El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.

El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.

El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal

Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo. 

Construidas por Obra Social del Hogar

El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar. 

Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península. 

Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad

Entre el 3% de familias más pobre de España

Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.

1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears

El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.

El escenario, lejos de mejorar, ha ido en declive desde que se han asentado allí antiguos moradores de Son Banya, el poblado chabolista de la matriarca Francisca Cortés, alias ‘La Paca’. Residentes del barrio han asegurado a los medios locales que han recibido propuestas de parte de los clanes para vender droga “por cincuenta euros al día”, según testimonios recogidos y publicados por Última Hora. 

Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación. 

Iniciativas municipales sin éxito

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó

Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”. 

En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos

Eduard Vila — Exdirector general de Vivienda

La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.

Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.

En contra de un “interés político”

“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.

Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa

Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.

Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse. 

En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.

La llegada de un representante de la empresa Brigada Desokupa S.L ha generado tensión este miércoles por la tarde en el número 18 de la calle Madridejos, en el barrio de Usera, donde se han concentrado más de un centenar de personas en apoyo a tres familias de inquilinos que se enfrentan a una violenta presión para abandonar sus viviendas por parte de la empresa de desocupación. 

Vecinos y activistas, así como varias personas que pasaban por allí y han visto el alboroto una vez ha aparecido la Policía Nacional, a quien ha contactado el miembro de Brigada Desokupa al llegar al bloque de pisos, se han arremolinado organizados por el Sindicato de Inquilinas frente al portal ubicado en una perpendicular de la avenida Marcelo Usera, una de las arterias principales de esta barrio de clase trabajadora del sur de Madrid. 

La propiedad de tres de los inmuebles del edificio es, desde 2025, un holding empresarial que no solo no quiere esperar que termine el contrato de arrendamiento que mantienen las tres familias, sino que ha decidido contratar a la empresa para intimidar y amenazar a los arrendadores para que firmen un documento donde manifiesten su voluntad expresa de querer abandonar su actual vivienda. 

Ante el aviso de que uno de los intermediarios acudiría alrededor de las 18 horas al edificio, el Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento al nodo de Usera para que acudiera a hacer músculo al cumplirse la fecha límite para que una de las familias se marchase. “No nos vamos, nos quedamos”, “Fuera Desokupa de nuestros barrios” y “No nos mires, únete” han sido algunas de las consignas coreadas después de la llegada de un dispositivo policial formado por una veintena de agentes desplazados en cuatro coches patrulla, dos motos y sobre cuatro caballos sobre los que han intentado dispersar a los manifestantes.

Ha sido el responsable de la empresa de desocupación quien, al llegar al bloque y ver el despliegue de activistas, ha contactado con el cuerpo de seguridad, tras lo que ha denominado una “emboscada”, como ha expresado a elDiario.es. “Habíamos llegado a un acuerdo [para la entrega de llaves], nosotros lo hacemos todo de manera pacífica”, ha protestado el CEO de la empresa de desocupación. También ha añadido que una de las inquilinas le había pedido 20.000 euros a cambio de abandonar su hogar. La Policía Nacional ha taponado la calle donde se desarrollaba la protesta mientras dos de los agentes regulaban el tráfico en la avenida principal. 

Desde el Sindicato, una de las portavoces, Carmen Durán, ya había advertido a priori de que este tipo de empresas recurren a maniobras de intimidación personal y grabaciones —como ha sucedido—, y de que, según la experiencia y la de otros colectivos de vivienda en barrios obreros como Carabanchel o Vallecas, suelen ir acompañados de la Policía Nacional. Finalmente han tenido que retirarse.

Desokupaciones ‘express’ por 2.500 euros

En su página web, Brigada Desokupa, S. anuncia varios servicios relacionados con desalojar viviendas. Entre ellos, okupaciones ‘express’ desde un precio de 2.500 euros. “Más de 1.000 viviendas desocupadas y recuperadas en tres años. Contamos con mediadoras y agentes de actuación para desocupación mujeres, lo que nos permite trabajar con menos conflictos por razón de sexo en las operativas que lo requieren”, se promocionan en el portal.

También abren una ventana de preguntas en otro apartado en el que aseguran buscar “siempre el consenso” entre la propiedad y el inquilino, evitando la “confrontación, el conflicto”, pero sin olvidarse del “objetivo”, añaden: “¡Recuperar la propiedad legítima de tu vivienda!”. En el background de la web aparece, tras todas estas descripciones, la imagen de un trabajador sujetando a un perro potencialmente peligroso.

Durante la concentración, uno de los portavoces ha asegurado haber recibido amenazas verbales por parte del representante de la empresa delante de uno de los responsables del operativo policial. Acción que, según ha compartido, “denunciara” formalmente en comisaría.

Notificación para abandonar las viviendas

Se trata de un bloque formado por seis viviendas y dos locales comerciales. Las notificaciones a tres familias afectadas para abandonar los pisos se han producido en fechas distintas. El 14 de octubre, trabajadores de Brigada Desokupa entregaron a E. un documento que fijaba el 28 de octubre como fecha límite para dejar la casa en la que vive con su hijo, de 18 años, que no figura en el contrato y que fue quien al final bajo presiones firmó mientras su progenitora estaba de viaje.

Por su parte, W., otro de los moradores perjudicados por la situación con dos hijos a su cargo, uno de once años y otro de veinte, detalla que le hicieron firmar un acuerdo para abandonar su casa el 31 de octubre, que no le dieron una copia y que lo grabaron durante el proceso. A G., la tercera afectada, también con un hijo menor, el comunicado le llegó en la misma fecha. 

Las familias se han organizado con el Sindicato de Inquilinas, aunque, según explican desde el colectivo, mantienen cierta cautela en su relación con otros vecinos, porque algunos temen a los que apoyan la actuación de la propiedad. 

En el resto de viviendas del bloque continúan residiendo algunos moradores vinculados al anterior propietario. Durante la concentración también han participado integrantes de la PAH Vallekas y organizaciones de otros distritos. 

La continua gentrificación de los barrios 

Para Laura Barrio, portavoz del Sindicato, el intento de desalojo del bloque de Usera no se puede “separar” de la transformación que está sufriendo el barrio y que pretende convertirlo en un “parque de atracciones” con la cultura asiática como reclamo. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid contrató al artista Okuda San Miguel para que una de sus obras multicolores -un oso y dos dragones, como muestra de la fusión de las dos culturas- sirviera para acabar el circuito peatonal ideado desde Madrid Río y que eso sirva de eje para impulsar Chinatown en la capital.

Por otro lado, de cara a la huelga general del 11 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas ha organizado comités de vivienda en distintos barrios de Madrid con grupos en Almendrales, Zofío, Moscardó y Orcasitas, además de espacios de coordinación entre barrios para llevar a cabo actuaciones que permitan seguir luchando contra la especulación en los mismos.

“Estamos organizadas”, han clamado tras la exitosa intervención de este miércoles los integrantes del Sindicato, que han agradecido a las vecinas su presencia y han reivindicado la fuerza de la organización colectiva para hacer frente a las presiones sobre las familias inquilinas. Los afectados, que están en continuo contacto con el sindicato, de momento siguen “bastante asustados” por las posibles presiones. 

“Basta de brigadas paramilitares acosando a las vecinas”, han reclamado los activistas, que han defendido que son “gente pacífica” y que la decisión sobre un posible desalojo deberá tomarla, en todo caso, un juez. La protesta ha terminado entre aplausos y al grito de que el pueblo unido, “jamás será vencido”.