La Unión Europea y Canadá han tirado por tierra la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de convertir al país norteamericano en el “primer miembro asociado de la UE”, ante la oposición de varios países, liderados por Alemania, y han optado por definir su relación como una “Alianza para el Futuro”, que se han comprometido en definir durante 2027. Tras dos días de cumbre en Montreal, la UE y Canadá “ponen en marcha la Alianza para el Futuro con el objetivo de crear un espacio común de prosperidad y seguridad económica”.

En el acuerdo, que recoge hasta 46 puntos, se apunta que “se trabajará para definir, de aquí a la cumbre UE-Canadá de 2027, el concepto de una asociación cada vez más estrecha de Canadá con la UE, sin llegar a la plena adhesión, que refleje, a través de esta relación más estrecha, nuestro compromiso y nuestra cooperación para alcanzar los objetivos compartidos de prosperidad, seguridad económica y autonomía estratégica”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró este viernes que el objetivo es “alcanzar la asociación más profunda posible sin llegar a la adhesión” y que había aceptado la invitación del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para asistir a una cumbre en Europa con el fin de cerrar las negociaciones.

Von der Leyen dio la sorpresa el pasado 15 de septiembre cuando en la Eurocámara, en presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, le ofreció ser el “primer miembro asociado de la UE”. El desconcierto fue mayúsculo. En las capitales europeas se inició una revuelta diplomática ante la aparición de un nuevo término que no estaba recogido en los tratados de la UE y se volvió a acusar a la presidenta de la Comisión de abordar políticas en el ámbito de Exteriores sin tener en cuenta la posición de los países miembros.

A pesar de que el concepto de “miembro asociado” ha sido eliminado, Von der Leyen insistía en redes sociales que “se ha debatido la idea de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE y lo que eso supondría en la práctica. El objetivo es centrarse en la prosperidad y la seguridad de nuestros ciudadanos mediante una mayor coordinación en la elaboración de políticas, la participación en los programas de la UE y el trabajo conjunto entre instituciones”.

“Compromiso inquebrantable con el multilateralismo”

Lo que sí está claro es que ambas partes se comprometen a que la Alianza para el Futuro “estará sustentada en una asociación más activa en materia de política exterior y de seguridad”, donde se promoverán, “también en el marco del G7 y el G20, iniciativas conjuntas o que se refuercen mutuamente en regiones clave y foros multilaterales, junto con socios de todo el mundo” dentro del “compromiso inquebrantable con un multilateralismo eficaz, la democracia y el orden internacional basado en normas, con Naciones Unidas (ONU) como eje central”. Un claro mensaje ante los continuos ataques del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el orden mundial basado en reglas y las instituciones multilaterales.

También han asegurado que van a seguir “proporcionando a Ucrania y a su población un apoyo político, financiero, económico, energético, humanitario, militar y diplomático integral” y a “aumentar aún más la presión sobre Rusia y exigiremos que rinda cuentas por los crímenes cometidos en Ucrania”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que “Canadá es el socio más europeo de los nuestros fuera de Europa. La amistad entre Europa y Canadá tiene raíces profundas. Compartimos una visión del mundo y un compromiso firme con nuestros valores fundamentales. Hoy, estamos moldeando el próximo capítulo de nuestra asociación. Estamos construyendo una asociación cada vez más estrecha”.

La UE y Canadá además han concluido las negociaciones de un Acuerdo sobre Comercio Digital, dentro del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), que fue firmado hace ya 10 años, aunque todavía hay diez países europeos que no lo han ratificado. Según el texto aprobado, el acuerdo “mejorará la seguridad jurídica y la previsibilidad, facilitará los flujos transfronterizos de datos y reforzará la confianza de empresas y consumidores en la economía digital”.

Además, el Banco Europeo de Inversiones tendrá más facilidades para conseguir inversiones en recursos canadienses fundamentales, en particular en materias primas críticas. También, Canadá y la UE realizarán un estudio conjunto sobre la viabilidad a largo plazo de las exportaciones canadienses de gas natural licuado a Europa y trabajarán para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos, incluida la posibilidad de establecer reservas estratégicas. Canadá participará en la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) para lograr una mayor integración e innovación en inteligencia artificial.

Por otro lado, se va a intensificar la cooperación en materia de servicios de satélites, de manera que se está estudiando “cómo podría utilizarse en Canadá el Servicio de Alta Precisión de Galileo” y se va a firmar un acuerdo con la Agencia Espacial Canadiense para la cooperación en materia de conectividad satelital segura con los sistemas europeos GOVSATCOM e IRIS.

Finalmente, Canadá tendrá más facilidades para sus estudiantes y trabajadores participen en el programa Erasmus+, lo que ampliará las oportunidades para que estudiantes, investigadores, docentes y jóvenes adquieran experiencia internacional, promoverá la educación y la formación profesionales y contribuirá a crear asociaciones académicas y científicas duraderas entre instituciones.

La sorpresa ya había saltado por la mañana con el anuncio de la salida anticipada de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), con lo que el anuncio este jueves de que la institución monetaria mantenía los tipos de interés en el 2,5%, como había pronosticado el mercado, se quedó como una anécdota. Los analistas señalan que la decisión de Lagarde de abandonar antes el BCE “no es el ideal” en un momento de fuertes tensiones inflacionarias y bajo crecimiento económico en Europa.

La propia presidenta del BCE ha admitido que “nunca es un buen momento para marcharse” y ha querido dejar un mensaje que se ha interpretado desde una vertiente política ante las elecciones de Francia en abril de 2027. “Quiero tener libertad de expresión, libertad para manifestarme y libertad para intervenir en cuestiones que no sean de política monetaria… En muchas partes del mundo, no solo en Europa ni en el continente europeo, creo que mi voz y mis acciones pueden contribuir a defender principios que son importantes para mí”, ha defendido Lagarde.

Sobre quién le podría sustitur en la presidencia del BCE, Lagarde ha declarado que “hay muchísimos candidatos excelentes, de hecho, mucho mejores que yo. Así que no se preocupen por la continuidad de la actividad ni por que la toma de decisiones quede en el limbo. La institución es sólida, fuerte como una roca, y seguirá siéndolo”.

La incertidumbre que azota a la economía europea ha llevado al Consejo de Gobierno del BCE a mantenerse a la espera. Incluso cuando la inflación de la zona euro se disparó al 3,8% en septiembre, frente al 3,2% de agosto. Se esperaba un incremento de los precios, pero no tan elevado, por la fuerte subida de los carburantes que ha provocado la guerra de Irán. Según la información ofrecida por Eurostat, la energía empujó los precios en un 18,8%, frente al 14,3% de agosto, siendo el grupo de productos que más subió en septiembre. 

Deterioro de la actividad

Durante la rueda de prensa, Lagarde se ha mostrado más preocupada por el devenir de la economía. “Aunque el crecimiento debería seguir contando con apoyos a corto plazo, especialmente por el impulso de las inversiones en inteligencia artificial y el gasto en defensa, las nuevas subidas de los precios de la energía están afectando a la confianza de los consumidores. Además, es probable que el encarecimiento de la financiación también lastre la actividad”, ha señalado la presidenta del BCE.

Aunque Lagarde ha admitido que “la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo (2%) en los próximos trimestres”, también ha puntualizado que “no se aprecian riesgos significativos de efectos de segunda ronda” (subida de salarios e incremento de precios finales de venta por parte de las empresas). Además ha explicado que el Consejo de Gobierno debatió si era necesaria una subida de tipos de interés pero que “decidió por unanimidad” mantenerlos en el 2,5%.

En su comunicado, el BCE argumenta la decisión de mantener los tipos porque “aunque los efectos del encarecimiento de la energía todavía se están materializando, la inflación subyacente se ha mantenido, por el momento, relativamente estable y los salarios no muestran una reacción significativa en esta fase. Es probable que la mayor magnitud y duración del choque energético, así como sus consecuencias sobre los efectos indirectos y de segunda ronda, impulsen la inflación al alza y frenen el crecimiento”.

“Las condiciones de financiación se han endurecido desde la última reunión del Consejo de Gobierno, lo que previsiblemente lastrará tanto la inflación como el crecimiento”, advierte la institución monetaria, que además subraya que “no se compromete de antemano con una trayectoria determinada para los tipos de interés”, pero Lagarde ha declarado posteriormente que deja abierta la puerta a una subida de tipos en diciembre si la situación económica se mantiene como hasta ahora.

“Salida inoportuna, añade incertidumbre”

Lagarde dejará su cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de terminar su mandato, con lo que todavía ostentará el máximo puesto de la institución monetaria en dos reuniones más donde se deberá tomar decisiones sobre los tipos de interés. Lale Akoner, estratega de Mercados Globales en etoro, comenta que “la salida de Lagarde es inoportuna, añade incertidumbre en un momento de inflación persistente y con los bonos franceses bajo presión. No obstante, la moderada reacción inicial del mercado sugiere que los inversores esperan una continuidad en la política, en lugar de un cambio de rumbo abrupto”.

Matthew Ryan, responsable de Estrategia de Mercados de Ebury, también puntualiza que “el momento elegido dista mucho de ser el ideal para el BCE. La salida de Lagarde se produce en un contexto en el que la guerra de Irán mantiene la inflación muy por encima del objetivo del banco central, una situación que previsiblemente se prolongará durante algún tiempo. Los mercados europeos de deuda también se encuentran sometidos a fuertes tensiones, con el diferencial de rentabilidad entre los bonos franceses y alemanes en su nivel más elevado desde 2011”.

Dilema para la política monetaria

Los analistas de los mercados financieros apuntan que se siguen descontando hasta tres subidas de tipos entre este año y el siguiente, seguido de un largo periodo sin cambios. Sin embargo, Raphaël Thuin, analista de Tikehau Capital, resalta que “las señales de un crecimiento más débil, junto con la persistencia de las presiones inflacionistas, apuntan a un posible dilema complejo para la política monetaria de la eurozona, ya que la economía europea está experimentando un impulso estanflacionista”.

Como también comenta Kevin Thozet, analista de Carmignac, “la inflación apunta a una subida de tipos; el crecimiento pide cautela. Europa sigue teniendo un problema de inflación, pero cuenta con menos margen de crecimiento para hacerle frente. El problema del BCE ya no es solo la inflación, sino la inflación y los diferenciales”.

“El dilema es asimétrico”, continúa el analista de Carmignac, que apunta que “el aumento de las rentabilidades a largo plazo ya está endureciendo las condiciones financieras, mientras que las tensiones en la deuda soberana, especialmente, aunque no solo, en Francia, añaden otra presión. Lagarde ha reconocido que unas condiciones más restrictivas deberían lastrar el crecimiento y limitar el traslado de los precios de la energía a la inflación en mayor medida de lo previsto. Esto invita a actuar con paciencia y mantener abiertas las opciones de cara a la reunión de diciembre, cuando el BCE dispondrá de nuevas proyecciones y habrá tenido más tiempo para evaluar las actuales tensiones en los mercados de deuda de la zona euro”.

Mientras, Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO, explica que solo esperan una subida de los tipos en diciembre ya que “las perspectivas de inflación para 2027 y 2028 serán más altas de lo que se esperaba hace unos meses. Aunque el crecimiento se ha mostrado resistente, desde la última reunión del BCE los tipos de interés a largo plazo han subido y los diferenciales de los países de la zona del euro se han ampliado notablemente, lo que ralentizará el crecimiento y reducirá el efecto de transmisión más de lo previsto en su análisis de septiembre”.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará el cargo el 7 de febrero de 2027. Era un secreto a voces que la dirigente de la institución monetaria dejaría el cargo antes del final de su mandato a finales de octubre del próximo año. Este jueves Lagarde comparecerá ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE donde se espera que se mantengan los tipos de interés en el 2,5%.

Ya se había publicado que el Foro Económico Mundial podría designar como presidenta a Lagarde a principio de noviembre, con lo que se ha precipitado su salida. Ahora se abre una dura pugna entre los países del euro para designar al presidente de la institución monetaria. El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos está entre los favoritos para conseguir la presidencia, seguido del expresidente del banco central de Países Bajos entre 2011 a 2025, Laas Knot.

“Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos aquellos que me han apoyado en este trayecto a lo largo de los últimos siete años. Dejo la institución con la sensación de un trabajo bien hecho y con un BCE que está preparado para el futuro”, ha comentado Lagarde en un vídeo que ha publicado en redes sociales.

Como aparece en el vídeo con tiritas en la cara, la propia Lagarde ha explicado que “para evitar especulaciones en las redes sociales: las tiritas que llevo en la cara se deben a una pequeña intervención quirúrgica a la que me sometí a principios de esta semana. ¡Seguid las indicaciones del médico y revisaos la piel con regularidad!”.

Lagarde no es el único cargo que deja el BCE en los próximos meses. Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. El economista jefe de la institución monetaria, Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria.

Ahora empiezan las negociaciones entre países para ocupar esos puestos. Alemania ya ha comunicado que abandona la carrera por la presidencia del BCE y que solo aspira a mantener el puesto que ya tenía Schnabel. El problema viene con la aspiración de Países Bajos por la presidencia, el mismo puesto que quiere España, ya que en la actualidad ya hay un neerlandés en el BCE, Frank Elderson, como miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Lo normal es que cada país de la eurozona tenga a un solo representante de su país con un cargo en la institución monetaria. Francia ha anunciado que le gustaría conseguir el puesto de economista jefe que ahora ocupa Lane. Con lo cual, todo dependerá de quién consiga la presidencia. Si Países Bajos la obtiene, Elderson tendría que dimitir y ese puesto lo podría ocupar España, aunque sería una opción menos relevante teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez respalda a Hernández de Cos al frente del BCE y el anterior español en la dirección de la institución fue Luis de Guindos, que ocupó la vicepresidencia hasta el pasado mes de mayo.

“Garantizar una transición fluida”

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha alabado el “firme sentido del deber y la responsabilidad” de Lagarde. “Europa ha estado en buenas manos gracias a su liderazgo en tiempos de incertidumbre y a su compromiso inquebrantable con el proyecto europeo”, ha comentado.

“Para garantizar una transición fluida hacia la nueva dirección del BCE, el proceso de nombramiento de su sucesor se iniciará hoy y avanzará sin demora, con el objetivo de que el Consejo Europeo, reunido en su composición correspondiente a la zona del euro, adopte una decisión a su debido tiempo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, ha explicado Costa.

El Consejo Europeo nombra a los seis miembros del Comité Ejecutivo del BCE, incluidos el presidente y el vicepresidente. Adopta su decisión a partir de una recomendación del Consejo de la UE y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE.

La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre 21 países que conforman la zona euro, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro. Se espera que en la cumbre de líderes europeos que tendrá lugar en diciembre se haya llegado a un acuerdo para la elección de los cargos en el BCE.

La gran apuesta política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el ofrecimiento a Canadá para ser el “primer miembro asociado de la UE” se ha diluido ante la oposición de países como Alemania, Francia, Italia o Grecia. La Unión Europea y Canadá celebran este jueves y viernes una cumbre en Montreal para afianzar las relaciones ante los envites del presidente de EEUU, Donald Trump, sin que se haya conseguido llegar a un acuerdo sobre lo que realmente se le quiere ofrecer al país norteamericano. A pesar del dislate sobre la fórmula de acuerdo, la UE se ha planteado esta cumbre como una de las más importantes con la participación de diez miembros de la Comisión Europea: cuatro vicepresidentes ejecutivos y seis comisarios, más Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Von der Leyen dio la sorpresa el pasado 15 de septiembre cuando en la Eurocámara, en presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, le ofreció ser el “primer miembro asociado de la UE”. El desconcierto fue mayúsculo. En las capitales europeas se inició una revuelta diplomática ante la aparición de un nuevo término que no estaba recogido en los tratados de la UE y se volvió a acusar a la presidenta de la Comisión de abordar políticas en el ámbito de Exteriores sin tener en cuenta la posición de los países miembros.

Fabian Zuleeg, director ejecutivo del European Policy Centre, explica que “la propuesta de Von der Leyen de conceder a Canadá un estatus de miembro asociado ha suscitado inquietud. Los canadienses temen por su soberanía. Los Estados miembros de la UE se preguntan qué implica este estatus, aun sin definir, para la toma de decisiones. Los países candidatos a la adhesión temen que surja una nueva categoría que pueda retrasar sus aspiraciones de ingresar en la Unión. Por su parte, el concepto de cooperación entre potencias medias que defiende Mark Carney encaja con dificultad en una UE que no se considera a sí misma una potencia de ese tipo”.

Von der Leyen lanzó su propuesta mientras Donald Trump jugueteaba con la idea de que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EEUU. Incluso llama a sus primeros ministros, de forma despectiva, “gobernadores”, como si estuvieran al frente de un territorio como California, Texas o Minnesota. El presidente de EEUU lleva desde que ganó las elecciones, en noviembre de 2024, acosando a Canadá política, territorial y comercialmente, lo que provocó un estallido diplomático entre ambos vecinos. “Si te atacan, estás en guerra”, llegó a decir Carney en referencia a Trump.

Confusión con la ensalada de términos

Esta semana, tras dos reuniones de los diplomáticos de los 27 países de la UE, se ha terminado por descartar el concepto de “miembro asociado de la UE” y parece que se imponía una redacción menos ambiciosa, con el objetivo de conseguir “una asociación cada vez más estrecha”. Para añadir más confusión a la ensalada de términos, el Consejo Europeo propuso “una nueva alianza de futuro” para definir la consolidación de las relaciones bilaterales.

Solo el concepto de “miembro” obligaría a transformar los tratados de la UE. Grégoire Roos, investigador de Chatham House, recordaba que “el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite celebrar acuerdos con terceros países para establecer una asociación basada en derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos específicos. Estos acuerdos de asociación requieren la unanimidad del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo sin emprender el largo y laborioso proceso de revisión de los tratados”.

“Sustituir la adhesión por ambición y visión compartidas”

Ante la cantidad de problemas que se han creado alrededor de la definición de la relación entre la UE y Canadá, un alto funcionario de la UE apuntaba que “se trata de construir una asociación que se acerque más a la condición de miembro de la UE que cualquier otra fórmula que hayamos puesto en marcha hasta ahora. Está claro que hablamos de asociación sin adhesión, pero creo que, en cierto modo, podemos sustituir la idea de adhesión por la de una ambición y una visión compartidas”.

Otro funcionario con cargos en la dirección de la UE resalta que “han pasado diez años desde la firma del acuerdo de asociación estratégica y los líderes de la UE y Canadá”, conocido como CETA, por lo que en esta cumbre se pretende “hacer balance de los avances logrados hasta ahora y acordar los próximos pasos”. La realidad es que el acuerdo CETA de asociación tiene una valoración bastante deficitaria. Aunque se firmó en 2017, todavía hay diez países de la UE que no lo han ratificado, entre los que se encuentran Francia, Italia, Polonia o Bélgica.

“Se pretende profundizar en nuestra asociación, especialmente en ámbitos como el comercio digital, las inversiones, las materias primas fundamentales y la energía. También abordaremos grandes cuestiones que forman parte de la agenda interna de la UE, como la competitividad, la seguridad económica y las cadenas de suministro. Otro de los ejes será seguir aplicando la asociación en materia de seguridad y defensa, firmada el año pasado, y profundizar en la cooperación entre nuestras industrias de defensa”, explica un directivo de la Unión Europea sobre el objetivo de la cumbre.

Sobre las bondades de consolidar las relaciones no hay duda. Ilke Toygür, directora del Global Policy Center en IE, subraya que “las ambiciones de la UE en materia de lucha contra el cambio climático, soberanía digital y defensa requieren un suministro seguro de materias primas fundamentales, energía y capacidad industrial. La UE considera a Canadá una fuente de muchos de estos recursos esenciales. A su vez, Europa puede ofrecer inversiones, capacidad de transformación y fabricación, redes de investigación y acceso a un mercado de gran dimensión”.

El director ejecutivo del European Policy Centre va más allá y propone que el acuerdo sea la base para alcanzar llegar a alianzas más amplias ante la política de bloques que ha desarrollado Donald Trump: “La cumbre de Montreal debe dar lugar a una hoja de ruta ambiciosa y concreta, con objetivos claros, compromisos y mecanismos de gobernanza eficaces. De lo contrario, corre el riesgo de reforzar la conocida ilusión de progreso europea: confundir los anuncios con los logros y no cumplir lo que se necesita con la escala, el alcance y la rapidez que exigen los desafíos actuales”.

Zuleeg añade que la cumbre debe ser el inicio “de una Alianza de Seguridad Económica más amplia, que reúna a otros socios con ideas afines para reforzar la resiliencia colectiva, contrarrestar la coerción económica y proteger los intereses comunes. El Reino Unido, Noruega, Australia, Corea del Sur y Japón deben formar parte de ella. La ambición debe ir más allá de la cooperación bilateral: construir una alianza de países con ideas afines para el futuro”.

La crisis migratoria de Ceuta y el giro político en Europa para endurecer las medidas contra la inmigración han llevado a la Comisión Europea a reforzar el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el objetivo de darle más protagonismo para expulsar a inmigrantes y consolidar la iniciativa de los centros de deportación en terceros países. Bruselas quiere ampliar este cuerpo hasta los 30.000 agentes e implantar una fuerza de reacción rápida con 17.000 agentes para intervenir en situaciones de crisis, como la ocurrida en la ciudad española los días 30 y 31 de julio. La iniciativa más polémica es que se otorgaría a estos agentes mayor capacidad operativa para organizar y ejecutar operaciones de retorno en terceros países, es decir, podrían trasladar a otros países a los emigrantes que han sido enviados a los centros de deportación que se pretende implantar en países no europeos.

“Frontex desempeñará un papel más importante en el ámbito de retornos. Debemos ser muy claros al respecto. Creo que nuestra política migratoria en su conjunto solo será creíble si la aplicamos efectivamente. Proponemos convertir a Frontex en el actor central de la UE en materia de retornos. Frontex será responsable de prestar apoyo en todas las fases del proceso, de principio a fin: desde la planificación estratégica hasta la realización de retornos más eficientes”, ha comentado el comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

Para lograr este objetivo se va a crear el Centro de Coordinación de Retornos. Este es uno de los elementos clave para “convertir a Frontex en el brazo operativo de la UE” en materia de expulsiones de inmigrantes. “Permitirá a la Agencia coordinar y organizar de forma proactiva los retornos en toda la UE”, atendiendo siempre a las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a estas operaciones“, según informa la Comisión.

Los Estados miembros se verán obligados a informar cada año a Frontex, antes del 1 de noviembre, de su planificación indicativa en materia de expulsiones y de las necesidades de asistencia por parte de la Agencia. La idea es conseguir “maximizar la eficiencia” de expulsiones y que no haya países que se relajen en sus políticas contra la inmigración irregular con el argumento de “favorecer una aplicación coherente del sistema europeo común de retornos”.

Hasta ahora Frontex prestaba asistencia técnica a terceros países, principalmente mediante formación y desarrollo de capacidades. La propuesta de Bruselas permitiría que Frontex también organice y ejecute retornos, no solo desde estados miembros de la Unión Europea, sino también desde países no pertenecientes a la UE hacia otros países no pertenecientes a la UE. La UE ha aprobado la creación de este tipo de centros de deportación en terceros países, aunque cuenta con numerosas dudas legales y hay países como España que se han opuesto a su creación.

La Comisión admite que esta nueva competencia obligaría a adoptar un acuerdo específico a escala europea, aunque con la presión política por la inmigración que recorre Europa hay pocas dudas en las instituciones europeas de que saldrá adelante.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen ha pretendido dar una pátina política a la decisión de fortalecer a Frontex como organismo para las expulsiones de emigrantes. “Debemos dejar claro que la base de todo lo que tenemos en la Unión Europea son la libertad y la democracia. Necesitamos una protección más sólida de las fronteras. Recuerden lo que ocurría hace diez años, cuando hablábamos de la extrema derecha y de su auge. No teníamos normas, ni un sistema, ni control sobre lo que estaba sucediendo. La situación estaba sometiendo a una enorme presión a todo el sistema y a los sistemas de seguridad y eso alimentaba a la extrema derecha. Por eso queremos recuperar el control. Por primera vez tenemos un enfoque europeo común, ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo al problema de la migración irregular”.

Por su parte, Brunner ha subrayado que “el marco de protección de los derechos fundamentales de Frontex es uno de los más sólidos de todas las agencias de la UE y seguirá siéndolo tras esta revisión”.

Fuerza de Reacción Rápida

Respecto a la nueva Fuerza de Reacción Rápida, la idea es que Frontex pueda prestar apoyo de inmediato —por ejemplo, en un plazo de 24 horas— cuando un Estado miembro solicite su despliegue. Estos agentes “estarán preparados de forma permanente y podrán desplegarse con poca antelación para responder a necesidades operativas urgentes e imprevistas en las fronteras exteriores de la UE, así como en terceros países en los que Frontex lleve a cabo operaciones”.

Según la Comisión, la Fuerza de Reacción Rápida se desplegará por decisión del director ejecutivo de Frontex, previa solicitud de un Estado miembro, “durante un periodo limitado de un máximo de un mes”, aunque si la situación de crisis se prolonga, “podrá activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida”.

30.000 agentes y duplicar su presupuesto

Este nuevo papel de Frontex exige un fuerte incremento de plantilla. Actualmente, cuenta con casi 3.000 empleados en el Cuerpo Permanente, aunque ya estaba planificado que alcanzará los 10.000 agentes a finales de 2027.

Con las nuevas atribuciones, la Comisión duplicará gradualmente la plantilla propia de Frontex hasta alcanzar los 6.000 efectivos y se creará una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retornos, que contará con 17.000 agentes. A estos efectivos se sumarán, como tercer componente, los 7.000 agentes destinados por los Estados miembros a la agencia.

Frontex tiene asignado actualmente un presupuesto de casi 6.000 millones de euros para el periodo correspondiente a 2021-2027. Con el incremento de personal y objetivos para el próximo presupuesto plurianual del periodo 2028-2034, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se duplica hasta los 11.800 millones de euros.

También vigilará las redes sociales

Ante los “recientes intentos de desestabilizar las fronteras exteriores”, la UE también va a darle al servicio europeo de fronteras competencias en la vigilancia del entorno digital. En este sentido, se va a crear un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea.

Así, Frontex tendrá competencias jurídicas para actuar cuando detecte contenidos ilegales. Para ello, podrá enviar notificaciones a las plataformas y, si la autoridad nacional competente la designa como tal, actuar como alertador fiable (trusted flagger) en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). También podrá solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que ordenen a una plataforma facilitar información o actuar contra contenidos ilegales.