El representante del Ministerio Público argumenta que el infundio de "dimensiones colosales" en la red ha supuesto una ataque "despiadado e injusto" a la reputación de los perjudicados
El bulo del 'Bar España': una venganza nacida al calor del 'caso Alcàsser' y multiplicada hasta el infinito en redes
El fiscal del juicio a los difusores del bulo del 'caso Bar España' ha aumentado la petición de pena hasta los 36 años de prisión para los conspiranoicos acusados Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado; Juan Lankamp Riaza; Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del Estado, y Pilar Baselga. Al letrado Javier Fernández Torres, que se defiende a sí mismo, también le pide inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante cuatro años.
El representante del Ministerio Fiscal, según ha afirmado en la sesión de este viernes de exposición de los informes de conclusiones, los considera autores de nueve delitos contra la integridad moral en concurso medial con cinco delitos continuados de calumnias e injurias con publicidad contra autoridad y funcionario y con cuatro delitos de calumnias con publicidad contra particular.
Por otro lado, el representante del Ministerio Público también aumenta su petición de indemnización —de 5.000 euros iniciales por cabeza a 25.000 euros— para las exconselleras Mónica Oltra y Gabriela Bravo y las exdirectoras generales Rosa Molero y Verónica López. El fiscal Carceller también ha solicitado que las costas de la publicación de la sentencia corran a cargo de los acusados.
Define la difusión del bulo como una “tropelía”
El fiscal ha definido la vista oral como el “primer juicio conocido” por la difusión “imparable” e “infinita” en la red de “noticias falsas” de “dimensiones colosales” y con efectos “indefinidos”. Javier Carceller ha aducido una “regulación penal obsoleta e insuficiente” para casos como el del bulo del 'caso del Bar España' (al no prever el legislador que reformó el Código Penal en 1995 un uso tan “maligno” de las nuevas tecnologías).
Las víctimas, ha remachado el fiscal, han sufrido en casi tres décadas un “linchamiento público despiadado e injusto” que ha “destrozado” la reputación personal y profesional de los perjudicados. La huella digital de las víctimas ha quedado “marcada para siempre”, ha apostillado.
La difusión del bulo, según concluye Carceller, ha sido una “tropelía” y una “salvajada” que merece una condena “contundente y enérgica”.
La exconsellera y el exsecretario autonómico de Emergencias del Ejecutivo de Carlos Mazón se echan los trastos a la cabeza en un cruce de recursos que abre una nueva fase turbulenta en la causa
Argüeso dice que ni siquiera debía participar en el Cecopi de la dana y la jueza le recuerda que lo convocó él
En todo buen procedimiento penal que se precie, llega un momento en que se rompe la paz entre las defensas y la partida se anima. La causa que investiga la catastrófica gestión de la dana, de la que se cumplen dos años, no iba a ser menos. Todo se precipitó el pasado 13 de octubre, con ocasión de un auto de poco peso de la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el que aceptaba las diligencias propuestas por una de las acusaciones populares y en el que la instructora reiteraba los “claros indicios” contra ambos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
La resolución de la magistrada marcó el inicio de las hostilidades. La defensa de Argüeso, a pesar de que las diligencias acordadas ni le iban ni le venían, recurrió el auto alegando que el alto cargo del Consell de Carlos Mazón “no tenía poder competencial o facultad de convocar” la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos.
El recurso, al que se ha opuesto el fiscal, también esgrime que Emilio Argüeso no era “miembro” del Cecopi ni tenía “atribuciones de mando operativo directo”, al quedar las “facultades ordinarias” de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) “absorbidas por el Mando Único ejercido” por Pradas.
También arguye como hecho “claro y meridiano” que Emilio Argüeso “no ostentaba capacidad legal ni técnica para redactar, autorizar o emitir mensajes mediante el sistema Es-Alert, correspondiendo el monopolio de dicha decisión de forma personal al Mando Único”. Es decir, a Salomé Pradas.
Aunque la defensa de Emilio Argüeso negaba que su argumentario pudiera interpretarse como que Pradas tenía “algún tipo de responsabilidad penal” en los 233 fallecimientos, la exconsellera se vio directamente aludida.
La respuesta de la defensa de Salomé Pradas, en un escrito del pasado 28 de octubre (víspera del segundo aniversario de la dana) del que ha informado elDiario.es, ha iniciado una auténtica guerra abierta entre los dos imputados.
“Desplazar” la eventual “responsabilidad” de Argüeso
Las alegaciones de Pradas comienzan reprochando a la defensa de Argüeso, ejercida por el abogado José María Bueno Manzanares, que su recurso que recurra unas diligencias que “le son indiferentes”.
“Bajo la apariencia de un debate competencial”, remata Pedro Colina, el letrado de Pradas, el recurso del otro investigado “persigue en realidad desplazar” sobre la exconsellera la “responsabilidad que pudiera atribuirse” en los hechos investigados por la jueza de Catarroja al exsecretario autonómico de Emergencias.
La defensa de Pradas rechaza la “declaración anticipada de responsabilidad exclusiva” de la exconsellera y argumenta que Salomé Pradas no ostentaba el “monopolio jurídico y material” del envío del Es-Alert.
El escrito también desliza otro dato clave que alude al llamativo contraste entre la dana del 29 de octubre de 2024 y episodios similares posteriores. El día de autos no se decretó el nivel 2 de la emergencia para toda la provincia de Valencia hasta las 19.00 (una hora y 11 minutos antes del envío del Es-Alert). Sin embargo, en estos dos últimos años se han enviado 30 alertas automáticas a los móviles, 28 de ellas en situación de preemergencia.
La “posición directiva” de Argüeso ante la dana
La defensa de la exconsellera también recuerda que Argüeso, como secretario autonómico y, por tanto, director de la AVSRE, “no era un interviniente ajeno” en la gestión de la catástrofe. Por el contrario, ostentaba una “posición directiva”.
Además, refrenda que Emilio Argüeso, aunque se desentienda de ello, fue precisamente quien convocó el Cecopi. Un hecho acreditado documentalmente en el procedimiento que, a modo de rejonazo, también destacaba este jueves la jueza instructora en un auto en el que tildaba la actuación de Argüeso de “difícilmente comprensible”.
Cabe recordar que, según coinciden numerosos testigos, Emilio Argüeso mantuvo una actitud pasiva y reservada en la reunión del Cecopi, prácticamente ausente. Por su parte, el antiguo alto cargo ha defendido desde los albores de la instrucción que actuó con “encomiable diligencia” en el marco de la gestión de la emergencia de la dana.
El cruce de recursos ha roto la paz entre las defensas, avizorando un cambio de estrategia que condiciona toda la causa y abre la puerta a una batalla por la delimitación de una eventual responsabilidad penal. Mientras, el aforado Carlos Mazón sigue en barbecho, personado en el procedimiento como una suerte de potencial investigado.
A la magistrada instructora le resulta "difícilmente comprensible" la actuación del exsecretario autonómico de Emergencias del Consell de Carlos Mazón
Las defensas de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso entran en guerra en la causa de la dana
Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa de la dana, defiende que ni siquiera debió haber participado en la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi). La defensa de Argüeso ha abierto la puerta a una guerra con la exconsellera Salomé Pradas, también investigada en el procedimiento, al achacarle a ella tanto la convocatoria del Cecopi como la capacidad de remitir el mensaje Es-Alert. La jueza instructora, por su parte, recuerda en un auto dictado este jueves al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue precisamente Argüeso quien convocó el Cecopi del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos.
Además, entre los convocados figuraba él mismo. “A pesar de ello, el Sr. Argüeso afirmó en su declaración de investigado que no debía ni siquiera estar en dicha reunión vital en la gestión de la emergencia”, señala la resolución.
El auto destaca que Argüeso, además de secretario autonómico, era director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), el “organismo que remitió los llamamientos o citaciones a los convocados a la reunión del Cecopi”. “De hecho”, agrega la jueza, “entre la documentación obrante en el procedimiento figura el modelo de dicho llamamiento que se remitió por correo electrónico a los convocados”.
En ese correo electrónico, “se hacía constar que se remitía por el director de la AVSRE para organismos y autoridades implicados en situaciones de emergencia por inundaciones, en la provincia de Valencia”.
La magistrada deja caer el recado en el contexto de la guerra abierta entre las defensas de Pradas y de Argüeso, de la que ha informado este diario. El auto acepta las diligencias propuestas por una de las acusaciones sobre el fallido dispositivo de vigilancia del caudal del barranco del Poyo.
La resolución da un plazo de cinco días al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que remita los registros operativos, partes de servicio, comunicaciones, informes, mediciones o incidencias, emitidos o recibidos, por las unidades de forestales designados para la vigilancia o medición de escalas.
A la jueza le resulta “difícilmente comprensible” que Emilio Argüeso alertara en un chat interno del Consell a las 14.44 de que los barrancos estaban “a punto de colapsar” y que “se omitiera el control permanente de cualesquiera recursos utilizados en su vigilancia, entre los que se encontraban los bomberos forestales, desplegando el mayor número de funcionarios en dicha tarea”.
La exconsellera esgrime que la convocatoria del Cecopi se hizo "siguiendo instrucciones" del exsecretario autonómico de Emergencias y señala su "posición directiva"
Dos años después de la dana, la jueza acorrala a la Generalitat y mantiene en barbecho al aforado Carlos Mazón
La exconsellera Salomé Pradas ha entrado en guerra con el otro investigado en la causa de la dana, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. La defensa de Pradas, en un escrito del pasado 28 de octubre al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona que el envío del Es-Alert estuviera “exclusivamente” a cargo de la exconsellera y rechaza que tuviera un “monopolio jurídico y material” sobre su remisión a los móviles de la población.
El escrito recuerda que Emilio Argüeso “no era un interviniente ajeno a la estructura autonómica de emergencias”. También señala que la convocatoria de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se tramitó “siguiendo instrucciones” de exsecretario autonómico.
La defensa de Pradas cuestiona que la tesis del otro investigado, plasmada en un recurso contra un auto de la jueza del pasado 13 de octubre, según la cual el entonces secretario autonómico de Emergencias “carecía de competencias relacionadas con la convocatoria del Cecopi”. Pradas considera que la defens ade Argüeso “persigue en realidad desplazar” sobre ella la responsabilidad penal en los hechos investigados.
También destaca la “posición directiva” de Emilio Argüeso en la reunión del Cecopi. “No puede aceptarse una declaración general de ausencia de obligaciones sin analizar su posición directiva, su intervención en la convocatoria y las funciones que correspondían en el Cecopi a la estructura que dirigía”, afirma el escrito.
Sin “monopolio” para el envío del Es-Alert
El Cecopi, remacha la defensa de la exconsellera, “no constituía un órgano aislado de la estructura ordinaria de emergencias de la Generalitat, sino que en él intervenían servicios” como el 112, el Centro de Coordinación de Emergencias, la Subdirección General de Emergencias, “cuya dependencia orgánica y funcional debe analizarse en relación con la posición” de Argüeso como director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
El escrito también rechaza que se atribuya la responsabilidad a Pradas y que se impute cualquier omisión “en exclusiva”. La defensa de la exconsellera “se opone a que se declare, expresa o implícitamente”, que Salomé Pradas “ostentaba el monopolio del ES-Alert o que era la única persona que podía promover su envío durante toda la jornada”.
La instrucción desmiente las mentiras del exjefe del Consell, actualmente diputado del PP de Juan Francisco Pérez Llorca y personado en la causa como una suerte de 'potencial investigado'
La Audiencia de Valencia reitera por enésima vez que la la Generalitat tenía la “competencia exclusiva” ante la dana
Dos años después de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha acreditado con una detallada y compleja instrucción la pobre actuación de la Generalitat Valenciana ante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos. La jueza mantiene personado, en una insólita condición de 'preinvestigado', al expresident Carlos Mazón, aforado por su condición de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca.
La jueza, según el recuento de la agencia EFE, acumula 71 tomos de sumario, 646 resoluciones dictadas y 690 declaraciones de testigos y perjudicados. La instrucción de la magistrada ha permitido aclarar, de entrada, la cronología del día de autos y, singularmente, qué sucedió en la desastrosa reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Además de su tardía convocatoria, el Cecopi fue lastrado por eternos debates sobre las medidas de autoprotección a comunicar a la ciudadanía, con una poca agilidad manifiesta que ha contrastado de plano con episodios similares de dana acaecidos posteriormente. Las testificales han permitido conocer que una alto cargo del Consell —Rosa Tourís, capitana de la Guardia Civil— propuso desde casi el inicio de la reunión “alarmar” a la población ante la delicada situación en la presa de Forata.
Los debates (especialmente entre el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset), así como las pausas en la reunión, lastraron una decisión que a la postre se revelaría como trascendental: el envío del mensaje automático Es-Alert a los móviles de la población, que llegaría finalmente a las 20.11, una hora convertida en metáfora de la tragedia. No en vano, un alto cargo del Ejecutivo de Mazón ha llegado a tildar ante la jueza aquel Cecopi de “desorganizado”.
Al sumario han incorporado los mensajes recibidos de parte de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, en pleno Cecopi, en el teléfono móvil de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa junto con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. De los whatsapps —“Salo, de confinar nada”— se desprenden ciertas presiones del entorno más cercano al president para que Pradas no tomara determinadas decisiones. Unas órdenes que Cuenca ocultó inicialmente a la jueza.
La instrucción también ha servido para desmentir sistemáticamente las mentiras —no hay otra definición— de Carlos Mazón y de su equipo. La jefa de prensa del president reconoció explícitamente durante su testifical que el ala oeste del Palau de la Generalitat se inventó varias versiones falsas sobre el paradero de Mazón la tarde de la dana. Eso sí, “nunca con intención de engañar”, según esgrimió la testigo.
Las pesquisas de la jueza han logrado acreditar que el exjefe del Consell alargó una inoportuna sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. Las llamadas del móvil del chófer de Mazón, así como la testifical de sus escoltas, confirmaron que el PP mintió durante meses sobre los pasos del entonces jefe del Consell.
La tardía hora de llegada de Carlos Mazón al Cecopi también fue objeto de una discusión casi metafísica sobre el paso del tiempo y la percepción humana de las agujas del reloj. Si bien Mazón afirmó inicialmente que fue “pasadas las siete” de la tarde, lo cierto es que se plantó en el Centro de Emergencias de l'Eliana a las 20.28, cuando ya había fallecidos y un número incalculable de ciudadanos permanecía atrapado por las inundaciones.
El expresident adujo posteriormente que era “un hecho fáctico” que “las 20.28 es después de las siete y media” y negó haber mentido o cambiado de versión. Mazón llegó al Cecopi como un “extraterrestre” y “perdido”, según la descripción de un testigo.
Dos años después de la dana, aún colean algunos de los principales argumentos de defensa del PP. La Audiencia de Valencia, que ha avalado prácticamente todas las resoluciones de la jueza Ruiz Tobarra, recordó recientemente —y por enésima vez— que la Generalitat tenía la “competencia exclusiva” ante la dana.
Otro de los principales errores de la gestión de la emergencia, la retirada de los efectivos de los Bomberos que debían vigilar sobre el terreno el caudal el barranco del Poyo, también va camino de aclararse.
Los alcaldes de las zonas afectadas engordan la última tanda de testigos de relevancia para el esclarecimiento de los hechos. Dos alcaldesas del PP han acreditado que avisaron a cargos de su partido presentes en el Cecopi, como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del desbordamiento del barranco del Poyo.
Sin embargo, Mompó ha expresado versiones contradictorias que desembocaron finalmente en una grave amnesia testifical. Un fenómeno similar sufrió otro participante en aquel Cecopi, el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, quien dijo hasta 90 veces ante la jueza que no recordaba nada. También fue llamativo el contraste entre la actuación de la alcaldesa de València, María José Catalá, y el papel de Mazón.
La cronología de cada fallecimiento
La jueza trata de afinar la cronología de los 233 presuntos homicidios imprudentes, la mayoría acaecidos por asfixia mecánica, según los informes forenses que constan en el sumario. Con las numerosas declaraciones de familiares de las víctimas, menos mediáticas pero muy relevantes para el procedimiento, la magistrada cuadra cada fallecimiento en relación con la falta de avisos a la población por parte de la Generalitat.
La instrucción también ha revelado la nefasta gestión de varios consellers del Ejecutivo autonómico de Mazón, especialmente de la vicepresidenta Susana Camarero, que optó por desconectarse del Cecopi para acudir a una entrega de premios organizada por la patronal, a pesar de que la reunión de emergencias encaraba un escenario gravísimo. La magistrada aludió a un “flagrante” fallo sistémico del Consell.
El aforado Carlos Mazón
Por su parte, el jefe de aquel Consell, Carlos Mazón, sigue en barbecho en la causa de la dana, una situación que combina con sus sesiones de playa y con una más que discreta actividad parlamentaria.
Personado con su abogado, Ignacio Gally, el aforado figura como una suerte de investigado potencial, a pesar de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartó cualquier tipo de indicio de delito contra Mazón.
La magistrada considera que la instrucción "puede exigir la obtención concreta de datos" de esos archivos
La jueza de la dana incorpora nuevos audios de Emergencias: “Está viendo por redes que el barranco se ha desbordado”
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat guarda una copia “íntegra” de sus comunicaciones internas en el sistema 'CoordCom' durante la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos.
Así se desprende de un la respuesta de Emergencias al oficio del pasado 7 de octubre de la jueza instructora. La magistrada, según indica una diligencia de ordenación dictada este martes, da por “cumplimentado” su requerimiento.
La jueza, en un auto del día anterior, había requerido “nuevamente” a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, que procediera a la “conservación íntegra” de las comunicaciones en el 'CoordCom', su columna vertebral tecnológica, entre el 24 y el 29 de octubre de 2024, “incluyendo comunicaciones escritas y registros de audio y vídeo, emitidas o recibidas” desde el Centro de Coordinación operativa Integrado (Cecopi) o el Puesto de Mando Avanzado, entre otros.
La jueza partía del hecho de que la instrucción “puede exigir la obtención concreta de datos contenidos” en esos archivos. Por su parte, la Generalitat, tal como confirmó hace más de un año, conserva “tres copias idénticas” de su 'caja negra'.
Por otro lado, según indica una providencia dictada este martes, la jueza ha incorporado a la causa el audio de WhatsApp, adelantado por este diario, en el que la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, aconsejaba a una vecina de la localidad, una hora antes del Es-Alert, que buscara refugio en “zonas altas”.
Jordi Mayor, primer edil de Cullera, rememoró el enigmático telefonazo en plena catástrofe mientras el president alargaba la sobremesa con Maribel Vilaplana: "Cualquier cosa que necesites, me llamas"
El alcalde de Cullera, ante la jueza sobre la llamada de Mazón desde El Ventorro en plena dana: “No la entendí”
El único alcalde al que Carlos Mazón llamó desde el restaurante El Ventorro sigue sin entender la llamada telefónica que recibió en plena catástrofe de la dana del entonces president de la Generalitat. “Ya no he vuelto a hablar nunca [con Mazón]”, explicó el primer edil de Cullera, Jordi Mayor, en su testifical ante la jueza de la dana del pasado 14 de octubre. Mayor, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, dijo sobre la enigmática comunicación: “No entendí la llamada”. “Me quedo un poco así diciendo: ¿Y este hombre para qué me ha llamado?”.
El testigo rememoró el contenido de la breve llamada, efectuada por Mazón la tarde del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos, en la que el entonces jefe del Consell alargaba la sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado de El Ventorro. “Nada, nada, pues todo bien, nada, pues este es mi teléfono personal, tú grábatelo, cualquier cosa que necesites me llamas”, le dijo Carlos Mazón, según el recuerdo de Jordi Mayor.
El alcalde de Cullera tampoco comprendía por qué el president, del que pensaba en aquel momento que permanecía en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), no le aportó ninguna información sobre la emergencia a la que se enfrentaba. “La sorpresa mía fue que yo le traslado la [información] mía, pero a mí no me traslada la suya”.
Y es que Mazón permanecía aquella tarde en el reservado del céntrico restaurante. Mayor no hizo público el contenido de la llamada hasta que el entonces president la sacó a colación para presumir de que había actuado aquella tarde ante la emergencia de la dana.
“Creo”, manifestó Jordi Mayor, “que soy el único alcalde al que le llamó. Yo no quería más protagonismo (...) Claro, lo que no me pareció ni ético ni correcto fue que el president dijera públicamente que me había llamado a mí para hacer entender a todo el mundo que él había estado preocupado y había estado llamando a alcaldes”.
La jueza, perpleja: “¿No le dice nada más?”
La jueza no ocultó su sorpresa ante el pobre contenido de la llamada de Carlos Mazón: “Ahí se termina la conversación, ¿No le dice nada más?”, preguntó la magistrada.
El alcalde de Cullera estaba convencido de que Mazón participaba en el Cecopi cuando le llamó: “Luego resulta que este hombre no estaba allí”, dijo el testigo. Mayor sigue preguntándose casi dos años después de la catástrofe: “¿Para qué me llamó o por qué me llamó?”.
La abogada de una de las acusaciones planteó a Mayor las mismas dudas que sobrevolaban la testifical:
—¿A usted en algún momento le dice el presidente dónde está?
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