El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.

El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.

El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal

Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo. 

Construidas por Obra Social del Hogar

El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar. 

Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península. 

Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad

Entre el 3% de familias más pobre de España

Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.

1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears

El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.

El escenario, lejos de mejorar, ha ido en declive desde que se han asentado allí antiguos moradores de Son Banya, el poblado chabolista de la matriarca Francisca Cortés, alias ‘La Paca’. Residentes del barrio han asegurado a los medios locales que han recibido propuestas de parte de los clanes para vender droga “por cincuenta euros al día”, según testimonios recogidos y publicados por Última Hora. 

Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación. 

Iniciativas municipales sin éxito

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó

Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”. 

En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos

Eduard Vila — Exdirector general de Vivienda

La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.

Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.

En contra de un “interés político”

“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.

Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa

Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.

Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse. 

En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.

“Tras dos décadas en este oficio, muchas de nosotras tenemos el cuerpo destrozado y necesitamos medicarnos para poder afrontar cada jornada laboral. A la jubilación llegamos hechas polvo”. Rosa es camarera de piso y desde 1999 trabaja en el hotel Guadalupe, en Magaluf (Mallorca), donde limpia 21 habitaciones por jornada. A sus casi 62 años, arrastra una hernia discal, problemas en los tendones del hombro y lesiones en las rodillas. Las habitaciones de salida, explica, pueden exigir entre 45 minutos y una hora y media de trabajo, dependiendo de cómo las hayan dejado los huéspedes. “Encontramos basura, botellas, comida, arena y los baños en condiciones desastrosas”, relata a elDiario.es.

Rosa Fiteni es una de las decenas de 'kellys' que participan este martes y miércoles en las jornadas Coeficientes reductores. Una deuda histórica con las camareras de piso, organizadas por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) en Magaluf. Entre aplausos, abrazos y proclamas, las trabajadoras han reclamado una jubilación anticipada que tenga en cuenta el desgaste físico de su oficio, junto con una reducción de las cargas laborales y unas condiciones dignas que eviten que las nuevas generaciones terminen su vida profesional con el cuerpo destrozado.

Fiteni defiende que las camareras de piso puedan retirarse antes sin que ello suponga una penalización en su pensión. La reivindicación va más allá de adelantar la edad de retiro: exige también aliviar la carga de trabajo y mejorar las condiciones laborales para evitar que los años de esfuerzo pasen factura a su salud. Aunque se considera afortunada porque en su hotel hay personal dedicado a las zonas comunes y ella puede centrarse en las habitaciones, advierte de que esa situación no es generalizada: algunas compañeras deben limpiar 28 o incluso 30 habitaciones por jornada.

La vivienda agrava, además, la situación económica de quienes trabajan en el sector turístico en Mallorca. “Porque si te cuesta 1.500 y tú cobras 1.500, no se puede”, señala, aludiendo a las dificultades de afrontar el alquiler con un salario equivalente. La camarera de piso defiende que las trabajadoras que ya acumulan un importante desgaste físico puedan retirarse antes y que, al mismo tiempo, se adopten medidas para evitar que las generaciones que se incorporen al sector terminen en una situación similar.

“¿Qué menos que después de nuestra vida laboral podamos tener unos años con una vida digna?”, plantea. El objetivo de su reclamación, abunda, es que las 'kellys' puedan disponer de unos años de descanso en los que puedan vivir sin arrastrar las consecuencias de toda una vida laboral.

“No se puede dejar en el olvido a quienes levantan este país”

“España es un país que vive del turismo. No puede dejar en el olvido a quienes levantan este país. Y ahí estamos nosotras”, proclama por su parte Rosa Requena, quien asevera que el desgaste físico que implica limpiar entre 17 y 18 habitaciones al día le hace cuestionar que pueda seguir ejerciéndolo hasta la edad ordinaria de jubilación. Tras once años como camarera de piso en un hotel de Alicante, asegura que su cuerpo ya acusa las consecuencias de un oficio que, pese a sostener buena parte de la actividad turística, sigue sin tener reconocido el derecho a una jubilación anticipada por su penosidad. “Nuestro desayuno es un café con leche y un paracetamol o ibuprofeno para poder aguantar la jornada”, asegura a este periódico.

Aunque alrededor del 60% de las camas de su hotel ya son elevables, Rosa y sus compañeras todavía tienen que levantar manualmente las que no disponen de ese mecanismo. Si le corresponden 17 habitaciones, calcula que puede tener que levantar 34 camas de unos 32 kilos cada una, además de los elementos que se colocan sobre ellas, que pesan otros siete. A esa carga se suma el esfuerzo de limpiar baños, mover mobiliario y repetir los mismos movimientos durante toda la jornada. “Yo no tenía nada en la espalda. Tengo una hernia producida por mi puesto de trabajo”, relata a elDiario.es.

Rosa denuncia, en este sentido, las dificultades que las 'kellys' atraviesan para que algunas lesiones sean reconocidas como derivadas de su actividad laboral: cuando una trabajadora sufre una dolencia en el hombro, por ejemplo, el hecho de que pueda estar relacionada con movimientos repetitivos de su puesto puede complicar su reconocimiento como contingencia profesional.

El resultado, prosigue, es que las trabajadoras no solo sufren las consecuencias físicas del oficio, sino que también pueden encontrarse con dificultades cuando necesitan una baja: “Te cruje la espalda, notas un clic y cuando vas a la mutua te dice que no, que no es una lesión profesional porque es un movimiento repetitivo propio de tu puesto de trabajo o de limpiar un cristal. El manguito rotador del hombro tampoco te lo reconocen por ser consecuencia de movimientos repetitivos, con lo cual, encima, acabas perdiendo dinero cuando tienes que coger una baja”.

Las secuelas se prolongan más allá de la vida laboral. Rosa conoce a compañeras que han llegado a la jubilación con los hombros destrozados, operadas de las rodillas, los pies, las hernias o las cervicales. “Es un trabajo muy digno para acabar con una jubilación que no es para nada digna”, lamenta. Y advierte de que no basta con reconocer públicamente el problema: “Que no se queden palabras, que se queden en hechos y en escritos y que aparezca en el BOE. Que las palabras se las lleva el viento”.

“Que nos dejen jubilarnos con tiempo”

Desde Eivissa, Nusi, quien trabaja para una empresa auxiliar que presta servicios a una de las grandes hoteleras de la isla, reclama que las camareras de piso puedan jubilarse anticipadamente a los 56 años, una reivindicación que justifica por la dureza física del oficio. “Las camareras tienen que estar todos los días medicándose para poder sacar la jornada laboral”, denuncia al igual que sus compañeras. La falta de personal agrava la situación: cuando una trabajadora está de baja, sus habitaciones se reparten entre las compañeras, que pueden verse obligadas a prolongar su jornada para terminar las tareas asignadas.

Aunque asegura no tener quejas concretas por su parte, lamenta que el problema afecta al conjunto del sector hotelero, porque las cargas de trabajo son similares. Por eso, reclama contratar a más personal y reducir el volumen de tareas que asume cada trabajadora. La movilización, advierte, continuará hasta lograr compromisos concretos: “Necesitamos alcanzar un acuerdo. Si no, nos iremos a la calle a reivindicar”.

Fernanda -45 años de trayectoria en el sector hotelero a sus espaldas- comparte la misma preocupación. Comenzó como camarera de piso y después pasó por otros puestos y se formó profesionalmente. Desde esa experiencia, considera que la limpieza de habitaciones es una parte esencial del funcionamiento de los hoteles, pero que las trabajadoras que la realizan no reciben suficiente reconocimiento. Denuncia que los carros pesados, el movimiento constante de ropa y las cargas asignadas obligan a muchas empleadas a continuar trabajando pese a encontrarse mal.

Su testimonio subraya la contradicción entre la importancia de la limpieza para la experiencia del cliente y la invisibilidad de las condiciones en las que se desarrolla. Mientras los huéspedes disfrutan de una habitación preparada, las tareas necesarias para conseguirlo quedan fuera de su vista. La trabajadora reclama que las direcciones de los establecimientos tengan más en cuenta a un colectivo que considera uno de los pilares de la actividad hotelera.

Sabina y Cecilia, dos camareras de piso que trabajan en la zona de Calvià, denuncian que las cargas de trabajo impiden realizar las tareas con el tiempo y las condiciones que se les exigen. “Les da igual ponernos 24 que ponernos 27 que ponernos 30”, explica Sabina en referencia al número de habitaciones que deben limpiar durante una jornada. La presión aumenta cuando se trata de habitaciones de salida, que requieren cambiar las sábanas y hacer una limpieza más profunda.

A la carga física se suma la exigencia de mantener los estándares del hotel sin disponer siempre del tiempo necesario. “Si te has dejado un pelo te exigen. ¿Por qué no está en condiciones? Te exigen, ¿por qué corres? No corras, que da mala imagen”, relata una de las trabajadoras. La contradicción, explica, es que se les pide rapidez y, al mismo tiempo, que no se note que trabajan deprisa.

Las dos respaldan la reivindicación de una jubilación anticipada para las camareras de piso, pero insisten también en la necesidad de aumentar las plantillas y reducir las cargas de trabajo. “El trabajo de diez no puede salir entre siete”, resume Cecilia. La sobrecarga, añade, termina repercutiendo en las trabajadoras, a las que se responsabiliza cuando no alcanzan los objetivos marcados, pese a que no cuentan con suficiente personal para cumplirlos.

El trabajo invisible que no se cuenta

“Parece que solo es cambiar las sábanas, pero detrás hay muchísimo, muchísimo trabajo”, ilustra Montse, camarera de piso en un hotel de Elche y quien trabajó hace 35 años en Palmanova. A su juicio, medir la jornada únicamente por el número de habitaciones no permite reflejar el esfuerzo real que exige el puesto. Cada estancia requiere, además, una serie de tareas y detalles que condicionan el tiempo necesario para dejarla preparada para el siguiente cliente. Montse, durante su turno de tarde, calcula que puede mover entre 300 y 400 kilos de ropa al vaciar los contenedores de lavandería. “No es solo la carga de las habitaciones”, puntualiza. A todo ello se suman el transporte de ropa limpia y sucia, el manejo del carro y otras funciones, como la reposición de los minibares.

La experiencia de Montse también le permite comparar distintos tipos de turismo. En los establecimientos vacacionales de Baleares, señala, las habitaciones pueden llegar a presentar más suciedad que en hoteles con una clientela principalmente comercial o vinculada a congresos. Sin embargo, sostiene que el número de habitaciones asignadas y las dificultades físicas para limpiarlas no desaparecen por cambiar de destino. Su testimonio ayuda a explicar por qué la reivindicación de la jubilación anticipada no se limita a una zona turística concreta: las tareas y el desgaste pueden repetirse en establecimientos de distintas categorías y lugares.

Las trabajadoras reclaman que se reconozca ese desgaste acumulado y que puedan retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación. La reivindicación, sin embargo, sigue pendiente de una respuesta normativa específica. La solicitud anunciada por UGT en julio de 2026 busca abrir el procedimiento para aplicar coeficientes reductores a la edad de jubilación de las camareras de piso, pero no supone que el derecho ya esté reconocido. Para todas ellas, el debate no es abstracto: se trata de que los años de trabajo no terminen convirtiéndose en una jubilación marcada por las lesiones y el dolor.

“No somos números, somos personas”

Sara del Mar, camarera de piso con 23 años de trayectoria y presidenta de Kellys Unión Balears, conoce de primera mano el desgaste físico de un oficio que exige trabajar a un ritmo acelerado y bajo una presión constante. Sevillana de origen, recuerda que muchas trabajadoras llegaron al archipiélago atraídas por la posibilidad de ganar un sueldo que les permitiera vivir y ahorrar durante la temporada, pero la realidad es que buena parte encadena meses de trabajo con periodos de desempleo. “Aquí trabajamos siete, ocho meses, pero luego nos vamos al paro”, explica. Frente al discurso que atribuye la falta de personal a la dependencia de las ayudas, reivindica la dureza de unas condiciones laborales que dificultan sostenerse durante todo el año.

En el diálogo que, en el marco de la jornada, ha mantenido con la directora general de Trabajo y Salud Laboral del Govern, Virginia Abraham, la trabajadora ha puesto el foco en la sobrecarga y en la necesidad de que las mediciones de las cargas de trabajo se traduzcan en cambios reales. No basta con elaborar informes: deben servir para reducir el número de habitaciones asignadas, modificar los procedimientos y rebajar el ritmo de trabajo. La presidenta de Kellys Unión Balears advierte de que, aunque algunos hoteles han empezado a medir esas cargas, muchas trabajadoras no saben si se han realizado evaluaciones o si sus resultados se han aplicado. “Eso tiene que implicar medidas preventivas, medidas correctoras de reducir la carga de trabajo, de modificar los procedimientos de trabajo y de reducir ese ritmo tan intenso”, recoge la transcripción de la intervención.

La otra gran batalla es el reconocimiento efectivo de las enfermedades profesionales. Del Mar denuncia que, pese a los avances, las camareras de piso siguen encontrando obstáculos cuando necesitan que sus lesiones se reconozcan como derivadas de su trabajo, con consecuencias también para las bajas médicas. “Las enfermedades siguen sin estar incluidas en el Boletín Oficial del Estado y, mientras sigan sin estar ahí metidas, aunque las tengamos aprobadas, hay mutuas que se niegan a darlas como enfermedad profesional”, afirma. Su mensaje a los responsables políticos y a los hoteleros es que dejen de tratar a las trabajadoras como piezas sustituibles de una cadena de producción. “No somos números, somos personas”, ha proclamado, valiéndose del aplauso de los asistentes.

Una demanda histórica

La demanda de una jubilación anticipada para las camareras de piso lleva casi una década presente en el debate político y sindical. En 2017, el Parlamento de Canarias aprobó una iniciativa para pedir al Gobierno central que pusiera en marcha el procedimiento. Ese mismo año, el Senado debatió una propuesta en esa dirección, que no salió adelante. En los años posteriores, los sindicatos han mantenido la reivindicación y han intentado implicar a las organizaciones empresariales del sector. En 2024, también en Canarias, las organizaciones sindicales y empresariales llegaron a plantear la posibilidad de una jubilación a los 58 años, aunque esa cifra formaba parte de la reivindicación y no constituía un derecho reconocido para el conjunto de las camareras de piso.

La cuestión volvió a llegar al Congreso mediante iniciativas parlamentarias, entre ellas preguntas de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido y del diputado balear de Sumar Vicenç Vidal. En septiembre de 2025, el Gobierno central respondió sobre el marco normativo aplicable y el procedimiento para estudiar la posible implantación de coeficientes reductores, sin reconocer un derecho específico para las camareras de piso.

El marco normativo cambió en 2025 con la aprobación del Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, que regula el procedimiento para determinar qué actividades pueden acogerse a coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de su penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad. La norma exige evaluar las condiciones de trabajo y sus efectos sobre la salud mediante indicadores objetivos, entre ellos la morbilidad, la mortalidad y la incidencia de la incapacidad temporal y permanente. También contempla la intervención de organismos especializados en prevención de riesgos laborales y de la Inspección de Trabajo, que debe analizar si es posible modificar las condiciones laborales para eliminar las circunstancias que justificarían anticipar la jubilación.

En el caso de las camareras de piso, la evaluación debe determinar hasta qué punto el esfuerzo físico sostenido y las condiciones en las que se desarrolla la actividad tienen consecuencias sobre la salud que justifiquen una reducción de la edad de jubilación. No basta, por tanto, con que el trabajo sea físicamente exigente: es necesario acreditar los requisitos previstos en la legislación y completar el procedimiento administrativo.

El real decreto establece, además, que las iniciativas relativas a trabajadores por cuenta ajena deben promoverse conjuntamente por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Si la evaluación resulta favorable, será necesario establecer la regulación específica correspondiente para reconocer los coeficientes reductores al colectivo afectado. El último paso en esta reivindicación se produjo en julio de este año. El responsable estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de UGT, Omar Rodríguez Cabrera, registró el día 9 una solicitud para iniciar el procedimiento dirigido a reconocer coeficientes reductores para las camareras de piso.