El Gobierno de Pedro Sánchez encara la recta final de esta legislatura tal y como la empezó: sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Las últimas cuentas aprobadas por el Ejecutivo corresponden a 2023, durante la anterior legislatura, por lo que el Gobierno ha tenido que prorrogar este presupuesto desde 2024 y adaptarlo a las necesidades de gasto de los ejercicios posteriores mediante sucesivas modificaciones de créditos.

Aunque desde el Ejecutivo han defendido la validez de las cuentas prorrogadas, la evolución y la dimensión de los ajustes presupuestarios reflejan lo contrario. Según revelan los últimos datos disponibles de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entre enero y agosto de 2026, las modificaciones de crédito ascendieron hasta los 81.300 millones de euros. Un volumen que equivale al 22% de los 368.500 millones de euros de gasto total comprometido hasta agosto. Es decir, el Gobierno ha modificado uno de cada cinco euros del presupuesto prorrogado de 2023, lo que da una idea de la dimensión que han adquirido estas operaciones.

Además, la cifra también supone un salto respecto a los ejercicios anteriores. Entre enero y agosto de 2025, Hacienda alteró créditos por valor de 33.300 millones de euros, por lo que el importe de este año es un 144% superior. Y la diferencia es aún mayor si se compara con 2024, cuando los cambios rondaron los 25.800 millones hasta agosto, lo que representa un incremento de los cambios presupuestarios del 215% en 2026 si se compara con el primer año de prórroga.

De la deuda pública a la Defensa: las partidas con más modificaciones

El 99% de las modificaciones de crédito se concentran en seis partidas presupuestarias. La mayor parte de los ajustes se corresponde con la deuda pública, con 30.200 millones de euros en modificaciones hasta agosto. El importe responde, en buena medida, a las necesidades de financiación para atender los vencimientos de deuda. Con los Presupuestos de 2023 prorrogados, el crédito inicialmente previsto para amortizar los préstamos resulta insuficiente ante las obligaciones de pago de 2026, lo que obliga al Ejecutivo a ampliar las dotaciones presupuestarias.

A continuación se sitúa el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con unos 15.100 millones, un incremento presupuestario vinculado, principalmente, a las necesidades financieras y al impacto de las ayudas del paquete anticrisis impulsado por el Gobierno tras el estallido de la guerra en Irán.

Le siguen los sistemas de financiación de entes territoriales (12.800 millones) y el refuerzo del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (10.400 millones). En este último caso, el gasto está condicionado fundamentalmente por las necesidades de financiación de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el gasto asociado a las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, cuyo gasto se ha disparado en los últimos años.

Por su parte, el Ministerio de Defensa acumula otros 10.000 millones de euros en modificaciones, en un contexto marcado por el compromiso adquirido por el Gobierno en 2025 de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.

Y la sexta partida con mayor volumen de recursos movilizados es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (4.200 millones). Esta última ampliación de crédito vinculada nuevamente a las ayudas extraordinarias focalizadas al sector agrario por el conflicto en Oriente Medio y al plan de ayudas para agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura afectados por las borrascas de principios de año, dotado con casi 2.900 millones de euros.

Sin control del Congreso sobre la hoja de ruta del Gobierno

Así, los datos de la IGAE reflejan que los cambios no se limitan exclusivamente a partidas estructurales, sino que afectan también a nuevas prioridades políticas. Y, aunque algunas decisiones, como la revalorización de las pensiones, sí han pasado por el Parlamento, otras se han articulado mediante modificaciones de crédito autorizadas tan solo por el propio Ejecutivo.

Es decir, se han desplazado parte de estas decisiones desde la Cámara Baja hacia el Consejo de Ministros. Y, precisamente este era uno de los reproches que formuló el consejero del Tribunal de Cuentas, Javier Morillas Gómez, en su voto particular en la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2024, publicada el pasado mayo.

A su juicio, el problema no era solo la propia constitucionalidad de la prórroga presupuestaria en sí, sino que durante toda la XV legislatura el Gobierno no había presentado en el Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos: ni para 2024, ni para 2025, ni para 2026. Para el consejero, esta situación vaciaba de contenido el control parlamentario previsto en la Constitución, ya que los presupuestos no son solo una herramienta contable, sino el instrumento con el que el Ejecutivo traduce en cifras sus prioridades políticas.

Al no presentar este proyecto ante las Cortes, el consejero concluyó que "se había hurtado a la representación de la soberanía popular y a la propia nación española durante toda la XV legislatura" de conocer la hoja de ruta económica del Ejecutivo y de debatirse en el Parlamento.