La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que se ha saldado con más de 60 fallecidos, de momento, ha provocado una oleada de críticas de los partidos catalanes al Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha calificado de «inaplazable» la dimisión de Puente y ha reclamado que Sánchez comparezca para dar explicaciones sobre el accidente. En declaraciones a los medios desde Girona, la dirigente independentista ha lamentado que los ciudadanos tengan ahora «miedo de coger un tren» y ha recordado que el presidente del Gobierno se comprometió el pasado 11 de febrero a que una tragedia de estas características no volvería a producirse.

«Y ha vuelto a pasar nueve meses después», ha advertido Nogueras, que considera que el Ejecutivo debe ofrecer garantías de seguridad a los usuarios. La portavoz de Junts ha cuestionado que unas infraestructuras que se presuponen sólidas no estén garantizando actualmente la seguridad de los pasajeros y ha reclamado que «no se pueden seguir dando excusas».

Nogueras también se ha pronunciado sobre la filtración de parte de los audios de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de mando de Atocha. La diputada ha lamentado que se hayan difundido mientras continúa abierta la investigación y ha pedido que se respete el proceso «por respeto a las personas que han perdido la vida» y a sus familiares. En cualquier caso, ha insistido en que deben asumirse responsabilidades tanto desde la empresa encargada de gestionar las infraestructuras como desde el Gobierno.

En la misma línea de exigir la salida de Puente se ha pronunciado Ada Colau. La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N ha confirmado que su formación ha trasladado a Moncloa la petición de dimisión del ministro, al considerar que el segundo accidente ferroviario grave en la red española en apenas diez meses y la consiguiente pérdida de confianza ciudadana exigen responsabilidades políticas.

«No entraré a decir si esta dimisión debe producirse hoy, mañana o pasado, pero creemos que se debería producir lo antes posible», ha señalado Colau en Barcelona. La exalcaldesa ha defendido que la respuesta a una tragedia de esta magnitud no puede limitarse al ámbito técnico y debe incluir también decisiones políticas.

Para justificar su petición, ha recordado las propias palabras de Sánchez, que calificó de inasumibles dos accidentes de esta gravedad en la alta velocidad y reconoció que la confianza en la red se había quebrado. «Si asumimos que se ha quebrado la confianza en el sistema, es imprescindible que haya una respuesta política que esté a la altura y que sea rápida», ha sostenido.

Colau ha reconocido que Puente no tuvo una intervención directa en el accidente, pero ha considerado que sí tiene responsabilidad política. Asimismo, ha cuestionado el tono empleado por el ministro en su comparecencia de este viernes y ha criticado que se hayan ofrecido tantos detalles técnicos mientras sigue abierta la investigación. En este sentido, ha advertido de que «no se trata ahora de encontrar y señalar culpables» y ha tachado de inadmisible que se responsabilice a los trabajadores.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha puesto el foco en la falta de inversión destinada al mantenimiento de la red ferroviaria. Sin reclamar expresamente la dimisión del ministro, el líder republicano ha exigido que tanto Puente como Adif «tienen que dar la cara» por los recursos destinados a conservar las infraestructuras.

En un mensaje publicado en X, Junqueras ha denunciado que España destina a la conservación de cada kilómetro de red ferroviaria la mitad que la media europea. Una situación que, a su juicio, refuerza las reivindicaciones que ERC lleva años planteando sobre la necesidad de incrementar las inversiones y garantizar la seguridad de las infraestructuras, especialmente en Cataluña. «Con la vida de las personas no se juega», ha advertido.

La crítica más contundente al Ejecutivo ha llegado desde Vox. Su portavoz nacional de Desregulación, Energía y Economía, José María Figaredo, de visita en Cataluña, ha responsabilizado directamente al Gobierno de Sánchez de la tragedia y ha asegurado que la dimisión de Puente es insuficiente. «Por supuesto que pedimos la dimisión, pero es que eso es una cuestión accidental», ha afirmado durante una comparecencia en Barcelona junto al portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, y el candidato al Congreso por Barcelona, Juanjo Aizcorbe.

Figaredo ha llegado a calificar al ministro de «criminal» y ha reclamado que se ponga a disposición judicial. También ha considerado insuficiente su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, prevista para el próximo martes, para dar explicaciones sobre el accidente.

El dirigente de Vox ha extendido sus acusaciones al conjunto del Ejecutivo, al que ha responsabilizado del deterioro de las infraestructuras y ha reprochado que, a su juicio, se esconda detrás de los trabajadores. Asimismo, ha cuestionado la propuesta de Puente de cerrar la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se ejecutan las obras de remodelación, al considerar que clausurar una conexión ferroviaria supone «un desastre» y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el servicio.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lanzado una crítica a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, a la falta de mantenimiento de las infraestructuras y los servicios públicos, en plena conmoción por el accidente ferroviario de Toledo. El dirigente popular considera que el deterioro de lo público es consecuencia de unas prioridades políticas equivocadas y de la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.

«Gobernar no es atrincherarse en el despacho, es gestionar la realidad cotidiana», ha escrito Albiol en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que ha reivindicado su experiencia al frente de la cuarta ciudad de Cataluña. El alcalde sostiene que la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones municipales de 2023 ha permitido desbloquear la gestión de Badalona después de una década de «parálisis política».

A partir de esta experiencia, Albiol ha trasladado su crítica al Ejecutivo central y ha advertido de las consecuencias de gobernar sin capacidad para aprobar unas nuevas cuentas públicas. «Con tres años sin presupuestos es imposible atender las necesidades del país, empezando por algo tan básico como el mantenimiento de lo público», ha señalado en referencia a la falta de presupuestos del Gobierno.

El dirigente popular considera que la ausencia de nuevos Presupuestos no es una cuestión meramente administrativa, sino que tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las administraciones para planificar, invertir y atender las necesidades de los ciudadanos. «Tres años sin capacidad de aprobar unas cuentas no es gobernar, es resistir administrando la parálisis. Las consecuencias están ahí», ha sentenciado.

Los accidentes ferroviarios, trasfondo de su crítica

La reflexión de Albiol llega después del grave accidente de Urda (Toledo) y con la sombra del de Adamuz todavía viva, que han vuelto a situar en el centro del debate político el estado de las infraestructuras y la inversión destinada a su conservación.

Ambas tragedias han reavivado las críticas sobre la conservación de la red ferroviaria española, las inversiones en infraestructuras y la capacidad de las administraciones para anticiparse a los problemas. Albiol sitúa estos episodios en un contexto más amplio de deterioro de los servicios públicos y cuestiona que las prioridades del gasto se estén dirigiendo hacia las necesidades más inmediatas de los ciudadanos.

En este sentido, la crítica del alcalde de Badalona se enmarca en uno de los principales argumentos que la oposición viene utilizando contra el Gobierno de Sánchez: la distribución de los recursos públicos. Las formaciones contrarias al PSOE cuestionan que, mientras persisten necesidades de inversión en infraestructuras, transporte y mantenimiento de los servicios públicos, una parte de los recursos se destine a partidas como la cooperación internacional, el sostenimiento de estructuras administrativas duplicadas o el crecimiento de la propia Administración y de sus plantillas, en vez de destinar el dinero a mantener la red ferroviaria o construir viviendas.