Las Naciones Unidas establecieron que los fondos marinos estaban fuera de la jurisdicción nacional en tanto que “patrimonio común de la humanidad” y declararon en torno a un 70% del lecho marino como los bienes comunales más ambiciosos de la historia del derecho internacional. “La Zona” debía administrarse en forma de fideicomiso para todos los estados por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Unclos). La carrera de las grandes potencias por explotar minerales críticos en los fondos marinos y buscar ventajas estratégicas en el ámbito submarino está ahora desintegrando desde dos frentes ese régimen aún incipiente de bienes comunales. China lo está vaciando desde dentro: moldeando el proceso normativo de la ISA para dejar de lado la precaución y establecer un régimen de extracción permisivo, y utilizando la ciencia marina como tapadera para actividades estratégicas de doble uso. EE.UU. lo está socavando desde fuera: concede licencias sobre el lecho marino internacional en virtud de su propia legislación nacional, eludiendo por completo a la ISA, y sigue explorando las profundidades como potencia submarina dominante. La convergencia entre la apropiación por parte de China y la retirada de EE.UU. podría estar poniendo fin a una época de optimismo respecto a las instituciones multilaterales y el derecho internacional del mar.

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On the streets, Lula's supporters are mobilising to bring about a comeback for the incumbent president: students, labor unions, grassroots activists and artists are holding a growing number of rallies against Flávio Bolsonaro. In São Paulo, gig-economy delivery workers have even led their own versions of the motorbike caravans popularised by Jair Bolsonaro and taken up by his son as part of his signature campaign style. They support Lula while demanding that his administration provide the social protections for which they are still waiting.

On 8 September, as part of a joint initiative involving twelve countries, the UK foreign secretary made a statement to the House of Commons announcing new sanctions targeting Israeli settlements in the West Bank. Most notably, Ed Miliband condemned the ‘ethnic cleansing' taking place there. The measures he detailed will target ‘specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing, or real estate for settlement expansion'. This move is (…)