La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, se presentó en la causa $LIBRA y solicitó reabrir la investigación después de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyera al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados. El organismo asumió el ejercicio de la acción penal y, en subsidio, interpuso un recurso de apelación para que la decisión sea revisada por la Cámara Federal si el magistrado rechaza su pedido.

El planteo llegó una semana después de que Martínez De Giorgi dictara los sobreseimientos, el pasado 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que los hechos investigados no constituían delitos. La resolución también fue cuestionada por varios inversores que denunciaron haber sufrido pérdidas económicas tras el desplome del activo digital y presentaron recursos para revertirla.

El expediente se originó por el lanzamiento de $LIBRA, una criptomoneda que Milei promocionó el 14 de febrero de 2025 desde su cuenta de X. En aquella publicación, el mandatario difundió Viva la Libertad Project, presentado como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos privados argentinos, e incluyó información para acceder al token. Su cotización aumentó rápidamente y se desplomó pocas horas después, lo que motivó denuncias de compradores.

A partir de esos hechos, la Justicia comenzó a investigar si existió una maniobra engañosa destinada a inducir inversiones y provocar perjuicios económicos. También se examinaron posibles delitos vinculados con el ejercicio de la función pública y las relaciones entre los promotores del proyecto y personas del entorno presidencial.

Entre los investigados se encontraban, además de los hermanos Milei, el operador Mauricio Novelli, el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado con el lanzamiento del token, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Durante la instrucción se incorporaron comunicaciones, documentos y archivos electrónicos relacionados con los contactos entre algunos de los involucrados.

Al resolver en la causa, el magistrado hizo lugar al requerimiento de Taiano y dispuso el sobreseimiento de las once personas comprendidas en el expediente. Hasta entonces, ninguna había sido convocada a prestar declaración indagatoria. En sus fundamentos, sostuvo que la promoción de $LIBRA y la posterior caída de su precio no alcanzaban para acreditar una estafa.

Según explicó, esa figura penal requiere demostrar un engaño concreto que haya provocado un error en los compradores y un perjuicio patrimonial derivado de esa conducta. A su entender, las pruebas reunidas no permitían establecer esos puntos.

En relación con Javier Milei, señaló que no se había acreditado que su publicación constituyera un acto oficial del Gobierno ni que existieran órdenes, resoluciones administrativas o intervenciones estatales relacionadas con el lanzamiento. Sobre esa base, descartó las hipótesis de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Respecto de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, examinó documentación extraída del teléfono de Novelli y referencias a reuniones con personas vinculadas al proyecto. Sin embargo, concluyó que esos elementos no demostraban un acuerdo ilícito ni una intermediación remunerada para facilitar encuentros con el Presidente.

El juez de primera instancia también tuvo en cuenta que los inversores denunciantes habían sido apartados como querellantes, por lo que no subsistía una acusación independiente de la fiscalía que permitiera sostener el proceso frente al pedido de sobreseimiento.

Las apelaciones contra los sobreseimientos

La decisión fue recurrida por Juan Patricio Marchetto, representado por el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik. También apelaron Martín Romeo y dos inversores bielorrusos patrocinados por Nicolás Oszust, quienes formularon distintos cuestionamientos a la resolución.

En su presentación, Marchetto alegó que el magistrado había confundido la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de un delito. Sus representantes advirtieron que todavía quedaban diligencias pendientes, entre ellas ampliaciones de peritajes, y reclamaron profundizar el análisis de las comunicaciones incorporadas al expediente antes de dar por concluida la investigación.

Por su parte, los inversores representados por Oszust solicitaron la nulidad del dictamen fiscal y de los sobreseimientos. Argumentaron que no habían tenido oportunidad de pedir que un fiscal superior revisara el criterio de Taiano, una posibilidad que, según sostuvieron, les correspondía incluso después de perder la condición de querellantes.

Previsamente, el apartamiento de los denunciantes también fue recurrido y permanece pendiente de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras tanto, el juzgado debe decidir si concede las apelaciones contra los sobreseimientos para que intervenga la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.

En ese escenario se produjo la intervención de la PIA, cuyo pedido de reapertura y apelación subsidiaria se incorporan a la discusión judicial sobre la continuidad de la causa.