A veces me encuentro con personas defensoras de la libertad que afirman que el liberalismo debe fundarse en los clásicos que subrayaban la separación de poderes, la protección de los derechos civiles, la libertad de credos e ideas, y un marco constitucional que limite legalmente el poder político. En ocasiones admiran la tradición británica o gala, pero recelan de la hispana, y en todo caso reniegan de un liberalismo basado solo en la economía.

Tales personas me hacen acordar al gato de Confucio. Se atribuye al pensador chino la frase: «Es difícil encontrar un gato negro en una habitación a oscuras, sobre todo si el gato no está allí».

En efecto, es difícil propugnar los valores políticos constitucionales del liberalismo clásico y a la vez abogar por la intromisión económica del Estado. Y también lo es encontrar a liberales que defiendan el mercado y a la vez propongan que el Estado quebrante los derechos civiles.

Lo que sí puede suceder es que, al intentar cohonestar las libertades civiles y políticas con el intervencionismo público en las instituciones económicas –en particular la propiedad y el mercado–, nos enfrentemos a contradicciones, que afectaron a liberales tan notables como John Stuart Mill –véase «On Liberty’s Liberty» aquí: http://bit.ly/4vyjVbe.

Esas contradicciones han estado presentes en la historia del liberalismo. Cabe abordarlas desde diversos puntos de vista, naturalmente, porque no hay una sola forma de defender la libertad, pero creo que hay una opción insostenible, a saber, ignorarlas.

Por ejemplo, no cabe propiciar el liberalismo clásico haciendo caso omiso de un hecho inconstrastable: las constituciones no han frenado el crecimiento de los Estados y la erosión de la división de poderes. En esta involución antiliberal subyacen las mencionadas contradicciones. Una ilustración es el artículo 33 de nuestra Constitución, que reconoce la propiedad privada y seguidamente la limita conforme a su «función social», dejada finalmente en manos del Poder Ejecutivo, el mismo que ha sometido al Legislativo, y se ha lanzado descaradamente sobre el Judicial –y que puede quebrantar la propiedad ajustándose al art. 128.1.

Una pista para superar estos dilemas es, paradójicamente, apoyarse en la tradición española, que atesora con la Escuela de Salamanca un respeto a una gran fuerza limitadora del poder, que, no por azar, la viene hostigando desde hace mucho tiempo: la religión.