La Policía Nacional Civil decomisó 880 bolsas con presunta marihuana ocultas en rollos de tela abandonados en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una diligencia realizada el 28 de octubre tras una denuncia ciudadana. Las autoridades sostienen que la acción evitó que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.

El hallazgo ocurrió a la orilla de una calle de terracería, donde los agentes encontraron los bultos de tela tipo cuerina. La droga estaba escondida dentro de ese material, una modalidad que buscaba ocultar el cargamento durante su posible traslado o almacenamiento.

La Policía Nacional Civil informó que el operativo fue ejecutado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, que acudió al lugar para documentar el hallazgo y efectuar los procedimientos correspondientes.

Los agentes localizaron 44 rollos de tela que contenían las bolsas de nailon con la sustancia. La primera información policial había señalado que se trataba de más de 800 paquetes, mientras que la ampliación posterior precisó la cantidad decomisada.

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación policial permitió impedir el desplazamiento del cargamento por el país. La operación se vinculó con el seguimiento de una denuncia y con pesquisas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.

Más de una tonelada de presunta droga localizada

El cargamento tuvo un peso total de 1.217 kilos de presunta marihuana, de acuerdo con la actualización difundida por la PNC. La institución calculó que el valor aproximado de la sustancia asciende a Q 18.573.854.

La valoración económica fue informada después de la inspección del material encontrado en El Socorro. Las autoridades precisaron el peso y el monto atribuido a la carga tras concluir el conteo de los paquetes y las diligencias iniciales en el sitio.

El procedimiento formó parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico y la distribución de drogas en Guatemala. La PNC señaló que sus unidades especializadas mantienen actividades de investigación derivadas de denuncias ciudadanas.

La ubicación del cargamento en una vía de terracería fue uno de los elementos documentados durante la intervención. Los rollos de cuerina permanecían abandonados cuando fueron localizados por los investigadores antinarcóticos.

Investigación sobre el origen y los responsables

Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de la sustancia y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento. Las autoridades buscan identificar a las personas responsables del cargamento localizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

El Ministerio Público dio seguimiento a la diligencia junto con la PNC, mientras los investigadores analizan los indicios recabados en el lugar. La investigación también apunta a esclarecer el recorrido previsto para la carga antes de que fuera encontrada.

La PNC afirmó que mantendrá las diligencias para identificar y capturar a los posibles responsables. El caso permanece bajo investigación como parte de las acciones contra el narcotráfico en el territorio nacional.

El exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez presentó una petición formal contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia un patrón sistemático de persecución judicial que lo obligó a abandonar el país hace cuatro años.

El acto se realizó en el marco del 197 Periodo de Sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, con el acompañamiento legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La petición documenta diez procesos de antejuicio impulsados en su contra desde 2016, tres de ellos abiertos de forma simultánea en 2022. Además de 25 denuncias penales y administrativas, de las cuales 21 fueron desestimadas o archivadas por falta de fundamento.

Según los peticionarios, estas acciones constituyeron represalias directas por las resoluciones judiciales de Gálvez en casos de alta corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El caso Diario Militar y la renuncia forzada

El hostigamiento, según la petición, se intensificó cuando Gálvez tenía a su cargo el caso Diario Militar, un expediente que investigaba graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares retirados durante el conflicto armado interno.

El uso de un proceso de antejuicio tramitado de manera expedita e irregular puso en riesgo inminente su libertad e integridad personal, lo que derivó en su renuncia al cargo en diciembre de 2022 y en su salida de Guatemala poco después.

Antes de ese caso, el exjuez había tenido a su cargo procesos de trascendencia histórica. Entre 1990 y su salida del país ejerció distintos cargos en la judicatura, y desde 2011 presidió el Juzgado Pluripersonal Primero Penal de Mayor Riesgo.

Allí procesó a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio en perjuicio del pueblo ixil, envió a juicio el caso Sepur Zarco sobre esclavitud sexual militar.

También vinculó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción aduanera, y tramitó el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.

Medidas cautelares vigentes durante siete años

La gravedad de las amenazas llevó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares en agosto de 2016, vigentes durante siete años.

En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la protección con medidas provisionales, tras constatar que el esquema de seguridad brindado por el Estado resultaba insuficiente.

Pese a la vigencia de ambas decisiones internacionales, el hostigamiento continuó hasta forzar su salida del país, detalló el Cejil.

“Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son veinticinco años de ser juez y cuatro años de estar fuera”, declaró Gálvez tras la presentación de la petición.

CEJIL apunta a un patrón de criminalización judicial

Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, señaló, a través de un comunicado, que la petición busca además documentar una práctica más amplia contra operadores de justicia.

“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, afirmó.

La petición vincula este patrón con la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, entidad que, según los peticionarios, impulsó parte de las denuncias que afectaron a Gálvez.

Una de estas acciones, promovida por la Fundación contra el Terrorismo, llegó a recibir el aval de la Corte Suprema de Justicia, lo que incrementó el riesgo de que el exjuez enfrentara prisión.

Reparaciones solicitadas y próximos pasos

Entre las medidas de reparación, los peticionarios solicitan que se generen las condiciones necesarias para el regreso de Gálvez a Guatemala sin riesgo para sus derechos, y que el Estado adopte garantías de no repetición frente a casos similares de criminalización judicial.

Tras la recepción de la petición, la CIDH procederá a su trámite, trasladará el documento al Estado de Guatemala para que presente observaciones, realizará un análisis de admisibilidad y, en una etapa posterior, emitirá un informe de fondo sobre las violaciones de derechos humanos alegadas.

Gálvez permanece fuera de Guatemala desde 2022, mientras continúa con actividades de formación política vinculadas al partido Winaq desde el exterior.

El Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Turno ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva al notario Sergio L., señalado por el Ministerio Público (MP) de presuntamente utilizar escrituras públicas para despojar a varias personas de sus bienes inmuebles.

Según la investigación, el notario elaboraba las escrituras de las propiedades de sus víctimas y luego las colocaba a nombre de personas que ya estaban fallecidas, ello con el propósito de despojar a las personas de sus bienes inmuebles y apropiarse de ellos.

La resolución judicial fue solicitada por la Fiscalía, que atribuye al sindicado el posible abuso de las facultades que tenía como notario para formalizar operaciones sobre propiedades ajenas.

El caso se suma a otras investigaciones por maniobras similares que involucran documentos notariales y datos de personas fallecidas.

La Fiscalía sostiene que utilizó escrituras con propietarios ya fallecidos

De acuerdo con la información divulgada por el MP, Sergio L. utilizó las escrituras públicas a nombre de los fallecidos para venderlos, afectando de manera directa a los los legítimos propietarios.

La investigación indica que, para dar apariencia de legalidad a esos trámites, el notario habría hecho comparecer como propietarios a ciudadanos que ya habían muerto. Esas personas figuraban en las escrituras como si aún pudieran intervenir en la venta o cesión de los inmuebles.

La Fiscalía investiga si esos documentos permitieron inscribir o modificar la titularidad de diversas propiedades. La hipótesis del ente investigador es que el sindicado habría aprovechado la fe pública propia de la función notarial para validar actuaciones que no correspondían con la situación real de los propietarios.

El señalamiento se centra en el posible uso irregular de escrituras públicas como instrumento para consumar el despojo. En ese tipo de documentos, la intervención de las partes resulta determinante para acreditar la voluntad de transferir un bien, por lo que la comparecencia de personas fallecidas constituye uno de los puntos bajo investigación.

Sergio L. deberá permanecer en prisión preventiva

A petición del Ministerio Público, el juzgado resolvió ligar a proceso penal a Sergio L. y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

La medida cautelar implica que el imputado permanecerá privado de libertad durante la etapa de investigación, en la que la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustenten su acusación ante los tribunales.

El MP indicó además que el notario registra más de 10 órdenes de aprehensión en su contra. No se detalló en la información disponible cuántos casos están vinculados directamente con el presunto despojo de propiedades ni la situación procesal de cada una de esas órdenes.

Las autoridades buscan establecer el alcance de las operaciones atribuidas al sindicado, identificar a todas las personas afectadas y determinar si participaron otros individuos en la elaboración, autorización, presentación o inscripción de los documentos cuestionados.

El caso apunta al posible abuso de la función notarial

La Fiscalía sostiene que el investigado habría usado su calidad de notario para confeccionar instrumentos que aparentaban cumplir con los requisitos legales. El señalamiento no se limita a una operación aislada, pues el Ministerio Público refiere que varias víctimas habrían perdido sus inmuebles bajo un patrón similar.

El expediente deberá esclarecer cómo se obtuvieron los datos de las personas fallecidas, quiénes aparecieron como compradores o beneficiarios de las transferencias y qué registros permitieron detectar las posibles irregularidades.

El 29 de julio ligaron a proceso a otro notario por falsificar firmas de fallecidos

Este no es el primer caso conocido en el que un notario es investigado por presuntas maniobras con documentos de personas fallecidas. El 29 de julio de 2026, las autoridades informaron que Miguel A. fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva.

Según la investigación de aquel expediente, el notario habría elaborado escrituras e instrumentos públicos falsos para presentar como vivas a personas fallecidas y falsificar sus firmas en traspasos de casas y terrenos.

La Fiscalía de Casos Especiales recibió tres denuncias relacionadas con ese caso. Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que los legítimos propietarios no habían firmado las escrituras cuestionadas.

Una pareja y el hijo de la mujer fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia, en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Dimas Bautista Galeano, de 57 años; su conviviente, Margarita López López, de 47; y Jonathan Estiven Rosales López, de 20 años, hijo de la mujer e hijastro de Bautista Galeano.

El ataque ocurrió dentro del inmueble donde Bautista Galeano atendía una tienda desde hacía varios años. Familiares y vecinos lo conocían como “Don Dimas”, mientras que Jonathan Rosales López era llamado “Chapito”.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron hallados con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los Bomberos Municipales de Coatepeque confirmaron que los dos hombres y la mujer ya no tenían signos vitales cuando llegaron a la residencia.

Los bomberos hallaron a las víctimas dentro del inmueble

Tras recibir alertas vecinales sobre detonaciones con arma de fuego en la zona, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Coatepeque acudieron al lugar a bordo de las unidades AD-97 y AD-61.

Al ingresar a la propiedad para asistir a los heridos, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos hombres y una mujer tendidos en las habitaciones.

Los rescatistas constataron que las tres víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego y carecían de signos vitales, motivo por el cual notificaron el caso a las autoridades de seguridad pública.

Familiares y vecinos consternados acudieron al lugar donde identificaron a los fallecidos, mientras que algunos fueron atendidos por los socorristas, luego de presentar crisis nerviosa.

La Policía encontró cinco casquillos frente a la residencia

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) establecieron un cordón perimetral de seguridad para resguardar las evidencias materiales y facilitar la labor de los peritos del Ministerio Público.

Durante la inspección en los accesos al domicilio, los investigadores localizaron cinco casquillos percutidos en la vía pública, a escasos metros de la puerta principal. Los cuerpos, en cambio, yacían en los ambientes interiores del inmueble.

Hasta ahora, se desconocen las causas y el origen del ataque armado que dejó a una familia completa fallecida. Tampoco se han realizado capturas.

No obstante, fiscales del Ministerio Público realizan las investigaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

Coatepeque concentra altos índices de homicidios en la región sur del departamento

El suceso se inserta en un escenario de violencia recurrente en la franja costera de Quetzaltenango. De acuerdo con registros del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el 75% de las muertes violentas del departamento se concentra históricamente en solo cuatro municipios: la cabecera departamental, Colomba Costa Cuca, Génova y Coatepeque.

Estos tres últimos territorios, situados en el sur departamental, reportan de forma continua tasas de criminalidad que superan los 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras muy superiores a los registros del centro y norte del departamento.

Diversos análisis de seguridad publicados advierten que la actividad económica y la conectividad vial de Coatepeque, próxima a pasos fronterizos hacia México y corredores hacia la costa del océano Pacífico, facilitan el accionar de estructuras delictivas ligadas a extorsiones y disputas de territorio.

En este municipio, más del 80% de los asesinatos se comete mediante el empleo de armas de fuego, lo que sitúa a la demarcación entre las áreas con mayores operativos de vigilancia en el occidente guatemalteco.