El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte (66.300 vecinos), gobernado por el PP, quiere recuperar unos locales comerciales que llevan años vacíos y que en su día fueron escenario de uno de los grandes pelotazos del caso Gürtel. El Consistorio ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Caixabank, propietaria hoy de esos locales, para pagar la deuda hipotecaria que mantiene la empresa que en su día se hizo irregularmente con esos locales y que pertenecían a uno de los condenados, Ramón Blanco Balín, economista e inspector de finanzas del Estado, gran amigo en su día de José María Aznar (que le hizo directivo de Repsol) y que fue detenido como uno de los grandes cerebros financieros de la trama liderada por Paco Correa.

De hecho, Blanco Balín ya ha sido condenado en varias de las piezas de la trama (la visita del Papa a Valencia en 2006, los negocios en Arganda del Rey y en Boadilla del Monte) y espera nueva sentencia por otra pieza, por ayudar a Correa y sus socios a ocultar el dinero en el extranjero y defraudar al fisco. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla llevó este martes a su Consejo de Administración un punto del día para ser votado: pagar 600.000 euros a la Caixabank para poder recuperar la titularidad de tres fincas que albergan los 30 locales y 140 plazas de aparcamiento. Aunque el Ayuntamiento tiene el derecho de superficie, la titularidad de los locales es de la entidad financiera, que se los quedó después de que concediera un préstamo a la compañía Artas Consultoría, propiedad de Ramón Blanco Balín.

Aunque el PP tiene mayoría en el Consejo de la EMVS (nueve miembros), este martes decidió a última hora retirar la votación de ese acuerdo extrajudicial después de que la concejala del PSOE, Alessandra del Mónaco, pidiera más tiempo para estudiar toda la documentación y amenazara a los consejeros del PP con llevarles a los tribunales si con dinero público se saldaba la deuda que un condenado por corrupción mantiene con la entidad financiera. “El asunto es complejo y queremos dar la oportunidad al resto de grupos municipales de reunirse con los funcionarios y los técnicos para que les pregunten lo que consideren oportuno”, señala un portavoz del Ayuntamiento. “Es más eficiente, constructivo y beneficioso superar el actual estado de confrontación y poner fin a la judicialización de este asunto que podría alargarse durante varios años”, señala la propuesta enviada por Caixabank.

Para entender todo este lío tan “complejo” y judicializado hay que remontarse al año 2008. En ese momento, Caja Madrid (que luego sería absorbida por Caixabank) concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros para que Ramón Blanco Balín pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red que Correa amañó en Boadilla. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. El negocio era redondo para Blanco Balín y Paco Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero, alias ‘el Albondiguilla’ (condenado a 36 años de cárcel), sacó a concurso el derecho de superficie de tres parcelas en la mejor zona del municipio, donde se iban a construir 33 locales comerciales y 140 plazas de garaje en la Avenida Siglo XXI, una de las principales arterias del municipio.

Un amaño por 99 años

La adjudicación se la llevó Rústicas MBS SL, tres años antes de los préstamos, en octubre de 2005, empresa de Blanco Balín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma suya, Artas Consultoría. Esta última gestionaría los 33 locales y los garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento un canon anual de 81.344 euros, canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. Todo un chollo para la trama, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Balín si alquilaba el espacio a su disposición? Según sus estimaciones, 1,3 millones de euros anuales, de los que había que descontar el paupérrimo canon anual que le pedía el Consistorio: 81.344 euros.

Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros. Tras conocerse el escándalo del caso en 2009, el Ayuntamiento de Boadilla (ya con Panero fuera) rescindió en octubre de 2011 el contrato con Artas Consultoría. Han pasado 15 años y los locales comerciales languidecen en una de las avenidas más comerciales de Boadilla. Para la concejala Alessandra del Mónaco “consideramos que un asunto de esta trascendencia, relacionado con las consecuencias jurídicas de actuaciones urbanísticas del pasado y con antecedentes judiciales vinculados al caso Gürtel y la presencia del ex alcalde Arturo González Panero en prisión con una sentencia de 36 años y 11 meses, debemos exigir la máxima transparencia y todas las garantías jurídicas y económicas”.

El acuerdo que quieren firmar Boadilla y Caixabank contempla que, en el caso de que la entidad financiera recupere la totalidad del importe reclamado a Blanco Balín, 4.145.553 euros, “CaixaBank quedará obligada a reintegrar a la EMSV, en el plazo de 10 días hábiles, el importe de 600.000 euros abonado por ésta. La obligación de reintegración solo aplicard en el caso de recuperación por CaixaBank del total importe reclamado”. Las dos partes, Ayuntamiento y Caixabank, se comprometen así también a piner fin al litigio que mantienen por la titularidad real de las parcelas (y por ende, de los locales) para poder inscribirlas en el registro.

“Nos encontramos ante una cuestión jurídica compleja. La situación de bloqueo jurídico y económico de los inmuebles de la Avenida Siglo XXI está generando a la EMSV un perjuicio económico, sin perspectiva de solución a corto plazo por la vía exclusivamente litigiosa. Hasta que no se cancele la inscripción registral del derecho de hipoteca constituido sobre el derecho de superficie, las fincas no están, técnica y jurídicamente, libres de cargas”, explican desde el Consistorio. Si Boadilla tuviese los locales, podría sacar su alquiler o concesión a concurso e ingresar unos fondos públicos. Ese canon de concesió sería de 300.000 euros anuales. “No nos oponemos a que se busquen soluciones que protejan los intereses municipales, pero creemos que cualquier acuerdo debe estar suficientemente justificado y garantizar la defensa del patrimonio público. Boadilla no puede pasar página de la Gürtel sin transparencia ni explicaciones. No vamos a contribuir a normalizar sus consecuencias ni a cerrar en falso este capítulo de la historia de nuestro municipio”, recalcan desde el PSOE.

El currículo empresarial de Ramón Blanco Balín, por su parte, ha sido muy ingente. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorpora a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombra su segundo y en 2002 es elegido consejero delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer). Boadilla, por su parte, fue uno de los epicentros de la trama Gürtel. Tanto, que la Audiencia Nacional abrió una pieza separada solo para investigar los tejemanejes de Correa y los suyos en este municipio madrileño. Las condenas fueron ejemplares.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2023 la condena de 36 años y 11 meses que la Audiencia Nacional impuso a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte. La sentencia también condenó al PP a pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de la red. Correa, al que se le impusieron por este caso 13 años y 6 meses de cárcel, la misma pena que a su número dos, Pablo Crespo, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su castigo a cambio de confesar los hechos. Esta pieza de Boadilla dejó 23 condenados.

Con todo tan polarizado, el trágico accidente de tren en Toledo (que al cierre de esta información se había cobrado al menos 68 vidas) va a agitar sin duda la próxima campaña electoral y cambiar mucho los planes que habían diseñado los partidos políticos que tanto se juegan el 29 de noviembre. Si el PSOE y el resto de formaciones de izquierda vieron en el ‘efecto Maricarmen’ (el desahucio de la vecina de Madrid) y la bandera de la vivienda lo que necesitaban para movilizar a sus votantes y a los indecisos, ahora el siniestro de dos trenes chocando en un suceso “inexplicable” va a conllevar movimientos de expectativas y esperanzas.

“Esto lo cambia todo. Seguramente en los próximos días Óscar Puente tenga que abandonar el ministerio y veremos si renuncia a su puesto por la circunscripción Valladolid”, explica un alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, que cree que ya es imposible “remontar” esta campaña. “Es triste decirlo, pero el accidente mejora y apuntala nuestros objetivos electorales”, remarca una fuente del PP de Madrid muy comprometido con la campaña de Feijóo. “El PSOE llegó al poder hace muchos años por unos trenes [en alusión a los atentados del 11-M] y se irán por culpa de otros trenes”, señala, en relación a este siniestro y al de Adamuz (en Córdoba), que en enero de este año dejó otros 46 muertos en la misma línea del AVE a Sevilla. Para los populares, “esto ya es la puntilla y el fin de toda esperanza electoral para el PSOE”.

Y es que si el PP y Vox veían en la migración (crisis de Ceuta) y los casos de corrupción del PSOE su filón para enfocar la campaña, los socialistas y sus hipotéticos socios (Frente Amplio) creían que la política de vivienda, sus iniciativas sociales (como la defensa de las pensiones) y el miedo a la ultraderecha (“la involución del país”, en boca del presidente Sánchez) equilibraba las tornas y hacía que hubiera “partido” y todo estuviera por decidir de cara al 29-N, a pesar de que todas las encuestas dan un futuro Gobierno de PP y Vox. “Pero ahora con muertos de por medio... todo cambia y empeora mucho”, coinciden en señalar varias fuentes del PSOE consultadas.

El PSOE asume que tendrá que replantear su campaña, y que, aunque ahora habrá unos días de “cierta tregua” y “luto” para atender a los familiares de las víctimas y los heridos y ahondar en la investigación, saben que la derecha “explotará” el accidente todo lo que pueda. Alberto Nuñez-Feijóo hizo este miércoles una comparecencia exigiendo una investigación gubernamental y judicial “inmediata” y “sin interferencias”. Como todo detalle cuenta ya, el líder del PP no aceptó preguntas y colocó un crespón negro a su espalda. El presidente andaluz, José Moreno Bonilla, no quiso perder su oportunidad y también hizo su comparecencia exigiendo también al Gobierno central “transparencia, rigor y verdad” tras el accidente ferroviario y reclamando una “inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid”.

Querella de Vox

Por su parte, Vox ha presentado este mismo miércoles ante el juzgado de guardia de Orgaz (Toledo) una querella criminal contra los responsables de Adif, la entidad pública que administra las infraestructuras ferroviarias, “y en particular contra el operador u operadores del puesto de mando de circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los tres tras el fallo LZB”, lo que supuestamente provocó que colisionaran el AVE y un tren de Iryo. El estado y la inversión de las infraestructuras no estaban en los temas y planes de campaña de los partidos. Este nuevo siniestro lo cambia todo a un mes de las elecciones. “Somos una nación herida”, señaló Feijóo.

Pedro Sánchez, que se desplazó a Urda (Toledo), el lugar del grave accidente ferroviario, sabe que la tragedia marcará ahora gran parte de la campaña. “El objetivo es esclarecer lo sucedido, por qué ha ocurrido” para llegar “hasta el final” y dirimir si ha habido “negligencias” y “fallos”. Sí las ha habido, ha recalcado, “se sabrá”. Sánchez ha mencionado también el accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) y ha reconocido que “no es asumible” que el país sufra dos graves accidentes de alta velocidad en un mismo año. En ese “no asumible” muchos ven el epitafio político de Óscar Puente. “Entre 2011 y 2017, la inversión y el mantenimiento ferroviario cayeron un 55,8% con el PP. Entre 2018 y 2024, esa inversión aumentó un 128,2% con Sánchez”, recuerdan desde el PSOE, quizás pensando ya en nuevas estrategias y en que el relato de lo sucedido va a ser clave.

El Frente Amplio también debe reenfocar su campaña. Después de la alianza de Podemos y Esquerra, sus expectativas no eran buenas, por eso creen que deben distanciarse claramente del PSOE tras la tragedia. Este miércoles, a través de un comunicado difundido pasadas las 16.30 horas, la alianza de izquierdas mostró su “consternación” y “tristeza” ante el accidente y exigió que en el Ejecutivo se asuman “responsabilidades políticas”, una apelación que mira directamente a Puente. “La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, ha señalado la alianza liderada por Ada Colau. Una fuente de Más Madrid, miembro de esta coalición, asegura que la dimisión del ministro de Transportes es inevitable.

Julián Ramírez de Arellano, bilbaíno de 68 años pero vecino actualmente de un pueblo de Cádiz, asegura que ostenta un curioso récord: mientras que algunos medios especializados le presentan como el primer cazador español en abatir a los ‘siete grandes’ animales de África con un arco tradicional, él señala que seguramente sea el primero en el mundo en conseguir esta marca: cazar un león, un elefante, un búfalo, un rinoceronte, un hipopótamo, un leopardo y un cocodrilo. “No conozco a nadie más que lo haya hecho”, afirma con orgullo. Julián, “fotógrafo de la BBC”, como se define, es decir, “de bodas, bautizos y comuniones”, ha cumplido esta especie de sueño tras abatir a un leopardo en Mozambique.

Aunque la caza siempre es un asunto polémico (con sus defensores y detractores), Julián explica a Infobae que todos los animales que ha cazado han sido trofeos en reservas autorizadas y con los permisos en regla. “Además, todo lo he hecho con la colaboración de los poblados y las tribus de las zonas seleccionadas, dejando la carne para que la utilizara la gente que vivía allí. La carne del elefante se distribuyó entre poblados, el cocodrilo también lo comieron allí. El hipópotamo se despiezó y se repartió. Solo me he traído a España la piel para disecar del león y el leopardo”, relata. Un objetivo, el de cazar a los ‘siete grandes’, que comenzó hace 18 años.

Todo comenzó cuando participó hace muchos años en una competición en Madrid organizada por un grupo que se llamaba ‘Flecha Negra’, cuando la caza con arco tradicional no estaba muy asentada en España. Quedó primero y ganó un safarí para ir a África. “Allí me enteré que algunos cazadores perseguían lo de abatir los ‘cinco grandes’ y yo me propuse ampliarlo a los ‘siete’ e incluir el hipopótamo y el cocodrilo, algo que no había hecho nadie. Me encabezoné hace 18 años y ya lo he conseguido”. Julián Ramírez es el primer cazador arquero cualificado por la Federación Española de Caza, un arma, el arco tradicional, con el que ha ganado dos campeonatos del mundo.

Julián, que no es cazador por tradición familiar, descubrió hace muchos años el arco tradicional cuando lo descubrió en unos grandes almacenes. El arco tradicional es, sencillamente, un arco simple. No lleva elementos de puntería, es un arco curvo desmontable. “Es intuitivo. Apunto a ojo. Sin estabilizadores. Hecho generalmente con maderas tropicales y fibra. Un arco ligero, no llega al kilo de peso”, señala. Las flechas son de carbono camufladas en madera, con pluma natural, que es realmente lo que estabiliza la flecha. “Las puntas de caza dependen del animal. Son todas de cuchillas, El peso de la flecha es importante. Si tiras una flecha muy ligera llega antes, pero no tiene peso para profundizar en el animal”.

El más difícil, el leopardo

Julián rememora que los primeros ejemplares que cazó fueron el búfalo y el cocodrilo. El primero lo abatió con el tiro más lejano, unos 33 metros, y el segundo, con el tiro más cercano, a 13 metros. Para ello ha tenido que realizar muchos viajes a países africanos. “El cocodrilo lo cazé en Sudáfrica; el elefante y el leopardo en Zimbabue, y por ejemplo, el hipopótamo y el leopardo en Mozambique, los dos últimos”. El bilbaíno asegura que este felino, el leopardo, ha sido el más complicado. “Lo intenté tres veces, pero es un animal muy esquivo”. Sitúa al cocodrilo como la presa más asequible, si se puede usar ese término cuando se trata de estos ejemplares tan peligrosos. “Disparas detrás del brazo donde la piel es más fina. Lo localicé en una loma en un pantano y estábamos a la misma altura”.

La verdad es que el negocio, el de la fotografía, le ha debido ir muy bien porque han sido muchas expediciones a África. “No te creas, es más caro cazar en España. He tenido la suerte de que en este proyecto (como lo llama, el de cazar los ‘siete grandes’) me han acompañado distintos patrocinadores que me han apoyado. El primer safarí solo me costó 3.000 euros por abatir siete especies con todo incluido. Una semana de expedición”. ¿Tu vida ha corrido peligro?, se le pregunta. “Todos son difíciles. Son animales críticos. El hipópotamo estaba en el agua. Fueron horas y horas de espera. Es un animal muy territorial”.

“El elefante fue chungo. Nos metimos en una manada de hembras con crías y cuando me di cuenta... salimos pitando por patas y uno de los machos nos atacó en dos ocasiones. El búfalo también hizo una carga. Al no llevar elementos de puntería, es complicado tirar desde mucha distancia. Son animales muy críticos, y no puedes fallar para herir al animal, que entonces se vuelve muy peligroso. El elefante fue abatido a 29 metros. El resto, a menos de 25 metros”, señala orgulloso. Julián tiene dos hijos y asegura que no han heredado la tradición.

Y es que la caza es, tras el fútbol y el baloncesto, el tercer deporte en España con mayor número de licencias federativas, según el último ‘Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España’ realizado en 2025 por la consultora Deloitte para Fundación Artemisan. Estamos hablando de 330.423 deportistas federados en el territorio nacional. Si hablamos solo de licencias de caza, la cifra supera las 800.000.

Han sido muchos años de batalla judicial. Pero este lunes 26 de octubre por fin se celebró la vista definitiva para determinar si una ex alumna del British Council, uno de los colegios más elitistas de Madrid, sufrió acoso dentro del centro y esta situación de estrés le provocó el desarrollo de un trastorno de la alimentación, en concreto una anorexia nerviosa. Lo más llamativo de la sesión celebrada este lunes en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón es que la perito que aportó el centro educativo reconoció que ese acoso “desencadenó” esta enfermedad en la joven. Su familia demandó a la Fundación British Council y a cuatro de sus profesores por acoso contra la menor.

La familia reclama una indemnización por daños y perjuicios de 35.489 euros contra la institución y los cuatro profesores. Durante el juicio han declarado varios testigos, dos peritos (entre ellos el prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera) y todo un ejército de abogados. De hecho, el British Council, que vendió su centro de Pozuelo a Inspired Education Group, contrató a diez abogados para que defiendan sus intereses. La familia de la joven tuvo que acudir a la vía civil después después de que a un juez de lo penal se le pasara el plazo de un año para instruir la querella criminal que los padres pusieron contra el centro y sus profesores por los presuntos delitos de acoso y lesiones. El juicio fue suspendido cuatro veces por la huelga que hubo de secretarios judiciales. Y después se pasó inexplicablemente el periodo de instrucción, que es de un año, y se tuvo que archivar.

Lo que piden ahora los padres es lo que jurídicamente se conoce como culpa extracontractual (una relación de causalidad entre esa acción y el daño). Por un lado, la familia establece el perjuicio por el daño físico osteomuscular y sufrimiento psicológico derivado de la anorexia nerviosa (padecida a raíz de la situación vivida con los codemandados) en la cantidad de 22.575,25 euros. Por otro, al padecer la menor un trastorno adaptativo persistente o crónico, que debe ser considerado como secuela, la valoración atribuida asciende a 12.913,77 euros.

La perito aportada por el centro educativo, una psicóloga, declaró textualmente este lunes que el supuesto acoso sufrido por la alumna “desencadenó” la anorexia nerviosa. Esta perito destacó que ella no es médico ni psiquiatra, pero que basó su evaluación en los informes que a su vez realizaron dos psiquiatras de un hospital de Quirón, pero que nunca examinó a la menor ni que nunca tuvo una consulta con ella. El siguiente paso es que el tribunal dicte sentencia. Todo empezó en el curso escolar 2021/2023, cuando Mónica tenía 13 años. Una amiga de la joven, también estudiante del centro, empezó a recibir entonces mensajes acosadores por parte de dos compañeras de clase.

Mensajes vejatorios

“Uso condón, porque si no, pregúntale a tus padres, sale una aberración como tú”; “tienes menos neuronas que una rata, rata de cloaca”; “lávate el coño, cada vez que pasas cerca de mí huele a pescado”, “vete a Inglaterra, que aquí nadie te quiere”; “eres una vergüenza para la raza humana”; “vete a Júpiter y muérete por el camino”... imposible reproducirlos todos. Los padres de esta chica llegaron a recopilar 405 mensajes vejatorios y lo pusieron en conocimiento de la dirección del centro e incluso pusieron una denuncia en la Policía Nacional. Al ver, bajo su punto de vista, que el British Council no tomaba medidas (se inició una investigación que concluyó en una semana) decidieron cambiar a su hija de centro educativo.

Mónica se quedó entonces sin una de sus mejores amigas. Pero decidió no quedarse de brazos cruzados y pidió explicaciones a sus profesores. Estos le pidieron que se olvidara del tema. La investigación interna había dictaminado que no había pasado nada grave con la chica que recibió tantos mensajes vejatorios, que se trataba simplemente de un caso puntual, no de un acoso continuado. “Lógicamente, tal proceder sorprendió a la menor [Mónica], que no alcanzaba a entender como ante unos hechos de semejante gravedad, la estrategia adoptada por el colegio era la pasividad, la desidia y una suerte de pacto de silencio a todas luces inadmisible”, reza la demanda que puso su familia, que asegura que antes las quejas de su hija el centro ideó una estrategia para que su hija, una alumna que empezaba a ser molesta, dejara el centro.

La dirección empieza entonces a trasladar a los padres de Mónica que el comportamiento de su hija había empeorado, y puso como ejemplos que en una clase de educación física la menor “había pasado de forma inapropiada el balón a sus compañeras” (concretamente a las que estaban involucradas en el presunto caso de acoso escolar), o que Mónica “ha mirado mal a estas compañeras”, lo que podría ser objeto de sanciones mucho más graves por parte del British Council. Poco después, el centro comunicaba a los padres de Mónica que abría formalmente una investigación interna contra su hija por un presunto supuesto de acoso. ¿Qué había hecho Mónica?

Según la directora de Secundaria, Mónica “había llevado a cabo miradas de desprecio, había utilizado un vocabulario inapropiado con las dos alumnas que estuvieron involucradas en los hechos y las había acusado de ser ‘acosadoras’”. Como sanción, Mónica fue expulsada un día. El asunto no quedó aquí. El centro siguió señalando a la joven de haber tenido, de nuevo, “un comportamiento inadecuado con otras compañeras de clase al haberlas acusado de acoso escolar, haber utilizado gestos y actitudes de desprecio hacia ellas”, lo que constituía un comportamiento contrario al Código de Conducta de la institución.

Sanciones y expulsiones

La gota que colmó el vaso llegó en marzo y abril de 2022, cuando Mónica era sacada de sus clases, incluso en mitad de un examen de francés, para ser llevada a reuniones con oros profesores “con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga. Todo ello, hasta en quince ocasiones”, señala la demanda. Mónica volvió a ser sancionada después con otra expulsión de cuatro días y el cambio de clase. La joven empezó entonces a tener secuelas físicas y psíquicas.

La familia ha aportado al juzgado un informe pericial del prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera, que ha determinado que “la menor ha sufrido un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores, que dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nerviosa, y que esta ha acusado un grave trastorno musculo-esquelético del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año”. Cabrera ha declarado como testigo.

Además, debido al acoso, la menor “tiene como secuela un trastorno adaptativo persistente”. Los padres también han aportado los informes médicos del hospital que ha tratado a su hija. Al terminar el curso escolar en el verano de 2022, la familia de Mónica decidió que abandonara el British Council. La demanda civil no solo se dirige contra el centro educativo, sino contra la Directora de Secundaria, el Director de Primera y Secundaria, la Jefa de Estudios y la directora del colegio. El juicio se ha desarrollado, además, en una nueva etapa para el centro. En abril de 2025, el British Council anunció la venta del colegio a Inspired Education Group, un grupo internacional que gestiona centros privados. El cambio de propietario no altera las cuestiones que se discuten en el procedimiento.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo llamó “el mayor incendio de nuestra historia”. El pasado 22 de julio un fuego que empezó en Almorox (Toledo) se fusionó con otro foco nacido en Burgohondo (Ávila) y convirtió la Sierra Oeste madrileña en un escenario de fuego que la región no conocía hasta la fecha. Solo en Madrid se quemaron casi 25.000 hectáreas. Fueron 15 días de incertidumbre, miedo y miles de vecinos desalojados. De hecho, el Gobierno regional tuvo que pedir ayuda al Ejecutivo central, que declaró la emergencia nacional. Afortunadamente, no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero los ganaderos de la zona sí se vieron gravemente afectados.

Encarna Martín, 58 años, tiene una explotación ganadera en la localidad de Navas del Rey, donde se quemó casi el 100% de su suelo forestal. Encarna perdió por el fuego 16 machos de la cabra del Guadarrama (también llamada Guadarrameña), una raza caprina autóctona de España que se encuentra en peligro de extinción. “Se quemaron literalmente. Luego murieron muchas hembras intoxicadas o por las heridas de las ubres. He perdido unos 300 litros de leche diarios. La verdad es que el incendio fue brutal. Lo hemos pasado muy mal. Esto no es solo un negocio, los animales forman parte de tu vida. Y, de momento, las ayudas de la Comunidad de Madrid no ha llegado”, explica Encarna, que afirma con orgullo que ella, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos han sido cabreros.

Lo que sí ha hecho el Ejecutivo autonómico es hacer un primer balance de los animales muertos y heridos en las explotaciones ganaderas de Madrid: 138 ejemplares fallecidos y 188, heridos. El municipio más castigado ha sido Navas del Rey: con 37 cabras y ovejas muertas y 104 que resultaron heridas. En Colmenar de Arroyo los ganaderos afectados son de carne bovina: 27 muertos y 42 heridos. También Cenicientos ha tenido 22 ovejas muertas y en San Martín de Valdeiglesias los ganaderos han perdido 44 animales. En relación con la fauna silvestre, “no se dispone de un recuento general de animales heridos o fallecidos”, explican desde el Gobierno regional, que sí explica que en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente se atendieron dos buitres leonados y un águila calzada por lesiones asociadas al fuego. También ingresó un milano negro fallecido.

El Gobierno regional reconoce expresamente que estas cifras no son exhaustivas, puesto que proceden de comunicaciones voluntarias y algunas explotaciones no concretaron el número de animales afectados. Para Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, “326 animales heridos o muertos son motivo más que suficiente para tomarse en serio la protección animal durante las emergencias. Y lo más preocupante es que la propia Comunidad reconoce que son muchos más los que podrían haberse visto afectados. No podemos seguir improvisando cada vez que hay un incendio. Necesitamos un protocolo que establezca quién rescata a los animales, cómo se evacúan y quién los atiende”.

Gastos veterinarios

En Colmenar de Arroyo quieren ser más discretos. Allí hay dos importantes ganaderías que tienen toros bravos y vacas para carne, como Las Quintas y La Finca, que han perdido ejemplares, muchos de ellos ahogados por intoxicación. José Manuel Quintas Hernández es concejal de Medio Ambiente de este municipio y familiar de una de las explotaciones afectadas. “Aquí se quemó el 40% del término municipal. El fuego avanzó muy rápido y muchos animales salvajes se vieron afectados”. La Comunidad de Madrid articuló un encargo de emergencia para la atención de los animales de las explotaciones ganaderas afectadas, que comprende la asistencia clínica, las visitas veterinarias, los medicamentos y tratamientos necesarios y, en su caso, la retirada de cadáveres.

Para los animales de compañía, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid pusieron en marcha un dispositivo extraordinario y gratuito, integrado por centros y profesionales adheridos voluntariamente y por veterinarios itinerantes. No se formalizaron convenios específicos con clínicas u hospitales veterinarios, sino una colaboración operativa extraordinaria con el Colegio, que ha cubierto las necesidades detectadas por el momento. “La estimación presupuestaria inicial para la atención clínica veterinaria y el bienestar de los animales fue de 50.000 euros, integrada en el encargo de emergencia, y los recursos destinados han superado esa cantidad. El coste definitivo dependerá de la valoración completa de las necesidades y de los servicios efectivamente prestados y justificados”, explican desde la Comunidad.

Encarna, la cabrera de Navas, asegura que “de momento la Comunidad solo nos ha ayudado trayendo heno, que no sirve para nuestro tipo de cabra. Los lobos también me mataron 20 ejemplares antes del verano y todavía no me han pagado la indemnización. La Comunidad no está cumpliendo”, que rememora aquellos días con mucho pesar. “Se me quemaron tres camiones, una hormigonera, el generador eléctrico... Mi explotación tenía más de 600 animales y hoy sigo perdiendo cabras por las heridas de aquellos días. Ese fuego no fue normal. Si no salimos… nos mata". Ante esta situación, Más Madrid ha registrado la Proposición No de Ley 310/2026 para que la Comunidad de Madrid apruebe un ‘Protocolo de Emergencia, Evacuación, Rescate y Atención de Animales’.

“La iniciativa propone crear una Red Madrileña de Emergencias y Protección Animal, coordinada por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con participación de los servicios veterinarios, ayuntamientos, cuerpos de emergencias, explotaciones ganaderas y entidades de protección animal. Entre las medidas planteadas figuran la elaboración de un censo georreferenciado de instalaciones con animales, la disponibilidad de vehículos y transportes adecuados, la habilitación de alojamientos temporales, equipos veterinarios de emergencia y sistemas de identificación y reunificación de los animales evacuados”, explica la diputada Escalante.

Indemnizaciones

El artículo 53.2 de la ‘Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid’ establece que el Gobierno regional debe resarcir a los propietarios por los daños ocasionados durante las actuaciones de extinción de incendios. Además, el Gobierno de Ayuso anunció el pasado 10 de agosto nuevas medidas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios, que establecen indemnizaciones por los animales muertos a consecuencia de los fuegos. También anunció ayudas extraordinarias para instalaciones, maquinaria y pérdidas de producción agrícola y ganadera. El 2 de septiembre la Comunidad autorizó un gasto de 6 millones de euros para “financiar ayudas de emergencia para pequeñas y medianas empresas afectadas por los incendios forestales”. Varios ganaderos consultados, que han pedido no ser citados, aseguran que estas ayudas por animal muerto o herido no han sido aún reguladas ni cuantificadas.