exigidos. Para ilustrar la diferencia, Páez plantea el ejemplo de una vivienda valorada en 300.000 euros que heredan tres hermanos a partes iguales. Si uno decide quedársela, deberá compensar a los otros dos con 100.000 euros a cada uno. En Andalucía, aplicando los tipos del 7 % para el ITP y del 1,2 % para el AJD que utiliza el ejemplo, la diferencia sería de 14.000 euros frente a 2.400 euros, respectivamente. El ahorro teórico alcanzaría los 11.600 euros, aunque el resultado real depende de la operación y de su tratamiento fiscal.

Este es el proceso que deben seguir los copropietarios

La extinción de condominio, sin embargo, no consiste simplemente en cambiar el nombre que figura en la escritura. Para que la operación se ajuste a esta fórmula, la vivienda debe adjudicarse a uno de los copropietarios, que compensa económicamente a los demás por sus participaciones, y la operación debe formalizarse mediante escritura pública ante notario.

Además, hay que revisar las circunstancias concretas de la comunidad de bienes, la valoración del inmueble y los impuestos que puedan corresponder. Quienes dejan de ser propietarios también deben tener en cuenta el posible impacto en el IRPF, ya que la adjudicación puede generar una ganancia patrimonial si el valor del inmueble ha aumentado desde su adquisición.

Firmar un contrato de trabajo implica mucho más que aceptar un salario y un horario. En sus cláusulas pueden aparecer compromisos que condicionan la vida profesional del empleado, desde acuerdos de confidencialidad hasta pactos de exclusividad. Aunque muchos trabajadores firman estos documentos al incorporarse a una empresa, no siempre conocen las consecuencias que pueden tener a largo plazo.

Una oferta mejor, la posibilidad de emprender un proyecto propio o la necesidad de conseguir ingresos adicionales pueden cambiar las circunstancias personales y hacer que determinadas condiciones dejen de resultar convenientes. Entre estos acuerdos, la cláusula de permanencia es especialmente relevante porque puede limitar la posibilidad de abandonar una empresa durante un periodo determinado. Sin embargo, no debe confundirse con otros compromisos laborales, ya que cada uno tiene sus propios requisitos y consecuencias jurídicas.

Antes de aceptar una condición de este tipo, conviene comprobar qué obligaciones establece, cuánto tiempo dura y qué consecuencias económicas puede tener una ruptura anticipada. Conocer estos detalles permite tomar decisiones profesionales con mayor seguridad y evitar sorpresas cuando llega el momento de cambiar de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores reconoce mecanismos para poner fin a determinados pactos laborales, aunque es fundamental distinguir entre la cláusula de permanencia y el pacto de plena dedicación o exclusividad.

Un preaviso necesario de 30 días para romper el pacto

El artículo 21.3 de la norma establece expresamente que el trabajador puede rescindir el acuerdo de plena dedicación y recuperar su libertad para desarrollar otra actividad profesional, siempre que lo comunique por escrito a la empresa con un preaviso de 30 días. Esta posibilidad permite revisar un compromiso que puede haber dejado de encajar con las necesidades personales o económicas del empleado, sin que ello implique necesariamente abandonar su puesto de trabajo.

El procedimiento exige comunicar formalmente la decisión a la empresa y respetar el plazo establecido. Aunque la legislación no impone un modelo oficial de escrito, resulta aconsejable identificar el pacto que se desea rescindir, expresar de forma inequívoca la voluntad de ponerle fin y conservar una prueba de la recepción de la comunicación. Puede utilizarse un escrito presentado a Recursos Humanos con una copia sellada o cualquier otro medio que permita acreditar la fecha y el contenido.

¿La compañía debe autorizarlo o es autómatico?

La empresa no tiene que autorizar la renuncia cuando se trata del ejercicio de la facultad reconocida en el artículo mencionado anteriormente, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables. La decisión, no obstante, tiene consecuencias económicas. El trabajador que renuncia al pacto de plena dedicación deja de percibir la compensación vinculada a ese compromiso y puede perder otros derechos o beneficios asociados.

A cambio, recupera la posibilidad de trabajar para otra empresa o desarrollar una actividad profesional adicional, siempre que respete las obligaciones de buena fe, confidencialidad y competencia leal. La renuncia a la exclusividad tampoco elimina automáticamente otros acuerdos independientes, como un pacto de no competencia posterior a la extinción del contrato, que está sujeto a requisitos específicos. Por eso, antes de dar el paso, conviene revisar el contrato y comprobar qué compromisos continúan vigentes.

No confundas este pacto con el acuerdo de permanencia

La principal advertencia es que la cláusula de permanencia y el pacto de exclusividad no son lo mismo. La primera puede estar vinculada, por ejemplo, a una formación especializada financiada por la empresa y se regula en el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores, que permite pactarla por escrito cuando concurren los requisitos legales y establece un límite máximo de dos años. En cambio, el preaviso de 30 días del artículo 21.3 corresponde a la rescisión del pacto de plena dedicación, no a cualquier cláusula de permanencia. Antes de firmar o abandonar un compromiso, identificar exactamente qué acuerdo figura en el contrato resulta esencial para conocer los derechos, los plazos y las posibles consecuencias económicas.

La conciliación laboral se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los trabajadores en España, especialmente para quienes deben compaginar su jornada con el cuidado de un hijo, una pareja o un familiar que necesita atención constante. En muchos hogares, organizar una cita médica, acompañar a un tratamiento o atender una necesidad imprevista implica ajustar horarios, recurrir a otros familiares o incluso renunciar a parte del tiempo de trabajo. Encontrar un empleo que permita atender estas responsabilidades ya no es únicamente una cuestión de comodidad, sino una necesidad que condiciona las decisiones profesionales y la economía familiar.

Según un estudio de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball, el 36,2% de las personas sitúa la conciliación familiar como el principal criterio a la hora de elegir un empleo. Además, el 63,9% considera que las medidas disponibles son insuficientes, mientras que el 54,3% señala la flexibilidad horaria como la principal herramienta para avanzar. Estas cifras muestran que, para una parte importante de la población, mantener un trabajo y cuidar de los seres queridos sigue siendo un desafío que exige respuestas tanto de las empresas como de las instituciones.

La respuesta legislativa a parte de estas dificultades llega con la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que entró en vigor el pasado 23 de octubre y refuerza los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Entre sus novedades figuran cambios que afectan a los trabajadores que necesitan reducir su jornada para atender a familiares con necesidades especiales de cuidado.

La norma contempla que, en determinados supuestos de gran discapacidad o gran dependencia, la reducción de jornada pueda prolongarse más allá de los límites de edad previstos hasta ahora, siempre que se mantenga la necesidad de atención y se acrediten las condiciones exigidas. El objetivo es evitar que las familias se queden sin herramientas de conciliación cuando los cuidados siguen siendo imprescindibles.

Un abogado explica los derechos laborales de la Ley 4/2026

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes sociales como "Empleado Informado" por sus publicaciones divulgativas sobre los derechos de los trabajadores, ha explicado algunas de estas novedades en uno de sus vídeos más recientes. Según detalla, uno de los cambios más relevantes afecta a quienes tienen hijos con una enfermedad grave y necesitan acogerse a una reducción de jornada para atenderlos. Hasta ahora, este derecho estaba sujeto a determinados límites de edad.

Con la nueva regulación, cuando el familiar se encuentre en una situación de gran discapacidad o gran dependencia que requiera cuidados directos, continuos y permanentes, la reducción podrá mantenerse más allá de esos límites mientras persista la necesidad debidamente acreditada y se mantenga la convivencia con la persona atendida. La medida busca dar respuesta a familias para las que la necesidad de cuidados no desaparece al alcanzar una determinada edad.

Cambio en la reducción de jornada y en las prestaciones económicas

Otra de las novedades afecta a la posibilidad de que ambos progenitores compartan la reducción de jornada en estos supuestos de especial intensidad asistencial. La ley permite distribuirla de manera simultánea y proporcional entre los dos, sin que la suma de las reducciones supere el 100% de la jornada, con independencia de su estado civil.

Además, en relación con los hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave, la reforma introduce cambios en la regulación de la prestación económica vinculada a la reducción de jornada para su cuidado, con el objetivo de evitar que la asistencia parcial al centro educativo suponga por sí sola la pérdida de la protección cuando continúen cumpliéndose los requisitos legales.

Se trata de una cuestión especialmente sensible para las familias que necesitan combinar la escolarización con los tratamientos médicos y la atención diaria. Pero, tal y como ha recalcado el letrado, la aplicación práctica de estas medidas deberá analizarse a medida que se concreten los criterios administrativos y se resuelvan los casos particulares.

Agotar el paro no siempre significa quedarse sin protección económica, algo que no muchos conocen. Para quienes siguen buscando trabajo y no consiguen reincorporarse al mercado laboral, el subsidio asistencial por desempleo puede convertirse en un salvavidas. Esta ayuda está destinada a personas que han agotado la prestación contributiva y cumplen las condiciones exigidas, entre ellas estar en situación de desempleo, permanecer inscritas como demandantes de empleo y acreditar los requisitos económicos o familiares que correspondan. La cuantía y la duración dependen de factores como la edad, las responsabilidades familiares y el tiempo de prestación contributiva consumido.

La diferencia entre el paro y el subsidio es decisiva para entender quién puede quedarse fuera. La prestación contributiva se reconoce principalmente en función de las cotizaciones acumuladas, mientras que el subsidio asistencial está sujeto a condiciones adicionales de acceso. Por eso, cuando termina el derecho generado por los años trabajados, la situación económica del desempleado vuelve a examinarse. No basta con haber perdido el empleo ni con necesitar ayuda para pagar las facturas. Los ingresos computables pueden determinar si existe derecho a continuar recibiendo protección pública, incluso cuando el dinero procede de una compensación abonada por la antigua empresa.

En ese momento puede aparecer una paradoja para quienes negociaron una salida laboral con mejores condiciones. El Servicio Público de Empleo Estatal puede denegar el subsidio si la indemnización por despido supera la cuantía mínima legal y el exceso computable impide cumplir los requisitos económicos. El Tribunal Supremo respaldó este criterio en su sentencia de 9 de diciembre de 2025, al establecer que, en el caso analizado, la parte de la indemnización que excedía del mínimo legal debía contabilizarse como renta. La regla distingue entre el dinero que la ley garantiza al trabajador y la cantidad adicional pactada con la empresa.

Esta es la sentencia del Supremo sobre una indemnización por despido

En el supuesto examinado por la justicia, un trabajador recibió 132.388,46 euros tras un despido colectivo, de los cuales 49.707,06 euros correspondían a la indemnización legal y 82.681,40 euros constituían el exceso. Para un despido ajustado a derecho, la referencia general es de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, aunque el cálculo concreto depende de las circunstancias y de la modalidad de extinción del contrato.

La parte legal queda excluida del cómputo de rentas, pero el importe adicional puede tener consecuencias para el subsidio. Por ende, si la compensación económica se encuentra por encima del límite de rentas que impone la Administración te podrías quedar sin este derecho. La resolución también desmonta una confusión habitual entre Hacienda y el SEPE.

Que una indemnización esté exenta de pagar IRPF no significa que toda ella quede excluida del cálculo de ingresos para acceder al subsidio. Son reglas distintas, con objetivos diferentes. Tampoco evita el problema que la empresa abone la cantidad adicional en varios plazos, en lugar de realizar un único ingreso.

Así es como gestiona el SEPE esta solicitud

El SEPE contempla expresamente en su declaración de rentas la indemnización por extinción del contrato que supera la cuantía legal. Por eso, el impacto dependerá de cuánto se haya cobrado por encima del mínimo, de cuándo se perciban los pagos y de los requisitos aplicables a la ayuda solicitada. Para quien acaba de perder su empleo, la consecuencia práctica es que aceptar una indemnización más generosa no garantiza una transición económica más sencilla.

El dinero adicional puede servir para afrontar meses sin ingresos, pero también afectar al acceso al subsidio asistencial cuando se agote el paro. Antes de solicitarlo, conviene revisar el acuerdo de despido, calcular qué parte corresponde a la indemnización legal y declarar correctamente los ingresos conforme a las instrucciones del SEPE. La denegación no es automática por haber cobrado una suma elevada, pues debe analizarse cada caso y comprobarse si se cumplen los requisitos económicos y demás condiciones.

El mercado hipotecario español continúa mostrando una evolución al alza en el volumen de operaciones y en el importe de los préstamos que suscriben los hogares. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que publica las cifras con un retraso de dos meses, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad alcanzó las 33.841, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Detrás de estas cifras hay miles de familias que afrontan una de las decisiones económicas más importantes de su vida, la compra de una vivienda y el compromiso financiero que supone durante años.

El importe medio de estos préstamos también aumentó un 7,7%, hasta situarse en 181.285 euros, mientras que el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó el 3,08%. En este escenario, elegir entre un préstamo a tipo fijo o variable y conocer las condiciones de una posible cancelación anticipada resulta fundamental para evitar sorpresas. La atención suele centrarse en la cuota mensual, pero existen otras cláusulas que pueden encarecer la salida de una hipoteca cuando el titular encuentra una oferta más ventajosa en otra entidad.

La asesora financiera y experta en hipotecas Montse Cespedosa, que acumula miles de seguidores en redes sociales gracias a sus publicaciones divulgativas sobre economía, ha puesto el foco en una de estas condiciones, la compensación por riesgo de tipo de interés. En uno de sus últimos vídeos explica qué es este concepto, por qué puede afectar a quienes tienen una hipoteca fija y en qué circunstancias una entidad puede reclamar una cantidad al cliente que decide cancelar anticipadamente su préstamo.

¿Qué es la compensación por riesgo de tipo de interés?

Aunque esta comisión existe desde la reforma legislativa de 2007, sus condiciones dependen de la normativa aplicable y de lo pactado en el contrato hipotecario. Según explica Cespedosa, esta compensación busca cubrir la posible pérdida financiera que puede sufrir el banco cuando se cancela una hipoteca a tipo fijo y los tipos de interés del mercado se encuentran por debajo del interés que paga el cliente.

La clave está en que la entidad puede verse obligada a reinvertir el dinero recuperado en un nuevo préstamo o producto con una rentabilidad inferior. Por ejemplo, si una persona contrató una hipoteca fija al 1,2% y, cuando decide cancelarla, el banco puede volver a prestar ese dinero al 3%, no se produciría esa pérdida por la diferencia de tipos. En ese escenario, la entidad podría colocar el capital a un interés superior al que recibía anteriormente.

Esto es lo que pasa cuando los tipos de mercado bajan

La situación cambia cuando los tipos de mercado bajan por debajo del interés pactado en la hipoteca. Cespedosa plantea el ejemplo de un préstamo firmado a un tipo fijo del 3,2% cuando las nuevas operaciones se sitúan en niveles mucho más bajos. Si el cliente decide cancelar la hipoteca para cambiarse a otra entidad que le ofrece mejores condiciones, el banco podría sufrir una pérdida financiera al recuperar el dinero y tener que reinvertirlo a una rentabilidad inferior.

En ese supuesto podría entrar en juego la compensación, siempre que resulte aplicable conforme a la normativa vigente y a las condiciones del contrato. Por eso, antes de cambiar de banco para reducir la cuota mensual, conviene revisar la escritura y solicitar una estimación del coste de cancelación, ya que una mejora en el tipo de interés no siempre implica un ahorro inmediato.

La Seguridad Social ha abonado 10.565.782 pensiones a cerca de 9,6 millones de personas en la nómina de octubre, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras reflejan la dimensión de un sistema que sostiene económicamente a millones de ciudadanos y que resulta especialmente importante para quienes han terminado su trayectoria laboral. Detrás de cada prestación hay años de cotizaciones y decisiones sobre cuándo dejar de trabajar, una elección que depende tanto de la situación personal como de las condiciones fijadas por la legislación.

Las pensiones de jubilación concentran buena parte de estos pagos, con casi 6,8 millones de prestaciones y una cuantía media de 1.577,60 euros mensuales, un 4,5% más que en octubre del año anterior. Sin embargo, las diferencias entre trabajadores siguen siendo notables según su régimen de cotización. Mientras que la pensión media de jubilación del Régimen General alcanza los 1.735,90 euros al mes, la correspondiente al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se sitúa en 1.063,50 euros. A estas diferencias económicas se suma otro factor decisivo para quienes preparan su retiro, el tiempo cotizado que se necesita para cobrar el 100% de la pensión.

El cambio llegará el 1 de enero de 2027, cuando aumentará el periodo de cotización necesario para percibir la totalidad de la base reguladora de la pensión de jubilación. Hasta el 31 de diciembre de 2026, se necesitan 36 años y seis meses cotizados, mientras que a partir de enero serán necesarios 37 años. No se trata de una modificación aprobada de última hora, sino de una medida prevista en la reforma de las pensiones de 2011, cuya aplicación se ha desplegado progresivamente.

Una abogada explica el cambio de edad de jubilación

La abogada Míriam Ruiz Acosta, de Compromiso Legal, conocida en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre derechos laborales, ha explicado esta diferencia en uno de sus contenidos recientes. La especialista advierte de que el periodo necesario para cobrar el 100% de la base reguladora no debe confundirse con el que determina la edad ordinaria de jubilación.

En 2026, quienes acrediten 38 años y tres meses cotizados pueden jubilarse a los 65 años. Quienes no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y diez meses. En 2027, el requisito para retirarse a los 65 años subirá a 38 años y seis meses, mientras que quienes no lo cumplan tendrán que esperar hasta los 67 años. Son dos condiciones diferentes que pueden influir tanto en la fecha de retiro como en el importe de la prestación.

Ruiz Acosta también contextualiza estos cambios dentro de la evolución del sistema público de pensiones. La reforma impulsada en 2011 estableció un calendario gradual para modificar la edad de jubilación y los años de cotización exigidos, con una transición que comenzó en 2013 y culminará en 2027 en varios de sus parámetros.

Los ajustes en el cálculo de la base reguladora: hasta 2040

Por su parte, la reforma de 2023 introdujo nuevos ajustes en el cálculo de la base reguladora, con una aplicación progresiva que se extiende hasta 2040. La abogada señala que estos procesos no suelen alterar de un día para otro todas las condiciones de acceso, sino que incorporan periodos transitorios y disposiciones que pueden permitir a determinados trabajadores acogerse a normas anteriores cuando cumplan los requisitos legales.

Por ello, el mensaje para quienes se acercan a la jubilación es analizar su situación particular antes de tomar una decisión. Cumplir los años necesarios para acceder a la edad ordinaria no garantiza automáticamente cobrar el 100% de la base reguladora, del mismo modo que alcanzar ese porcentaje no determina por sí solo cuándo puede jubilarse una persona sin reducciones. La vida laboral, los periodos cotizados y la normativa aplicable en la fecha de retiro son factores esenciales para calcular la prestación. Ante los cambios de 2027, consultar los datos personales en la Seguridad Social y utilizar su simulador de jubilación permite estimar las opciones disponibles con mayor precisión.

El sistema público de pensiones ha actualizado sus principales cifras en octubre, reflejando el alcance de la protección social en España. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media del sistema se situó en 1.376,14 euros este mes, un 4,6% más que en octubre del año anterior. La nómina mensual alcanzó los 14.540 millones de euros e incluye las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Dentro de este sistema, las pensiones de incapacidad permanente protegen a quienes ven reducida o anulada su capacidad laboral por enfermedades o lesiones. En octubre, el sistema acumulaba cerca de 1,1 millones de estas prestaciones y destinaba a su nómina 1.333,8 millones de euros. La cuantía depende, entre otros factores, del grado reconocido y de la base reguladora. Así, una incapacidad permanente total suele dar derecho al 55% de esta base, mientras que la gran incapacidad incorpora un complemento para quienes necesitan asistencia de otra persona, lo que puede generar diferencias económicas considerables.

Un ejemplo de esta realidad es el caso de un jardinero al que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoció una incapacidad permanente total después de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazara inicialmente su solicitud. La resolución reconoce al trabajador una pensión equivalente al 55% de su base reguladora y evidencia que, para valorar estas prestaciones, no basta con analizar el diagnóstico médico, sino que también debe estudiarse su repercusión sobre las tareas fundamentales de la profesión habitual. La información ha sido dada a conocer por el abogado laboralista, Ignacio de la Calzada, en un vídeo reciente.

Padece estenosis e insuficiencia aórtica y el INSS rechaza la incapacidad

El trabajador padecía estenosis e insuficiencia aórtica, dos alteraciones cardíacas que limitaban su capacidad para realizar esfuerzos físicos y mantener una actividad prolongada. La jardinería exige desplazamientos por terrenos irregulares, permanecer de pie durante periodos prolongados, manejar herramientas y maquinaria, transportar residuos vegetales y levantar cargas. Según se conoce, estas limitaciones le impedían desarrollar sus funciones con regularidad y seguridad.

El jardinero recurrió a profesionales para analizar su situación médica y profesional, aunque no han trascendido su edad, sus años cotizados ni las empresas para las que había trabajado. La reclamación no prosperó inicialmente. Según la información complementaria sobre el caso, que explica el letrado, el INSS denegó la prestación al considerar que no procedía reconocer la incapacidad permanente total.

Recurre ante el TSJ y este le da la razón: incapacidad permanente total

Posteriormente, la demanda también fue desestimada en primera instancia, por lo que la representación legal del trabajador recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Finalmente, el TSJ estimó el recurso y reconoció al jardinero una incapacidad permanente total para su profesión habitual, con derecho a percibir el 55% de su base reguladora.

El profesional del derecho laboral agrega que el tribunal consideró determinante la incompatibilidad entre las limitaciones derivadas de sus patologías cardíacas y las exigencias físicas de la jardinería. La resolución no implica que el trabajador esté incapacitado para cualquier empleo, sino que no puede desempeñar las tareas fundamentales de su ocupación habitual.

El sistema de protección social español cuenta con distintas prestaciones destinadas a respaldar económicamente a los hogares que atraviesan dificultades y reducir el riesgo de exclusión. Entre las más representativas destaca el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renta dirigida a garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas y familias que cumplen los requisitos establecidos.

Los últimos datos publicados por la Seguridad Social sitúan en 905.792 los hogares beneficiarios de esta prestación en septiembre, una cifra que refleja el alcance de una medida concebida para ofrecer estabilidad económica a quienes disponen de menos recursos. Uno de los aspectos más relevantes del IMV es su incidencia en la infancia.

La prestación llegaba a 1.114.184 niños, niñas y adolescentes, que representaban el 40,3% del total de beneficiarios. Además, más de dos tercios de los hogares perceptores tenían menores a cargo, concretamente 617.292 familias, equivalentes al 68,1% del total. Desde su puesta en marcha en 2020, cerca de 1,7 millones de menores han estado cubiertos por esta renta, lo que pone de relieve el alcance de la prestación entre las familias con hijos y su papel en la protección de los hogares en situación de vulnerabilidad.

Junto al Ingreso Mínimo Vital, el sistema de protección social español contempla otras ayudas económicas destinadas a los ciudadanos que tienen menores a su cargo. Sin embargo, estas prestaciones siguen siendo menos conocidas entre la población, por lo que una parte de las familias potencialmente beneficiarias puede desconocer su existencia.

Un asesor revela la ayuda de casi 1.400 euros independiente al IMV

José Ramón López Martínez, asesor financiero conocido en redes sociales como "Tu Blog Fiscal" por su contenido divulgativo sobre ayudas e impuestos, expone el refuerzo económico que puedes solicitar si tienes un menor a cargo. "Esta es la ayuda por hijo de hasta 1.380 euros al año. Si tienes algún menor de edad a tu cargo, da igual que tenga tres, cinco, diez, doce o quince años, mientras que no llegue a tener más de 18, se podría llegar a solicitar", comienza explicando el profesional. De esta manera, se incluyen dentro de los requisitos tanto a niños pequeños como a adolescentes, aunque, evidentemente, también se exigen otra clase de requerimientos.

Además, una de las características más importantes a destacar es la independencia de esta ayuda con respecto al IMV. "Hay muchísima gente que no sabe que existe este tipo de ayuda, porque se asocia con el Ingreso Mínimo Vital, cuando realmente se puede pedir independientemente del Ingreso Mínimo Vital", afirma. En este sentido, el experto comienza a enumerar las cantidades en función de los hijos que tenga el núcleo familiar. "Fijaos las cuantías. Si tienes un hijo de cero a tres años, es de 115 euros al mes; de tres a seis años, de 80,50 euros al mes; y de seis años en adelante, hasta los 18, de 57,50 euros al mes", indica.

En este sentido, también aporta los requisitos económicos fundamentales y los límites de renta para cada una de las situaciones, teniendo en cuenta el estado civil del perceptor. "Os dejo por aquí los límites de ingresos mensuales que no podéis superar, en función de vuestra situación personal y familiar. Si sois un adulto y un menor, no superar los 2.800 y pico euros. Si sois dos adultos y un menor, entre todos no superar los 3.521 euros mensuales", agrega.

Estos son los requisitos de vivienda que debes cumplir

López Martínez, en última instancia, incide en una circunstancia muy a la orden del día como es la propiedad de la vivienda. En este caso, y ante la confusión sobre cómo afecta a esta ayuda, el profesional asegura lo siguiente. "Por norma general, si solo tienes una propiedad, que es tu vivienda habitual, lo vas a poder seguir solicitando. Si tienes más propiedades, que son ya segundas residencias y demás, probablemente ya no lo puedas pedir", concluye. Por ende, antes de realizar cualquier solicitud es necesario tener en cuenta todos los factores ya mencionados.

El PSOE ha puesto en marcha una nueva campaña de microcréditos para financiar sus gastos electorales, con una remuneración del 3,75% de interés anual para quienes decidan prestar dinero al partido. La iniciativa permite a los particulares aportar cantidades de entre 200 y 10.000 euros, con un plazo máximo de devolución de doce meses. El compromiso de la formación es devolver el capital prestado junto con los intereses generados una vez que reciba la subvención electoral correspondiente, según las condiciones anunciadas para esta convocatoria.

Los microcréditos son préstamos de particulares a una formación política para adelantar los recursos necesarios para una campaña. A diferencia de las donaciones, el dinero no se entrega de forma definitiva, sino que debe devolverse conforme a las condiciones pactadas. El PSOE ya recurrió a esta fórmula en las elecciones generales de julio de 2023, cuando recaudó 5.922.600 euros mediante este mecanismo. La cantidad representó cerca del 30% de los aproximadamente 17,6 millones de euros que el partido destinó a aquella campaña, lo que convirtió los microcréditos en una fuente relevante de financiación electoral.

El procedimiento para participar se articula en cuatro pasos a través de la página oficial microcreditos.psoe.es. En primer lugar, el interesado debe completar el formulario con sus datos personales, elegir la cantidad que desea prestar y aceptar las condiciones. Después, recibirá por correo electrónico un código identificador único que le permitirá acceder a la página de información y seguimiento.

En ese espacio encontrará las instrucciones para transferir el dinero y deberá aportar tanto el certificado de titularidad de la cuenta bancaria indicada en el registro como el justificante de la transferencia. Por último, una vez recibidos los fondos y verificada la documentación, podrá descargar el contrato del microcrédito. El PSOE señala que devolverá el capital y los intereses cuando cobre la subvención electoral, aplicando el tipo anual anunciado del 3,75%.

Así es como funciona el interés que ofrece el PSOE

La rentabilidad final depende de la cantidad prestada y del tiempo que transcurra hasta la devolución. Con un interés anual del 3,75%, un préstamo de 200 euros generaría 7,50 euros brutos si se mantiene durante doce meses, mientras que uno de 1.000 euros produciría 37,50 euros.

Para cantidades superiores, el rendimiento ascendería a 187,50 euros por 5.000 euros prestados y a 375 euros por el máximo de 10.000 euros, siempre que el dinero permaneciera prestado durante un año completo. Si la devolución se produce antes, los intereses serían menores, al calcularse en función del tiempo efectivo del préstamo. Estas cantidades son brutas y están sujetas al tratamiento fiscal que corresponda, incluida la retención aplicable a los intereses.

Las alternativas de inversión que puedes consultar en los bancos

Para quienes contemplan la operación desde una perspectiva estrictamente financiera, al margen de su afinidad ideológica, la comparación con los depósitos bancarios permite poner en contexto el tipo ofrecido. En octubre de 2026, el mercado español y las plataformas de ahorro europeas presentaban depósitos con rentabilidades anunciadas de hasta el 3,75% TAE. No obstante, cabe destacar que no conviene presentarlos como productos equivalentes, pues difieren en el tipo de operación, el riesgo de contraparte y las condiciones de devolución.

Entre las ofertas recogidas por Rankia en octubre de 2026 figuraban HoistSpar, con un 3,51 % TAE a doce meses, y BluOr Bank, con un 3,20 % TAE para el mismo plazo. Deutsche Bank anunciaba hasta un 3,50 % TAE a un año, aunque para alcanzar ese máximo era necesario cumplir varias condiciones de vinculación. A plazos más largos, Renault Bank ofrecía un 3,34 % TAE a tres años, mientras que el depósito CKV de BankB alcanzaba el 3,75 % TAE a siete años, sin posibilidad de cancelación anticipada según la comparativa. Aunque estas cifras permiten contextualizar la rentabilidad de los microcréditos del PSOE, los plazos, la liquidez y los requisitos son distintos, por lo que conviene analizar cada producto por separado.

La diferencia entre el microcrédito del PSOE y la inversión bancaria

La rentabilidad nominal, por sí sola, no determina qué opción resulta más adecuada. El microcrédito del PSOE tiene un plazo máximo de devolución de doce meses, pero el reembolso depende del cumplimiento del compromiso contractual del partido y de las condiciones establecidas para la campaña. Un depósito bancario, por su parte, está sujeto a las condiciones de cada entidad y puede contar con la protección del fondo de garantía correspondiente, normalmente hasta 100.000 euros por titular y entidad, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Algunos depósitos impiden la cancelación anticipada, mientras que otros permiten recuperar el dinero con pérdida de intereses o bajo determinadas penalizaciones. Antes de decidir, conviene comparar el plazo real, la liquidez, la fiscalidad, las garantías y las condiciones de devolución, además del porcentaje anunciado. El producto que más paga no es necesariamente el más conveniente para todos los ahorradores.

Una recaída médica puede convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para quienes llevan meses intentando recuperarse de una enfermedad o lesión que les impide trabajar. Volver a sufrir los mismos síntomas no solo afecta a la salud y a la estabilidad económica del trabajador, sino que también puede abrir un nuevo frente administrativo con la Seguridad Social. La situación se complica cuando la persona ha agotado el periodo máximo de baja y ha recibido una resolución desfavorable sobre su incapacidad permanente.

La normativa española establece que una recaída se considera parte del mismo proceso de incapacidad temporal cuando se produce una nueva baja por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes al alta médica anterior, aunque existen reglas específicas según las circunstancias. La Ley General de la Seguridad Social regula estas situaciones en sus artículos 169, 170 y 174. Cuando se agotan los 545 días de incapacidad temporal, obtener otra baja por la misma enfermedad queda sujeto a condiciones específicas y a la valoración del organismo competente.

En este contexto, la abogada Míriam Ruiz Acosta, de Compromiso Legal y conocida en redes sociales por divulgar los derechos laborales, ha advertido en uno de sus últimos vídeos de que recurrir una denegación de baja médica por recaída exige analizar previamente la estrategia jurídica. La letrada explica que la Seguridad Social mantuvo un criterio restrictivo para determinados trabajadores que, tras agotar los 18 meses de incapacidad temporal y recibir una denegación de incapacidad permanente, solicitaban otra baja por la misma o similar patología antes de que transcurrieran seis meses. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó que ese plazo justificara por sí solo la denegación.

Una abogada explica el criterio del Supremo sobre las recaídas

La clave está en que el Tribunal Supremo no estableció una prohibición general de conceder una nueva baja antes de que transcurrieran esos seis meses. La Ley General de la Seguridad Social contempla la posibilidad de iniciar otro proceso de incapacidad temporal por la misma o similar patología cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social considera que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral. En determinados supuestos, esta decisión corresponde exclusivamente al INSS, que debe valorar las circunstancias médicas y laborales del afectado.

Sin embargo, Ruiz Acosta advierte de una posible dificultad para quienes pretenden impugnar la denegación de una incapacidad permanente y solicitar una nueva baja por recaída. Según explica, ambas pretensiones podrían plantear un problema de coherencia si, para conseguir la nueva incapacidad temporal, se defiende que existen expectativas de mejoría, mientras que en el procedimiento de incapacidad permanente se sostiene que las limitaciones son duraderas y no permiten volver a trabajar. Esa aparente contradicción podría ser utilizada por la Seguridad Social en un juicio, aunque no determina automáticamente que se pierda el recurso.

¿Conviene solicitar la incapacidad permanente? El fallo que cometen muchos

Por ello, la abogada recomienda estudiar cada caso antes de tomar una decisión. Solicitar una nueva baja médica o recurrir una resolución que deniega la incapacidad permanente son actuaciones que deben valorarse teniendo en cuenta la situación clínica, la documentación médica y los objetivos del procedimiento.

Contar con asesoramiento jurídico especializado puede ayudar a preparar una estrategia coherente y evitar argumentos incompatibles. En definitiva, sufrir una recaída no implica perder el derecho a solicitar protección, pero conocer las condiciones legales y las posibles consecuencias de cada paso resulta esencial para defender los derechos laborales.

Las cuotas comunitarias son una de las obligaciones económicas fundamentales para quienes viven en un edificio con elementos compartidos. Gracias a estas aportaciones, las comunidades de propietarios pueden hacer frente a los gastos de limpieza, mantenimiento de ascensores, reparaciones, seguros y conservación de las zonas comunes. Cuando algunos vecinos dejan de pagar, el presupuesto comunitario se resiente y el resto de propietarios puede verse afectado por la falta de recursos para atender los gastos ordinarios y extraordinarios del inmueble.

La Ley de Propiedad Horizontal establece las reglas que determinan cómo se distribuyen estas obligaciones entre los propietarios. En concreto, su artículo 3 señala que a cada piso o local se le atribuirá una cuota de participación en relación con el valor total del inmueble, expresada en centésimas. Esta cuota sirve como módulo para determinar la participación de cada propietario en las cargas y los beneficios derivados de la comunidad. Por tanto, la contribución económica no depende necesariamente de que todos los vecinos utilicen por igual las instalaciones, sino de los criterios establecidos legalmente y en el título constitutivo, sin perjuicio de las particularidades que puedan resultar aplicables.

Sin embargo, existe una circunstancia que puede sorprender a quienes compran una vivienda de segunda mano. ¿Qué ocurre si, después de firmar la compraventa, la comunidad reclama al nuevo propietario varios miles de euros que dejó pendientes el anterior dueño? La abogada Miriam Acerete, especializada en cumplimiento normativo en inteligencia artificial, herencias y sucesiones, derecho inmobiliario, contratos, reclamaciones y medidas de apoyo, aborda esta cuestión en uno de sus últimos vídeos. Según explica, la LPH contempla una afección real del inmueble que permite reclamar determinadas deudas comunitarias vinculadas a la vivienda, aunque se hayan generado antes de su adquisición.

El artículo 9.1 de la LPH expone la obligación del comprador

En su explicación, Acerete advierte de que el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el comprador responde con la propia vivienda de las cantidades adeudadas por los anteriores titulares para cubrir los gastos generales de la comunidad. Esta responsabilidad alcanza la parte vencida de la anualidad en la que se produce la adquisición y los tres años naturales anteriores.

Así, si una persona compra un piso y descubre después una deuda comunitaria de 3.000 euros, la comunidad puede reclamar las cantidades que estén comprendidas dentro de ese límite legal, aunque se generaran antes de la compraventa. No obstante, esta afección recae sobre el inmueble y no convierte automáticamente al comprador en responsable personal de todas las deudas del vendedor.

La única excepción que libra al propietario de pagar

Para evitar sorpresas, la abogada insiste en la importancia de solicitar un certificado del estado de las deudas con la comunidad antes de formalizar la operación. La Ley de Propiedad Horizontal obliga al vendedor a declarar si está al corriente de pago y a aportar esta certificación, salvo que el comprador lo exonere expresamente de dicha obligación. Si aparecen cuotas pendientes después de la firma, el nuevo propietario puede estudiar una reclamación civil contra el anterior titular para recuperar las cantidades que le correspondía abonar, aunque el resultado dependerá de las circunstancias y de las pruebas disponibles.

Las recomendaciones de la abogada para evitar problemas

Acerete también recomienda revisar los últimos recibos del impuesto sobre bienes inmuebles, cuya deuda tiene un régimen distinto, y comunicar el cambio de titularidad a la comunidad. La falta de comunicación por parte del vendedor puede mantener su responsabilidad solidaria respecto de determinadas deudas posteriores a la transmisión. Por ello, comprobar la documentación antes de comprar, conocer el alcance de las obligaciones comunitarias y dejar constancia de los trámites realizados son medidas fundamentales para evitar costes inesperados al adquirir una vivienda de segunda mano.

El acceso a una vivienda es, en la actualidad, el gran quebradero de cabeza de los españoles, especialmente para los jóvenes que intentan independizarse y para las familias que destinan buena parte de sus ingresos a pagar un techo. La escalada de los alquileres, la dificultad para ahorrar y la falta de alternativas asequibles han transformado la emancipación en una meta cada vez más complicada. Para muchos ciudadanos, alquilar ya no es una elección temporal ni un paso previo a comprar una casa, sino la única opción razonable para vivir, aunque el coste mensual amenace con dejarles sin margen para afrontar otros gastos básicos.

El malestar ha terminado trasladándose a las calles. Las recientes movilizaciones por una vivienda digna, la acampada en la Puerta del Sol de Madrid y las protestas celebradas en distintas ciudades españolas han puesto el foco en una crisis que afecta tanto a quienes buscan su primer piso como a quienes temen no poder conservar el que ya tienen. La situación se ha agravado tras el rechazo parlamentario de dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la protección de los inquilinos, un revés que ha intensificado las reclamaciones sociales en plena tensión política y ante la convocatoria electoral prevista para noviembre.

En medio de este escenario, las ayudas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2026 a 2030 buscan aliviar parte de la carga económica que soportan los arrendatarios. El asesor financiero José Ramón López Martínez, conocido en redes sociales como "Tu Blog Fiscal" por sus contenidos divulgativos sobre impuestos y ventajas fiscales, ha explicado en uno de sus últimos vídeos cómo funcionan estas ayudas y qué cantidades pueden alcanzar.

Las ayudas previstas incluyen hasta 300 euros mensuales para jóvenes que alquilen una vivienda habitual y hasta 200 euros si arriendan una habitación, mientras que otras líneas generales contemplan importes de hasta 250 euros por vivienda y 150 euros por habitación. La concesión, no obstante, depende de los requisitos aplicables y de las convocatorias de cada comunidad autónoma.

Un experto fiscal esclarece las ayudas al alquiler

López Martínez pone el acento en una cuestión que puede pasar inadvertida para quienes asocian estos beneficios exclusivamente con la juventud. Aunque el plan incluye una línea específica para facilitar la emancipación de las personas jóvenes, también contempla ayudas generales dirigidas a hogares con ingresos limitados. En su explicación, el asesor destaca que cumplir más de 35 años no implica quedar automáticamente excluido de cualquier apoyo al alquiler.

La diferencia está en la modalidad de la ayuda, la situación personal y económica del solicitante y las condiciones que establezca la administración competente. Por eso, antes de dar por hecho que no se tiene derecho a una ayuda, conviene revisar las opciones disponibles en el lugar de residencia.

Estas son las cuantías que puedes percibir en cada caso

Otro de los aspectos fundamentales es la cuantía que puede recibir cada beneficiario. Según el esquema divulgado por el experto, las personas menores de 35 años podrían optar a un máximo de 300 euros mensuales por una vivienda o de 200 euros por una habitación, mientras que para otros solicitantes las cantidades generales pueden alcanzar los 250 y los 150 euros, respectivamente. Sin embargo, estos importes no constituyen un pago automático para cualquier inquilino.

Revisa las condiciones de tu CCAA antes de presentar la solicitud

El plan estatal establece condiciones y límites, y las comunidades autónomas deben concretar la gestión de las ayudas mediante sus correspondientes convocatorias. Los requisitos económicos también pueden variar según el programa, por lo que resulta imprescindible comprobar los topes de ingresos, el precio del alquiler admitido y la documentación exigida antes de iniciar la solicitud. Para facilitar este proceso, López Martínez recomienda consultar las bases oficiales de la comunidad autónoma correspondiente y comprobar si se cumplen las condiciones antes de presentar la documentación.

Dentro del sistema de protección social en España para combatir la pobreza y garantizar unos ingresos básicos a los hogares más vulnerables, el Ingreso Mínimo Vital se ha consolidado como una de las principales herramientas. Según los últimos datos del INSS, correspondientes a septiembre, la prestación llega a 905.792 hogares y beneficia a 2.761.686 personas. Detrás de estas cifras hay miles de familias que encuentran en esta ayuda un respaldo esencial para afrontar gastos cotidianos como la alimentación, la vivienda y la crianza de sus hijos.

El alcance económico del programa refleja también su dimensión dentro de las políticas sociales. La nómina mensual del Ingreso Mínimo Vital se ha situado en torno a los 479,3 millones de euros, con una prestación media de 501,5 euros mensuales por hogar. Desde su puesta en marcha hace más de seis años, el sistema ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y ha protegido a casi 3,9 millones de personas. Unas cifras que evidencian la importancia de esta red de apoyo y que, al mismo tiempo, ponen sobre la mesa la necesidad de garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes cumplen los requisitos establecidos.

Es precisamente en este contexto donde surge la polémica del denominado "doble padrón", una práctica que, según denuncia el analista económico Manuel Llamas, permitiría a algunas familias aumentar los ingresos que reciben mediante las ayudas públicas. El mecanismo consistiría en que una pareja con hijos que convive realmente en una misma vivienda figure empadronada en domicilios diferentes y solicite prestaciones como si constituyera dos unidades de convivencia independientes.

Sin embargo, conviene distinguir entre el supuesto descrito por el analista y las situaciones acreditadas, ya que el empadronamiento separado no garantiza por sí solo el derecho a cobrar dos prestaciones y la Administración debe valorar las circunstancias reales de cada hogar. Llamas, analista económico de Libre Mercado y conocido en las redes sociales por sus comentarios sobre economía, fiscalidad y gasto público, ha expuesto este supuesto en uno de sus últimos vídeos publicados en X.

Un analista explica el truco del "doble padrón"

Bajo la premisa de que "hecha la ley, hecha la trampa", cuestiona que las cuantías teóricas de las ayudas reflejen siempre lo que determinadas familias podrían llegar a percibir. En su análisis, sostiene que algunas personas buscarían fórmulas para maximizar los ingresos procedentes de las prestaciones y plantea dudas sobre la capacidad de los controles administrativos para detectar posibles discrepancias entre la situación declarada y la convivencia efectiva. Sus afirmaciones, no obstante, deben entenderse como una denuncia del analista sobre casos muy concretos que, a su vez, en diversas situaciones son regulados por la Administración a posteriori.

Dos beneficiarios que viven en el mismo hogar con padrones distintos

Para ilustrar su argumento, Llamas plantea el ejemplo de una pareja con cuatro menores a cargo. Según su explicación, la madre podría figurar empadronada con tres de los niños en una vivienda y percibir alrededor de 1.600 euros mensuales, mientras que el padre aparecería registrado en otro domicilio con el cuarto menor y recibiría unos 1.100 euros.

La suma ascendería a 2.700 euros al mes. El supuesto parte de que ambos progenitores vivirían realmente bajo el mismo techo, pese a figurar en direcciones diferentes. Cabe destacar que se trata de un ejemplo expuesto por el analista, no de una cuantía que cualquier familia pueda obtener automáticamente ni de una irregularidad acreditada en un caso concreto.

La importancia de cumplir todos los requisitos

La denuncia abre un debate que va más allá de una cifra llamativa. Por un lado, resulta esencial proteger una prestación destinada a hogares que realmente necesitan apoyo económico; por otro, cualquier sospecha de fraude debe investigarse con pruebas y sin convertir casos hipotéticos en una descripción general de sus beneficiarios. El empadronamiento por separado no demuestra por sí solo una irregularidad, y la convivencia efectiva, la composición de la unidad familiar y el resto de los requisitos deben analizarse conforme a la normativa aplicable. La cuestión de fondo es cómo reforzar la verificación de las ayudas públicas sin perjudicar a quienes dependen de ellas para cubrir sus necesidades básicas.

El subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en una red de seguridad para miles de personas que afrontan la última etapa de su vida laboral sin conseguir regresar al mercado de trabajo. Para muchos profesionales con décadas de experiencia, cumplir años puede convertirse en un obstáculo inesperado a la hora de encontrar empleo, especialmente cuando las empresas buscan perfiles más jóvenes, competencias digitales específicas o una disponibilidad que no siempre encaja con sus circunstancias. En este contexto, la ayuda del SEPE no solo proporciona unos ingresos mensuales, sino que también permite seguir cotizando para la jubilación mientras se cumplen los requisitos establecidos.

Las cifras reflejan la dimensión de este problema. Hasta finales de agosto, el SEPE abonaba prestaciones por desempleo a 1.896.142 personas, de las cuales 437.261 tenían 60 años o más. Esto representa el 23,1% del total, es decir, casi una de cada cuatro personas beneficiarias. Dentro de este colectivo, 259.150 personas de 60 años o más percibían el subsidio para mayores de 52 años. Para quienes se encuentran a las puertas de la jubilación, conservar esta ayuda puede resultar determinante, especialmente cuando los periodos prolongados sin empleo dificultan completar los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva.

La abogada Míriam Ruiz Acosta, de Compromiso Legal, conocida en redes sociales por sus publicaciones divulgativas sobre los derechos laborales, ha alertado sobre una situación que podría comprometer la futura pensión de quienes perciben esta ayuda. En uno de sus últimos vídeos, basado en un supuesto caso, explica por qué trabajar unos pocos días al año mientras se cobra el subsidio para mayores de 52 años puede complicar el acceso a la jubilación. El problema está relacionado con la denominada "doctrina del paréntesis", un criterio judicial que permite excluir determinados periodos sin cotización del cálculo del requisito de carencia específica exigido para acceder a una pensión contributiva.

El requisito de carencia específica: el principal problema para la jubilación

Para entender la controversia, hay que tener en cuenta que, con carácter general, la jubilación contributiva exige acreditar al menos quince años cotizados, dos de ellos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. La doctrina del paréntesis permite, en determinadas circunstancias, desplazar ese periodo de referencia cuando una persona ha permanecido alejada del mercado laboral por causas ajenas a su voluntad y ha mantenido una inscripción ininterrumpida como demandante de empleo.

Un supesto real que aplica la "doctrina del paréntesis"

Ruiz Acosta explica el caso de una persona que perdió su trabajo en 2023 y no podría jubilarse hasta 2038. Si cumpliera las condiciones para aplicar esta doctrina, el periodo de referencia podría situarse antes de su salida del mercado laboral. La situación cambia cuando esa persona empieza a trabajar de forma esporádica mientras cobra el subsidio. La abogada plantea el caso de alguien que trabaja unos diez días al año entre 2023 y 2038 y cuyo último empleo finaliza el 30 de abril de 2038.

En ese supuesto, la Seguridad Social podría tomar como referencia el último cese laboral y revisar los 15 años anteriores. La persona acumularía aproximadamente 160 días cotizados por esos trabajos, una cifra insuficiente para alcanzar los dos años requeridos si no existen otras cotizaciones computables. Así, trabajar de forma esporádica podría dificultar la aplicación de la doctrina del paréntesis, aunque dependerá de las circunstancias concretas. La advertencia de Ruiz Acosta pone sobre la mesa una paradoja para quienes intentan reincorporarse al mercado laboral al final de su carrera profesional.

¿Es recomendable trabajar si cobras el subsidio y cumples el requisito?

Una persona desempleada que cumpla los requisitos para aplicar la doctrina del paréntesis podría encontrarse en una situación más favorable que otra que acepta pequeños trabajos para mejorar sus ingresos. La letrada considera que este criterio puede perjudicar a quienes desean trabajar, pero únicamente encuentran contratos de corta duración debido a su edad. Según explica, su despacho tiene un caso de estas características recurrido y espera conocer la resolución definitiva. Mientras tanto, recomienda revisar las cotizaciones y solicitar asesoramiento antes de tomar decisiones que puedan afectar a la jubilación.