Se celebraba el pasado lunes 26 de octubre la apertura del curso académico 2026-2027 del Instituto de España y de las diez Reales Academias que lo integran, bajo la presidencia de S. M. el rey Felipe VI, quien nadie hubiera dicho que la víspera en Oviedo había sido intervenido de cataratas. La solemnidad inaugural tenía lugar en la sede de la Academia de Jurisprudencia y Legislación y la ocasión servía para dar cuenta de las memorias de actividad correspondientes a cada una de ellas. Ese repaso permitió que supiéramos del acto conmemorativo dedicado al n.º 30 de la Revista de la Inquisición, una publicación que impulsa el Instituto de Historia de la Intolerancia dirigido por el profesor José Antonio Escudero, que es quien más y mejor ha estudiado entre nosotros el Santo Oficio y la intolerancia desde una perspectiva interdisciplinar, con atención preferente a las investigaciones centradas en los territorios de la monarquía hispánica. Habrá que volver sobre la intolerancia y propugnar un instituto al que incorporar a los que más lo merezcan ahora que con tanto ardor la cultivan los partidos políticos, sembradores de la cizaña del odio y empeñados en la inoculación del cainismo en vena, antes de su competir ante las urnas donde están citados con los electores el próximo domingo 29 de noviembre.

Volviendo a la apertura del curso, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Luis María Cazorla, en su intervención indicó al Rey que las Reales Academias se acogían con confianza a su alto patronazgo con un solo propósito y único objetivo, expresado en la primera de las disposiciones legales de la historia de las Academias, la real cédula de 3 de octubre de 1714: lograr "el bien público, la gloria del Reynado y la honra de la Nación”. Y fue entonces cuando el profesor Manuel Aragón leyó su discurso sobre el significado y valor de la Constitución para exponer cómo "solo dentro de la Constitución, fielmente entendida y respetada, puede lograrse una convivencia ciudadana en paz, justicia y libertad" y para coincidir con el mensaje de Felipe VI en 2023 según el cual "fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles, no habría libertad, sino imposición, no habría ley, sino arbitrariedad. Es decir, no habría una España en paz y libertad". Primero, porque toda constitución democrática es el medio más eficaz que la Historia ha inventado para limitar el poder con el objetivo de asegurar los derechos inalienables de los ciudadanos; o, lo que es igual, el único modo de asegurar la existencia de un pueblo integrado por ciudadanos libres e iguales en su libertad.

Habrá que volver sobre la intolerancia y propugnar un instituto al que incorporar a los que más lo merezcan ahora que con tanto ardor la cultivan los partidos políticos

Pero, a ese significado de la constitución democrática, el profesor Aragón añade, en el caso español, un valor añadido atendiendo a que su elaboración y aprobación supuso un insólito pacto de concordia política y social que la dotó de una amplísima legitimidad: la de ser, por primera vez en nuestra Historia, una Constitución "de todos y para todos". Nuestro profesor mantuvo que el deterioro de las instituciones, la falta de ejemplaridad de los políticos y la ineficacia de la acción pública pueden anular la necesaria legitimidad de ejercicio que la democracia requiere para mantenerse y que los políticos y las instituciones se hacen merecedores de esa desafección cuando es la propia sociedad, por ignorancia, cobardía o comodidad, la que no les ha exigido cuentas, cotidianamente, de su ineptitud y falta de ejemplaridad. Atentos.