Benjamín Netanyahu se ha lanzado a deslegitimar el proceso electoral israelí, es decir, la democracia que él mismo lidera, con una acusación de injerencia que no solo refleja su ya conocida tendencia a cuestionar las instituciones cuando estas no le benefician, sino su desprecio hacia el 20% de la población israelí que es de origen árabe y que en esta ocasión ha votado en masa. Lo hace después de perder la mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas el martes y ante un escenario en el que los partidos árabes israelíes, con un resultado histórico, se han convertido en el potencial árbitro político del país.

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Noam Sohlberg, el juez del Tribunal Supremo que preside el Comité Central Electoral, ha pedido este jueves a los servicios secretos en Israel y los territorios palestinos ocupados, Shin Bet, investigar “graves sospechas” de injerencia extranjera en las elecciones legislativas celebradas el martes. No menciona países concretos, pero la sospecha —sobre la que no se han difundido pruebas— es de financiación catarí en apoyo de un partido árabe, Ra’am. El anuncio ha dado gasolina a Benjamín Netanyahu que, con el escrutinio completado, pierde la mayoría de Gobierno. La ha utilizado para sembrar dudas sobre el resultado y deslegitimar un posible pacto entre las formaciones judías y árabes de oposición que lo desbancaría del poder. Tras escuchar de primera mano la información en que se basa, los líderes de la oposición sospechan de una nueva estratagema del primer ministro. Apenas han pasado 48 horas desde la jornada electoral y ya se habla de una nueva convocatoria.

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