La red de alta velocidad de España, la más extensa de Europa y la segunda del mundo después de China, ha sido durante muchos años un símbolo de la modernización del país y un motivo indiscutible de orgullo nacional. Pero el fatal accidente de Urda, el segundo en nueve meses, ha reabierto de manera descarnada el debate sobre el estado de la red. La tragedia, que se acerca a las proporciones del peor accidente de España (el de 2013 en Galicia, con 80 muertos), ha puesto en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña.

Muchos españoles se preguntan cómo han podido pasar de ser la envidia del mundo a sufrir los mayores desastres ferroviarios de la historia reciente de Europa. Y, sobre todo, cómo se ha producido este deterioro en tan poco tiempo. Conviene recordar que Sánchez ha gobernado estos últimos tres años sin presupuestos nuevos. Es razonable, por tanto, que los españoles se pregunten si se ha invertido lo suficiente en la red ferroviaria, especialmente desde la entrada de los nuevos operadores.

En el centro de las críticas está el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los hombres más fieles al presidente. En estos tres años, no ha sabido poner orden en un departamento abrasado por la salida de José Luis Ábalos, hoy condenado a 24 años de cárcel por corrupción. Quizás el ministro ha estado más pendiente de elogiar a Sánchez como el «puto amo», o de bromear sobre «la Renfe» en la televisión.

En todo caso, hasta al más despistado le llaman la atención los paralelismos entre los accidentes de Adamuz y Urda: en los dos intervinieron los mismos operadores, la estatal Renfe y la italiana Iryo, y los dos ocurrieron en la línea que une Madrid con Andalucía, la más antigua de la alta velocidad española. El accidente de enero desató una ola de críticas sobre la inversión en mantenimiento, en un país donde los trayectos en tren representan el 57% del transporte total de viajeros. Prueba de que el debate seguía abierto fue la huelga de maquinistas de ayer, convocada antes de que ocurriese el segundo accidente, bajo el lema de la seguridad.

España invierte unos 1.500 millones de euros anuales en su red de alta velocidad, y más del 90% del sistema ferroviario está equipado con los sistemas de control de seguridad más punteros de la UE. El Gobierno, además, asegura haber aumentado el gasto en mantenimiento un 54% desde 2018. Pero hay que tener en cuenta que los viajes en tren han aumentado un 40% entre 2019 y 2024, coincidiendo con la liberalización del sector. Y que los sistemas de control fallan.

Los datos de la Comisión Europea sugieren que la inversión de España en el mantenimiento de sus 4.000 km de alta velocidad se ha quedado rezagada respecto a Alemania o Suiza. Los expertos advierten también de que buena parte de la financiación parece haberse destinado a las nuevas infraestructuras, y solo un 16% se habría reservado a mantenimiento.

La línea Madrid-Sevilla es, además, la más antigua de España y, por lo tanto, la que necesitaría más mejoras. No ha sido el caso. El AVE, que en 1992 fue un icono de innovación, hoy es, para muchos, el símbolo del fracaso del sanchismo.

En la calle Génova, una columna de tractores acapara la calzada con numerosos agricultores llegados de distintas comarcas de Madrid. Entre ellos Álvaro Gavilanes. Tiene 45 años y lleva 27 dedicado a la agricultura. Trabaja junto a sus dos hermanos en una explotación de secano en Brunete, donde se dedican al cultivo del trigo, la cebada y la avena. Durante los últimos años han sobrevivido a sequías, malas cosechas y años en los que apenas había beneficios, pero asegura que nunca había visto una situación como la actual. «Yo llevo en esto 27 años y es la peor situación con diferencia», lamenta mientras comparte con sus compañeros una tortilla de patata. No hay más que levantar la vista para ver la concentración de personas en la Plaza de Colón poco antes de darse media vuelta a sus respectivos municipios al desconvocarse la protesta prevista por el accidente ferroviario. Álvaro Gavilanes volvió a subirse a un tractor para recorrer las carreteras madrileñas y participar en una nueva protesta del campo. Era la tercera vez que acudía a una manifestación en Madrid. Y no ocultaba su desesperación: «Tengo 45 años y llevo luchando por esto muchos años y veo que se va a ir al traste». Desde Brunete, además, habían salido nueve tractores que se incorporaron a la columna.

Los agricultores no ocultaban las dificultades para vivir de un sector con un encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes y las semillas, unido a los bajos precios por sus cosechas y a unos márgenes cada vez menores. «Nos han subido tantísimo los insumos que estamos ahora mismo ya trabajando a pérdidas», explica Gavilanes. El agricultor madrileño echa cuentas de la deriva de la situación: el gasóleo agrícola costaba unos 65 céntimos por litro en 2020 y subió a 85 céntimos en 2021. Pero el encarecimiento no afecta únicamente al combustible. «Muchos son derivados del petróleo, como puede ser los nitrogenados o fertilizantes», señala. En concreto, asegura que el nitrato que utilizaban en sus explotaciones ha pasado de 250 euros por tonelada en 2020 a unos 650 euros en la actualidad.

«Si de por sí ya es un negocio de un margen mínimo, hay que mover muchas hectáreas para poder subsistir». Y en este momento «se ha cerrado tanto el margen que ya es imposible sobrevivir».

A las dificultades económicas se suman los efectos de las malas campañas. Gavilanes recuerda la sequía de 2023 y 2024, dos años especialmente complicados para los agricultores de secano. Las mejores cosechas posteriores tampoco han servido para recuperar las pérdidas acumuladas. «Llevábamos dos años muy malos, entonces las poquitas ganancias se las comió». Por eso teme que el nuevo incremento de los costes termine por hacer inviables muchas explotaciones familiares.

En el otro extremo, en la calle Goya, también cundía el desconcierto entre los agricultores que habían acudido al centro de Madrid a protestar contra el Gobierno y se vieron sorprendidos por la dramática noticia del accidente ferroviario.

Era el caso de José Ignacio Revuelta Benito, agricultor de Ciempozuelos, que llegó a Madrid con la columna procedente de la zona de Arganda y Las Vegas. Trabaja unas 100 hectáreas de regadío y otras 200 de secano, y en los últimos años se ha dedicado principalmente al cereal. «No da para vivir de la agricultura. Vamos muy, muy ajustados», lamenta. Su principal queja es que los agricultores no tienen capacidad para fijar los precios de lo que producen, mientras deben asumir los que les imponen sus proveedores. «Si a mí me ponen el precio en todo y yo a lo mío también me lo ponen, pues voy mal», explica. Y pone como ejemplo el maíz. Mientras el combustible y la electricidad se encarecen, asegura que está vendiendo su cosecha más barata que hace dos años. «Pues no me sale la cuenta. Ni a mí ni a nadie».

Revuelta también critica las condiciones de competencia con las producciones procedentes de terceros países y expresa su rechazo al acuerdo con Mercosur y a determinadas exigencias medioambientales. Pero junto al enfado aparece el cansancio de quienes llevan años manifestándose sin apreciar cambios suficientes. «Mucha gente no viene porque ya estamos también aburridos, pues esto no vale para nada», lamenta.

Ivana Martínez, técnica de la organización agraria COAG en Madrid, lleva 30 años trabajando con los agricultores. Conoce de cerca las dificultades de las explotaciones madrileñas y advierte de que el encarecimiento de los costes está llevando a algunos productores a replantearse su actividad. «Llenar el depósito de un tractor, que son 300 litros, hace un año costaba unos 210 euros y ahora cuesta 486», explica. A esa factura hay que sumar el precio de las semillas, los fertilizantes y los productos fitosanitarios. «Hay muchos agricultores que se están pensando si les sale rentable salir a sembrar y a cultivar las tierras», advierte.

Martínez insiste en que las ayudas puntuales no son suficientes para garantizar el futuro del sector. «Lo que necesitamos son reformas estructurales». Entre ellas cita un gasóleo agrícola profesional, cambios en la tributación y reducciones fiscales que tengan en cuenta los costes reales de las explotaciones. También alerta de las consecuencias que podría tener el abandono de los cultivos. "Si el sector primario no cultiva, España dependerá cada vez más de los productos que lleguen de otros países sin exigencias de calidad".

Un hombre vestido con una rica túnica de colores dorados y rojos levanta la mirada al cielo con expresión de asombro y devoción. Sobre él, envuelta en una luz celestial, aparece la Virgen con el Niño en brazos. Los colores intensos y el contraste de luces dan fuerza a una escena cargada de espiritualidad. Es «La aparición de la Virgen a San Lorenzo», una de las obras más destacadas de la primera etapa española de El Greco, realizada hacia 1577-1580, durante sus primeros años en España. Y puede disfrutarse ya en Madrid después de que la Fundación Casa de Alba haya traído al Palacio de Liria una de las mejores obras del pintor, que refleja toda la influencia del Renacimiento italiano y la pintura veneciana.

La obra ha recorrido 500 kilómetros desde el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo) para ocupar un lugar central en el Salón Español del palacio (calle Princesa, 20), donde podrá contemplarse durante tres meses, hasta el 31 de enero de 2027. «Estamos encantados y muy emocionados de poder exponer temporalmente en el Palacio de Liria esta maravilla, que se encuentra en muy buenas condiciones de conservación. Nuestra familia tiene una vinculación con el Colegio Nuestra Señora de la Antigua desde hace generaciones y queríamos dar continuidad a esta colaboración. Este cuadro, además, fue restaurado por mi bisabuelo en los años veinte en el Museo del Prado», detalló Fernando Fitz-James Stuart y Solís, duque de Huéscar y vicepresidente de la Fundación Casa de Alba.

A su vez, para continuar con la labor de colaboración con el colegio lucense, la Fundación ha restaurado una tabla del siglo XVI que representa a Nuestra Señora de la Antigua para el colegio de los Padres Escolapios. El cuadro de El Greco, que viajó recientemente a Japón para una exposición, conserva un detalle curioso en el marco, según explicó Álvaro Romero Sánchez-Arjona, director de la Fundación. Solo hay que fijarse para leer la inscripción que indica que «la obra fue restaurada en el Museo del Prado en 1925 por iniciativa del duque de Alba».

A pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, remodela su Gobierno tras la incorporación del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y del viceconsejero de Presidencia, José Antonio Sánchez, a la candidatura del PP por Madrid que encabeza Alberto Núñez Feijóo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los cambios afectan a tres consejerías y tan solo siete meses de las elecciones y es una de las pocas remodelaciones que han afectado al Ejecutivo madrileño, que se ha caracterizado por su estabilidad.

La principal novedad es el traslado de Jorge Rodrigo, hasta ahora consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, donde sustituirá a Carlos Novillo. Su puesto al frente de Vivienda y Transportes lo ocupará José María García Gómez, actual viceconsejero de este departamento y hasta ahora número dos de Rodrigo.

La remodelación también afecta a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Ángel San Gregorio, actual director general de Atención al Ciudadano y Transparencia, será nombrado nuevo viceconsejero de Presidencia y Administración Local en sustitución de José Antonio Sánchez, que también se incorpora a las listas electorales del PP.

El Ejecutivo autonómico ha convocado para este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, que se celebrará por vía telemática, para abordar los cambios. Los nombramientos de los consejeros se formalizarán mediante decretos de la presidenta, mientras que los de viceconsejeros y directores generales corresponden al Consejo de Gobierno.

Los tres nuevos responsables tomarán posesión este miércoles, después de que sus nombramientos se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y antes de la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno.

Cambios en consejerías estratégicas

La remodelación supone un intercambio de responsabilidades en dos de las áreas con mayor peso en la gestión autonómica. Jorge Rodrigo deja Vivienda y Transportes, una consejería que ha dirigido durante esta legislatura y que concentra algunos de los principales proyectos del Gobierno regional, como las ampliaciones de la red de Metro y el desarrollo del Plan Vive de alquiler asequible.

Su sucesor, José María García Gómez, conoce el funcionamiento del departamento desde la Viceconsejería de Transportes, por lo que su nombramiento supone una apuesta por la continuidad de la gestión en una cartera que afronta importantes proyectos de infraestructuras y movilidad.

Por su parte, Rodrigo asumirá las competencias de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que incluyen la coordinación de emergencias, la prevención y extinción de incendios forestales y las políticas dirigidas al sector primario y al medio rural.

Durante la etapa de Carlos Novillo, este departamento ha tenido que hacer frente a emergencias como el gran incendio de la Sierra Oeste y distintos episodios de DANA. También ha impulsado medidas de apoyo a agricultores y ganaderos y la denominada ley LÍDER, orientada, entre otros objetivos, a facilitar el desarrollo urbanístico y la construcción de viviendas.

Relevo en Presidencia

El tercer movimiento afecta a la Viceconsejería de Presidencia y Administración Local, donde Ángel San Gregorio sustituirá a José Antonio Sánchez.

San Gregorio llega al puesto desde la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia y se incorpora a un departamento con funciones de coordinación del Ejecutivo autonómico y competencias vinculadas a las administraciones locales. Entre los proyectos que gestiona esta consejería se encuentran la construcción de la Ciudad de la Justicia, el programa Pueblos con Vida, dirigido a dinamizar los municipios más pequeños y combatir la despoblación, y el Programa de Inversión Regional, que alcanza a 178 localidades madrileñas.

Inma Sanz al Senado

Por otra parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, número dos de José Luis Martínez-Almeida, también dejará sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento al figurar en el segundo puesto de la candidatura del PP al Senado, por detrás de Pedro Rollán, el hasta ahora presidente del Senado.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su satisfacción con la decisión. "Es motivo de alegría y agradecimiento porque supone que la política municipal esté presente en el Senado, a través de la ciudad más grande, la capital de España, como es Madrid. Todos sabemos las responsabilidades que tiene Inma, cómo ha trabajado de bien, cómo lo ha hecho. Todos saben la importancia que tiene para mí en mi día a día como alcalde y, por tanto, me alegro enormemente por ella", ha asegurado el primer edil.

El alcalde también ha referido que la ve a partir de mayo de 2027 como vicealcaldesa de nuevo. "Yo en mi equipo quiero contar siempre con Inma", ha sentenciado.

Cristian Toro, número 6 por Vox

Desde el Ayuntamiento salta también a las listas de Vox Cristian Toro. El portavoz nacional de Deportes de Vox, campeón olímpico y número 6 en las listas del partido al Ayuntamiento de Madrid, Cristian Toro, hace unas semanas tan solo que tomó posesión como concejal en sustitución de la exedil Carla Toscano quien, tras una larga baja médica y su expulsión de Vox entregó su acta de concejal en el Pleno de septiembre. La incorporación es consecuencia de la crisis en el grupo municipal de Vox, que terminó con tres de sus cinco concejales expulsados del partido por desacatar las órdenes de la dirección nacional del partido.

Alcaldes y cargos socialistas

La candidatura del PSOE por Madrid para las elecciones generales del 29N también incorpora a varios dirigentes del socialismo madrileño y representantes municipales. Entre ellos figura Ángel Viveros, alcalde de Coslada, que ocupa el puesto número 15 de la lista al Congreso de los Diputados. Viveros ya ha anunciado que no volverá a presentarse a las municipales de 2027.

Uno de los nombres con mayor peso orgánico es el de Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE-M y número dos de Óscar López, que figura en el cuarto puesto de la candidatura, por detrás de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Félix Bolaños. También aparecen Lorena Morales, diputada en la Asamblea de Madrid y secretaria de Igualdad del PSOE-M, en el décimo puesto; Vicente Montávez, secretario de Estrategia, Ideas y Programas de los socialistas madrileños, en el undécimo; y Carmen Martínez Pascual, vinculada a la agrupación socialista de Fuenlabrada, en el número 14.

En el Senado, se incorporan Leticia Correas, teniente de alcalde de Navalcarnero, y José Luis García, exalcalde de San Martín de Valdeiglesias. Entre las ausencias destaca la de Francisco Martín, hasta este domingo delegado del Gobierno en Madrid, que quedó fuera de las listas electorales antes de presentar su dimisión.

Cumplir lo que exigen los sindicatos que promueven la huelga en la educación no universitaria en Madrid supondría la «quiebra total del sistema educativo», ha dicho la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. Y ha puesto cifras para demostrarlo: supondría la creación de 328 nuevos centros educativos para evitar la pérdida de más de 282.000 plazas escolares, la contratación de 13.600 profesores adicionales, mientras que una subida salarial de 600 euros mensuales para todos los docentes, como reclaman, tendría un coste añadido de 750 millones de euros al año, que también habría que extender a los docentes de la concertada.

Solo la reducción de la jornada lectiva a 17 horas semanales obligaría a contratar a 13.600 nuevos docentes, lo que supondría incrementar la plantilla un 20 % y destinar otros 720 millones de euros anuales a sus retribuciones.

La suma de todo elevaría el gasto en personal desde los aproximadamente 3.400 millones actuales hasta cerca de 5.000 millones, alrededor del 70-75 % del presupuesto de la Consejería, que supera los 6.900 millones. Y todo ello sin contabilizar el coste de construir los 328 centros que, según Zarzalejo, serían necesarios para compensar la reducción de ratios. "¿Y cómo pago después las becas? ¿Y cómo pago los libros de texto?", se ha preguntado la consejera en un encuentro con los medios.

La consejera también ha rechazado que los profesores madrileños estén entre los peor pagados y ha dado cifras para acreditarlo. Un maestro que acaba de incorporarse al sistema educativo madrileño, sin antigüedad, sexenios ni complementos de productividad, percibe 2.582 euros mensuales. En el caso de un profesor de instituto, la cantidad asciende a 2.924 euros. Estas retribuciones son las mismas tanto para funcionarios de carrera como para interinos que acaban de acceder a la enseñanza.

Con seis años de experiencia, equivalentes a dos trienios y un sexenio, el salario de un maestro aumenta hasta los 2.763,47 euros, mientras que el de un profesor de Secundaria alcanza los 3.125,66 euros. En ambos casos, sin incluir complementos por responsabilidades adicionales.

Si estos docentes desempeñan otras funciones, como tutorías o coordinación de programas educativos, sus retribuciones pueden aumentar. Zarzalejo ha puesto como ejemplo a un maestro con seis años de antigüedad y dos complementos de productividad, que cobraría 3.020,66 euros mensuales, mientras que un profesor de instituto en las mismas circunstancias percibiría 3.351,69 euros.

En el tramo superior, un maestro con 30 años de experiencia, diez trienios, cinco sexenios y dos complementos de productividad alcanzaría los 3.865,89 euros brutos al mes. Un profesor de Secundaria con esa misma trayectoria cobraría 4.199,22 euros.

La consejera ha explicado que Madrid cuenta con cerca de un centenar de complementos de productividad, que van desde los 44 euros por determinadas tutorías hasta más de 400 euros por algunas responsabilidades educativas. Además, ha señalado que el complemento específico autonómico se sitúa en 798,41 euros, lo que coloca a Madrid en la sexta posición entre las comunidades de régimen común por este concepto, según sus datos.

Frente a la subida generalizada que reclaman los sindicatos, el Gobierno regional propone una carrera profesional horizontal que reconozca la experiencia de los docentes que continúan dando clase sin asumir puestos directivos. Este sistema, actualmente en negociación, incorporaría un nuevo complemento salarial que podría alcanzar los 350 euros mensuales en su tramo más alto.