La degradación en la red de alta velocidad en el tramo entre Madrid y Andalucía vuelve al foco de la opinión pública tras este nuevo episodio trágico en Toledo, el segundo en menos de un año en esta misma vía junto con el de Adamuz. Mientras el Gobierno culpa a un trabajador como el único responsable, maquinistas y ferroviarios han salido al paso para denunciar que el tramo afectado por el choque acumula nueve fallos de señalización desde 2024.

Varios de esos fallos tienen que ver con el robo de cableado eléctrico y de los equipos de señalización y telecomunicaciones, elementos que son necesarios para gestionar el tráfico ferroviario a través del sistema LZB. Un informe de Adif publicado el pasado mes de junio advirtió de 409 denuncias por vandalismo en toda la red ferroviaria en apenas seis meses, un dato que superó a los balances anuales desde 2018. Tras una caída entre 2018 y 2020 —cuando el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121—, la tendencia se invirtió en 2021, con 279 denuncias. La cifra ascendió a 392 en 2022, descendió a 360 en 2023 y a 345 en 2024. En 2025 se alcanzó el máximo del periodo, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya se registró una cifra muy próxima a la del año anterior.

Desde la compañía ferroviaria señalan que la red de alta velocidad cuenta con cámaras de seguridad, vallado metálico, vigilancia privada y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero aun así, lamentan, existen tramos especialmente “sensibles” por su aislamiento respecto de los núcleos urbanos.

Francisco Badea, experto de Certificación Ferroviaria y profesor de la Universidad de Nebrija, ha detallado que las líneas de alta velocidad resultan muy atractivas para los ladrones debido a la presencia de cientos de kilómetros de cableado, tanto de alta como de baja tensión. Asimismo, señala que para el administrador de infraestructuras resulta “materialmente inviable” blindar o vigilar de forma continua miles de kilómetros de trazado y vallado, especialmente en puntos de difícil acceso o remotos donde las labores de mantenimiento también son complejas. “Lo mucho que puedes ver es que hay una cámara y en la cámara se está viendo a una persona que evidentemente no viene con el rostro descubierto”, afirma.

Uno de los puntos sensibles de la línea Madrid-Sevilla se sitúa entre las localidades toledanas de Manzaneque y Los Yébenes. Este año, las interrupciones del servicio en estos tramos se repitieron en los meses de verano. En apenas tres meses, varios de los errores en la conexión del sistema de control fueron por robos. Adif publicó tres avisos por fallos de señalización atribuidos al robo de cable en distintos tramos de la red. El 7 de julio de 2026 informó de una incidencia entre Urda y Malagón. Antes, los días 11 y 12 de junio, comunicó dos fallos de señalización por la misma causa en el tramo Urda-Mora y Orgaz. 37 kilómetros del cableado sustraído se encontraron meses después en varias chatarrerías toledanas, tras una serie de inspecciones realizadas por la Guardia Civil.

Especialmente crítica fue la situación en 2025, cuando se llegaron a producir cinco robos simultáneos en un radio de apenas 10 kilómetros (puntos 92-850, 93-600, 101-400 y 102-200) en el mes de mayo, que obligaron a interrumpir la circulación durante horas y dejaron a miles de personas varadas en Atocha. “Cuando sube el precio del cobre, roban más”, resume un portavoz de Adif en una conversación con Infobae.

En el tramo Urda-Mora-Orgaz, en Castilla-La Mancha, la vigilancia privada de Adif y Adif Alta Velocidad corresponde a la empresa Ilunion Seguridad. Adif licitó el contrato por importe de 189,5 millones de euros para gestionar el servicio entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

Badea resalta que, en los casos de sustracción de cableado, la infraestructura cuenta con mecanismos redundantes y fiables, como el histórico sistema de corrientes en vía, que data de hace 150 años, que evitaría accidentes graves impidiendo que los trenes avancen a ciegas. “Si se roba un cable, son sistemas que ante fallos paran los trenes”, explica.

La ley para castigar a los ladrones que no llegó a tiempo por el adelanto electoral

Como consecuencia de la oleada de robos, la compañía pública reforzó la vigilancia en estos sectores enviando dos patrullas adicionales. Al mismo tiempo, el titular de Transportes, Óscar Puente, anunció que su cartera propondría una modificación del Código Penal para endurecer las penas contra los autores de los robos. En concreto, propuso una reforma del artículo 240, relativo a hurtos contra infraestructuras, para ampliar las penas hasta dos años contra los autores de robos en la infraestructura.

La propuesta estaba en fase de redacción para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la medida nunca salió del ministerio. El adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno hizo encallar a esta ley, que corrió el mismo destino que otros muchos proyectos de la legislatura.

El CEO de Iryo, Fabrizio Favara, advirtió tres semanas antes del accidente ferroviario en Urda (Toledo) que las caídas del sistema LZB (encargado de la vigilancia de las vías) provocaban la detención de sus trenes y les costaba mucho tiempo volver a arrancarlos. En una declaración en la Comisión de Investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, Favara incidió en que uno de los problemas más frecuentes en sus trenes derivaba de la pérdida de conexión en el sistema, que él describió como “seguro, pero bastante antiguo” .

“Cuando se produce una pérdida de conexión entre la señalización a bordo del tren y la infraestructura en tierra, el convoy se detiene por seguridad y requiere un tiempo considerable para restablecer la comunicación y poder reanudar el servicio”.

Precisamente, la caída del LZB registrada antes del choque obligó a detener varios trenes, incluidos el AVE y el Iryo implicados. Un operario del centro de control de Adif en Atocha permitió reanudar la marcha al AVE a “marcha normal”, mientras la maquinista del Iryo comunicó al centro que su tren no podía reiniciar el sistema y permanecía inmóvil; cinco minutos después se produjo el accidente.

Mientras el Gobierno sostiene como único causante aquel error humano, que el propio ministro de Transportes calificó de “inexplicable”, la investigación también trata de determinar el motivo de la caída del sistema y por qué el Iryo quedó detenido.

El LZB, implantado en la línea Madrid-Sevilla desde 1992, es un sistema de control continuo que transmite al tren la velocidad autorizada, la distancia disponible y las restricciones de cada tramo para que reduzca la marcha o se detenga antes de alcanzar un obstáculo. Si funciona correctamente, puede accionar los frenos sin intervención del maquinista. En el caso de un eventual fallo, la instrucción la asume el centro de control de Adif en Atocha.

SEMAF sostiene que el sistema debía haberse sustituido “hace tiempo”

El secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha arremetido contra el Gobierno por tratar de responsabilizar de toda la tragedia al operario que estaba en el centro de control, denunciando que “la degradación de los sistemas de seguridad”, concretamente en el sistema que está actualmente funcionando, el sistema nominal, ha sido determinante en el accidente de Urda, y tendría que haber sido sustituido “ya hace bastante tiempo”.

Martín recordó que, tras lo sucedido en Adamuz, se convocaron paros para reclamar mejoras en la seguridad y se llegó a un acuerdo para implantar esas medidas. Precisamente, la huelga convocada estos días, antes incluso del accidente de Urda, se hizo porque “no se estaban cumpliendo” con lo prometido por Transportes.

El trágico accidente de trenes en Urda ha vuelto a situar bajo escrutinio los fallos de señalización y las decisiones de circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, diez meses después del accidente en Adamuz que se cobró la vida de 46 personas.

Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) publicado este jueves por la Cadena Ser ya reclamó en 2024 que eran necesarias medidas técnicas ante el alto riesgo de que una decisión humana derivase en circunstancias comparables. El documento analizó un rebase indebido de una señal en rojo por parte de un tren de Renfe Alta Velocidad en un tramo equipado con ERTMS (el sistema de señalización y protección de trenes), en la estación de Cuenca Fernando Zobel.

El informe de las autoridades ferroviarias advertía de que la única barrera eficaz frente a una posible colisión dependía por completo del factor humano. Es decir, que el responsable de circulación comprobase visualmente que el cantón estaba libre antes de autorizar al tren a reanudar la marcha. La investigación recogió que un rebase de señal podría desembocar en un accidente del mismo tipo que el de Urda. Desde 2023, la CIAF ha contabilizado 15 rebases instruidos por el centro de control. El informe ha recopilado además nueve incidencias de señalización solo en el tramo de Urda desde 2024.

En el caso del último accidente ferroviario, los audios de las conversaciones en el centro de control en Atocha demuestran que un operario autorizó el rebase de una señal pese a que el tren Iryo continuaba detenido en el mismo sector, una decisión que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “inexplicable”. Así, el convoy avanzó a marcha normal durante 25 kilómetros hasta que se produjo la colisión, que por el momento ha causado 68 muertes y decenas de heridos.

Cableado robado que se encontró en chatarrerías de la zona

La sucesión de anomalías en esta línea se suma a los problemas que los avisos oficiales han comunicado sobre la infraestructura en los últimos meses, que relatan fallos de señalización y robos de cable en los tramos de Urda, Malagón, Yeles, Mora y Orgaz. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio, un robo de cableado en la comarca toledana de La Sagra provocó largos retrasos en la conexión con Andalucía, además de la de Madrid-Toledo.

En septiembre, una decena de inspecciones realizadas por la Guardia Civil terminaron con la intervención de 37 kilos de cable de cobre robado en diversas chatarrerías toledanas. El aumento de incidencias en los últimos meses ha obligado a Adif a incorporar dos patrullas de seguridad adicionales para controlar el vallado en esta zona, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.

La exministra de Trabajo y Economía Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, permanece en paradero desconocido tras el trágico accidente ferroviario en Toledo. La patronal CEOE adelantó en un mensaje en redes sociales que la exministra viajaba en el convoy de Iryo que fue arrollado por un tren AVE.

Báez se desplazaba a Sevilla para participar en la celebración anual del Día de la Empresa, organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que preside Javier González de Lara. Fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Desde ese cargo impulsó la polémica reforma laboral de 2012, que abarató el despido, rebajando la indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33.

Preguntado por esta cuestión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a decir que “todavía no tiene noticias confirmadas” sobre el estado de la exministra popular. La CEOE también ha sostenido en un mensaje en X que permanecía a la espera de conocer información contrastada, ante las informaciones de varios medios de comunicación que han apuntado a su muerte.

Óscar Puente relata la cronología de los hechos

Según la versión oficial de los hechos, confirmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la colisión se ha producido alrededor de las 8:53 de la mañana, entre un tren AVE, con matrícula 2080, y un Iryo, con matrícula 6076, en medio de las localidades de Urda y Los Yébenes. Alrededor de las 8:30 horas se produjo una caída del sistema de control LZB, que se encarga de la vigilancia de la red de alta velocidad, por un fallo de comunicación de los ordenadores. El apagón afectó a un tramo de 63 kilómetros, que derivó en la detención de seis trenes por seguridad.

En ese momento, la instrucción la asume el centro de control de ADIF en Atocha. Puente ha detallado que, en ese momento, aparecía la instrucción “meta 0” y una señal roja que impide el paso, por lo que, según el protocolo, “el convoy no debía avanzar”. Pese a esas condiciones, un operario del centro de control informó al tren AVE que continuara su recorrido de manera “normal”, una circunstancia que el ministro ha calificado de inexplicable y una decisión errónea.

Puente ha indicado que entre las 8:36 y el momento del impacto, el tren recorrió 25 kilómetros con el sistema caído mientras el tren de Iryo permanecía todavía detenido, alcanzando una velocidad teórica que pudo rondar los 200 kilómetros por hora antes de chocar contra él. “Hubo tiempo para constatar el error y no lo resuelven”, ha añadido. El balance de víctimas asciende a 68, más un volumen de heridos que supera las 50 personas, según las autoridades.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una investigación gubernamental y jurídica sobre el accidente ferroviario en Toledo y ha pedido una revisión de la red de alta velocidad para “saber qué pasa con nuestras estructuras”. Minutos después de que el ministro de Transportes compareciese para explicar las principales hipótesis en la investigación, que apuntan a un “error humano” tras la caída del sistema de vigilancia, el líder del PP ha cuestionado la opacidad del Gobierno desde el accidente de trenes en Adamuz.

“Ante dramas como este, España reacciona como una nación unida en lo bueno y en lo malo”, ha afirmado Feijóo, para después matizar que los españoles “merecen respuestas”. “Es imprescindible una investigación gubernamental y judicial, con todos los medios y sin interferencias. Una nación herida debe obtener la confianza de que este país puede volver a funcionar”, ha señalado en una comparecencia sin preguntas.

El líder del PP ha evitado entrar en señalamientos directos, como sí ha hecho el líder de Vox, pero sí ha cuestionado el estado de las infraestructuras ferroviarias. “España tiene derecho a saber qué está pasando, en qué estados se encuentran las vías y el sistema de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron. Los españoles tienen derecho a una revisión de toda la red ferroviaria y a saber en qué se gastó el dinero”, ha sostenido.

El jefe de la oposición ha cancelado sus actos de precampaña previstos para hoy, si bien ha adelantado que estará presente en el minuto de silencio frente a los ayuntamientos convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias. “Con dolor, solidaridad y exigencia. Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz”, ha sentenciado.

Sánchez asegura que “se va a llegar hasta el final” para saber las causas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que se va “a llegar hasta el final” para saber las causas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro) que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y añadió: “Si ha habido negligencias, se sabrá”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que el choque se produjo por una instrucción “errónea” de un operario del centro de control de Adif en Atocha. Relató que cerca de las 8:30 se produjo un fallo de comunicación entre los ordenadores que provocó la caída del sistema de control LZB, encargado de supervisar la circulación en la red de alta velocidad. La incidencia afectó a 63 kilómetros de vía y obligó a detener seis trenes como medida de seguridad.

Puente añadió que, tras la caída del sistema, el centro de control asumió la gestión de la circulación. Pese a la existencia de una señalización roja en el sistema, condiciones que, de acuerdo con el protocolo, impiden que reanudara la marcha, el centro de control autorizó al convoy a continuar. El ministro afirmó que el AVE llegó a recorrer 25 kilómetros hasta el momento de la colisión, mientras el tren de Iryo seguía detenido.

España vive un segundo accidente mortal en la red de alta velocidad en menos de un año, después del trágico episodio en Adamuz que se saldó con decenas de víctimas el pasado enero. De nuevo, el trágico episodio ha tenido lugar en la línea de Madrid-Andalucía, aunque esta vez a la altura de Toledo, donde se ha producido una colisión entre un tren Ave y un Iryo que ha derivado en el descarrilamiento de uno de los trenes.

Las primeras reacciones, con la información llegando a cuentagotas, han llegado a través de las redes. Candidatos, líderes regionales e instituciones han decidido aparcar la trifulca política para trasladar su solidaridad con las víctimas y familiares. Todos menos Vox, que ha sido el único partido que ha decidido entrar al choque contra el Gobierno al considerar que ya se utilizó el “luto” por el Adamuz para “acallar” sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras. La formación de Santiago Abascal ha decidido seguir adelante con los dos mítines que tenían previstos, en Valladolid y en Santander, para “denunciar la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”.

“Lo que algunos deberían suspender no es la campaña electoral, sino sus bailes y sus chistes sobre la Renfe”, ha censurado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su intervención en Santander, entre gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” por parte de un sector del público.

Desde Vox apuntan directamente a la falta de mantenimiento de las vías, pese a que la investigación que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes maneja como primera hipótesis un posible error humano tras fallar el sistema automático de señalización. “Hemos denunciado durante mucho tiempo con frases muy duras que en España se estaba gastando en porquerías el dinero del mantenimiento de las vías, y ahora nos encontramos con otro accidente sin saber qué ha pasado en el anterior”, denunció a primera hora de la mañana el líder de Vox, Santiago Abascal, en una intervención para el programa Espejo Público de Antena 3.

El portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox, Rodrigo Alonso, que acudía esta mañana de miércoles a la manifestación de agricultores de Madrid, también ha arremetido contra el Ejecutivo, acusándole de “destinar el dinero para prevenir accidentes a mordidas del Partido Socialista”.

El Gobierno y los candidatos al 29N suspenden sus actos

El presidente del Gobierno ha cancelado su intervención en una cumbre sobre obesidad y ha asegurado sentirse consternado por el trágico episodio en Toledo. “Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, ha afirmado el presidente. El resto de miembros del Gobierno también han cancelado sus actos, a la espera de conocer más información sobre el accidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puentes, que se enteró minutos antes de realizar una intervención en un foro internacional, ha asegurado que permanece en el puesto de control de Adif desde las 9:40 de la mañana “tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido”. Se espera que comparezca a lo largo de la mañana para aportar más detalles sobre el accidente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha escrito en redes para informar de la movilización de recursos por parte del ministerio, en coordinación con todas las instituciones competentes. “Estoy trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar”.

En cuanto al resto de líderes políticos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la cabeza de lista de los partidos del Frente Amplio, Ada Colau, han cancelado sus actos porque lo prioritario, han dicho, es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. “Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno”, han escrito en sendos mensajes en X. “Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencias y estemos atentas a la información oficial”, ha pedido la líder de Podemos, Irene Montero.

La UE expresa su solidaridad: “Hoy Europa llora con vosotros”

La cascada de reacciones también se extiende a las autoridades comunitarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado en las redes sociales la solidaridad de la UE con las víctimas del trágico accidente. “Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas”, ha indicado la dirigente germana en redes sociales. “Hoy Europa llora con vosotros”, ha concluido.

“Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor”, ha apuntado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo en otra declaración compartida en redes sociales. Costa ha dicho recibir “con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo”, al tiempo que ha querido poner en valor el trabajo de los servicios de emergencias, a los que ha agradecido su asistencia a las víctimas.

El Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de prisión y suspensión de sueldo a un brigada de la Armada por ocultar a sus superiores que derramó al menos 3.000 litros de combustible de aviación en una fragata, pero le ha retirado la obligación de indemnizar al Estado con 2.895 euros. La Sala de lo Militar ha concluido que el suboficial cometió un delito de deslealtad al negar ante el jefe de su servicio que hubiera existido una incidencia durante el trasiego del combustible.

El brigada era el responsable directo de la recepción y gestión del combustible y los aceites en la fragata de la Armada. El buque embarcó el pasado 13 de enero de 2025 21.700 litros de JP5 en la base naval española de Rota, en Cádiz, para afrontar su calificación operativa. Un día después, a las 12:00 horas, se llevó a cabo una recirculación obligatoria para conservar el combustible en condiciones adecuadas. En el primer trasiego, el tanque de almacén perdió 5.800 litros en el primer trasvase por un error de alineamiento. Esa tarde hubo otro movimiento hacia otro de los tanques y, al día siguiente, el nivel de ese depósito pasó del 67% al 43% de su capacidad: otros 1.450 litros menos.

Como consecuencia del derrame, parte de este combustible cayó en el mar. El resto quedó en el interior del buque y, según relata la sentencia, el brigada ordenó a dos subordinados que retiraran el líquido con cubos y lo vertieran en el tanque de aguas oleosas, un depósito que tienen los barcos destinado al almacenamiento temporal de aguas contaminadas.

La condena no es por el error, sino por ocultar el incidente

La condena no ha respondido al error técnico que causó la pérdida del carburante, ya que fue absuelto anteriormente por el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña al no apreciar el elemento subjetivo exigido para ese delito. El Supremo ha situado el delito en la conversación con el capitán de corbeta, jefe del Servicio de Energía y Propulsión.

El capitán preguntó al brigada si había existido alguna novedad con el JP5, si se había producido una pérdida y cuáles eran las existencias a bordo. El militar respondió que no había ocurrido nada, negó la merma y afirmó que el buque conservaba todo el combustible cargado en Rota. Para el Supremo, esa versión fue “una consciente y mendaz traición a la verdad” sobre un asunto del servicio.

Los magistrados sí han corregido la condena económica. La pérdida de combustible procedía del derrame anterior, no de la información falsa que completó el delito de deslealtad, por lo que ha quedado fuera de la causa. La mentira podía generar responsabilidad civil si hubiera causado un perjuicio directo, ha zanjado el tribunal. Las costas han quedado declaradas de oficio.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende seguir exprimiendo durante toda la semana los disturbios en Barcelona, Bilbao y A Coruña para reimpulsar su campaña y revertir el frenazo en las encuestas. Antes de poner rumbo a la capital catalana, donde se reunirá este miércoles con el alcalde Xavier García Albiol y con las personas afectadas por la violencia callejera, el líder del PP ya ha calentado el ambiente durante el acto de presentación de las listas del PP Madrid.

Arropado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la número dos de la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, el líder popular ha lanzado varias promesas electorales. Esta última semana ha tocado la de recuperar la ley y el orden: “Vivir tranquilo es que una mujer pueda volver a casa sin temor, que tu casa sea tuya, que tu comercio amanezca y que el escaparate esté entero. La paz costó mucho construirla. Quien gobierne tiene que apagar el fuego, no arrojar gasolina”, ha reiterado Feijóo.

Feijóo ha insistido en vincular los disturbios a una maniobra electoral de Pedro Sánchez y los partidos de la izquierda alternativa, subrayando que “lo que no pueden ganar, lo quieren romper”. “Quien amenaza porque va a perder solo merece perder para que gane la mayoría. España no se va a dejar intimidar. A partir del día 30 habrá orden. Seremos implacables con los violentos. La ley se cumplirá siempre”, ha sentenciado.

Ayuso acusa a Sánchez de querer “comprar las elecciones” y el Gobierno responde

En la misma línea se refirió minutos antes la número dos de la lista madrileña, quien ha sostenido que “la vuelta a la violencia no era casualidad”, sino el resultado de una política “que señala a media España como enemiga y fascista”. La regidora madrileña iría más allá, en línea con la teoría del pucherazo con la que el PP arrancó la campaña: “El sanchismo está destruido y solo quiere intentar comprar unas elecciones”, ha aseverado.

“Debemos ser generosos con una forma de ver el mundo que se defiende desde la mirada liberal de la vida. Pero solo desde las ganas, desde la ilusión y estando en plena forma se puede alcanzar el poder. No se hereda, se conquista y se hace con ganas”, ha expresado la regidora madrileña.

Las reacciones del Gobierno han llegado a través de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha reprochado al PP que “fomente el odio” con estas acusaciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Saiz ha pedido “responsabilidad” a los líderes políticos ante los actos violentos y, sin citar expresamente al jefe de la oposición, le ha recordado que “nunca” se puede “fomentar el odio” con incidentes de este tipo. “Es una barbaridad”, ha añadido.

La lista de Feijóo para disputar los 37 escaños de Madrid

Feijóo ya tiene confeccionado a su escuadrón para pelear por los 37 escaños que reparte Madrid. El PP difundió la lista completa para el Congreso de los Diputados, que estará encabezada por el líder popular, seguido de Álvarez de Toledo y el portavoz del PP, Borja Sémper.

También incorpora miembros de su guardia pretoriana, entre ellos Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo; y Mar Sánchez, mano derecha del líder del PP desde hace 30 años. El resto lo componen varios vicesecretarios del PP, entre ellos Alma Ezcurra, Jaime de los Santos y Juan Bravo, y varios regidores madrileños. Este último grupo podría desatar el runrún el 29N. ¿Es legal que un alcalde sea diputado al mismo tiempo? Sí, pero no está bien visto en los estatutos internos del PP, en los que se estableció que era incompatible compaginar ambos cargos.

Feijóo y Abascal, tándem en el Senado

Más llamativa ha sido la estrategia de los populares en la Cámara Alta. El acto en Madrid tiene lugar al día siguiente de que Feijóo y Santiago Abascal sellasen un pacto histórico para frenar la dispersión de voto en el Senado y contraponer la alianza entre el PSOE y Frente Amplio, que concurrirán bajo una única lista. La fórmula de la derecha es distinta: Vox aceptó no presentarse en seis provincias y limitarse a presentar un candidato de tres posibles en 14 territorios, mientras el PP se borrará de tres provincias y se comprometerá a incorporar a candidatos independientes propuestos por Vox allá donde la extrema derecha no compita.

Feijóo, que califica la alianza entre socialistas y el nuevo Sumar como una “coalición de desesperados”, defiende su pacto con la extrema derecha como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio”.

Alrededor de 39 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 29 de noviembre. Los votantes que no puedan acudir a su colegio electoral el día de las elecciones generales podrán ejercer el sufragio mediante el voto por correo. Pero atención: una vez que la Oficina del Censo Electoral (OCE) acepte la solicitud, las personas inscritas en esta lista no podrán votar de forma presencial el día de los comicios, incluso si finalmente no envían su voto por correo.

Podrán pedir el voto por correo cualquier ciudadano inscrito en el censo electoral residente en España que prevea que no podrá acudir personalmente a la mesa que le corresponda el 29 de noviembre, ya sea porque tenga programado un viaje, por motivos de trabajo o por estar viviendo en otra ciudad. También podrán tramitarlo los españoles que residan habitualmente en el extranjero, pero se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral.

Cabe recordar que los electores residentes fuera de España que permanezcan en el exterior no deben recurrir a este procedimiento. Para estas situaciones se debe utilizar el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), al que deberán acudir para recibir la documentación electoral sin necesidad de presentar una solicitud previa.

Plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales

El trámite para pedir el voto por correo se abrió el pasado 6 de octubre y finalizará el jueves 19 de noviembre, incluido; mientras que el voto deberá depositarse en una oficina de Correos antes del 25 de noviembre, dentro del horario habitual de atención. La entrega se efectuará por correo certificado y es importante conservar el justificante.

La petición para votar por esta modalidad se puede solicitar en cualquier oficina de Correos, de forma presencial, o por internet, a través de la página oficial que habilita Correos.

Los documentos que debes llevar

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que el elector debe acreditar su identidad con cualquiera de los documentos admitidos, siempre que presente el original, incluya fotografía y permita identificarlo sin dudas. Es decir, serán válidos el pasaporte, el permiso de conducir o la tarjeta de residencia originales.

La normativa también permite que otra persona solicite el voto por correo en nombre del elector cuando una enfermedad o discapacidad le impida acudir a una oficina de Correos. Para ello, deberá presentar una autorización notarial o consular y el certificado médico que acredite esa situación.

En la modalidad presencial, el elector tendrá que comunicar una dirección postal para recibir las papeletas, sobres y certificados. Esa dirección puede ser distinta a la del domicilio habitual, como un lugar de trabajo o un apartado postal. La Oficina del Censo Electoral prevé comenzar el envío de la documentación a partir del 9 de noviembre y la entrega será personal y requerirá que el destinatario acredite su identidad. Si no se encuentra en el domicilio indicado, Correos te dejará un aviso para recoger la documentación en la oficina indicada.

La fecha límite para votar por correo para las elecciones del 29-N

Una vez recibida la documentación, el elector deberá seleccionar la papeleta, introducirla en el sobre de votación y preparar el envío dirigido a su mesa electoral junto con el certificado de inscripción en el censo. En ningún caso deberás introducir tu DNI.

Correos recuerda que, si el elector no puede acudir personalmente a enviar el voto, puedes autorizar a otra persona. Para ello, deberá aportar una autorización firmada, una copia de su documento de identidad y la identificación de la persona autorizada. El último día para votar, según los plazos electorales, es el 25 de noviembre.

El Partido Popular ha encontrado en las protestas violentas en Barcelona un filón para movilizar a su electorado en un momento crítico en la campaña, monopolizada por una ola de manifestaciones sociales que están haciendo remontar a la izquierda en las encuestas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los disturbios con la negativa de la izquierda a abandonar el poder y acusa sin pruebas al presidente del Gobierno de pretender incendiar las calles “tras perderlas en las urnas”.

La condena es unánime en las filas populares, si bien hay discrepancias sobre quién los ha instigado. Desde el ala dura del PP y en Vox los vinculan además con la inmigración irregular, pese a que la mayoría de los detenidos poseen la nacionalidad española y las causas todavía están por determinar. Pero ¿para qué escoger una línea cuando puedes combinar las dos? “Aprovecharemos para que sea nuestro camino”, afirman fuentes de Génova 13 consultadas por Infobae, que avanzan que el líder del PP insistirá en ambas ideas durante toda la semana.

El plato fuerte llegará este miércoles, cuando el líder del PP se desplace a Barcelona para reunirse con el cabeza de lista Xavier García Albiol, el alcalde del PP que encadena mayorías absolutas gracias a un discurso que relaciona la inmigración con la inseguridad en las calles. “No será un simple mitin político”, adelantan desde Génova.

Porque además de intervenir en el acto con sus militantes, el líder de los populares mantendrá distintas reuniones con personas afectadas por los disturbios, “que han perdido todo, sus negocios”, subrayan desde el PP. A lo largo del día, Feijóo recorrerá la ‘zona cero’ de los altercados que se saldaron con 130 detenidos y quince policías heridos. El número uno del PP por Barcelona tachó los disturbios de “guerra híbrida” y no ha tenido reparo en apuntar contra las “personas que o vienen del Magreb o son de segunda generación de personas que vinieron del Magreb” como los principales instigadores.

El PP aprovechará para anunciar una serie de reformas encaminadas a facilitar la acción policial, para que sea “contundente y con garantías”, y, asimismo, que las detenciones tengan consecuencias “jurídicas efectivas”. El propio Feijóo se refirió a ello el pasado domingo, cuando prometió que “plantaría cara” a los violentos cuando llegase al poder.

En Madrid con la línea dura del PP

Un día antes, el candidato del PP comenzará a caldear el ambiente en un acto en Madrid donde presentará la lista en esa circunscripción para el Congreso de los Diputados y el Senado. Según confirman desde el PP, allí estará arropado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la número dos del PP en la lista de la capital, Cayetana Álvarez de Toledo, dos exponentes de la línea dura del PP.

La regidora madrileña ha emprendido una guerra legal contra las diversas manifestaciones sociales que han estallado en la capital durante la precampaña, a las que vincula con la izquierda. Ayuso pidió incluir a los acampados en Sol como “terroristas”, al tiempo que su Gobierno emprende recursos legales para desalojarlos por la fuerza.

La dirigente popular ha sido una de las principales dirigentes territoriales que han tomado parte en la campaña: fue también una de las primeras en agitar la bandera del pucherazo al inicio de la precampaña. La número dos por Madrid, por su parte, ha reivindicado a Feijóo como la solución para que el Estado garantice el orden.

Misión: revertir el bajón en las encuestas

En las filas populares se muestran confiados de que el 29N lograrán, con Vox, una mayoría más que holgada en el Congreso de los Diputados: la mayoría de los sondeos les otorga alrededor de 200 diputados. Pero la campaña electoral podría hacerse larga para el PP, que encadena tres semanas a la baja en su proyección electoral. No es uno, sino cinco los sondeos publicados este lunes que muestran que el bloque de PP y Vox podría dejarse decenas de representantes en apenas dos semanas.

Y todo es, en parte, por la bajada del PP. La encuesta elaborada por NC Report para La Razón rebajó 1,2 puntos la estimación de voto respecto al estudio elaborado a comienzos de este mismo mes (alrededor de cinco diputados menos). En la misma línea ha ido otro elaborado por Sigma Dos para El Mundo, que recorta un 2,6% su previsión, además del de GAD 3 para ABC, Imop para El Confidencial o GESOP para el periódico.