En Panamá, donde la pasta forma parte de las preferencias gastronómicas de los consumidores, su popularidad también se refleja en los pedidos a través de las plataformas de delivery.

En lo que va de este año los pedidos de pasta registraron un crecimiento interanual del 22%, de acuerdo a un estudio de consumo.

A esta preferencia se suma la diversidad de opciones disponibles en una de las plataformas, PedidosYa, cuyo estudio de mercado señala que actualmente, el 13% de sus partners en el país ofrece propuestas de comida italiana.

Esto, asegura, acercando a los usuarios distintas alternativas de una gastronomía que combina tradición, variedad y sabor.

Durante los 10 meses que han transcurrido del 2026 la lasaña se posicionó como la más elegida, concentrando el 53% del total de pedidos de pasta, seguida por spaghetti y fettuccine.

A la hora de elegir, siempre de acuerdo al estudio, el relleno también tiene un papel importante. Los datos aportados indican que entre las distintas opciones la carne ocupa el primer puesto entre las favoritas de los usuarios, seguida por jamón y queso y variedad de quesos.

Así, este clásico mantiene su protagonismo entre las pastas rellenas, en un universo de sabores que combina tradición y variedad en cada plato.

Y entre las preferencias el toque final también tiene sus favoritos. La salsa pomodoro ocupa el primer lugar entre las más elegidas, seguida por la salsa rosa y la salsa Alfredo, reflejando cómo los clásicos de la cocina italiana se encuentran con los gustos y preferencias de los usuarios panameños.

La pasión por la pasta, según el análisis, también se traslada a la cocina del hogar. A través del supermercado digital de la plataforma, los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos formatos para preparar sus propias recetas.

Se registra que este año las pastas para guiso destacan entre las variedades con mayor demanda, con un crecimiento interanual de 177%.

Al referirse a los acompañamientos, indica que tampoco se quedan atrás. El queso rallado registró un crecimiento interanual del 146%, mientras que el pan baguette creció un 172% en el mismo periodo, dos productos que complementan este tipo de preparaciones y que también forman parte de los hábitos de compra de los usuarios.

En América Latina la presencia de la pasta se ha visto influida por múltiples factores históricos, económicos y culturales, entre los que destaca el impacto de la migración italiana y la adaptación de recetas al gusto local.

Aunque los datos no profundizan en la historia regional de la pasta, sí permiten observar cómo medios y actores institucionales de distintos países la presentan hoy como un producto cotidiano, integrado en la dieta y con un fuerte componente de identidad italiana.

El mercado panameño presenta una combinación interesante de tradición y exploración en sus preferencias gastronómicas, con datos que señalan tanto la fuerte presencia de productos como la hamburguesa, como el avance de opciones de cocina italiana y otros tipos de comida.

En Panamá se registraron más de 2 millones de hamburguesas pedidas en el último año, posicionándose como una de las categorías con mayor demanda dentro de la plataforma.

El análisis de los datos muestra que los viernes durante la cena concentran el mayor número de pedidos, convirtiéndose en el momento favorito de los panameños para disfrutar este platillo, y revelando patrones de consumo asociados a horarios y días específicos.

Las preferencias, se afirma, combinan tradición y exploración, con sabores clásicos que mantienen un lugar importante —como la hamburguesa con queso, doble carne, con bacon y queso—.

De igual manera, propuestas con ingredientes diferenciados y combinaciones más elaboradas que ganan espacio, como hamburguesas gourmet o con ingredientes especiales.

Panamá se prepara para ensayar cómo responder ante casos de pesca ilegal y contaminación marina antes de enfrentarlos en una situación real.

El proceso de organización del simulacro contempla tres reuniones de planificación para definir compromisos institucionales, disponibilidad de personal y aspectos logísticos de las fases de mesa y operativa en el mar.

El Ministerio de Ambiente de Panamá convocó a las entidades que integran el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero con el fin de preparar un ejercicio ante posibles casos de pesca ilegal y contaminación marina.

La iniciativa evaluará la coordinación entre instituciones y su capacidad de respuesta frente a amenazas a los ecosistemas del país.

Primera etapa será un ejercicio de mesa previsto para enero.

Los participantes revisarán escenarios hipotéticos de actividades pesqueras ilícitas e incidentes contaminantes, con atención a las decisiones y los mecanismos de enlace.

En febrero se desplegarán embarcaciones, equipos y personal para una segunda fase en condiciones operativas reales.

“Lo que buscamos con este ejercicio es concretar la interoperabilidad entre las instituciones, es decir, aprovechar las capacidades que tiene cada entidad de manera articulada y armonizada para obtener resultados mucho más óptimos y eficientes”, explicó Osvaldo Ureña, coordinador del Centro.

Participaron representantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y WildAid.

El ejercicio responde a la necesidad de que las alertas sobre actividades ilícitas o incidentes ambientales lleguen sin demoras a las autoridades responsables.

La evaluación buscará detectar fortalezas, corregir fallas de comunicación y acortar los tiempos de reacción.

“Compartir información en este campo es delicado, y no es tan sencillo como levantar un teléfono o enviar un correo a alguien que ni conocemos. Lo que buscamos es que las instituciones se conozcan, sepan con qué cuenta cada una y generen la confianza mutua que hace falta para trabajar juntas”, señaló Ureña.

Como parte de la preparación, las instituciones recibirán formación especializada sobre seguridad en interdicciones marítimas y procedimientos de abordaje.

Estas capacitaciones acompañarán la incorporación de nuevos recursos navales por parte de MiAmbiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para reforzar el control, la vigilancia y el patrullaje en áreas marinas protegidas.

El Centro concentra actualmente sus tareas de monitoreo en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, el Parque Nacional Coiba, la Zona Especial de Protección Marina, el Archipiélago de Las Perlas y los sitios Ramsar de la Bahía de Panamá.

Desde su creación, el organismo detectó cerca de diez embarcaciones relacionadas con posibles actividades de pesca ilegal. Los expedientes fueron enviados a las autoridades competentes para el inicio de los procesos correspondientes.

Las infracciones pueden acarrear multas de entre USD 5.000 y USD 10.000, según la gravedad de la falta y la normativa aplicable.

“Una detección puede implicar sanciones por parte del Ministerio de Ambiente o de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Es un trabajo coordinado, mancomunado y de equipo, y por eso consideramos que la creación del Centro ha sido realmente positiva”, destacó el coordinador.

El Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero fue inaugurado en septiembre de 2025. Es el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y cuenta con equipos adquiridos gracias al apoyo de WildAid, Fundación PACÍFICO y Bezos Earth Fund.

El CMAR conecta a Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador a través de una red de áreas marinas protegidas que incluye Galápagos, Isla del Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba.

Más de 300 personas aún aguardan en Panamá un trasplante de riñón, entre ellas seis niños atendidos en la Ciudad de la Salud, el único centro certificado del país para este tipo de cirugía.

La cifra refleja una de las tasas de enfermedad renal crónica más altas del mundo y expone la distancia entre la demanda de órganos y la capacidad real del sistema de salud para responder.

Panamá se ubica entre los países de América Latina con mayor carga de esta enfermedad.

Las estimaciones para el período 2025-2026 sitúan la prevalencia poblacional cerca del 14%, aunque en adultos ese porcentaje puede trepar hasta el 21%, según el estudio de Carga Global de Enfermedades.

El organismo de referencia internacional ubica así al país entre los de mayor afectación renal a escala global.

La diabetes, la hipertensión y una forma emergente de daño renal vinculada a condiciones laborales y ambientales extremas explican buena parte de ese panorama.

A esa presión se suma un aumento anual de hasta 4,5% en el número de pacientes que ya requieren diálisis, un ritmo que tensiona cada año más la red pública de atención.

En la consulta externa de la Ciudad de la Salud, entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados de forma permanente.

El seguimiento busca determinar su condición y evolución, y definir si deben incorporarse a un programa de reemplazo renal o a otro tratamiento según sus necesidades.

De ese universo, se indica que surgen los casos más graves, los que hoy integran la lista de espera para trasplante.

La misma unidad cuenta además con certificación para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas.

Esa combinación de servicios especializados en un mismo lugar resulta clave para atender casos pediátricos de alta complejidad, que suelen requerir distintas intervenciones médicas en simultáneo.

Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible dispuesto a donar un riñón, ya que el sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil.

“Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene, principalmente, de papá o mamá”, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica.

El especialista precisó que, cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. Si esa vía no resulta viable, el equipo médico analiza a otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos.

En todos los casos, agregó el jefe de Nefrología Pediátrica, la evaluación se sostiene en criterios médicos estrictos que garanticen la compatibilidad y la seguridad del procedimiento, tanto para quien recibe el órgano como para quien lo dona.

Desde el inicio de esta etapa de trasplantes pediátricos, el equipo de la Ciudad de la Salud ha realizado procedimientos con donantes vivos y también con órganos provenientes de personas fallecidas. Esa doble vía amplía las posibilidades de los seis niños que hoy permanecen en lista de espera.

Para el médico, cada intervención va más allá del acto quirúrgico. Según indicó, representa la posibilidad de que un niño avance hacia una vida con nuevas oportunidades y que su familia recupere la esperanza tras dejar atrás las limitaciones que impone la enfermedad.

El país ha reforzado su infraestructura de hemodiálisis y la capacitación del personal de salud en los últimos años. A esto se suman estrategias de prevención como HEARTS 2.0, orientadas a detectar a tiempo factores de riesgo como la hipertensión, dijeron fuentes médicas.

En paralelo, se desarrollan programas específicos para enfrentar la enfermedad renal crónica no tradicional en las provincias más afectadas por el calor extremo y las condiciones laborales de riesgo.

Un hombre aceptó su responsabilidad penal en tres procesos distintos por hurto pecuario durante la audiencia de acusación celebrada el 29 de octubre de 2026.

Esto le permitió al tribunal validar una condena de 16 años de prisión en su contra, tras la solicitud de acumulación de las investigaciones presentada por la Fiscalía Regional de Chiriquí.

Los hechos se remontan a enero y febrero de 2026, cuando el acusado ingresó a dos fincas distintas de la comunidad de Baitún, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, y se apoderó de tres animales.

La Procuraduría General de la Nación indicó que la causa contra este sujeto se inició el 10 de febrero de ese año, fecha en la que, mediante una serie de diligencias judiciales y con apoyo de los estamentos de seguridad, se concretó su aprehensión.

En las audiencias de control de garantías posteriores, el Ministerio Público obtuvo la orden de detención provisional en su contra por su presunta vinculación con los tres casos de hurto de ganado.

En otro caso judicial, el exadministrador de una entidad pública, investigado por el presunto enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado panameño por cerca de USD 1.322.234,38, continuará detenido de forma provisional mientras avanza la investigación.

La decisión fue confirmada por un Juzgado de Garantías durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La jueza aceptó el planteamiento de la Sección Tercera de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo que persisten los riesgos procesales establecidos antes por el Tribunal de Garantías y ratificados por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La Fiscalía consideró que no surgieron nuevas circunstancias que justificaran reducir esos riesgos. Por ello, el tribunal mantuvo la detención al estimarla proporcional, idónea y necesaria para el desarrollo de las pesquisas.

De igual manera, un comerciante se convirtió este jueves en el decimotercer implicado en la trama de corrupción que afecta al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, logró su aprehensión durante la mañana.

El hombre fue detenido en un punto de control de la Policía Nacional, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Las autoridades lo señalan por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública y el orden económico.

Con esta nueva aprehensión, la investigación alcanza a 13 personas señaladas por los presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU.

El caso había sido elevado a causa compleja el 22 de octubre.

La Fiscalía Superior Anticorrupción lo señala por presunta malversación y sustracción de cheques de los programas de becas y ayudas económicas de la institución, en el marco de una causa que ya involucra a otras 12 personas por peculado y blanqueo de capitales.

La condición de causa compleja permite a los investigadores ampliar los plazos legales y profundizar en el entramado de responsables, dado el volumen de personas y transacciones involucradas en el expediente.

Las pesquisas de la Fiscalía Superior Anticorrupción apuntan a tres programas sociales que administra el IFARHU. Se trata de las Becas, el Seguro Educativo y el Pase-U, mecanismos destinados a facilitar el acceso a la educación de miles de panameños.

La presunta sustracción de cheques correspondientes a esos programas constituye el núcleo de la investigación. Los fondos, según la línea de trabajo de los investigadores, debían llegar a sus beneficiarios originales dentro del sistema de ayudas educativas.

El comerciante aprehendido este jueves se suma a una lista que, según se reiteró, ya incluía a otras 12 personas señaladas en la misma causa. La Procuraduría no detalló en su comunicación el perfil ni las funciones previas de los demás implicados.

Las personas con estatus de refugiado en Panamá tienen derecho a ser contratadas por cualquier compañía del país.

La razón es que la ley las considera mano de obra local y no extranjera, según explicó la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), Tania Lam.

A junio de este año un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Para acceder a un empleo formal, los refugiados deben tramitar su permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Ese documento se renueva anualmente durante tres años consecutivos.

Cumplido ese plazo, los refugiados pueden solicitar la residencia permanente. Con ella obtienen el permiso laboral por tiempo indefinido, sin necesidad de renovaciones posteriores.

Una representante del Mitradel señaló durante el encuentro de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que persiste el desconocimiento entre el sector privado sobre esta posibilidad.

Por eso, insistió en la necesidad de “ser replicadores de la información”, ya que hay empresas que ignoran que pueden contratar a personas refugiadas como mano de obra local.

La oficial de Desarrollo de la Oficina Multipaís de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Panamá, Carolina Merizalde, presentó los avances del programa Empresas con Refugiados. Se trata de una iniciativa regional que se originó en Brasil.

El programa busca generar condiciones de inclusión laboral, oportunidades de emprendimiento, formación de competencias y buenas prácticas corporativas hacia esta población.

En Panamá, más de 30 empresas ya se sumaron a esta iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por Merizalde ante la comisión. El esfuerzo también se extendió al ámbito de la capacitación técnica.

En ese terreno se incorporaron dos instituciones educativas: el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE). La meta global es reducir a la mitad el desplazamiento prolongado para 2035

Durante la sesión, la Acnur presentó ante la Comisión Nacional para los Refugiados la Iniciativa 50 by 35, cuyo objetivo es reducir en 50% el número de personas en situación de desplazamiento prolongado para el 2035, una meta que se aplica a escala global.

En el caso particular de las Américas, uno de los puntos centrales es generar condiciones de mayor autosuficiencia para la población refugiada. La idea es que puedan salir de esa condición de desplazamiento prolongado.

Esa autosuficiencia tiene, además, un componente de reciprocidad hacia los países de acogida. Según se planteó en la reunión, permitiría que los refugiados contribuyan de manera positiva a las naciones que los reciben, entre ellas Panamá.

El empleo formal aparece así como el eje que conecta ambas discusiones de la jornada. Por un lado, el acceso al trabajo bajo las mismas condiciones que la mano de obra local; por el otro, la permanencia en el país sujeta al cumplimiento de la ley.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Lam.

Durante la reunión de la Comisión Nacional para los Refugiados se revocó la condición de refugiado a dos personas.

“Es importante que las personas sepan que en nuestro país tienen que cumplir con las leyes y mantener el orden público, sino van a ser revocados de su condición”, advirtió la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados.

La misma sesión de la Comisión Nacional para los Refugiados incluyó decisiones en sentido contrario. El organismo aprobó reconocer como refugiados a tres personas, dos de nacionalidad nicaragüense y una de Haití.

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.