Óscar Puente no descarta el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona hasta el fin de las obras. “No le oculto que esta es ahora mismo una de las cosas que estamos valorando”, ha respondido este viernes en rueda de prensa. El ministro de Transportes ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer una cronología de los hechos que derivaron en el accidente de Urda y justificar su continuidad en el cargo, ya que ha afirmado que ni piensa dimitir ni Pedro Sánchez le ha pedido que lo haga.

“Pero no por una razón de seguridad sino por múltiples razones”, ha continuado Puente sobre la Madrid-Barcelona (Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona). Ha explicado que cuando Alemania emprende la renovación de una línea, “priva del servicio a los usuarios” hasta su conclusión, y que el modelo español “es opuesto y prima la prestación del servicio”. “Con la consecuencia -ha añadido- de que la fiabilidad, la puntualidad, la seguridad yo creo que no, se ven afectadas”.

“Es algo que nos estamos planteando, no lo oculto. No tengo ninguna duda de que si tomamos la decisión de seguir el modelo alemán habrá contestación, pero yo no sé si en esas circunstancias es la fórmula más prudente”, ha considerado el ministro, que ha estimado que las obras pasarían de prolongarse durante cinco años “a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales”. Ha admitido por ejemplo que el tramo Madrid-Calatayud “está en unas condiciones francamente mejorables”.

El LZB se ha caído 170 veces este año

En su comparecencia, Puente ha informado de que el sistema de seguridad LZB se ha caído hasta 170 veces este año, una cifra que, según ha dicho, está “dentro de la normalidad” del funcionamiento ferroviario. El ministro ha reconocido que el dato puede llamar la atención, pero ha remarcado que se ajusta a los parámetros habituales en Europa y a cifras “muy estables” de los últimos seis o siete años. Ha agregado que incluso se ubica por debajo de la media registrada en los dos años previos.

“Quiero que entiendan que los sistemas de seguridad, se llamen LZB o ERTMS, no están en el aire, utilizan soportes físicos para su comunicación, soportes físicos que se encuentran tanto en la infraestructura como en los trenes, como material embarcado, y esos soportes físicos fallan”, ha explicado. Del total de 170 incidencias, el 75% obedece a circunstancias “completamente ajenas al propio sistema”, entre ellas actos de vandalismo, robos de cable o condiciones climatológicas adversas.

El ministro ha distinguido entre una caída del sistema y una falla. Según ha precisado, en el caso del accidente el sistema no falló: se cayó, lo que provocó la detención automática de todos los trenes. “Lo que sucedió es que el sistema tuvo un problema con las comunicaciones y lo que hizo fue actuar y bloquear el tráfico de manera inmediata para evitar riesgos en la seguridad. Es decir, el LZB o el ERTMS, si no está funcionando bien, se para y garantiza la seguridad total de la circulación”.

Solicitar el voto por correo no exime a los ciudadanos de la obligación de formar parte de una mesa electoral en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre. Se trata de dos trámites independientes que se rigen por normativas distintas, y una persona puede ser designada para integrar una mesa incluso después de haber pedido votar por correspondencia.

El voto por correo permite a un elector ejercer su derecho de sufragio sin necesidad de acudir de manera presencial al colegio electoral el día de la votación. Sin embargo, esta modalidad no constituye una causa de exención de las obligaciones vinculadas a las mesas electorales, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El sorteo que determina quiénes integrarán cada mesa se realiza entre los electores censados en cada demarcación, con independencia de si estos han tramitado o no el voto postal. Por tanto, un ciudadano que ya solicitó votar por correo puede recibir igualmente una notificación para desempeñarse como presidente, vocal o suplente el día de los comicios.

Los plazos de la mesa y el voto por correo

Los ayuntamientos son los encargados de celebrar los sorteos públicos entre los electores de cada mesa, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. El proceso arranca este sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el 4 de noviembre. Cada mesa queda compuesta por nueve personas: tres titulares (un presidente y dos vocales) y seis suplentes, dos por cada cargo. Pueden ser convocados todos los electores mayores de 18 años y menores de 70 años, aunque quienes tengan entre 65 y 70 años y reciban la notificación pueden presentar su renuncia dentro de la semana siguiente. Las personas seleccionadas recibirán la comunicación oficial, junto con un manual de instrucciones, dentro de los tres días posteriores al sorteo, por lo que las primeras notificaciones comenzarán a llegar a partir del 3 de noviembre y se extenderán hasta el 7 de noviembre.

Formar parte de una mesa electoral es una obligación legal, aunque la normativa contempla determinadas excepciones. Si un ciudadano designado considera que existe una circunstancia que le impide cumplir con esta función, debe presentar una alegación ante la Junta Electoral de Zona correspondiente dentro de los plazos establecidos, independientemente de que haya tramitado o no su voto por correspondencia. El Ministerio del Interior habilitó una página web, 29neleccionesgenerales.es, disponible en castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés, en la que los ciudadanos pueden consultar las obligaciones de quienes resulten designados para una mesa, así como los motivos admitidos para solicitar la exención y los plazos para hacerlo.

El plazo para solicitar el voto por correo en España sigue abierto y vence el 19 de noviembre, a veinte días de la jornada electoral. El envío de la documentación a quienes ya lo solicitaron comenzará el 9 de noviembre, y el plazo máximo para depositar el voto en las oficinas de Correos vence el 25 de noviembre, previo al cierre de los colegios electorales el domingo 29 a las 20:00 horas.

La exministra de Trabajo Fátima Báñez ha muerto a los 59 años en el accidente ferroviario de Toledo. En concreto, Báñez se dirigía en el Iryo, destino Sevilla, para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su familia se trasladó a Toledo y, aunque se había hablado mucho de su posible fallecimiento, no se ha confirmado hasta este jueves en torno a las dos de la tarde.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este miércoles que su partido seguía “sin noticias confirmadas” sobre la exministra. Pero este jueves varios miembros del Partido Popular han compartido sus condolencias y han dado el pésame. El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha publicado, entre otros, un mensaje en su cuenta de X. “Roto por el fallecimiento de nuestra querida amiga Fátima Báñez .Una mujer excepcional, una política brillante y la mejor ministra de Empleo que ha tenido este país. Te vamos a echar mucho de menos”, ha asegurado. Poco después la CEOE de Valladolid lo confirmaba: “Fátima, siempre hemos podido contar contigo, con tu cercanía, cariño y generosidad. Nos cuesta encontrar palabras para expresar esta tristeza”, han publicado.

Fátima, siempre hemos podido contar contigo, con tu cercanía, cariño y generosidad. Nos cuesta encontrar palabras para expresar esta tristeza. Un abrazo a tu familia, tus amigos y a todo el equipo de la @Fundacion_Ceoe. Nunca te olvidaremos. Descansa en paz. https://t.co/U9CIl2uJjX

— CEOE Valladolid (@CEOEValladolid) October 29, 2026

En una declaración desde la sede del partido, Feijóo trasladó toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de sus seres queridos. “La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”, ha señalado.

A las 8:54 horas, un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. El choque ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén, con un balance inicial de 10 fallecidos.

En los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, viajaban 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa en el sistema de seguridad.

La primera ministra de Trabajo

Báñez (Huelva, 1967) fue la primera ministra de Empleo y Seguridad Social y también la titular que más tiempo ha ostentado el cargo. Lo hizo cerca de siete años, de diciembre de 2011 a junio de 2018. Báñez se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y posteriormente realizó un posgrado en Administración y Gestión de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard y un programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE Business School.

Su primer trabajo y única experiencia previa en el sector privado fue como responsable de Estrategia de una empresa familiar entre 1993 y 1997. A partir de entonces comienza su carrera en la política, primero como coordinadora de la Presidencia del PP en Andalucía. En 2000, con 33 años, ya era diputada en el Congreso, legislatura en la que ejerció como portavoz adjunta en la Comisión de Economía y Hacienda. Revalidaría su escaño en las elecciones de 2004 y en las de 2008, con el PP en la oposición (gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero).

En 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones por mayoría absoluta y es investido presidente del Gobierno. Báñez, quien le había arropado y asesorado en los años a la sombra del PSOE, es ascendida a ministra de Empleo y Seguridad Social. Entre agosto y noviembre de 2016 lo sería también, en funciones, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 tumba al Gobierno y con él, a Báñez. En 2019, la dirigente anuncia que abandona la actividad política para incorporarse al ámbito privado.

Figura clave tras la era Zapatero

Báñez había heredado una de las carteras más complejas en un momento crítico. Rodríguez Zapatero fue derrotado por su gestión de la crisis económica, y el nuevo ejecutivo debía demostrar que sabía sacar adelante el país. El paro superaba el 22% y la Unión Europea apretaba por todos los flancos.

Como ministra, será recordada por su reforma laboral de 2012, que abarató el despido, pasando de una indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33. Se facilitó también poder echar a trabajadores por causas económicas y hasta ante previsiones de pérdidas. Las empresas ganaron poder, pudiendo modificar salarios, horarios, turnos o funciones con más facilidad, así como descolgarse de los convenios colectivos. Se creó además un contrato que ampliaba el periodo de prueba por un año, permitiendo el despido libre durante todo ese periodo.

Durante su mandato impulsó también medidas como la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, los contratos de emprendedores, incentivos a la contratación juvenil y programas ligados a la Garantía Juvenil. Estas políticas contribuyeron al aumento del empleo a partir de 2014, aunque buena parte de ese crecimiento se concentró en contratos temporales y salarios bajos. En materia de pensiones, aplicó el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización, que rompía con la actualización automática conforme al IPC.

A qué se dedicaba actualmente Fátima Báñez

Una vez abandonó la política y las instituciones, en diciembre de 2019 fue nombrada consejera externa independiente de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, la compañía farmacéutica cotizada con sede en Madrid. En este puesto participa en comisiones clave como la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.

En julio de 2020 fue designada presidenta de la Fundación CEOE, el brazo social y de programas de la patronal. En ese rol ha liderado iniciativas para fomentar empleabilidad, diálogo social y formación, consolidándose como una figura relevante en la esfera empresarial española. En septiembre de 2020, Báñez se incorporó como consejera independiente de Iberdrola México, parte del grupo energético español con presencia internacional, cargo que ejerció hasta mediados de 2022.

Posteriormente, en julio de 2022, fue propuesta para formar parte del consejo de Avangrid, Inc., la filial estadounidense del grupo Iberdrola, donde aportó experiencia en liderazgo ejecutivo y relaciones institucionales. Además de sus cargos en fundaciones y consejos, Báñez ha desarrollado actividad de asesoría externa para empresas privadas. Desde aproximadamente 2020 ha trabajado como asesora externa del consejo de administración de Incarlopsa, la empresa cárnica proveedora de Mercadona, combinando esa labor con sus otras responsabilidades profesionales.

Tras la opa de exclusión de Avangrid por parte de Iberdrola a finales de 2024, Báñez dejó el consejo de esa filial estadounidense y fue redirigida por el grupo a un nuevo cargo ejecutivo: vocal externa y presidenta de la Comisión de Auditoría Interna de Iberdrola Energía Internacional, la subholding que agrupa la actividad energética del grupo fuera de España.

Actualmente, Báñez era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi, vocal del consejo de Iberdrola Energía Internacional y asesora en entidades privadas como Incarlopsa. En paralelo, también ha estado vinculada a otros foros y think tanks económicos vinculados a su partido, ampliando su presencia en ámbitos de debate público y empresarial.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dio inicio a las 00:01 horas de este jueves a una huelga de 24 horas en Renfe para exigir mejoras estructurales de seguridad y el cumplimiento de compromisos pendientes desde hace meses. La convocatoria se mantuvo pese al accidente este miércoles en Urda (Toledo), por el que la organización se declaró “fuertemente consternada”.

En un comunicado difundido antes del inicio del paro, el sindicato señaló que prefería guardar prudencia sobre las causas del siniestro hasta conocer con detalle lo sucedido, para no caer en especulaciones. Consideró que la prioridad inmediata era socorrer a las víctimas y acompañar a sus familias.

A las 8:53 horas de este miércoles, un AVE de Renfe que circulaba hacia Sevilla embistió por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y deja un saldo provisional de 68 muertos y 180 heridos de diversa consideración.

Qué piden los maquinistas

La huelga fue convocada el 16 de octubre tras resultar infructuosa la vía previa de la comisión de conflictos. En una reunión con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe, el sindicato constató que “todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo”.

Semaf sostiene que presentó propuestas en cada mesa de negociación, pero que la Administración y las empresas se escudaron en “la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos”. El sindicato calificó esa justificación de “excusa inaceptable” y argumentó que, si existe voluntad política, cualquier norma legal podría aprobarse en cuestión de semanas.

Entre sus reclamos figuran protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas, una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y el cumplimiento correcto de las interrupciones en los tiempos de conducción. El sindicato exige además soluciones técnicas definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad del material rodante, el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación y que no se modifique el protocolo de atención a los maquinistas que se ven envueltos en un arrollamiento.

Servicios mínimos

Renfe respondió que las reivindicaciones de Semaf exceden su ámbito competencial. La compañía consideró “incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas”, como la normativa de tiempos de conducción o determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo, que según la empresa también escapan a su capacidad de decisión.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible fijó los servicios mínimos para la jornada. En Cercanías, el porcentaje varía según la franja horaria: en horas punta (de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30) se garantiza el 75% del servicio habitual, mientras que en el resto del día el mínimo baja al 50%.

En los trenes de media distancia se estableció una media del 65% de los servicios habituales, y en los de alta velocidad y larga distancia, del 73%. En mercancías, el porcentaje mínimo se fijó en el 26% del servicio programado.

El viernes, en Ouigo

Renfe advirtió que los trenes en servicios mínimos podrían verse afectados por las consecuencias operativas del accidente, por lo que recomendó a los usuarios no viajar. Cercanías Madrid informó que su servicio se verá muy afectado durante la jornada y recomendó a los pasajeros buscar medios de transporte alternativos.

Semaf, por su parte, decidió mantener también la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo, previstas a partir del próximo viernes.

Un AVE de Renfe ha colisionado contra un tren de Iryo este miércoles a las 8:54 horas a la altura de Urda, en Toledo, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. El impacto ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén. El balance de inicial de víctimas ha sido de 10 fallecidos, cifra que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aumentado a 30, después a 64, y aún no es definitiva.

Los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, transportaban a 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa del sistema de seguridad. El accidente ha obligado a suspender la circulación entre Madrid y Andalucía.

Los expertos entrevistados a esta hora coinciden en pedir prudencia, pero también en que “teóricamente, es un accidente imposible”. Uno de los que lo ha dicho es Óscar Carballo, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en TVE, quien tras expresar sus condolencias a los afectados, ha explicado: “La línea tiene un sistema de seguridad y comunicación muy bueno que vigila la velocidad y el frenado de los trenes si rebasan una señal en rojo, si hacen algo raro”.

“Entre dos trenes tiene que haber dos cantones”

“Es un sistema totalmente automático -ha continuado Carballo-. No da órdenes al maquinista sino que toma las riedas y frena automáticamente el tren si va a hacer alcance al siguiente. La vía está dividida en trozos, en cantones, y entre un tren y otro tiene que haber dos cantones libres. Si un tren se pasara y se acercara demasiado, frenaría automáticamente”, ha enfatizado el técnico, para quien, por todo lo anterior, “es imposible que haya un alcance en una línea de alta velocidad”.

En los mismos términos se ha expresado Francisco Cárdenas, responsable de UGT-Renfe Catalunya, este en la Cadena SER: “Es un accidente que teóricamente es imposible. Los sistemas de frenada son de kilómetros para las velocidades a las que llegamos en la alta velocidad y nunca deberíamos llegar a chocar con el otro tren. Incluso con una distracción, el tren te para automáticamente”.

Martín Perea, ingeniero de Caminos especializado en transportes, ha subrayado en declaraciones a la agencia Europa Press que el servicio ferroviario en España cuenta con varios sistemas de seguridad “en general redundantes”. “Que un tren de alta velocidad alcance a otro era algo totalmente impensable hasta este momento”, ha coincidido con Carballo y con Cárdenas.

El sistema LZB

Perea ha explicado que en la línea Madrid-Sevilla existía desde su inauguración el sistema LZB, redundante con el ASFA. El sistema ASFA, “el más sencillo”, consiste en un mecanismo de aviso conectado a señalizaciones concretas. Así, cuando hay un semáforo, una señal o un cambio de aguja, “avisa al tren y puede tomar el control del frenado, por ejemplo”.

En el AVE tradicional, por ejemplo, en la línea Madrid-Sevilla, este sistema estaba asociado al sistema alemán LZB, que consiste en un cable que envía señales electromagnéticas a los trenes para evitar alcances o permitir su detención ante un aviso en un punto de la línea. “Es un sistema complejo, en el que se calcula o se fija de manera previa cuál puede ser la distancia máxima entre dos trenes para que el frenado (no derive) en un alcance”, ha incidido.

El experto ha explicado que el último sistema que se ha implantado en las líneas AVE -aunque en la Madrid-Sevilla su implementación estaba “más retrasada”- es el ERTMS, “el más avanzado”. Este depende de una serie de balizas que transmiten información cuando el tren pasa por encima de ellas. Estas balizas no están expuestas a posibles cortes de suministro eléctrico.

“A lo mejor lo sabe el ministro”

Además de estos, existen otros sistemas. Por ejemplo, el dispositivo de hombre muerto, que obliga a los maquinistas a pulsar un pedal cada cierto tiempo. Si no lo pulsan, se asume que han podido sufrir algún percance, por lo que el tren se pararía. Esa parada sería detectada y su posición, transmitida a otros trenes por el ERTMS y el LZB.

Para el ingeniero de Caminos, “no ha funcionado nada, esa es la hipótesis, y no se puede decir otra cosa”. “No sé en qué estado se encuentran los sistemas de señalización, aviso y detección en este momento de la red. ¿Lo sabe alguien? No lo sé, a lo mejor lo sabe el ministro. Esto es un disparate. Esto es un auténtico disparate. Es un despropósito y se está pagando con muertos”, ha lamentado.

(Con información de Europa Press)

La exministra de Trabajo Fátima Báñez sigue desaparecida en el accidente ferroviario de Toledo. En concreto, Báñez se dirigía en el Iryo, destino Sevilla, para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su familia se ha trasladado a Toledo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este miércoles que su partido sigue “sin noticias confirmadas” sobre la exministra. En una declaración desde la sede del partido, Feijóo ha trasladado toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de su seres queridos. “La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”, ha señalado.

A las 8:54 horas, un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. El choque ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén, con un balance inicial de 10 fallecidos.

En los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, viajaban 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa en el sistema de seguridad.

La primera ministra de Trabajo

Báñez (Huelva, 1967) fue la primera ministra de Empleo y Seguridad Social y también la titular que más tiempo ha ostentado el cargo. Lo hizo cerca de siete años, de diciembre de 2011 a junio de 2018. Báñez se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y posteriormente realizó un posgrado en Administración y Gestión de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard y un programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE Business School.

Su primer trabajo y única experiencia previa en el sector privado fue como responsable de Estrategia de una empresa familiar entre 1993 y 1997. A partir de entonces comienza su carrera en la política, primero como coordinadora de la Presidencia del PP en Andalucía. En 2000, con 33 años, ya era diputada en el Congreso, legislatura en la que ejerció como portavoz adjunta en la Comisión de Economía y Hacienda. Revalidaría su escaño en las elecciones de 2004 y en las de 2008, con el PP en la oposición (gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero).

En 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones por mayoría absoluta y es investido presidente del Gobierno. Báñez, quien le había arropado y asesorado en los años a la sombra del PSOE, es ascendida a ministra de Empleo y Seguridad Social. Entre agosto y noviembre de 2016 lo sería también, en funciones, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 tumba al Gobierno y con él, a Báñez. En 2019, la dirigente anuncia que abandona la actividad política para incorporarse al ámbito privado.

Figura clave tras la era Zapatero

Báñez había heredado una de las carteras más complejas en un momento crítico. Rodríguez Zapatero fue derrotado por su gestión de la crisis económica, y el nuevo ejecutivo debía demostrar que sabía sacar adelante el país. El paro superaba el 22% y la Unión Europea apretaba por todos los flancos.

Como ministra, será recordada por su reforma laboral de 2012, que abarató el despido, pasando de una indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33. Se facilitó también poder echar a trabajadores por causas económicas y hasta ante previsiones de pérdidas. Las empresas ganaron poder, pudiendo modificar salarios, horarios, turnos o funciones con más facilidad, así como descolgarse de los convenios colectivos. Se creó además un contrato que ampliaba el periodo de prueba por un año, permitiendo el despido libre durante todo ese periodo.

Durante su mandato impulsó también medidas como la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, los contratos de emprendedores, incentivos a la contratación juvenil y programas ligados a la Garantía Juvenil. Estas políticas contribuyeron al aumento del empleo a partir de 2014, aunque buena parte de ese crecimiento se concentró en contratos temporales y salarios bajos. En materia de pensiones, aplicó el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización, que rompía con la actualización automática conforme al IPC.

A qué se dedicaba actualmente Fátima Báñez

Una vez abandonó la política y las instituciones, en diciembre de 2019 fue nombrada consejera externa independiente de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, la compañía farmacéutica cotizada con sede en Madrid. En este puesto participa en comisiones clave como la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.

En julio de 2020 fue designada presidenta de la Fundación CEOE, el brazo social y de programas de la patronal. En ese rol ha liderado iniciativas para fomentar empleabilidad, diálogo social y formación, consolidándose como una figura relevante en la esfera empresarial española. En septiembre de 2020, Báñez se incorporó como consejera independiente de Iberdrola México, parte del grupo energético español con presencia internacional, cargo que ejerció hasta mediados de 2022.

Posteriormente, en julio de 2022, fue propuesta para formar parte del consejo de Avangrid, Inc., la filial estadounidense del grupo Iberdrola, donde aportó experiencia en liderazgo ejecutivo y relaciones institucionales. Además de sus cargos en fundaciones y consejos, Báñez ha desarrollado actividad de asesoría externa para empresas privadas. Desde aproximadamente 2020 ha trabajado como asesora externa del consejo de administración de Incarlopsa, la empresa cárnica proveedora de Mercadona, combinando esa labor con sus otras responsabilidades profesionales.

Tras la opa de exclusión de Avangrid por parte de Iberdrola a finales de 2024, Báñez dejó el consejo de esa filial estadounidense y fue redirigida por el grupo a un nuevo cargo ejecutivo: vocal externa y presidenta de la Comisión de Auditoría Interna de Iberdrola Energía Internacional, la subholding que agrupa la actividad energética del grupo fuera de España.

Actualmente, Báñez era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi, vocal del consejo de Iberdrola Energía Internacional y asesora en entidades privadas como Incarlopsa. En paralelo, también ha estado vinculada a otros foros y think tanks económicos vinculados a su partido, ampliando su presencia en ámbitos de debate público y empresarial.

Las elecciones generales del 29 de noviembre son ya probablemente las que más a las claras están mostrando que el Senado no es esa aparentemente inocente cámara de representación territorial y segunda lectura, dicho en ocasiones con menosprecio. Si bien su valor para los partidos no es este, sino el control que otorga sobre el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Administración de RTVE, nada menos. Debe ser importante cuando las dos grandes fuerzas han decidido una renuncia histórica: el PSOE, a sus siglas, diluidas en una coalición de izquierdas; el PP, a presentar candidatura en circunscripciones como Gipuzkoa, Tarragona y Girona.

También han asumido un riesgo. Los pactos son aquello que se niega en campaña y se produce después si los votos no han alcanzado. En unas generales tan excepcionales como estas se ha invertido el orden y pasadas las urnas, ya habrá tiempo de romper la tregua y marcar territorio. Pero se da la particularidad de que el Senado, además de una proporcionalidad muy distinta a la del Congreso -que sin duda buscan optimizar-, da mayor poder al votante, al punto que puede expresar si aprueba o reprueba esta operación de bloques. Conviene recordar que al contrario que el sobre blanco, el sepia no necesariamente debe contener un menú cerrado al gusto de Génova o Ferraz y sus aliados instrumentales.

Así reparte escaños el Senado

El Senado reparte sus escaños por un mecanismo que premia sobremanera al partido más votado en cada circunscripción, una característica que explica los movimientos de PSOE-Frente Amplio y PP-Vox. Si en la Cámara Baja ordena el sistema proporcional D’Hondt, la Alta funciona con listas abiertas y un reparto mayoritario que, en la práctica, suele dejar tres de los cuatro senadores de cada provincia peninsular para la fuerza ganadora y uno solo para la segunda, con independencia de la distancia de votos entre ambas. Así, izquierda y derecha han hecho un cálculo simple: presentándose unidos, concentran los apoyos y aspiran a maximizar el número de representantes.

El mecanismo de votación es lo que marca la diferencia con el Congreso. En lugar de elegir una lista cerrada de partido, cada votante puede marcar hasta tres nombres en la papeleta de su provincia, que pueden pertenecer a formaciones distintas. Los cuatro candidatos con más votos individuales obtienen el escaño, sin que medie ningún cálculo de proporcionalidad entre partidos. Este diseño, vigente desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, buscó diferenciar al Senado del Congreso dándole un carácter de representación territorial y personal, y no partidista. La consecuencia práctica es que la segunda fuerza en una provincia rara vez logra más de un senador.

Fue la izquierda -Senado de Progreso- la que actuó primero, y la derecha la que ha reaccionado. En palabras de Alberto Núñez Feijóo, “una respuesta esperada ante una coalición de desesperados para controlar la cámara”. Pero estos segundos han tenido menos margen, ya que el plazo para registrar coaliciones se había cerrado, por lo que jugaron con las cartas que restaban y optaron por un pacto de retirada selectiva de candidaturas. El acuerdo afecta a 23 de las 60 circunscripciones del país, con el objetivo de alcanzar los ansiados tres quintos de la Cámara Alta, mayoría reforzada que permite un margen de maniobra casi absoluto.

Por qué el voto puede deshacer los pactos

Pero el votante tiene la última palabra. La razón es sencilla: como se ha mencionado, en el Senado no se vota a un partido, se vota a personas, una por una. En cada provincia hay cuatro puestos en juego y la papeleta muestra los nombres de todos los candidatos agrupados visualmente por partido, pero cada casilla es independiente. El votante puede marcar hasta tres nombres, y esas tres cruces pueden ir a cualquier candidato, sin importar de qué partido sea. El votante puede elegir candidato por candidato, con la posibilidad de meter en su selección a nombres de distintos partidos, y esto es lo que puede romper los pactos cerrados.

Cuando el PSOE y Frente Amplio arman una lista conjunta, o cuando el PP retira a sus candidatos para dejarle paso a uno de Vox, lo que hacen es ordenar nombres en una papeleta. Pero esa papeleta llega igual a manos del votante, que no está obligado a respetar ese orden ni esa alianza. Un simpatizante de izquierda puede votar al PSOE pero descartar a un candidato concreto de Frente Amplio y marcar en su lugar a otro nombre, aunque sea de otro partido. El acuerdo cerrado por los dirigentes se deshace en el momento en que esa persona marca su papeleta.

En el Congreso esto no ocurre porque el voto va a una lista cerrada: el elector elige un partido y entran los candidatos en el orden que ese partido decidió, sin posibilidad de alterarlo. Ahí un pacto entre partidos se traduce de forma automática en escaños. En el Senado, en cambio, el pacto depende de que millones de personas, cada una por su cuenta, voten exactamente como el partido les pide. Si una parte relevante del electorado mezcla nombres o no agota sus tres votos, el resultado final puede ser distinto al que buscaban los partidos al pactar.

En el caso del acuerdo entre PP y Vox, esto exige además una coordinación entre electorados distintos: en las 14 provincias donde Vox solo presenta un candidato, sus votantes deberán repartir sus otros dos votos entre los aspirantes del PP para que la estrategia conjunta funcione, un nivel de disciplina electoral que ninguno de los dos bloques ha puesto a prueba hasta ahora en una convocatoria general.

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado el martes con Rafa Latorre en Onda Cero, una entrevista relevante al ser la primera tras el acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado en las elecciones generales. La precampaña también habla de los disturbios en Barcelona o Bilbao, con los que la derecha cree poder desgastar a Pedro Sánchez, achacándolos a la ultraizquierda y a la política migratoria del Gobierno.

Núñez Feijóo valora el pacto con Vox como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio y ante una coalición de desesperados -en referencia a Senado de Progreso- en la que desaparecen las siglas del PSOE y donde el PSOE pretende una fusión por absorción de toda la izquierda para controlar la cámara. Había dos posibilidades: permitir que lo hiciera o responder”.

El líder de la oposición quita hierro al hecho de no presentar candidato por circunscripciones como Guipúzcoa, antepone el fin mayor y asegura eso sí que este movimimiento no se habría planteado de no haberlo hecho antes la izquierda. “Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber: poner fin a esta etapa de indecencia y decadencia en España. (...) Lo demás, es instrumental”, ha zanjado.

Los disturbios

Acto seguido, Núñez Feijóo se ha reivindicando, recordando que cuando llegó al PP, este no era primera fuerza en España y “hoy lo es”, y que lo que no quiere ahora es lamentar que pueda faltar un solo escaño el 29 de noviembre: “El que ponga una piedra a la rueda del cambio político asumirá su responsabilidad”. Ha hablado con Abascal pero que “han sido los equipos los que han buscado los puntos de encuentro”.

En relación con los episodios de violencia estos últimos días en distintas ciudades, ha lamentado “lo que ha pasado en lugares tan tranquilos como La Coruña, y lo que se ha extendido a Barcelona, a Madrid, ayer a Bilbao”. “Que el presidente del Gobierno tarde dos días, ¡dos días!, en pronunciarse y que el ministro del Interior esté desaparecido. Todo eso, Rafa, se acabó“, ha defendido el gallego.

Latorre le ha preguntado por Sol. Cómo sería con él como presidente. Y ha respondido que “la acampada no cumple los parámetros que exigen la libertad de circulación, la libertad de empresa y la salubridad mínima en las calles de madrid”. “Entiendo, por tanto -ha resumido-, que esa acampada debería ser levantada. Libertad de expresión sí, lo que no quiere decir que uno pueda manifestarse donde quiera”.

Marruecos

Sobre Marruecos -“¿cómo habría actuado?“, ha planteado Latorre-, Núñez Feijóo ha expuesto que desde los días 26-27 ya había información del CNI referida a movimientos en el entorno de la frontera, al llamamiento por redes al asalto o sobre la Fiesta del Trono que se celebraba a apenas 25 kilómetros de Ceuta. ”Oiga, se llama a Marruecos el día 28-29 y se dice ‘esto hay que pararlo’“, ha contestado.

“Y si no hay respuesta -ha continuado- es mi obligación desplegar al Ejército en la fontera porque le corresponde velar por la integridad territorial. Y esto es lo que haría. Estoy convencido que si desde el día 26 estamos intercambiando opinión, Marruecos reaccionaría. Pero es que además, desde la invasión en 2021 hubiésemos tenido tiempo para ordenar, protocolizar y garantizar que esto no volviera a ocurrir”.

Núñez Feijóo promete que “levantará las alfombras” con Marruecos o con las cuentas públicas porque “es imposible transitar por ellas sin tropezarte”. Promete también bajar los impuestos “porque los españoles no llegan a fin de mes”. Para ello, “recortaré -ha dicho- gasto de administración, de burocracia, de altos cargos. He leído que había en Moncloa un tipo que se dedicaba a hacer chistes. Es un chiste en sí mismo”.

Aborto

Latorre ha referido la entrevista a Núñez Feijóo en la Cadena SER para profundizar sobre esa reforma del aborto de la que habló. “Lo importante no es lo que diga la opinión sincronizada -ha cortado Núñez Feijóo-, lo importante es lo que yo firmo, (...) y yo he firmado que las mujeres en mi país tendrán los mejores servicios sanitarios cuando quieran ejercer la interrupción voluntaria del embarazo, y que buscaré para aquellas que duden por motivos económicos, todos los incentivos para que sean madres”.

“Lo he firmado y yo no cambio de opinión, yo no soy Sánchez”, ha apostillado, lo mismo que sobre la eutanasia, materia en la que ha reiterado que su foco está en garantizar “una vida digna”. Es por esto que, ha enfatizado, “la desesperanza con la que viven los jóvenes” es una de sus “obsesiones”.