Felipe González, en la campaña electoral de 1982 que llevó al PSOE por primera vez al Gobierno, explicó que el eslogan de «Por el cambio» significaba «que España funcione». Casi medio siglo después, el accidente trágico de ayer, con su insoportable carga de fallecidos, demuestra que algo no funciona en este país. Es más grave, porque muchas de las cosas que no funcionan sí lo hacían hasta hace un tiempo, incluida la red de alta velocidad puesta en marcha por los gobiernos de González y que durante años fue el orgullo de todo un país y la envidia de los foráneos. Dos tragedias en pocos meses, como la de Adamuz y la de ayer, son algo más que una anomalía. Son el síntoma evidente de que algo falla. Habrá tiempo para determinar las causas y fijar las responsabilidades. Los expertos en catástrofes explican que, en estos casos, nunca hay una sola causa y que el desastre es el resultado de una serie de circunstancias. Por eso, es precipitado que el ministro Puente señale un error humano, que no obstante ha podido existir -incluso es probable-, como el motivo principal de lo ocurrido. La tecnología, sin embargo, también está para subsanar los fallos de las personas. Es la red de seguridad que, ahora, no ha sido suficiente.

La tragedia de Urda, hay que decirlo, ocurre en plena precampaña electoral y, por supuesto, tendrá impacto electoral, que -¡fuera hipocresías!- es lo primero que han evaluado en los cuarteles generales de los partidos políticos. Todos han mostrado su duelo, ofrecido su cooperación y ayuda a las víctimas y suspendido sus actos electorales, salvo Vox y Abascal, que quieren dar la nota y que pueden pagar su falta de sensibilidad, al menos pública. Al mismo tiempo, todos han comenzado a reescribir sus estrategias para las próximas semanas que, por supuesto, incluyen cómo se abordará el periodo de duelo y el día después, la presencia en los funerales y los principios de la petición de responsabilidades. Los menos hipócritas, tras la tristeza y el consuelo obligados, ya sea de forma defensiva o agresiva, calculan cómo pueden beneficiarse o salir perjudicados por la catástrofe ferroviaria. Eso sí, ahí queda, para quien mejor la gestione, aquella idea fuerza, que vuelve a ser válida, de «que España funcione», que regresa de la época de Felipe González.

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Henri Poincaré (1854-1912), considerado el último polímata francés y famoso por la llamada «conjetura de Poincaré», recomendaba: «Duda de los datos hasta que no dejen lugar a dudas». El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al tercer trimestre de 2026. Los resultados indican que en España hay 22,85 millones de ocupados y 2,59 millones de parados (un 10,18% de la población activa), lo que supone 95.900 desempleados más que el trimestre anterior.

A partir de ahí, surgen las interpretaciones. El Gobierno de Sánchez, esta vez con cierta moderación, destaca que el paro «en términos desestacionalizados», aunque aumentó un 0,14%, se redujo en los últimos doce meses en 21.900 personas. La oposición, por supuesto, llama la atención sobre la evidente «desaceleración» de la creación de empleo, así como el aumento del desempleo, y recalca que España es el país de Europa –y uno de los del mundo desarrollado– con la tasa más elevada de paro.

Además, persiste la polémica de los celebérrimos [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/economia/espejismo-record-empleo-104-millones-contratos-fijos-discontinuos-reforma-laboral-solo-suman-408000-afiliados-mas_202610196ad5e64afb06971aad082e17.html|||«fijos discontinuos»]] que no trabajan. Son todos aquellos que tienen un contrato laboral fijo, pero que en estos momentos no realizan ningún trabajo efectivo. Para las estadísticas oficiales están ocupados, aunque perciban el subsidio por desempleo. En otras palabras, no trabajan pero no aparecen en esa situación en los registros. Todavía más, no figuran en ninguno porque el INE no ofrece ese dato, escudándose en todo tipo de excusas técnicas. Los expertos, no obstante, apuntan a un número de entre medio millón y ochocientos mil, lo que elevaría el total de parados muy por encima de los tres millones. Además, y eso sí lo refleja el INE, entre los ocupados hay una legión –millonaria– que no llega a trabajar ni una sola hora efectiva a la semana. Eso significaría que, al menos en el cómputo semanal, el número total de desempleados estaría, en el mejor de los casos, por encima de los cuatro millones de personas. El razonamiento, como en el caso de los discontinuos, es simple: por muy ocupados que estén en los papeles, si no trabajan son parados. Por eso, hay que «dudar de los datos hasta que no dejen lugar a dudas», como advertía Poincaré.

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El desempleo sube en casi 100.000 personas en el tercer trimestre, según la EPA

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Otto von Bismarck (1815-1898), el «Canciller de Hierro», decía que «la gente nunca miente tanto como después de una cacería, durante una guerra o antes de las elecciones». En las próximas semanas, hasta las elecciones del 29-N, habrá inflación de mentiras sobre muchos asuntos y también sobre las pensiones. Al mismo tiempo, violentos y radicales intentarán que los disturbios del fin de semana en Barcelona se extiendan a otras ciudades. El premio gordo es que arda Madrid y, si coincide con la huelga general del 11-N, mucho mejor. Bismarck fue el inventor moderno de las pensiones públicas de jubilación. Entraron en vigor en Alemania, con un sistema de reparto, en 1889. Pocos las disfrutaban, porque se percibían a partir de los 70 años, cuando la esperanza de vida era mucho menor. Fue el primer pilar de los futuros Estados del bienestar. El origen remoto está en el Imperio romano. Los soldados, tras 25 años de servicio, recibían un terreno y 12 años de sueldo. Tampoco alcanzaban el objetivo. También entonces, entre los emperadores Augusto (27 a. C.-14 d. C.) y Caracalla (211-217), Roma tuvo problemas para pagarlas en algunas ocasiones. Para solventar la falta de fondos, el emperador alargaba el tiempo de servicio necesario para recibirlas. Todo está inventado.

Pedro Sánchez dijo el domingo en el diario El País que «tenemos un sistema de pensiones saneado, con cuentas sólidas y factores de corrección». No está claro qué quiso decir con «saneado», ya que la Seguridad Social, tras el último préstamo recibido del Estado, arrastra una deuda cercana a los 150.000 millones y este año habrá requerido que las arcas públicas le transfieran – entreguen a fondo perdido– otros 50.000 millones, todo para poder pagar las pensiones. Hay más cotizantes, es cierto, pero sus cotizaciones no son ni mucho menos suficientes para abonar las prestaciones. Las pensiones en España, no obstante, están garantizadas. Ningún Gobierno, tampoco uno del PP, se atreverá a tocarlas. Eso sí, quizá haya que reducir otros gastos, sanidad y educación incluidas, pero eso tampoco se dice. Ahora, el temor para unos y la esperanza para otros es que las revueltas violentas, como las de Barcelona, se generalicen hasta dar lugar a lo que se llama un «golpe sin bandera», con influencia electoral. Hay ejemplos. Consiste en un intento de desestabilización o toma de poder que no se presenta de forma abierta bajo una ideología, un proyecto de Estado o una autoría reconocible. Otra mentira antes de las elecciones, que diría Bismarck.

© EFE