Tres ex cargos del PP a los que el Gobierno de Mariano Rajoy nombró en sucesivos cargos en el antiguo Ministerio de Fomento y en Renfe han pedido este viernes, en declaraciones a Expansión, “despolitizar” esa empresa pública y el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, tras la nueva catástrofe de la alta velocidad española en Urda (Toledo), segunda en nueve meses, con un balance provisional de 69 fallecidos y más de 200 heridos.

Uno de esos ex cargos es Juan Alfaro, que presidió Renfe hasta 2018, con el popular Íñigo de la Serna como ministro de Fomento. En declaraciones a ese diario económico, Alfaro ha abogado por dar autonomía a esas dos empresas públicas para permitirles “ser completamente independientes del devenir político”. Plantea que pasen a “depender de otro ministerio o incluso de otros organismos públicos como por ejemplo Sepi”, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para dotarles de más independencia del ministerio regulador en un mercado liberalizado.

Alfaro, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un perfil técnico y, al mismo tiempo, una trayectoria muy vinculada al PP. Cuando fue nombrado presidente de Renfe, su padre (Juan Hilario Alfaro Martínez) era teniente de alcalde y concejal de Agricultura y Medio Ambiente en el municipio conquense de Tarancón por ese partido, que le nombró presidente de su junta local en mayo de 2018, cuando él todavía presidía Renfe. 

Antes de ocupar ese cargo en la empresa pública de ferrocarriles, Alfaro ocupó varios cargos en administraciones del PP. Fue director general de la Sociedad Estatal de Infraestructura Terrestre, adscrita a Fomento, donde tuvo que lidiar con el problema de las autopistas de peaje en quiebra; y antes, director de la Oficina de Colaboración Público Privada e Innovación Social (bajo el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública) del Ayuntamiento de Madrid entre junio de 2011 y mayo de 2012. Previamente, también ocupó diversos cargos en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP desde hace más de cuatro décadas.

Tras su salida de Renfe, Alfaro se incorporó a la consultora Deloitte. Allí fue director de Transportes y Movilidad y, posteriormente, socio de Financial Advisory, especializado en la industria de Transporte y Movilidad. Tras abandonar esa firma en 2024 montó su propia consultora, Inframove, que tiene entre sus clientes a la Comunidad de Madrid.

En concreto, esta firma de Juan Alfaro se ha adjudicado este año en una unión temporal de empresas (UTE) con otra de las denominadas Big Four, KPMG, un contrato de asistencia técnica para la elaboración y redacción de la Estrategia Logística de la Comunidad de Madrid. 

El contrato, por un importe de 216.892,36 euros, lo adjudicó la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid. Esta empresa mixta fue presentada en febrero de 2025 por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “para reforzar a la Comunidad de Madrid como centro de distribución en toda España y atraer más empresas”.

En esa empresa semipública son consejeros, entre otros, Pedro Corbalán, el consejero delegado de Planifica Madrid (la empresa pública que compró el famoso ático en Chamberí para el Gobierno de Ayuso), o (en representación de la Cámara de Comercio madrileña) Alejandro Halffter, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre al que hace años se atribuyó una famosa frase sobre un “volquete de putas”. 

Otro de los expertos vinculados al PP que piden despolitizar Renfe y Adif es Julio Gómez-Pomar. Considera que estas empresas públicas deben adaptar su gobernanza a la práctica europea, de forma que prime “una mayor independencia del poder político y un sistema donde la competencia profesional sea el criterio de selección de la estructura directiva”.

Pomar tiene también un perfil técnico pero inevitablemente vinculado al PP. Doctor en Económicas por la Universidad Complutense y MPA (Master in Public Administration) por la Universidad de Harvard, con José María Aznar fue secretario de Estado para la Administración Pública, director general de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, director general de la Tesorería de la Seguridad Social y director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Ya con Rajoy en Moncloa, Gómez-Pomar fue presidente de Renfe (estaba al frente de esta compañía en 2013, cuando descarriló un Alvia en Galicia y causó 80 víctimas mortales) y posteriormente, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda entre 2014 y 2018, lo que le convertía en virtual “número dos” del ministerio de De la Serna.

En 2020 fue nombrado presidente de Eco Rail, empresa controlada por el grupo Magtel que estuvo a punto de entrar en la primera fase de la liberalización del AVE. Y en 2024 sustituyó a su ex jefe Íñigo de la Serna como director general de Madrid Green Urban Mobility Lab, una entidad público-privada impulsada en julio de 2021 por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y diversas empresas privadas, que pretende convertir a la capital en un referente internacional en materia de movilidad urbana sostenible.

En septiembre de 2023, elDiario.es informó de que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación a Puertos del Estado por un posible sobresueldo irregular de esta empresa pública a la esposa de Gómez-Pomar, Eva Miquel, que fue contratada como responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en esa entidad adscrita a Fomento cuando su marido era uno de los principales responsables del ministerio.

Otra de las voces expertas que piden “despolitizar” Renfe y Adif es Berta Barrero, que cree que “lo verdaderamente importante no es tanto la adscripción administrativa de una organización como garantizar la estabilidad de su marco institucional, la claridad en la asignación de responsabilidades, la profesionalización de su gobernanza y la autonomía de gestión necesaria para desarrollar una estrategia de largo plazo”.

Barrero es otro perfil muy técnico que ocupó puestos relevantes en empresas públicas durante la etapa de Rajoy, varios de ellos (en Renfe e Ineco) a la sombra del recientemente fallecido Pablo Vázquez, expresidente de Reformismo 21, el principal think tank vinculado al Partido Popular.

Ingeniera de caminos, canales y puertos (UPM), máster en Sistemas Ferroviarios (ICAI) y Executive Master en desarrollo directivo por Esade, tras su periplo por empresas de Fomento Barrero fue fichada en 2017 como directiva por Indra (cuyo mayor accionista es la Sepi), de la que salió en 2023. En la actualidad es adjunta al presidente ejecutivo de Vectalia, grupo familiar alicantino dedicado al transporte de pasajeros urbano e interurbano, con presencia en España, Francia y Marruecos.

Barrero es también, según cuenta El Periódico, una de las integrantes de una suerte de gabinete de crisis propio que ha creado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la tragedia de Urda, cuya primera reunión presencial estaba prevista para este viernes en la sede central del primer partido de la oposición en Madrid.

Barrero ya formaba parte junto al fallecido Pablo Vázquez de ese equipo, con el que el líder del PP ya estuvo en contacto permanente en enero, con motivo del accidente de Adamuz (Córdoba), que le llevó a enfatizar desde entonces el déficit en infraestructuras como uno de sus principales reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo público responsable de regular, supervisar e inspeccionar la seguridad del sistema ferroviario de competencia estatal, lleva incumpliendo desde 2020 sus planes anuales de “auditorías totales o parciales de los sistemas de gestión de la seguridad” de los gestores de la red, que son básicamente el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif Alta Velocidad (AV), en un contexto de creciente carga de trabajo y reiterados avisos sobre falta de personal.

El dato figura en las sucesivas cuentas anuales de este organismo y cobra relevancia tras la catástrofe ferroviaria del miércoles en Urda (Toledo), con un balance provisional de, al menos, 69 fallecidos y más de 200 heridos. El accidente, según las primeras investigaciones, comenzó por una avería técnica del sistema de seguridad LZB de la línea de AVE Madrid-Sevilla a la que siguieron, al menos, tres errores de un operario de Adif en Atocha, en el segundo siniestro de la alta velocidad española en nueve meses tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), donde murieron otras 46 personas.

Las últimas cuentas remitidas por la AESF a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogen una nueva desviación en las auditorías “totales o parciales” de los sistemas de gestión de la seguridad de los administradores de infraestructuras ferroviarias que la entidad debía realizar en 2025. En concreto, este organismo realizó el pasado ejercicio 19 “acciones terminadas o en fase de ejecución”. Esto supuso un 70,37% de las 27 auditorías “totales o parciales” de los sistemas de gestión de la seguridad de Adif que tenía previsto realizar ese año.

En el caso de las empresas ferroviarias (había 35 con licencia en vigor en 2025), la AESF auditó mucho más de lo esperado. Realizó 31 auditorías totales o parciales de sus sistemas de gestión de la seguridad, muy por encima de las 12 inicialmente previstas.

Las desviaciones de la AESF en esas auditorías “totales o parciales” de los sistemas de gestión de la seguridad de Adif se han venido repitiendo desde 2020. Fueron especialmente significativas en 2021, cuando la AESF no ejecutó ni el 43% de las auditorías previstas (hizo solo seis). En 2020, el año de la pandemia, el porcentaje fue del 46%. Los planes tampoco se cumplieron en 2022 (53,3% de lo previsto), 2023 (74,19%) ni 2024 (75,76%). elDiario.es preguntó por este asunto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al que la AESF está adscrita a través de la Secretaría General de Transporte Terrestre, sin obtener respuesta.

La primera de las posibles auditorías total o parcial a desarrollar por la agencia sobre los administradores de infraestructuras ferroviarias en 2025, según el plan de acción de ese ejercicio, era la supervisión del plan específico de la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de Adif para deformaciones de vía y roturas de carril en la red administrada por Adif y Adif Alta Velocidad. Esta acción también figura entre las previstas en el vigente plan de acción de la AESF para 2026. El documento también contempla entre los aspectos a supervisar en esas auditorías los “procesos de explotación y gestión del tráfico” de Adif, con un “alcance a determinar”.

El organismo realizó el pasado ejercicio un total de 29 “acompañamientos, visitas en cabina, visitas informativas e inspecciones” con los administradores de infraestructuras ferroviarias, que incluyeron inspecciones realizadas por Adif y Adif Alta Velocidad dentro de su Plan Anual de Seguridad en la Circulación para vigilancia de sus propias actividades. En este caso, las acciones realizadas estuvieron un 148% por encima de lo previsto.

“Considerable rotación”

La AESF, que desde 2019 ha incoado cerca de 7.000 expedientes sancionadores y ha emitido unas 6.000 nuevas licencias de maquinistas, viene advirtiendo repetidamente en sus cuentas anuales de problemas de falta de personal.

El organismo, cuyo director general desde 2017 (fue nombrado por el anterior Gobierno del PP) es Pedro Lekuona, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, cerró 2025 con 129 empleados (un alto cargo, 117 funcionarios, 9 contratados en régimen laboral, y 2 laborales fuera de convenio). Su plantilla ha crecido un 31% respecto a 2020, el año previo a la entrada en vigor de la liberalización de la Alta Velocidad española, cuando no llegaba al centenar de efectivos.

En sus cuentas, la entidad insiste desde hace años en que “ejerce un gran número de actividades derivadas directamente de sus competencias. Una parte de ellas, como las de supervisión o estudios de seguridad pueden ser objeto de planificación, mientras que las relacionadas con la autorización de actores del sistema o de sus elementos dependen fuertemente de la demanda, difícilmente previsible, especialmente en el momento actual en que se está produciendo la incorporación de nuevos agentes y elementos al sistema, suponiendo estas últimas actuaciones un porcentaje muy elevado de su trabajo”.

“Hay que tener en cuenta que se mantiene una considerable rotación de personal, lo que unido a un ritmo más lento del previsto para cubrir las plazas vacantes de su estructura, hace que la disponibilidad de personal no siempre haya sido la necesaria y deseable para llevar a cabo las competencias de la AESF, teniendo efecto en un considerable retraso en las fechas de conclusión prevista de algunas actividades. Se ha intentado que los retrasos no afecten al Plan de Supervisión, que se considera actividad prioritaria”.

La AESF empezó a operar en 2015. Como autoridad de seguridad del sistema ferroviario español, entre otras actuaciones, supervisa las infraestructuras, el material rodante (trenes), la circulación y el personal ferroviario; concede, suspende o revoca las licencias de las empresas ferroviarias, así como las licencias y diplomas de los maquinistas; y vela por el cumplimiento de la legislación nacional y europea en materia de interoperabilidad y seguridad.

El organismo solo detalla las desviaciones en sus auditorías desde 2018. Antes de ese año no informaba de ellas y se limitaba a indicar las actuaciones de “visitas y acompañamiento” a Adif: 69 en 2016 y 40 en 2017.

Naturgy alcanzó un beneficio de 1.758 millones de euros entre enero y septiembre, un 5,9% más que en el mismo periodo de 2025, y ha elevado sus objetivos para este ejercicio, en el que prevé nuevos resultados récord, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio y sus efectos sobre las cadenas de suministro de petróleo y gas, las infraestructuras de gas natural licuado y rutas de transporte de relevancia global como el estrecho de Ormuz.

En un periodo en el que la cotización del gas en Europa se ha triplicado respecto al nivel previo al inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, la energética alcanzó en los nueve primeros meses del año un beneficio bruto operativo (Ebitda) 4.380 millones, lo que refleja “un sólido desempeño operativo de la compañía en un entorno volátil” y permite “elevar los objetivos anuales”, destaca Naturgy. La compañía espera alcanzar este año un Ebitda superior a 5.600 millones, un beneficio neto de más de 2.200 millones (superando el récord de 2.023 millones de 2025) y una deuda inferior a 13.000 millones al cierre del ejercicio.

La compañía reafirma, asimismo, su política de remuneración al accionista y mantiene flexibilidad financiera “para abordar oportunidades de crecimiento que generen valor”. Naturgy ha aprobado el pago de un segundo dividendo a cuenta de 0,60 euros por acción, que se abonará el próximo 5 de noviembre. La remuneración total al accionista con cargo al actual ejercicio será de 1,80 euros por acción, lo que supone una rentabilidad del 6% anual a los niveles actuales de cotización.

La revisión al alza de los objetivos para 2026 se enmarca en una estrategia “que combina eficiencia operativa, disciplina financiera y compromiso con la seguridad de suministro y la descarbonización”.

La deuda neta de Naturgy se mantuvo hasta septiembre prácticamente estable en 12.307 millones, lo que supone una ratio de deuda neta sobre Ebitda de 2,2x, que “refleja la solidez del balance y la capacidad financiera para abordar oportunidades de crecimiento con disciplina”.

Durante los nueve primeros meses de 2026, el grupo invirtió 1.281 millones, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables. La capacidad renovable instalada total alcanzó los 8,6 GW, tras incorporar 473 MW en el periodo, y se prevé que otros 504 MW entren en operación en el cuarto trimestre de 2026, lo que acercará la capacidad operativa total a los 10 GW a final del año.

El grupo confirma una capacidad de inversión para potenciales operaciones corporativas de hasta 12.000 millones de euros. Asimismo, recuerda que cualquier potencial operación inorgánica estará siempre sujeta a estrictos criterios de creación de valor y a la preservación del rating BBB.

Naturgy “mantiene su compromiso con la seguridad de suministro de gas y electricidad”. Recuerda que dispone de 17 ciclos combinados, con una potencia conjunta de 6,8 GW, que “contribuyen a respaldar la seguridad del suministro eléctrico en España”.

Al mismo tiempo, está impulsando el desarrollo del gas verde a través de la promoción de plantas de producción y la conexión de instalaciones a su red de gas. En renovables y almacenamiento, Naturgy prevé poner en servicio 1 GW de capacidad adicional durante 2026 y otros 2,1 GW entre 2027 y 2030, de los que 1,2 GW corresponderán a baterías. Este desarrollo contribuirá a incrementar la flexibilidad y el valor de la cartera.

Repsol más que multiplicó por cuatro su beneficio neto entre enero y septiembre, hasta 5.006 millones de euros, frente a los 1.177 millones del mismo periodo de 2025. Un resultado sin precedentes, superior al beneficio de ningún ejercicio completo (en todo 2022, tras el inicio de la guerra de Ucrania, la petrolera ganó 4.251 millones), influido por los precios disparados del petróleo por la guerra en Irán, que ha revalorizado los stocks de la compañía con un efecto positivo de 943 millones.

Este resultado compara con un 2025 en el que los resultados estuvieron “condicionados por la caída de los precios del crudo, que conllevó un efecto patrimonial negativo de 478 millones de euros; así como por el impacto del apagón de abril de 2025”, explica la petrolera, que ha acelerado su plan de retribución a sus accionistas y repartirá unos 3.000 millones en este ejercicio.

El resultado neto ajustado de Repsol se situó en 5.419 millones hasta septiembre, frente a los 1.907 millones del mismo periodo de 2025. Por áreas, el resultado neto ajustado de Exploración y Producción (Upstream) alcanzó 1.088 millones, un 28,6%; el del negocio Industrial se situó en 3.668 millones, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino, frente a los 540 millones del mismo periodo de 2025, “impactado negativamente los apagones eléctricos”.

El negocio Cliente −que supone un 11% del resultado neto ajustado de la compañía y gestiona la red de estaciones de servicio− registró un incremento interanual del 4,6%, hasta 613 millones. Generación Baja en Carbono obtuvo un resultado neto ajustado de 43 millones (+23%).

El flujo de caja de las operaciones alcanzó 6.503 millones de euros y la deuda neta cerró septiembre en 2.038 millones. La compañía terminó el trimestre con una liquidez de 11.922 millones, incluyendo líneas de crédito comprometidas no dispuestas, lo que cubre 4,14 veces los vencimientos brutos de deuda a corto plazo.

En lo que respecta a la remuneración a sus accionistas, ascenderá a un total a unos 3.000 millones durante 2026, en línea con el compromiso de destinar entre el 30% y el 40% del flujo de caja de las operaciones. La cifra incluye en torno a 1.200 millones de dividendos en efectivo, la amortización ya ejecutada de 33,1 millones de acciones propias, adquiridas por un importe total equivalente a 850 millones, y un tercer programa de recompra de acciones por 950 millones cuya ejecución está prevista en lo que resta de año.

Asimismo, el grupo anunció el abono en enero de 2027 de un dividendo de 0,56 euros brutos por acción mediante el reparto de 0,53 euros brutos con cargo a reservas libres ya aprobado por la junta general de accionistas y un dividendo de 0,03 euros brutos a cuenta de los resultados del ejercicio 2026.

Para los siguientes dos años, se mantiene el compromiso de incrementar un 3% anual la cantidad total destinada al dividendo en efectivo.

La compañía enmarca estos resultados en un contexto de inestabilidad en el abastecimiento energético globalmente, “creando mayor volatilidad en los precios del petróleo, el gas, el diésel y el queroseno”, tras un tercer trimestre en el que el petróleo Brent promedió 97 dólares por barril, un 40% más que el mismo periodo de 2025, mientras que los precios internacionales de la gasolina, el diésel y el queroseno aumentaron un 60%, 88% y 84%, respectivamente, hasta situarse en 141, 180 y 170 dólares por barril. En el tercer trimestre, el margen de refino de Repsol se disparó hasta un récord de 36,2 dólares por barril, muy por encima del anterior máximo de 23,3 dólares alcanzado tras el inicio de la guerra de Ucrania.

Repsol destaca que “en un contexto complejo, marcado por restricciones globales en la oferta y el incremento del precio del crudo y de los productos refinados, Repsol sigue profundizando en su compromiso con España, garantizando el abastecimiento energético, aliviando la volatilidad de los precios de los carburantes a familias e industrias, protegiendo el empleo de calidad, aportando a las arcas públicas vía impuestos e impulsando el futuro industrial del país”.

Ante esta coyuntura, y en un mercado especialmente tensionado, Repsol ha destinado cerca de 3.700 millones de euros entre enero y septiembre a incrementar sus existencias de crudos y productos refinados. Este esfuerzo, unido a la flexibilidad y eficiencia de sus refinerías, ha permitido adaptar la producción a las necesidades del mercado, reforzar el abastecimiento de los combustibles más demandados y contribuir a que España afronte las restricciones de oferta desde una posición más sólida que otros países europeos.

La compañía subraya que prevé desarrollar proyectos en España por valor de 11.500 millones hasta 2030, de los que el 60% se ubicará en los entornos de sus grandes centros industriales, que se sitúan a la vanguardia de las refinerías europeas. Y cifra su contribución fiscal en lo que va de año en 10.500 millones, el 72% en España (7.500 millones). “Continúa siendo una de las empresas del Ibex 35 que más impuestos paga en el país”, destaca.

Endesa se ha anotado un beneficio neto de 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 15% más, y ha confirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio este miércoles, en una nota en la que reclama “un marco regulatorio proporcionado” para los centros de datos “que preserve las ventajas competitivas de España”.

La eléctrica ha confirmado que en este ejercicio superará los 2.400 millones de beneficio neto ordinario, “pese a las condiciones de mercado más exigentes previstas para el cuarto trimestre”, tras anotarse un beneficio neto ordinario hasta septiembre de 2.125 millones, con un crecimiento del 22%, mientras que el ebitda (resultado bruto de explotación) aumentó un 8,4%, hasta 4.577 millones de euros.

La compañía destaca que los negocios regulados, fundamentalmente redes y generación extrapeninsular, aportan ya cerca del 50% del ebitda, frente a aproximadamente el 40% del año anterior. El negocio de distribución registró un ebitda de 1.747 millones de euros, un 24,8% más. Su margen bruto aumentó un 20,2%, hasta 2.196 millones, impulsado por el nuevo marco regulatorio en vigor desde el 1 de enero de 2026 y por las regularizaciones correspondientes a ejercicios anteriores.

Las inversiones brutas de Endesa ascendieron a 1.622 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, un 19,4% más que en el mismo periodo de 2025. Las redes fueron el principal destino de este esfuerzo inversor, con alrededor de 900 millones de euros, un 42% más. “Este incremento muestra la apuesta por el crecimiento futuro, con las redes como prioridad y con el objetivo de facilitar nuevas conexiones y hacer posible que la nueva demanda eléctrica se materialice”, destaca la eléctrica.

La compañía valora positivamente la mayor visibilidad regulatoria derivada del aumento de los límites de inversión en redes para el periodo 2027-2030, con 10.200 millones de euros adicionales en distribución y 7.700 millones adicionales en transporte, “esto junto con el impulso al acceso flexible a la red, contribuirá a atender nueva demanda en zonas donde actualmente la capacidad disponible es limitada”, destaca en un comunicado. La eléctrica presentará su nuevo plan estratégico en 2027.

En una conferencia con analistas, el consejero delegado de Endesa, Gianni Vittorio Armani, ha expresado sus condolencias a las victimas y fallecidos en el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo. “Estamos cerca de las familias y por supuesto en estas condiciones discutir de números no es importante”.

Armani ha señalado que la decisión de prorrogar Almaraz hasta 2030 “clarifica” el futuro de la potencia firme en el mercado español y puede propiciar una “revisión” del calendario de cierre de los reactores. El ejecutivo italiano ha destacado el fuerte crecimiento de los servicios auxiliares, impulsado en parte por el coste de la operación reforzada tras el apagón. Endesa estima que este año esos servicios auxiliares podrían alcanzar en 2026 entre 5.500 y 6.000 millones, con un “impacto significativo” sobre los consumidores que no tienen contratos a plazo.

Sobre la convocatoria de elecciones generales, el director de Asuntos Institucionales, Regulatorios y de Sostenibilidad de Endesa, José Casa, ha confiado en que se mantengan las “grandes prioridades” e inversión verde, electrificación o seguridad del suministro independientemente del resultado.

Casas ha confiado en la aprobación de la Planificación de las Redes 2025-2030, que requiere del visto bueno parlamentario, “antes o inmediatamente después de las elecciones”. Sobre el decreto de los centros de datos, “no tiene un impacto directo sobre Endesa” pero “son una oportunidad estratégica para España” y pueden impulsar significativamente la demanda eléctrica. El último borrador introduce “alguna flexibilidad que es bienvenida” pero el elemento clave son las exigencias de consumo con renovables, con “algún alivio”, aunque “no son suficientes” para eliminar “barreras a la inversión” de estos centros.

Endesa cree que la evolución de la demanda eléctrica “confirma la tendencia estructural hacia una mayor electrificación y respalda una perspectiva positiva para el crecimiento de la demanda eléctrica en España”. La demanda eléctrica peninsular aumentó un 3,3% durante los nueve primeros meses de 2026 y un 1,6% una vez ajustados los efectos de temperatura, laboralidad y la interrupción del suministro en el apagón de 2025.

La compañía identifica los centros de datos como uno de los principales vectores potenciales de nueva demanda, “aunque para convertir esta oportunidad en inversión efectiva será necesario disponer de suficiente capacidad de red y de un marco regulatorio proporcionado que preserve las ventajas competitivas de España”, tras publicar el Gobierno un nuevo borrador del decreto para regular los data centers algo menos exigente, pero que sigue suscitando el rechazo del sector.

Endesa subraya la necesidad de que el crecimiento de la demanda y el despliegue renovable “vayan acompañados de suficiente capacidad firme, esencial para garantizar la seguridad de suministro y responder en los momentos de mayor tensión del sistema eléctrico”. La filial del grupo semipúblico italiano Enel aplaude la ampliación de la licencia de la nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, la aprobación del marco del mercado de capacidad -todavía pendiente de las subastas-, y el inicio del proceso de asignación de capacidad de generación en los territorios no peninsulares como pasos positivos para reforzar la seguridad de suministro.

Endesa subraya que el tercer trimestre estuvo marcado por un fuerte incremento de los precios eléctricos, con el mercado mayorista superando ampliamente los 100 euros por MWh durante el verano, debido a la combinación de una mayor demanda, el encarecimiento del gas natural y la menor producción eólica e hidráulica. En el conjunto de los nueve primeros meses, el precio medio del mercado diario aumentó un 17%, hasta 74 euros por MWh.

Por su parte, los costes de los servicios de ajuste aumentaron un 34%, hasta 22 euros por MWh, afectados por la operación reforzada del sistema “y por la utilización reiterada del mecanismo de respuesta activa de la demanda”. “El coste conjunto del mercado diario y los servicios de ajuste alcanzó así los 96 euros por MWh, un 20% más”.

“En este contexto, Endesa ha diseñado ofertas de mercado que protegen a los clientes de la volatilidad de los mercados energéticos con tarifas que proporcionan mayor certidumbre y estabilidad en la factura energética, especialmente en un entorno de aumento generalizado de la inflación”.

El margen bruto del negocio de clientes creció un 16,3%, hasta 1.579 millones, 221 millones más que en los nueve primeros meses de 2025. Esta evolución se apoyó en la resiliencia del negocio minorista de gas y en la mejora del margen de suministro eléctrico, favorecida por las estrategias de actualización de precios, aprovisionamiento y coberturas. Estos factores permitieron absorber en gran medida el incremento del coste de los servicios de ajuste. Endesa tiene cubierto alrededor del 98% de los volúmenes eléctricos previstos para 2027 y el 65% de los correspondientes a 2028. En gas, los niveles de cobertura se sitúan aproximadamente en el 90% para 2027 y en el 75% para 2028.

La producción de electricidad de Endesa aumentó un 6%, hasta 49.296 GWh, mientras que la producción renovable creció un 8%, hasta 14.944 GWh. La producción solar destacó con un avance del 30%, hasta 3.759 GWh, y la eólica aumentó un 7%, hasta 4.407 GWh. En total, las tecnologías libres de emisiones, renovables y nuclear, representaron el 85% de la producción peninsular de la compañía.

La compañía ha generado un flujo de caja de 3.500 millones en los primeros nueve meses del año y ha cerrado con una deuda neta de 11.200 millones (desde los 10.100 de cierre de 2025). Pese a este incremento, la ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA se mantuvo estable en 1,8 veces. El coste medio de la deuda bajó del 3,3% al 3,2%.