Más presión para la deuda de EEUU: sus acreedores compran menos y Trump se juega el Congreso
Japón, el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, ha reducido un 99% sus compras netas de bonos del Tesoro en apenas un año. Durante los ocho primeros meses de 2026 adquirió solamente 389 millones de dólares más de los que vendió, una cantidad insignificante para un país que todavía mantiene más de un billón invertido en deuda estadounidense. Corea del Sur ha ido más lejos y ha vendido 24.000 millones de dólares netos, una cifra récord desde que comenzaron los registros en 1977. Un cambio de tendencia que podría tener consecuencias de gran alcance para los mercados financieros.
El menor apetito por los bonos estadounidenses se extiende a otros países próximos a Washington, cuyas compras netas cayeron más de un 60% entre enero y agosto, hasta los 174.300 millones de dólares, el menor volumen para ese periodo desde 2021. China también está reduciendo su exposición, con unas tenencias que han pasado de casi 700.000 millones a 591.000 millones en doce meses, un descenso del 15,6%.
El momento elegido por estos grandes acreedores para reducir sus compras difícilmente podría ser más inoportuno para Washington. La deuda pública acaba de superar los 40 billones de dólares, el déficit alcanzó los 1,99 billones en el ejercicio fiscal 2026 y los desembolsos brutos por el servicio de la deuda ascendieron a 1,36 billones, un 12% más. Estados Unidos necesita seguir endeudándose mientras algunos de sus compradores habituales encuentran menos motivos para aumentar sus posiciones.
Trump ante el Congreso
Las dificultades que podría encontrar el Tesoro para atraer capital se enfrentan ahora a otro foco de incertidumbre, las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que decidirán si Donald Trump conserva el respaldo parlamentario necesario para sacar adelante sus iniciativas presupuestarias. Una victoria demócrata en una o ambas cámaras obligaría al presidente a negociar con la oposición y podría abrir nuevos enfrentamientos sobre el gasto público y el límite de endeudamiento federal.
El resultado electoral podría condicionar ya las negociaciones presupuestarias de diciembre, aunque todavía corresponderán al Congreso saliente, porque el día 11 vence el acuerdo provisional que mantiene financiada la Administración. Durante 2027 llegará otra cita potencialmente más delicada, cuando Estados Unidos podría alcanzar el techo de deuda, situado actualmente en 41,1 billones de dólares. La gestora T. Rowe Price advierte de que un Congreso dividido podría prolongar las negociaciones para elevar ese límite y aumentar la volatilidad financiera.
Pero una derrota de Trump también podría beneficiar a los propios inversores en bonos. El mismo bloqueo legislativo que complicaría las negociaciones presupuestarias dificultaría la aprobación de nuevas rebajas fiscales y grandes aumentos del gasto, conteniendo parte del endeudamiento futuro. Julius Baer contempla que el refuerzo de los contrapesos institucionales pueda favorecer a los mercados, mientras JP. Morgan considera que un Congreso dividido podría aliviar determinadas presiones sobre la deuda.
Esa aparente ventaja tiene un límite que Raphaël Thuin, responsable de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, sitúa en los problemas estructurales de la economía estadounidense. La gestora no espera que el resultado electoral provoque por sí solo cambios duraderos en las rentabilidades de los bonos, los tipos de interés o el dólar, porque el deterioro fiscal, la inflación y la política monetaria seguirán pesando sobre sus cotizaciones.
Más allá de las urnas
Entre esas presiones, Tikehau identifica también la creciente emisión de deuda destinada a financiar la inteligencia artificial, que compite por el capital de los inversores. Los centros de datos y las nuevas infraestructuras tecnológicas requieren cantidades extraordinarias de financiación, al tiempo que las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal pueden afectar a la confianza en los activos estadounidenses. Julius Baer también señala la credibilidad del banco central como uno de los asuntos que podrían adquirir relevancia tras las elecciones.
La importancia de esa confianza ya quedó de manifiesto en anteriores enfrentamientos políticos. En 2011, Standard & Poor's retiró a Estados Unidos su máxima calificación crediticia tras una prolongada disputa sobre el techo de deuda y ante las dudas sobre la capacidad de Washington para estabilizar sus cuentas. En 2023, Fitch volvió a rebajar la nota estadounidense, citando el deterioro fiscal y los repetidos enfrentamientos políticos sobre el endeudamiento.
Aquellos episodios demostraron que las disputas presupuestarias pueden tener un coste incluso cuando finalmente se alcanza un acuerdo. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense calculó que el enfrentamiento de 2011 elevó en unos 1.300 millones de dólares los costes de financiación del Tesoro durante aquel ejercicio, una cifra que adquiere otra dimensión cuando la deuda actual supera ampliamente la que tenía el país entonces.
El riesgo de que vuelvan a producirse esas tensiones coincide, además, con un cambio en los compradores de bonos estadounidenses. Aunque las adquisiciones de algunos grandes acreedores han retrocedido, las tenencias extranjeras totales aumentaron de 9,25 a 9,33 billones de dólares entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Washington sigue encontrando financiación, pero la menor participación de instituciones oficiales y el mayor peso relativo de inversores privados introducen una incógnita sobre las rentabilidades que estos últimos estarán dispuestos a aceptar.


