La red de alta velocidad de España, la más extensa de Europa y la segunda del mundo después de China, ha sido durante muchos años un símbolo de la modernización del país y un motivo indiscutible de orgullo nacional. Pero el fatal accidente de Urda, el segundo en nueve meses, ha reabierto de manera descarnada el debate sobre el estado de la red. La tragedia, que se acerca a las proporciones del peor accidente de España (el de 2013 en Galicia, con 80 muertos), ha puesto en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña.

Muchos españoles se preguntan cómo han podido pasar de ser la envidia del mundo a sufrir los mayores desastres ferroviarios de la historia reciente de Europa. Y, sobre todo, cómo se ha producido este deterioro en tan poco tiempo. Conviene recordar que Sánchez ha gobernado estos últimos tres años sin presupuestos nuevos. Es razonable, por tanto, que los españoles se pregunten si se ha invertido lo suficiente en la red ferroviaria, especialmente desde la entrada de los nuevos operadores.

En el centro de las críticas está el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los hombres más fieles al presidente. En estos tres años, no ha sabido poner orden en un departamento abrasado por la salida de José Luis Ábalos, hoy condenado a 24 años de cárcel por corrupción. Quizás el ministro ha estado más pendiente de elogiar a Sánchez como el «puto amo», o de bromear sobre «la Renfe» en la televisión.

En todo caso, hasta al más despistado le llaman la atención los paralelismos entre los accidentes de Adamuz y Urda: en los dos intervinieron los mismos operadores, la estatal Renfe y la italiana Iryo, y los dos ocurrieron en la línea que une Madrid con Andalucía, la más antigua de la alta velocidad española. El accidente de enero desató una ola de críticas sobre la inversión en mantenimiento, en un país donde los trayectos en tren representan el 57% del transporte total de viajeros. Prueba de que el debate seguía abierto fue la huelga de maquinistas de ayer, convocada antes de que ocurriese el segundo accidente, bajo el lema de la seguridad.

España invierte unos 1.500 millones de euros anuales en su red de alta velocidad, y más del 90% del sistema ferroviario está equipado con los sistemas de control de seguridad más punteros de la UE. El Gobierno, además, asegura haber aumentado el gasto en mantenimiento un 54% desde 2018. Pero hay que tener en cuenta que los viajes en tren han aumentado un 40% entre 2019 y 2024, coincidiendo con la liberalización del sector. Y que los sistemas de control fallan.

Los datos de la Comisión Europea sugieren que la inversión de España en el mantenimiento de sus 4.000 km de alta velocidad se ha quedado rezagada respecto a Alemania o Suiza. Los expertos advierten también de que buena parte de la financiación parece haberse destinado a las nuevas infraestructuras, y solo un 16% se habría reservado a mantenimiento.

La línea Madrid-Sevilla es, además, la más antigua de España y, por lo tanto, la que necesitaría más mejoras. No ha sido el caso. El AVE, que en 1992 fue un icono de innovación, hoy es, para muchos, el símbolo del fracaso del sanchismo.