Hay acontecimientos que cambian la vida en un segundo. El accidente ferroviario de este miércoles en Toledo es uno de ellos. A treinta y dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez se ha encontrado con una tragedia que ha obligado al Gobierno a tirar a la basura el guion de campaña. La prioridad es atender a las víctimas, acompañar a sus familias y esclarecer las causas del siniestro.

Pero las consecuencias políticas ya se han empezado a dibujar. En Moncloa saben que estas tragedias no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. También someten a examen la gestión de quienes las dirigen. Los socialistas habían diseñado una estrategia para llegar a las urnas a golpe de sonrisas, bailes y besos con la política social como banda sonora. Los sucesivos Consejos de Ministros hasta el día de los comicios debían servir para recuperar la iniciativa política. Para que los españoles, en definitiva, votaran sobre dos modelos de país y no sobre la acumulación de controversias que ha acompañado al Ejecutivo.

Pero el accidente lo ha cambiado todo. Como ocurrió en enero en Adamuz, los españoles vuelven a poner a su Ejecutivo ante el espejo de su propia gestión en uno de los ámbitos más sensibles para cualquier gabinete: la seguridad de las infraestructuras públicas. El propio presidente admitió este miércoles que no es «asumible» para España encadenar dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año.

Sánchez suspendió su agenda y se desplazó a Urda, en Toledo, para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados. La actividad institucional del país entró este miércoles en el congelador. Pero una vez superados los primeros días tras la tragedia, volverán las preguntas sobre el estado de la red ferroviaria, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y la supervisión de las infraestructuras. En definitiva, se volverá a apuntar hacia el Palacio de la Moncloa, donde son plenamente conscientes de que ya se ha reabierto el debate sobre su gestión material de la realidad y de que ha adquirido, irremediablemente, una dimensión electoral.

Toda la presión recae ahora sobre el Ministerio de Transportes. Su titular, Óscar Puente, se encuentra en una situación crítica que demandará explicaciones técnicas diarias, transparencia y una coordinación constante con los organismos responsables de la investigación. Todo lo que ya hizo hace nueve meses, pero con la tensión política disparada. Su departamento recibirá todos los golpes de la oposición. Y el presidente tendrá que decidir hasta qué punto asume personalmente una crisis que afecta a una infraestructura estratégica del país. También tendrá que decidir si termina tirando por la borda a su ministro antes de que se abran las urnas.

Tanto Sánchez como Puente decidieron centrarse en la gestión inmediata de la tragedia y evitaron ancipar futuras responsabilidades políticas. Aunque hasta sus socios de Frente Amplio las empezaron a pedir este miércoles.

En Moncloa saben que cada nueva información sobre las circunstancias del siniestro tapará por completo cualquier mensaje de campaña. El deterioro del transporte ferroviario, la crisis de Ceuta, la movilización por la vivienda, la huelga general y los disturbios registrados en varias ciudades habían servido en bandeja al PP y a Vox nuevos argumentos contra la gestión de Pedro Sánchez. Entretanto, el PSOE había desplegado una ofensiva electoral frenética para recuperar la iniciativa y alimentar las expectativas de remontada. Una estrategia que, al menos, había logrado contagiar cierto optimismo a sus filas, pese a que las encuestas privadas coincidían en pronosticar una holgada mayoría parlamentaria de las dos formaciones de derechas. Pero esa euforia se volatilizó este miércoles a primera hora de la mañana.

El ministro Óscar Puente queda fuera de combate. El exalcalde de Valladolid era el principal ariete del presidente contra la oposición. Pero el accidente le ha sacado de la contienda política. Es prácticamente imposible que Puente llegue a recuperarse antes del 29N. Es más, nadie a estas alturas descarta que se vea obligado a dimitir para intentar salvar al partido.

Él mismo evitó pronunciarse este miércoles sobre su hipotética renuncia. Preguntado por la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes aseguró que su única preocupación es esclarecer lo ocurrido. «En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer y tratar de resolverlo, no estoy pensando en mí», respondió en su primera comparecencia tras el accidente. Tampoco quiso detenerse en cómo está viviendo personalmente la tragedia, la segunda que le golpea al frente del departamento.

En Ferraz también bajan los brazos. Las fuentes consultadas admiten que solo toca «gestionar el horror» de la manera más digna posible de aquí a que se abran las urnas.

La polémica sobre la utilización electoral de la denominada ley de nietos ha terminado por convertirse en un serio revés judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha tenido que reconocer que únicamente 901 de los 163.355 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar del Tribunal Supremo han acreditado hasta ahora su condición de descendientes de exiliados. La consecuencia es que 162.454 personas no disponen de la certificación exigida para poder participar en las elecciones, después de que el alto tribunal haya intervenido para impedir que una ampliación potencialmente irregular del censo pueda afectar al proceso electoral.

La cifra resulta especialmente significativa porque pone de manifiesto la enorme distancia entre el número de personas incluidas en el procedimiento de nacionalización cuestionado y aquellas que han conseguido justificar documentalmente los requisitos establecidos por el Supremo. El Ejecutivo había defendido la legalidad del procedimiento, pero la intervención judicial ha obligado a revisar los expedientes y a identificar a los afectados antes de la celebración de los comicios.

Los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores entregaron ayer al Tribunal Supremo la relación nominal de los 163.355 nacionalizados, después de que los magistrados advirtieran de la posibilidad de imponer sanciones si el Gobierno incumplía el plazo establecido. La documentación debía presentarse antes de las tres de la tarde y contiene una cifra ligeramente superior a los 163.020 afectados inicialmente comunicados por el Ejecutivo.

El origen de la controversia está en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para conceder la nacionalidad española a descendientes de personas que tuvieron que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de persecución. Sin embargo, una instrucción posterior del Gobierno introdujo una presunción de exilio para quienes salieron del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigir en esos supuestos una acreditación individualizada de las razones políticas de su marcha.

Esta interpretación administrativa es precisamente la que ha desencadenado el conflicto judicial. Vox e Iustitia Europa denunciaron el riesgo de que miles de personas se incorporaran al censo electoral de residentes ausentes sin haber acreditado las circunstancias que justificaban su acceso a la nacionalidad por esta vía.

El Supremo consideró que existían motivos suficientes para intervenir cautelarmente y suspender los efectos electorales de las inscripciones afectadas. La decisión no supone retirar la nacionalidad española a sus beneficiarios, sino impedir temporalmente que puedan votar en las próximas elecciones generales mientras se resuelve la controversia.

El Gobierno sostiene, sin embargo, que la incidencia electoral de estos nacionalizados sería reducida. Según sus cálculos, si se aplican los niveles habituales de participación de los españoles residentes en el extranjero, los 163.355 potenciales electores representarían menos de 14.000 votos efectivos, distribuidos entre las 52 circunscripciones. Una cifra equivalente a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las generales de 2023.

Este argumento no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo: la obligación de garantizar que el censo electoral se ajusta a la legalidad. En un sistema como el español, en el que determinados escaños se deciden por diferencias reducidas, la distribución territorial de los sufragios puede tener más relevancia que su peso sobre el conjunto nacional. Eso no significa que se haya acreditado una alteración del resultado electoral, pero sí explica la importancia de que los tribunales despejen cualquier duda antes de la votación.

La actuación judicial también ha puesto bajo presión a los ministerios dirigidos por Félix Bolaños y José Manuel Albares, responsables de facilitar la documentación requerida. Exteriores ha tenido que coordinar una revisión de expedientes a través de la red consular, mientras Justicia remitió previamente una relación parcial de 76.600 personas identificadas en el Registro Civil digital.

El Gobierno ha cumplido este miércoles el ultimátum del Tribunal Supremo. Después de siete semanas de controversia judicial sobre la aplicación de la denominada [[LINK:INTERNO|||Article|||6ae0af85d5fe5e0007d255fd|||«ley de nietos»]], el Ejecutivo ha entregado la relación nominal de 163.355 españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Moncloa ha remitido el listado en el último día del plazo concedido por los magistrados, que habían advertido personalmente a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares de la posibilidad de imponerles multas reiterativas de hasta 1.000 euros e incluso exigirles responsabilidades penales si no facilitaban la documentación.

La cifra remitida supera en 335 personas los 163.020 afectados a los que se refería el requerimiento judicial del pasado 23 de octubre. Fuentes gubernamentales confirman que la documentación se ha entregado dentro del plazo establecido por el Alto Tribunal. No han precisado, sin embargo, a qué obedece la diferencia de cifras.

La entrega no ha puesto fin a la controversia. La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala Tercera del Supremo que declare reservado el listado al considerar que contiene datos personales sensibles. Moncloa teme que las organizaciones personadas en el procedimiento puedan utilizar esa información con fines ajenos al proceso judicial.

El Ejecutivo señala expresamente a Vox y a otras asociaciones que identifica con la extrema derecha, a las que atribuye el impulso de las medidas que podrían desembocar en la suspensión del derecho al voto de buena parte de los afectados.

El Gobierno sostiene que ha trabajado desde el principio para cumplir las resoluciones judiciales. Según la cronología facilitada por fuentes oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió la notificación de las medidas cautelares el 14 de septiembre y envió el primer telegrama con instrucciones a los consulados al día siguiente.

Desde entonces, el departamento de Albares ha coordinado la revisión de los expedientes en las oficinas consulares y ha autorizado las contrataciones de asistencia técnica solicitadas para completar el trabajo.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral una primera relación de 76.600 personas inscritas en el Registro Civil digital, conocido como DICIREG. Se trataba, según el Ejecutivo, de toda la información disponible en ese departamento. La Oficina del Censo trasladó posteriormente esos datos al Supremo el 21 de octubre.

Esta cronología es la que esgrime Moncloa para rechazar que haya existido inactividad administrativa durante las últimas siete semanas. El Ejecutivo insiste en que las dificultades obedecían a la necesidad de recabar información dispersa entre distintas oficinas consulares.

La Abogacía del Estado había llegado a alegar que resultaba «materialmente imposible» revisar individualmente los expedientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el requerimiento exigía la identificación nominal de los afectados, una tarea distinta de la comprobación individual de sus circunstancias.

El Gobierno también ha aprovechado la entrega para cuestionar las consecuencias de las medidas cautelares. Defiende que los afectados adquirieron legalmente la nacionalidad española conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a una instrucción administrativa que reconocía la presunción de exilio.

Según Moncloa, se trata de requisitos semejantes a los aplicados tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, durante cuya vigencia se celebraron numerosos procesos electorales sin que se cuestionara su aplicación.

Además, el Ejecutivo trata de rebajar la trascendencia electoral del litigio. Sus cálculos apuntan a que, aplicando los niveles habituales de participación exterior, la eventual exclusión de los 163.355 nacionalizados tendría un impacto inferior a 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones. Esa cantidad equivaldría, según el Gobierno, a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.

Moncloa subraya que se trata de una estimación máxima y que la incidencia real sería todavía menor, puesto que la relación nominal incluye a personas que no forman parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), entre ellas menores de edad y ciudadanos fallecidos.

Con la documentación ya en poder del Supremo, el foco se desplaza ahora a la decisión que adopten los magistrados sobre la situación electoral de los afectados. El Gobierno ha evitado el incumplimiento del ultimátum, pero mantiene abierto el enfrentamiento jurídico sobre el alcance de unas medidas cautelares que podrían impedir votar el 29 de noviembre a miles de españoles nacionalizados por la «ley de nietos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está desplazando este miércoles a Urda (Toledo), donde dos trenes de alta velocidad han colisionado a primera hora de la mañana en un accidente que ha provocado al menos 64 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El jefe del Ejecutivo ha decidido acudir personalmente al lugar de la tragedia para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, según ha comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación. El presidente comparecerá a las 15.00 junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

«La prioridad es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones», ha señalado el Gobierno, que ha situado la atención a los heridos y la asistencia a los familiares en el centro de su respuesta institucional.

El accidente se ha producido poco antes de las nueve de la mañana, cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, según los primeros indicios trasladados por fuentes del Ministerio de Transportes. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales han caído por un terraplén a la altura de Urda. La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida.

El balance de víctimas continúa evolucionando a medida que avanzan las tareas de rescate. Las informaciones difundidas durante la mañana han elevado la cifra de fallecidos hasta varias decenas y apuntan a más de 150 heridos, aunque las autoridades siguen actualizando los datos. Los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno mientras los servicios sanitarios han movilizado recursos para atender a los afectados.

Sánchez ha suspendido su agenda institucional y ha mantenido contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Este último también ha cancelado todos sus compromisos y se ha desplazado a la zona del accidente. Puente, por su parte, ha explicado que se encuentra desde las 9.40 horas en el centro de control ferroviario, recabando información sobre lo sucedido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado el siniestro de «accidente muy grave» y ha confirmado la movilización de recursos hospitalarios, incluidos servicios de cuidados intensivos, ante la posibilidad de recibir a numerosos heridos. También ha realizado un llamamiento urgente a la donación de sangre.

La tragedia ha provocado una cascada de reacciones políticas y ha interrumpido la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSOE, el Partido Popular, Frente Amplio y Podemos han suspendido sus actos previstos para este miércoles. El PP ha anunciado la cancelación de su agenda electoral en todo el país, mientras que la coalición de izquierdas ha trasladado su solidaridad a los afectados.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado «muy preocupado» por las informaciones sobre el accidente y ha reclamado que todos los esfuerzos se concentren en atender a las víctimas y acompañar a sus familiares. El presidente del PP también ha contactado con García-Page y con el alcalde de Urda, Manuel Galán Moreno, para ofrecerles su apoyo.

La reacción de Vox ha sido diferente. Santiago Abascal ha decidido mantener sus compromisos electorales y ha vinculado políticamente el accidente con lo que considera una «degradación de las infraestructuras y de las instituciones en España». El dirigente ha defendido que el luto no debe impedir exigir responsabilidades y ha anunciado que su partido ha iniciado actuaciones para solicitar la conservación de las pruebas. Por el momento, las causas del siniestro no están determinadas.

También se han pronunciado los Reyes, que han expresado su consternación y preocupación por lo sucedido, así como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha ofrecido los recursos de su comunidad para colaborar en la asistencia a los afectados.

La magnitud de la tragedia ha tenido consecuencias institucionales inmediatas. La Junta General del Principado de Asturias ha suspendido su sesión plenaria y ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En Andalucía también se han cancelado comparecencias y convocatorias parlamentarias.

Los disturbios de Barcelona y Bilbao han encendido las alarmas en el Palacio de la Moncloa. El Gobierno observa con preocupación la posibilidad de que los grupos violentos, muchos formados por menores de edad, aprovechen la próxima huelga general del 11 de noviembre para provocar nuevos altercados y terminen por desvirtuar una jornada de reivindicaciones sociales que el Ejecutivo lleva semanas impulsando. El temor no se limita al orden público. En el Ejecutivo también preocupa que las imágenes de violencia acaben alterando el desarrollo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Este fenómeno nos preocupa», reconocen fuentes gubernamentales, que aseguran que están trabajando para impedir que los incidentes «se reproduzcan» o «se amplifiquen». Moncloa quiere evitar que los violentos se mezclen entre los manifestantes y terminen convirtiendo una protesta legítima en una sucesión de enfrentamientos en la calle.

El Ejecutivo insiste en que los disturbios no pueden confundirse con las reivindicaciones de los convocantes. «No podemos juntar nunca jamás la legítima manifestación de los profesores, de los sanitarios, de los jóvenes que piden vivienda con estos hechos», subrayan las mismas fuentes.

Pese a la preocupación, el Gobierno asegura que sus previsiones sobre la huelga no han cambiado. Confía en que se celebre con normalidad, aunque advierte de la posibilidad de que se produzcan convocatorias paralelas protagonizadas por estos grupos violentos. Las fuerzas de seguridad, sostiene, actuarán para prevenir y contener cualquier altercado.

La inquietud también es electoral. En Moncloa consideran que el PP y Vox pretenden convertir la inseguridad en el principal asunto de discusión pública. «El PP quiere llevar ahí la campaña, pero nosotros no se lo vamos a permitir», aseguran.

El Gobierno teme que la violencia termine desplazando el debate sobre las políticas sociales y las reivindicaciones ciudadanas. Una circunstancia que podría modificar el marco político de las últimas semanas de campaña.

El Gobierno apura las últimas horas del ultimátum del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dio de plazo hasta este miércoles al Ejecutivo para que identifique a los 163.020 nacionalizados al amparo de la conocida como «ley de nietos» que tienen suspendido temporalmente su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En el Palacio de la Moncloa aseguran que cumplirán. Aunque para conseguirlo han tenido que movilizar a los consulados españoles, reforzar sus plantillas y cancelar las vacaciones y los permisos de fin de semana de parte de sus trabajadores.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha garantizado este martes que el Ejecutivo remitirá la documentación requerida antes de que expire el plazo fijado por el Supremo. «Se cumplirá el plazo», ha asegurado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha explicado que los departamentos implicados están dedicando los recursos necesarios para ejecutar la orden judicial.

La operación recae fundamentalmente sobre dos ministerios: Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños. Ambos recibieron el pasado viernes el requerimiento del Alto Tribunal para identificar a los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar de su derecho de sufragio. Y ojo porque el Supremo acompañó el requerimiento de una advertencia expresa: el incumplimiento podría desembocar en multas e incluso en la exigencia de responsabilidades penales de los titulares de ambas carteras.

El Ejecutivo ha puesto en marcha desde entonces un dispositivo extraordinario para reunir la información. Fuentes gubernamentales reconocen que el procedimiento ha resultado especialmente complejo por el volumen de expedientes y por la necesidad de recabar datos de las oficinas consulares. La premura ha obligado a reorganizar los servicios, ampliar los equipos de trabajo y suspender descansos para llegar a tiempo a la fecha límite.

La controversia tiene su origen en la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes de personas que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. El Supremo ha ordenado suspender temporalmente el derecho al voto de 163.020 nacionalizados que, según el criterio recogido en la resolución judicial, no han acreditado su condición de descendientes de exiliados.

Esa decisión abrió otro nuevo frente entre el Gobierno y el Poder Judicial; este en plena precampaña electoral. En Moncloa aseguran que acatarán el requerimiento, pero mantienen sus discrepancias con una medida que consideran especialmente grave por afectar al ejercicio de un derecho fundamental a pocas semanas de las elecciones.

El propio Pedro Sánchez ha convertido esta controversia en uno de los asuntos de sus intervenciones de precampaña. El presidente ha reprochado que descendientes de republicanos que tuvieron que abandonar España no puedan ejercer su derecho al voto mientras que, según su argumentación, los descendientes de quienes pertenecieron al bando nacional sí pueden hacerlo. Con esta comparación, Sánchez ha cuestionado públicamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los ministerios de Albares y Bolaños trabajan contrarreloj para remitir la relación completa de afectados. El Gobierno quiere evitar un nuevo choque con el Supremo por el incumplimiento de una orden expresa, especialmente después de que los magistrados hayan advertido de las consecuencias que podría tener una demora.

A veinticuatro horas del vencimiento del plazo, Moncloa transmite que la documentación llegará a tiempo. Pero la entrega de la lista no resolverá el conflicto de fondo: la suspensión del derecho al voto de más de 163.000 nacionalizados en unas elecciones generales convocadas para dentro de poco más de un mes. El Gobierno acatará la orden mientras mantiene abierta su discrepancia con la decisión judicial.

Más Madrid todavía no ha contactado con los extrabajadores que denunciaron a la diputada Tesh Sidi por presunto acoso laboral pese a que sus reglas internas establecen «la mayor celeridad posible» para la resolución interna de conflictos. Hoy se cumple una semana desde que los denunciantes presentaron, el pasado 20 de octubre, el escrito ante el Comité Ético y de Estatutos del partido. La única respuesta que han recibido desde entonces fue el acuse de recibo, en el que se les precisó que la denuncia se trataría «en la próxima reunión» del citado comité.

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, se pronunció ayer por primera vez sobre las informaciones desveladas por LA RAZÓN. Bergerot, que conocía desde octubre de 2025 las quejas sobre el trato que Sidi dispensa presuntamente a sus subordinados en la Cámara Alta, aseguró que el partido habría iniciado el «procedimiento» de investigación interno. «En estos casos estamos tranquilos. Confiamos en los procedimientos y cauces internos de Más Madrid, que son independientes y confidenciales. Y una vez que está abierto el procedimiento, no tenemos más información. Hay que respetar la independencia y la confidencialidad de estos cauces», dijo en la Asamblea de Madrid.

El Comité de Código Ético y Estatutos de Más Madrid tiene la obligación de reunirse de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses, además de «todas las veces que sea necesario» para resolver los asuntos de su competencia con la «máxima celeridad». Los encuentros son convocados por la presidencia del comité con una antelación mínima de 48 horas.

Durante todo el proceso, sus integrantes están sujetos a un estricto deber de sigilo y confidencialidad respecto a las deliberaciones, documentos y resoluciones tratadas, las cuales son gestionadas de forma confidencial a través del canal de denuncias oficial del partido. Aunque según ha sabido este diario, un miembro de la dirección intentó localizar a los denunciantes para evitar que la denuncia se presentara en pleno proceso electoral. Y todo por el riesgo de que se terminara filtrando el caso a los medios de comunicación.

Una vez que se recibe una denuncia por escrito, el comité dispone de un plazo máximo de tres días hábiles para acordar formalmente la apertura del expediente interno. Por eso, los extrabajadores, en conversación con este diario, temen que el partido intente enterrar la denuncia. Mientras, esperan que les contacte el instructor que Más Madrid debería haber designado para investigar los hechos denunciados y recabar las pruebas necesarias para determinar si las conductas de Tesh Sidi pueden constituir una infracción de las normas internas.

El procedimiento contempla un periodo de alegaciones para la persona denunciada, un plazo inicial de diez días hábiles para la investigación, ampliable por otros diez cuando resulte necesario, y la elaboración de un informe que deberá elevarse al Comité para que adopte una resolución. Entre las posibles sanciones previstas para las infracciones muy graves figura la expulsión de la organización.

El régimen disciplinario del partido contempla expresamente como infracción muy grave los comportamientos hostiles, los insultos y las expresiones vejatorias que atenten contra la dignidad y el respeto mutuo. Es el supuesto recogido en el artículo 166.k de los Estatutos, cuya aplicación al caso de Sidi dependerá de los hechos que puedan acreditarse durante la investigación y de su encaje en las normas internas.

Más Madrid se ha pronunciado este lunes sobre la denuncia desvelada por LA RAZÓN contra la diputada y número dos de Frente Amplio en Madrid, Tesh Sidi, por presunto acoso laboral. Aunque el partido no ha ofrecido detalle alguno sobre las actuaciones que habría emprendido para investigar los hechos denunciados por tres exasesores de la parlamentaria en el Congreso.

La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha defendido la independencia de los órganos internos encargados de examinar las quejas de los antiguos asesores de la diputada en el Congreso y ha asegurado que la dirección está «tranquila» ante el procedimiento. «En estos casos estamos tranquilos. Confiamos en los procedimientos y cauces internos de Más Madrid que son independientes y confidenciales», ha señalado la dirigente madrileña, que ha evitado pronunciarse sobre el contenido de las acusaciones.

Bergerot ha dicho que el procedimiento se encuentra abierto, pero ha sostenido que la dirección política no dispone de más información sobre su desarrollo. «Y una vez que está abierto el procedimiento, no tenemos más información. Hay que respetar la independencia y la confidencialidad de estos cauces», ha explicado.

La portavoz no ha precisado si la denuncia ha sido formalmente admitida a trámite ni qué actuaciones se han acordado para esclarecer los hechos. Su respuesta se ha limitado a reivindicar el funcionamiento de los mecanismos internos del partido y la necesidad de preservar su autonomía.

Los extrabajadores parlamentarios de Más Madrid que denunciaron por acoso laboral a Tesh Sidi resaltan el «polémico» comportamiento de la diputada y número dos de la lista de Frente Amplio por Madrid el próximo 29N. LA RAZÓN ha tenido acceso a chats internos de Sumar y de Más Madrid en los que la parlamentaria bromeó sobre la muerte del Papa Francisco y la entrega de armas a la organización terrorista Hamás.

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de los Diputados convalidó con 178 votos a favor el Real Decreto con el que el Gobierno aprobó «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina».

La norma estableció restricciones al comercio de armamento con Israel, prohibió determinadas operaciones de tránsito de combustibles susceptibles de ser utilizadas con fines militares e impidió importar productos procedentes de asentamientos israelíes situados en territorios palestinos ocupados por Tel Aviv.

Al día siguiente, en paralelo a la actividad parlamentaria, Tesh Sidi coordinaba con sus colaboradores la estrategia de comunicación que debía acompañar la iniciativa.

Sidi compartió un archivo de vídeo para sus redes sociales y propuso introducir imágenes de la votación en la Cámara Baja. La conversación continuó con el envío de una imagen en la que aparecía la propia diputada revestida con simbología propalestina. Fue entonces cuando intervino: «Cuando podemos pedir armas para jamassss». La expresión alude a Hamás, la organización terrorista que había perpetrado los ataques contra Israel el 7 de octubre de 2023. El comentario se produjo, además, un día después del segundo aniversario de aquellos atentados.

Precisamente entonces, mientras se conocía la magnitud de los ataques, la diputada publicó un mensaje en sus redes sociales (en X) en el que reivindicó su apoyo a Palestina y denunció las muertes de civiles palestinos, sin incluir una condena expresa de los ataques de Hamás en aquella publicación inicial. Sus palabras provocaron numerosas críticas y abrieron una polémica que obligó a la parlamentaria a aclarar su posición.

Dos días después, Sidi condenó públicamente las acciones de del grupo terrorista contra la población civil israelí y aseguró que aquellas atrocidades no podían justificarse. Pero ese no es el único comentario polémico de la política en los canales internos de Más Madrid y Sumar.

El 21 de abril de 2025, la muerte del Papa Francisco provocó una sucesión de reacciones institucionales y políticas en todo el mundo. El Gobierno español preparaba entonces las medidas oficiales de duelo y los partidos debatían sobre el tratamiento que debía darse al fallecimiento del jefe de la Iglesia católica.

La cuestión llegó al grupo de mensajería de Telegram del Grupo Parlamentario Sumar. En ese canal, integrado entonces por 74 participantes, varios miembros de la formación discutieron sobre la conveniencia de que España declarara tres días de luto oficial.

Uno de los participantes trasladó la información de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había anunciado esa decisión. Y cuestionó que un Estado aconfesional tuviera que adoptar semejante medida.

La intervención abrió un intercambio de opiniones sobre la naturaleza institucional del pontífice y las obligaciones protocolarias del Estado español. Otro participante recordó que el Papa también era jefe de Estado, en referencia al Vaticano. «Es jefe de Estado (el vaticano no??). A lo mejor va por ahí», planteó.

Sin embargo, el argumento no convenció a todos los integrantes del canal. Uno de ellos respondió que España no declaraba luto nacional cada vez que fallecía un mandatario extranjero.

La discusión continuó con referencias a las decisiones adoptadas por otras administraciones. Algunos participantes advirtieron de que la Comunidad Valenciana y Andalucía también habían declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento del Pontífice. Fue en ese contexto cuando intervino Tesh Sidi. La diputada respondió directamente al mensaje del integrante que había cuestionado la decisión del Ejecutivo de declarar luto oficial en toda España. «Los musulmanes celebramos la muerte jejejeje», escribió.

La frase de la diputada Sidi rompió con el tono del debate institucional que habían mantenido sus compañeros. Unos minutos después, en un claro ejemplo de desconcierto, otro integrante del grupo contestó a su mensaje con tres signos de interrogación: «???».

Los denunciantes de Sidi, en conversación con este periódico, explican que dentro del grupo parlamentario Sumar, y entre los trabajadores de Más Madrid, es «sabido» que la diputada es «peculiar». Así describen algunas de las actitudes que, según sus testimonios, han observado durante su etapa de trabajo en el Congreso de los Diputados. Estas conversaciones desveladas por LA RAZÓN muestran cómo se expresaba la parlamentaria en dos canales internos de carácter profesional, en los que se abordaban asuntos políticos y se coordinaba el trabajo de comunicación.

Este diario desveló en su edición del sábado 24 de octubre la denuncia que tres exasesores interpusieron ante los órganos internos de Más Madrid y Sumar contra la diputada por presuntos comportamientos «abusivos, hostiles y vejatorios» durante su relación profesional. También que al menos tres dirigentes de Más Madrid, –Manuela Bergerot, Gabriel Ortega y Héctor Tejero– recibieron quejas de una de las personas afectadas por el trato de Sidi a sus subordinados.

Ningún miembro del partido ha dado explicaciones públicas por la información. Sidi anunció ayer su presencia el próximo 28 de octubre en un foro sobre feminismo organizado por «InfoLibre» en presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.