Hellenic American Leadership Council (HALC) executive director Endy Zemenides said Thursday that Peloton's Halloween-themed "Varosha Ride" trivializes a Cypriot ghost city emptied by Turkey's 1974 invasion, according to a thread he posted on X.
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Bloques de viviendas de los años cincuenta, fachadas degradadas y décadas de abandono el rincón más empobrecido de Palma. Mientras Balears bate récords turísticos, Camp Redó arrastra el deterioro de un parque residencial sin rehabilitar y el estigma de la droga
El Monopoly del arte amenaza al barrio más humilde de Palma: “Los precios son tentadores para vender”
El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.
El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.
El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal
Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo.
El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar.
Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península.
Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda.
A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona.
A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad
Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.
1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears
El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.
El escenario, lejos de mejorar, ha ido en declive desde que se han asentado allí antiguos moradores de Son Banya, el poblado chabolista de la matriarca Francisca Cortés, alias ‘La Paca’. Residentes del barrio han asegurado a los medios locales que han recibido propuestas de parte de los clanes para vender droga “por cincuenta euros al día”, según testimonios recogidos y publicados por Última Hora.
Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación.
En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.
En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó
Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”.
En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos
Eduard Vila — Exdirector general de Vivienda
La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.
Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.
“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.
Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa
Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.
Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea
En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse.
En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.
A transgender former Ontario school bus driver who labeled his bus the "Lolita Line" has filed a human rights complaint over his dismissal.
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A federal judge refused to force California to set aside mailed ballots from more than 20,000 people the Justice Department says are noncitizens.
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Parece que las defensas de los investigados en el procedimiento de las «cloacas del PSOE» han optado por fundamentar su estrategia para defenderse de los delitos que se les imputa en dos pilares. Por un lado, los ataques constantes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, por otro, [[LINK:INTERNO|||Article|||6ab6b957580cd900076c3312|||alegar que «alterar» los cursos de los casos judiciales –que afectan a los intereses del PSOE, del Gobierno o del entorno del propio presidente del Ejecutivo– no es delito. ]]
En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se ha aferrado a las agendas de Leire Díez para desvincularse de las «cloacas del PSOE». En el documento, en el que también acusa a la UCO de ocultar los mensajes de WhatsApp que, según su versión, desmontarían las sospechas sobre el presunto soborno a la empresaria Carmen Pano que dijo haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz, la letrada sostiene que los agentes ignoraron deliberadamente esas conversaciones y vincula esta supuesta falta de imparcialidad con otra prueba que considera exculpatoria: las agendas intervenidas a Díez, en las que asegura que no aparecen contactos que acrediten su participación en la presunta organización «criminal».
De La Hoz carga contra la Policía Judicial al cuestionar la imparcialidad de sus investigaciones y se aferra a las anotaciones de la llamada «fontanera» porque, dice, que desvelan que sus contactos con ella revelan una relación vinculada exclusivamente a la preparación de acciones legales contra la empresaria Carmen Pano, y no a una operación destinada a interferir en las investigaciones judiciales, que es en lo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
En este sentido, la defensa asegura que, de la veintena de agendas analizadas, únicamente existe una anotación que relaciona a Leticia de la Hoz con Carmen Pano. Se trata de una referencia fechada el 1 de abril de 2025, a las 14.00 horas, en la que figura la expresión «Documento Leticia Carmen Pano». Según su versión, esa anotación no guarda relación con ninguna maniobra contra la Guardia Civil, sino con un borrador de denuncia o querella que pretendía presentar contra la empresaria.
En el mismo escrito, la defensa de De La Hoz, ejercida por el abogado Carlos Bautista, argumenta que la UCO ha tenido, en este sentido, una «falta de ponderación equilibrada» porque en uno de sus atestados analizó y desplegó «juicios de inferencia» –propios de un «tribunal de justicia»– sobre los indicios incriminatorios contra la letrada por el presunto soborno a Carmen Pano, pero ignoró y «no dedicó valoración alguna» al contenido de su propio anexo en el que se recoge el borrador de denuncia contra la empresaria que la abogada de Koldo remitió a Leire Díez «un año antes» de que se abriera la investigación de las «cloacas del PSOE».
Según De La Hoz, este documento («omitido por la UCO») «acreditaría» la veracidad de su versión sobre el verdadero motivo de las reuniones con Pano –la compraventa de una operadora de hidrocarburos– y no con las presuntas maniobras investigadas en la trama. «Se redactó cuando no existía causa frente a la que preparar defensa alguna», dice el escrito, en el que también se insiste en que el primer contacto entre De la Hoz y Leire Díez en marzo de 2025 y «tuvo como principal motivo la denuncia o querella que pretendía interponer frente a Pano».
Con esta secuencia temporal, la defensa pretende desmontar la existencia de una relación anterior entre ambas y desvincular los contactos de febrero de 2025 con las «cloacas del PSOE». «Si el vínculo que se imputa a nuestra representada con una supuesta organización fuera cierto, las agendas contendrían más anotaciones conjuntas en el mes de febrero de 2025», argumenta el abogado, que añade que «nada de ello existe, por más que se intente contrarrestar ese dato con nuevos juicios de inferencia».
La estrategia de atacar a la UCO no queda ahí. De La Hoz también sostiene que los investigadores no pueden actuar con la necesaria imparcialidad porque pertenecen a la misma unidad que, según la hipótesis del juez, habría sido objetivo de las maniobras investigadas. «Quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso».
Según argumenta, los agentes omitieron datos porque, dice, que el 2 de junio de 2026 De la Hoz les remitió a los investigadores una cadena completa de conversaciones de WhatsApp para explicar el motivo de sus reuniones con Pano y su chófer y que, por tanto, disponían de ese material antes de que De la Hoz adquiriera la condición de investigada, pero no lo incorporaron a sus atestados ni contrastaron su contenido.
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La cúpula de la Guardia Civil incoó y prosiguió con informaciones reservadas en contra de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por presuntas filtraciones de informaciones sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, ya tenía un conocimiento «fehaciente» de que las fugas de información no procedían de la unidad investigadora del Instituto Armado.
En un nuevo atestado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la UCO detalla que las conversaciones filtradas eran de 2023 y que en su poder solo disponían de material incautado hasta octubre de 2021.
La cúpula de la Guardia Civil abrió tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.
La segunda de ellas se abrió el 12 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidos en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO.
Los investigadores detallan también que hay un WhatsApp enviado el 14 de mayo de 2025 por el general jefe de Policía Judicial al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, en el que le comunica: «Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO».
En el informe, los agentes reconstruyen las comunicaciones internas que comenzaron el 10 de mayo de 2025, después de que trascendieran las conversaciones entre Ábalos y Sánchez en la prensa. Ante las peticiones de información de sus superiores, los responsables de la UCO explicaron que los mensajes publicados no figuraban entre las evidencias analizadas por la unidad.
También añadieron que, en un supuesto caso de que fuera así, la información estaba en un disco «encriptado» del que todavía no se había efectuado análisis alguno y, por tanto, «no se podía acceder» al contenido por «ninguna fuente de la investigación» porque la desencriptación se produjo a finales de diciembre de 2024, meses después de las filtraciones de las conversaciones en la prensa.
«Este extremo hacía materialmente imposible que los mensajes filtrados estuvieran contenidos en el disco duro, y corroboraba lo ya informado: que en el análisis de ese dispositivo y de los demás no existía ningún mensaje de similares características y que, de haber existido, el mismo procedimiento de estudio de evidencias los habría detectado. Al no concurrir este acaecimiento, se podía concluir que la filtración no provenía de la UCO», expone el informe.
Según se explica, ninguno de los jefes de grupo era «conocedor» de esos mensajes entre Ábalos y Sánchez, sencillamente, porque no estaban incluidos en las evidencias incautadas. «Nosotros esos mensajes no los hemos visto en ningún dispositivo. Aún así estamos revisando», escribió un agente al jefe de la unidad, el teniente coronel Antonio Balas.
Este último trasmitió, de hecho, todos estos detalles al superior de la UCO, Rafael Yuste, desde la mañana del domingo 11 de mayo para corroborar que las filtraciones nunca procedieron de la unidad. Según se expone, le explicó, «de manera reiterada» que, efectivamente, el dispositivo incautado seguía en las dependencias policiales, que no se había entregado a los investigados y que esta circunstancia «jamás» tuvo lugar, permaneciendo aún, a fecha de hoy, todas las evidencias intervenidas en el poder de la UCO.
El informe añade que, pocos días antes, las jefaturas de Información y Policía Judicial habían trasladado al DAO dos notas de despacho en las que se describía una supuesta campaña para perjudicar el prestigio de la UCO desplegada por las «cloacas del PSOE».
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, «que se pusieran de perfil».
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone contra las cuerdas al exdirector general Leonardo Marcos y al Director Adjunto Operativo (DAO) Manuel Llamas. La unidad que investiga las principales causas de corrupción que afectan al Gobierno ha informado al magistrado Santiago Pedraz que recibieron órdenes expresas para que se negara cualquier irregularidad en los correos incautados en la causa contra David Sánchez. En concreto dijo que había que concluir que "no había nada".
La UCO así lo explica en respuesta al requerimiento del magistrado de las cloacas del PSOE que trata de esclarecer si las investigaciones internas abiertas a la Policía Judicial por filtraciones escondían, en realidad, presiones para neutralizar los procedimientos que acechan a Pedro Sánchez y a su partido. En concreto, el juez solicitó a la UCO que se pronunciara sobre las informaciones reservadas abiertas a la Policía Judicial.
Una de ellas se impulsó para investigar la filtración en prensa de "datos personales" de terceros ajenos a la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. En concreto, para esclarecer la publicación del correo de Begoña Gómez en dos medios de comunicación en octubre de 2020. En su respuesta, la UCO se retrotrae a meses antes del episodio investigado, "para una mejor comprensión de la información requerida".
Según explica, el 12 de julio de ese año (dos meses después de que la juez Beatriz Biedma abriera causa contra David Sánchez) el entonces director general de la Guardia Civil reunió en la sede del Instituto Armado al DAO Manuel Llamas, al entonces jefe de la UCO Rafael Yuste y al general jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo. En el encuentro les enseñó una información publicada el 12 de julio en ABC relativa a la incautación de correos en la Diputación de Badajoz para investigar el enchufe del músico en el ente pacense.
Marcos apuntó entonces a una filtración de los agentes, a pesar de que ya existía un auto de la juez notificado días antes a las partes encargando dicha diligencia. Además, "de manera vehemente", manifestó que el oficio policial que pedía incautar los correos de la Diputación era "malintencionado y prospectivo". Igualmente, reza la respuesta de la UCO, "ordenó que el informe debería estar finalizado el siguiente viernes y que, además, tenía que concluir 'que no había nada'". Se trata de unas órdenes que Antonio Balas, el coronel jefe que dirige dichas pesquisas, trasladó "con preocupación" a sus jefes de grupo.
Cabe recordar que el análisis de todos los correos incautados a los empleados de la Diputación que participaron en el enchufe, incluidos los de su entonces presidente Miguel Ángel Gallardo, se consolidaron como una prueba determinante para llevar a los imputados al banquillo de los acusados. Muchas de estas comunicaciones pusieron de manifiesto las directrices para agilizar con la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios pacenses en 2016. Además, consta una comunicación intercambiada entre los directores de conservatorios que reconocieron que la plaza iba a ser para el "hermanísimo". El mensaje se envió el 19 de mayo de 2017; mismo día que se publicaron las bases de la plaza pública.
Sin embargo, el entonces director general de la Guardia Civil quiso sentenciar este asunto y que la UCO concluyera que no había ningún indicio de delito en estas comunicaciones, tal y como ahora se recoge en el oficio al que ha tenido acceso LA RAZÓN. De hecho, añaden que se produjo una segunda reunión el 16 de julio en la que el DAO, "por orden" de Leonardo Marcos, mandó "acelerar la investigación penal y poder finalizarla lo antes posible". Nadie les explicó la urgencia de la medida.
En dicha cita, Llamas les pidió que no lideraran la investigación en los procedimientos "de componente político"; esto es, en la causa contra Begoña Gómez, contra el entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, o en el "caso Koldo". De hecho, incluso les trasladó que se estaba utilizando a la Guardia Civil como "ariete contra el Gobierno". Pero el coronel Rafael Yuste declaró en junio que se les dio la orden de ponerse de perfil en todas las causas que afectan de lleno al partido socialista.
El DAO, sin embargo, negó la mayor en su declaración como investigado y dijo que las tres informaciones reservadas se abrieron por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Además, negó que se impulsara una cacería contra la Policía Judicial que dirige estas causas de corrupción y dijo que cree que le acusan por su mala relación con los jefes de la unidad.
Sin embargo, Anticorrupción investiga si todo esto tiene algo que ver con la presunta organización criminal que se impulsó en el seno del PSOE para boicotear estas causas judiciales.
Consta acreditado que la actual directora general (también imputada en el procedimiento) se reunió en varias ocasiones con Leire Díez. Del mismo modo, también ha trascendido que la juez que investigó al "hermanísimo" fue víctima de acosos y seguimientos por parte de la cloaca en los meses clave de la instrucción.
© EP
Trabajadores de Brigada Desokupa S.L intimidan a los inquilinos de un bloque de viviendas del barrio del sur madrileño con contrato de alquiler después de que un holding empresarial comprara los inmuebles
El barrio de Paquita: 144 pisos turísticos ilegales denunciados por los vecinos que Almeida y Ayuso mantienen abiertos
La llegada de un representante de la empresa Brigada Desokupa S.L ha generado tensión este miércoles por la tarde en el número 18 de la calle Madridejos, en el barrio de Usera, donde se han concentrado más de un centenar de personas en apoyo a tres familias de inquilinos que se enfrentan a una violenta presión para abandonar sus viviendas por parte de la empresa de desocupación.
Vecinos y activistas, así como varias personas que pasaban por allí y han visto el alboroto una vez ha aparecido la Policía Nacional, a quien ha contactado el miembro de Brigada Desokupa al llegar al bloque de pisos, se han arremolinado organizados por el Sindicato de Inquilinas frente al portal ubicado en una perpendicular de la avenida Marcelo Usera, una de las arterias principales de esta barrio de clase trabajadora del sur de Madrid.
La propiedad de tres de los inmuebles del edificio es, desde 2025, un holding empresarial que no solo no quiere esperar que termine el contrato de arrendamiento que mantienen las tres familias, sino que ha decidido contratar a la empresa para intimidar y amenazar a los arrendadores para que firmen un documento donde manifiesten su voluntad expresa de querer abandonar su actual vivienda.
Ante el aviso de que uno de los intermediarios acudiría alrededor de las 18 horas al edificio, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento al nodo de Usera para que acudiera a hacer músculo al cumplirse la fecha límite para que una de las familias se marchase. “No nos vamos, nos quedamos”, “Fuera Desokupa de nuestros barrios” y “No nos mires, únete” han sido algunas de las consignas coreadas después de la llegada de un dispositivo policial formado por una veintena de agentes desplazados en cuatro coches patrulla, dos motos y sobre cuatro caballos sobre los que han intentado dispersar a los manifestantes.
Ha sido el responsable de la empresa de desocupación quien, al llegar al bloque y ver el despliegue de activistas, ha contactado con el cuerpo de seguridad, tras lo que ha denominado una “emboscada”, como ha expresado a elDiario.es. “Habíamos llegado a un acuerdo [para la entrega de llaves], nosotros lo hacemos todo de manera pacífica”, ha protestado el CEO de la empresa de desocupación. También ha añadido que una de las inquilinas le había pedido 20.000 euros a cambio de abandonar su hogar. La Policía Nacional ha taponado la calle donde se desarrollaba la protesta mientras dos de los agentes regulaban el tráfico en la avenida principal.
Desde el Sindicato, una de las portavoces, Carmen Durán, ya había advertido a priori de que este tipo de empresas recurren a maniobras de intimidación personal y grabaciones —como ha sucedido—, y de que, según la experiencia y la de otros colectivos de vivienda en barrios obreros como Carabanchel o Vallecas, suelen ir acompañados de la Policía Nacional. Finalmente han tenido que retirarse.
En su página web, Brigada Desokupa, S. anuncia varios servicios relacionados con desalojar viviendas. Entre ellos, okupaciones ‘express’ desde un precio de 2.500 euros. “Más de 1.000 viviendas desocupadas y recuperadas en tres años. Contamos con mediadoras y agentes de actuación para desocupación mujeres, lo que nos permite trabajar con menos conflictos por razón de sexo en las operativas que lo requieren”, se promocionan en el portal.
También abren una ventana de preguntas en otro apartado en el que aseguran buscar “siempre el consenso” entre la propiedad y el inquilino, evitando la “confrontación, el conflicto”, pero sin olvidarse del “objetivo”, añaden: “¡Recuperar la propiedad legítima de tu vivienda!”. En el background de la web aparece, tras todas estas descripciones, la imagen de un trabajador sujetando a un perro potencialmente peligroso.
Durante la concentración, uno de los portavoces ha asegurado haber recibido amenazas verbales por parte del representante de la empresa delante de uno de los responsables del operativo policial. Acción que, según ha compartido, “denunciara” formalmente en comisaría.
Se trata de un bloque formado por seis viviendas y dos locales comerciales. Las notificaciones a tres familias afectadas para abandonar los pisos se han producido en fechas distintas. El 14 de octubre, trabajadores de Brigada Desokupa entregaron a E. un documento que fijaba el 28 de octubre como fecha límite para dejar la casa en la que vive con su hijo, de 18 años, que no figura en el contrato y que fue quien al final bajo presiones firmó mientras su progenitora estaba de viaje.
Por su parte, W., otro de los moradores perjudicados por la situación con dos hijos a su cargo, uno de once años y otro de veinte, detalla que le hicieron firmar un acuerdo para abandonar su casa el 31 de octubre, que no le dieron una copia y que lo grabaron durante el proceso. A G., la tercera afectada, también con un hijo menor, el comunicado le llegó en la misma fecha.
Las familias se han organizado con el Sindicato de Inquilinas, aunque, según explican desde el colectivo, mantienen cierta cautela en su relación con otros vecinos, porque algunos temen a los que apoyan la actuación de la propiedad.
En el resto de viviendas del bloque continúan residiendo algunos moradores vinculados al anterior propietario. Durante la concentración también han participado integrantes de la PAH Vallekas y organizaciones de otros distritos.
Para Laura Barrio, portavoz del Sindicato, el intento de desalojo del bloque de Usera no se puede “separar” de la transformación que está sufriendo el barrio y que pretende convertirlo en un “parque de atracciones” con la cultura asiática como reclamo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid contrató al artista Okuda San Miguel para que una de sus obras multicolores -un oso y dos dragones, como muestra de la fusión de las dos culturas- sirviera para acabar el circuito peatonal ideado desde Madrid Río y que eso sirva de eje para impulsar Chinatown en la capital.
Por otro lado, de cara a la huelga general del 11 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha organizado comités de vivienda en distintos barrios de Madrid con grupos en Almendrales, Zofío, Moscardó y Orcasitas, además de espacios de coordinación entre barrios para llevar a cabo actuaciones que permitan seguir luchando contra la especulación en los mismos.
“Estamos organizadas”, han clamado tras la exitosa intervención de este miércoles los integrantes del Sindicato, que han agradecido a las vecinas su presencia y han reivindicado la fuerza de la organización colectiva para hacer frente a las presiones sobre las familias inquilinas. Los afectados, que están en continuo contacto con el sindicato, de momento siguen “bastante asustados” por las posibles presiones.
“Basta de brigadas paramilitares acosando a las vecinas”, han reclamado los activistas, que han defendido que son “gente pacífica” y que la decisión sobre un posible desalojo deberá tomarla, en todo caso, un juez. La protesta ha terminado entre aplausos y al grito de que el pueblo unido, “jamás será vencido”.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado parte del relato de la defensa del Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la unidad investigadora del Instituto Armado asegura que nunca "desmintieron" las informaciones que salían en prensa sobre las presuntas filtraciones y que "no existe" comunicación alguna entre el DAO y el General de Policía Judicial, Alfonso López Malo, relacionada con este asunto.
El DAO de la Guardia Civil detalló en un escrito a Pedraz que la UCO había desmentido de "forma autónoma" una de las filtraciones relacionadas con las causas que afectaban al Gobierno, al PSOE o a familiares del presidente y aportó conversaciones al respecto. Pero la UCO detalla ahora que fue el DAO y no López Malo quien se dirigió a este y que los mensajes a los que se refiere Llamas "nunca" llegaron a producirse.
En el informe, en el que responden a un requerimiento del instructor de las "cloacas del PSOE", la UCO insiste en que su unidad no estuvo detrás de las filtraciones a la prensa. Estos hechos provocaron que desde la cúpula de la Guardia Civil se abrieran tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.
La primera información reservada se abrió tras la publicación de datos relativos al correo institucional de Begoña Gómez, incluida su dirección de correo electrónico, que figuraban en las pesquisas del "caso David Sánchez".
En este informe, el coronel López Malo asegura que, cuando se filtraron los mensajes, se puso en contacto con el DAO para remitirle una nota de despacho en la que se detallaba con bastante profundidad que la unidad nada tuvo que ver con la filtración.
En esa nota, dice, que esos mensajes se incluyeron en un documento remitido a la magistrada del "caso David Sánchez" en el que se explicaba cómo se debían visualizar los anexos de las comunicaciones intervenidas, poniendo de ejemplo a imagen ilustrativo el intercambio de correos que, finalmente, acabaron en prensa. Aun así, Llamas le envió un wasap indicándole que, al día siguiente, se ordenaría incoar una información reservada.
La segunda información reservada se abrió en mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidas en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO. El DAO dijo que López Malo se contradijo porque no le informó de que el disco duro se devolviese, pero este ultimo asegura que para aquel entonces ni se devolvió ni la unidad tenia los mensajes en su poder.
El informe detalla, además, que la información se abrió el día 12 cuando dos días antes el DAO ya había confirmado que la filtración no provenía de la unidad investigadora.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, "que se pusieran de perfil".
Los agentes detallan ahora que hicieron constar al DIECAN que el DAO les ordenó que concluyeran en algunas investigaciones que "no había nada" y que les trasmitió la necesidad de mantener un "perfil bajo" en los casos que cercaban al Gobierno.
© EFE
An Ohio high school soccer referee suffered broken ribs and a collapsed lung after a Steubenville player knocked him to the ground during a playoff game Tuesday against New Philadelphia, according to reports.
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Vox ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado con el fallecimiento de 69 personas.
En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la formación de Santiago Abascal sostiene que el ministro habría tenido una conducta "omisiva" vinculada al ejercicio de sus competencias, y habría incumplido así sus propios "deberes" de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria después de meses de advertencias sobre deficiencias en la red y con el precedente del accidente ferroviario de Adamuz.
Según explican, Puente dirige y "controla" el sistema de seguridad que permitió que un "fallo de protección, de naturaleza previsible y ay conocida en su tipología, derivara en una circulación incompatible con la presencia de un tren detenido en la vía".
De acuerdo con las primeras hipótesis, un fallo en el sistema de seguridad LZB obligó a detener seis trenes y, ocho minutos después, el centro de control de ADIF en Atocha habría autorizado la reanudación de la circulación. Vox sostiene que, tras una incidencia de estas características, los trenes deberían haber circulado bajo condiciones restrictivas de velocidad y seguridad.
La formación recuerda el accidente de Adamuz, que dejó hasta 46 fallecidos, y el posterior descarrilamiento mortal de Gelida, así como las denuncias y movilizaciones de organizaciones sindicales que reclamaban mayores inversiones en mantenimiento y seguridad. También hace referencia al acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y los sindicatos, que contemplaba un incremento de 1.800 millones de euros para mantenimiento, nuevas contrataciones y medidas destinadas a reforzar la seguridad de la red.
Para la formación, este acuerdo es "relevante" por dos razones. "De un lado, supone el reconocimiento por el propio departamento de la necesidad de reforzar el mantenimiento, el personal y la supervisión de la seguridad ferroviaria. De otro, atribuye al Ministerio la asunción de compromisos concretos, de modo que la comprobación de su ejecución dejaba de ser una opción de gestión para convertirse en un deber de seguimiento específico del titular del departamento", expone.
En el escrito, Vox destaca, además, que entre marzo y octubre de este año, ADIF comunicó al menos una veintena de incidencias en el entorno de Toledo y el sur de Madrid y que, incluso, se acudió a Bruselas pedir a la Comisión Europea que verificara la aplicación en España de la normativa europea de seguridad ferroviaria.
También hace referencia a que el sindicato SEMAF convocó el 16 de octubre una nueva jornada de huelga para denunciar supuestos incumplimientos de los compromisos adquiridos. Renfe aseguró entonces que había ejecutado las medidas de su competencia, aunque reconoció que otras siete, dependientes de distintos organismos, continuaban en tramitación.
Para Vox, esta sucesión de acontecimientos, junto con muchos otros, demuestra que el Ministerio conocía las advertencias sobre posibles riesgos y debía haber reforzado los mecanismos de supervisión y prevención.
La formación, que pide al Supremo que tome declaración en calidad de investigado al ministro, atribuye a Puente una presunta falta de actuación previa para garantizar que los sistemas de seguridad y los protocolos ferroviarios funcionaran adecuadamente.
"La actuación exigida al Ministro consistía en activar, a través de los órganos competentes, la obtención de información técnica suficiente; exigir una evaluación documentada de las deficiencias relevantes para la seguridad; impulsar los controles, inspecciones o auditorías procedentes; requerir planes correctores con responsables y plazos; y verificar que las medidas acordadas se ejecutaban efectivamente", dice,
No obstante, asegura, que Puente no ha "promovido y comprobado las medidas de evaluación, control y corrección necesarias para evitar que las deficiencias de seguridad advertidas se trasladaran a la explotación del servicio".
A su juicio, la "deficiente supervisión de la suficiencia y efectividad de las barreras de seguridad habría permitido que el fallo del sistema de protección se tradujera en una reanudación de la circulación sin las garantías necesarias para impedir el alcance de un tren detenido".
El partido formuló este miércoles otra querella contra los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la que también se solicitaban medidas "urgentes" de conservación y aseguramiento de las fuentes de prueba del siniestro.
© EFE
Federal prosecutors are investigating how Daniel J. Sullivan Jr. landed on Alaska’s U.S. Senate ballot alongside Republican incumbent Sen. Dan Sullivan, with grand jury subpoenas expected as investigators examine whether voters’ rights were violated, according to Fox News.
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