Solo uno de cada cuatro tratamientos contra el cáncer está disponible sin restricciones para los pacientes en el Sistema Nacional de Salud (SNS), según señaló ayer la Fundación Oncológica Alivia. La actualización de octubre de su "OncoIndex" vuelve a poner de manifiesto la distancia entre los avances de la investigación oncológica y el acceso real a las nuevas terapias en España. De los 181 tratamientos evaluados, 43 cuentan con financiación completa, 97 están sujetos a restricciones y otros 41 carecen de financiación pública.

"OncoIndex" analiza si los medicamentos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) están disponibles en España y en qué condiciones.

El informe llega en un contexto de creciente incidencia de la enfermedad. En España se estiman 301.884 nuevos casos de cáncer en 2026 y más de 2,2 millones de personas viven con un diagnóstico. Para estos pacientes, la disponibilidad de un medicamento no depende únicamente de que haya demostrado su eficacia: también importa que esté financiado y que las condiciones de acceso permitan recibirlo cuando está indicado.

La Fundación Alivia advierte también de que el acceso a las terapias para tumores sólidos permanece prácticamente estancado, en 51 puntos, y que la situación apenas mejora en las enfermedades hematológicas. "No basta con que un tratamiento exista. Tiene que llegar. Y en España, demasiadas veces, no llega o llega tarde", afirma Xavier Pla, portavoz de la organización, que alerta de que alta de financiación y las restricciones pueden dejar fuera a pacientes que podrían beneficiarse de tratamientos innovadores según la evidencia científica.

Los datos de Alivia se suman a los retrasos que recoge el informe WAIT 2025, elaborado por Iqvia para la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Epfia). Según este análisis, publicado hace unos meses, los nuevos medicamentos oncológicos tardan una media de 627 días en llegar a los pacientes españoles desde su autorización europea: casi dos años. El tiempo medio para el conjunto de los medicamentos innovadores se situó en 537 días.

Aunque el plazo global se redujo respecto al periodo anterior, el acceso a los fármacos oncológicos empeoró en relación a 2024, cuando la espera media fue de 613 días. Estas cifras casi triplican los 180 días contemplados en la normativa europea.

El WAIT señaló, además, que España financia el 69% de los medicamentos innovadores autorizados en Europa entre 2021 y 2024, pero solo el 47% de los que están incluidos en el SNS están disponibles sin restricciones. Así, el problema no se limita a cuánto tarda en aprobarse la financiación: también afecta a las condiciones que determinan qué pacientes pueden recibir cada terapia.

Las cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que los informes utilizan metodologías distintas. El Ministerio de Sanidad ha publicado sus propios datos sobre estas demoras mostrando una foto mucho más favorable, pero los indicadores no son comparables con las medias de WAIT ya que incluyen los accesos en situaciones especiales, que ni son públicos, ni están normalizados, ni son para todos los pacientes en las mismas condiciones.

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica), por su parte, ha reclamado mejoras en el procedimiento de acceso a los tratamientos innovadores. Tras la autorización europea, los medicamentos deben pasar por las evaluaciones nacionales, la negociación de precio y la decisión de financiación. En estos procesos intervienen Sanidad y la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, en la que participan otros ministerios y las comunidades autónomas.

La duración de las negociaciones, la falta de transparencia sobre algunos de sus detalles y las restricciones que se aplican a determinados medicamentos dificultan, según los investigadores, conocer cuándo y en qué condiciones llegarán las terapias a los pacientes. Aseica ha reclamado que se respeten los plazos, que las decisiones sean más transparentes y que la evaluación incorpore adecuadamente la evidencia científica y las necesidades clínicas. También considera necesario mejorar la coordinación entre las administraciones para reducir las desigualdades territoriales.

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, tiene una responsabilidad directa en las decisiones nacionales de financiación y en las condiciones de acceso que se establecen para los medicamentos. El balance de estos últimos cuatros años arroja un retroceso difícil de justificar en el acceso a la innovación.

La decisión del Ministerio de Sanidad de mantener fuera de la financiación pública los nuevos fármacos contra el alzhéimer ha abierto un nuevo frente de discrepancia dentro del ámbito científico y sanitario. La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) ha reclamado a la ministra Mónica García que escuche a los investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (Ciberned), que han pedido un acuerdo para garantizar el acceso equitativo a estos tratamientos en las fases iniciales de la enfermedad.

El contraste resulta especialmente significativo porque Ciberned es un organismo de investigación dependiente del Instituto de Salud Carlos III, vinculado al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, mientras que la decisión sobre la financiación de los medicamentos corresponde al departamento de Sanidad. Los investigadores han expresado su "profunda preocupación" por la negativa a incorporar estas terapias al Sistema Nacional de Salud (SNS) y solicitan que se reanude el diálogo para establecer un marco que permita utilizarlas bajo criterios clínicos y científicos.

Ceafa ha respaldado esta petición y ha calificado de "extraña divergencia de criterios" la situación. La organización de pacientes reclama que prime "la postura favorable a los intereses de los pacientes" y que se avance en la financiación pública para las personas que cumplan los requisitos médicos establecidos.

Los medicamentos a los que se refiere el debate son lecanemab y donanemab, dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína beta-amiloide. Están autorizados en la Unión Europea para determinados pacientes con alzhéimer en fases iniciales y patología amiloide confirmada. Su objetivo no es curar la enfermedad ni revertir el deterioro ya producido, sino ralentizar su evolución clínica.

Un avance que no llega a la sanidad pública

CIBERNED sostiene que estas terapias representan un avance relevante porque son las primeras que han demostrado capacidad para modificar la evolución clínica del alzhéimer, más allá del alivio de los síntomas. Los investigadores reconocen que no están indicadas para todos los pacientes y que la evidencia debe seguir evaluándose conforme aumente la experiencia clínica, pero defienden que la incorporación debe abordarse buscando un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos rechazó la financiación de ambos fármacos y, tras revisar las alegaciones de las compañías, Sanidad mantuvo su decisión. El buscador oficial del Ministerio recoge en octubre que tanto lecanemab como donanemab no están financiados por resolución.

El debate no se limita al precio. La utilización de estos medicamentos requiere una selección estricta de los pacientes, confirmación de la presencia de amiloide y controles de seguridad, incluidas pruebas de neuroimagen. Ciberned reconoce que su incorporación exige adaptar los circuitos asistenciales, formar a los profesionales y reforzar la capacidad de diagnóstico y seguimiento. También sostiene que esas mejoras podrían beneficiar a otros pacientes con deterioro cognitivo.

El riesgo de que el acceso dependa de la renta

La principal preocupación de los investigadores, las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas de neurología y gerontología es que, sin financiación pública, el acceso quede limitado a quienes puedan costear el tratamiento en el ámbito privado. Ceafa advierte de que la situación económica de las familias no debería determinar las posibilidades de recibir una innovación terapéutica para una enfermedad grave, progresiva y potencialmente mortal.

"La investigación tiene como último fin mejorar la vida de las personas», ha señalado el director de la organización, Jesús Rodrigo. A su juicio, cuando los investigadores consideran que estos medicamentos suponen un avance histórico y reclaman que lleguen de forma equitativa, las autoridades deben escuchar sus argumentos. "Los pacientes y las familias llevamos años esperando una oportunidad como esta", ha añadido.

Ciberned alerta, además, de que la falta de disponibilidad en el SNS puede dificultar la participación de los investigadores españoles en estudios de práctica clínica real, necesarios para conocer mejor la efectividad y la seguridad de los fármacos a largo plazo. Por ello, reclama un acuerdo que permita establecer condiciones de uso rigurosas y un acceso equitativo para los pacientes que puedan beneficiarse de estas terapias.

Los cuidados a las personas mayores dependientes aspiran a consolidarse como el cuarto pilar del Estado de bienestar, pero el sector afronta una dificultad clave: atraer y retener a los profesionales que necesita una sociedad cada vez más envejecida. La falta de reconocimiento social, la escasa estabilidad laboral y las dificultades para ofrecer una carrera profesional hacen que muchos puestos sean poco atractivos para los jóvenes, mientras las plantillas envejecen.

Esta advertencia ha marcado la jornada "Cuidar es futuro", celebrada este miércoles en Madrid por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), que presentó un informe con propuestas para garantizar la continuidad y la calidad de la atención. El documento reclama medidas normativas, presupuestarias y laborales.

La sesión de cocreación que dio origen al informe reunió a 25 participantes de distintos ámbitos para identificar los principales obstáculos y consensuar propuestas. Entre las prioridades figuran adaptar la red asistencial al aumento de la cronicidad y la multimorbilidad, eliminar barreras para homologar títulos y acreditar competencias y asegurar una financiación suficiente y corresponsable. La asociación reclamó, además, que la atención a la dependencia se mantenga en la agenda pública a largo plazo.

La dimensión del reto ya está cuantificada. Más de un millón y medio de personas reciben atención en residencias, centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia.Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales recogidas por Aeste, de aquí a 2030 harán falta entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales para atender las necesidades de cuidados de larga duración.

"Las personas mayores dependientes merecen los mejores cuidados, y esos cuidados los hacen posibles las personas. Sin profesionales no hay cuidados", recordó Lourdes Rivera, presidenta dela asociación.

Durante la mesa "Una vida cuidando", profesionales de varios servicios explicaron que la idea sobre lo que es su trabajo todavía se reduce a menudo a las tareas físicas o asistenciales. Sin embargo, también implica acompañamiento emocional, coordinación con otros recursos y capacidad para entender las necesidades de cada persona.

José Moreno, teleoperador de un servicio de teleasistencia, describió una relación que va más allá de responder a una llamada. Los profesionales animan a las personas mayores a salir de casa, participar en actividades y mantener vínculos: "Te conviertes en su amigo". También reclamó más coordinación con los auxiliares de ayuda a domicilio, que atienden a usuarios cuyas familias no siempre pueden implicarse.

Moreno señaló también el problema del relevo generacional. A su juicio, muchos jóvenes asocian el trabajo domiciliario únicamente con la limpieza o la higiene y no ven su dimensión emocional. El propio sector, añadió, tiene una plantilla envejecida.

Para atraer y retener a los trabajadores, Lucía Jiménez, gerocultora del Servicio de Ayuda a Domicilio, reclamó más visibilidad y colaboración entre recursos. Defendió que hacen falta estabilidad, beneficios, planes de carrera y colaboración con las universidades. "Tenemos mucha dificultad de fidelizar a los profesionales que se dedican al cuidado de las personas", resumió.

María José Romero, coordinadora de un centro de día de Ilunion, incidió en que el trabajo tampoco se conoce bien en estos centros. "Junto a los cuidados físicos hay una labor de organización, coordinación y atención emocional que requiere cualificación y modelos centrados en la persona, sus preferencias y su calidad de vida". Para ello, consideró fundamental contar con equipos estables y reducir la rotación.

Financiación suficiente y estable

El informe de Aeste plantea cuatro líneas de actuación: adaptar los servicios al envejecimiento y al aumento de la cronicidad y la gran dependencia; atraer, formar y fidelizar talento; situar los cuidados como una prioridad de Estado con financiación suficiente y estable, y mantener la participación de administraciones, profesionales y entidades en las decisiones.

Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, vinculó el desafío a la transformación demográfica europea. "Mejorar las condiciones laborales y el prestigio social de los cuidados es indispensable para atraer profesionales". En la misma línea, el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez-Tavira, destacó la importancia de cuidar a quienes cuidan: "atraer talento es necesario, pero también ofrecer motivos para quedarse", señaló.

Las mujeres con autismo experimentan síntomas menopáusicos más intensos que las no autistas, presentan mayores niveles de ansiedad y depresión y tienen una peor calidad de vida durante esta etapa. Así lo concluye un estudio de la Universidad de Bournemouth (Reino Unido) publicado en la revista Autism in Adulthood, que pone de manifiesto las dificultades específicas que puede entrañar la menopausia para este colectivo y la necesidad de adaptar la atención sanitaria a sus necesidades.

La investigación, dirigida por la doctoranda Eunhee Kim, contó con 901 participantes de entre 40 y 60 años: 476 personas autistas y 425 no autistas. Durante cinco semanas, los investigadores evaluaron mediante cuestionarios estandarizados la intensidad de los síntomas menopáusicos, la ansiedad, la depresión, la calidad de vida y la percepción de los cambios asociados a esta etapa.

Los resultados mostraron diferencias persistentes entre ambos grupos a lo largo del seguimiento. Las personas autistas comunicaron síntomas menopáusicos más graves, mayores niveles de ansiedad y depresión y una peor calidad de vida. Además, la intensidad de las molestias se relacionó con un mayor deterioro del bienestar.

El trabajo también detectó diferencias importantes en la salud física. Las mujeres con austimo tenían casi el doble de probabilidades de padecer una o más enfermedades cardiovasculares, como las cardiopatías, y más de cuatro veces más probabilidades de presentar afecciones musculoesqueléticas, como la hipermovilidad. También eran frecuentes los problemas de salud crónicos y la coexistencia de varias enfermedades.

Estos factores pueden complicar la transición a la menopausia, una etapa en la que los cambios hormonales se acompañan de manifestaciones físicas y psicológicas. En las personas autistas, algunas dificultades previas relacionadas con la memoria, la planificación, la regulación emocional o la sensibilidad sensorial pueden hacer que afrontar esos cambios resulte especialmente complejo.

"La menopausia puede agravar problemas de salud mental y física preexistentes", explicó Kim al presentar los resultados, según recoge Ep. Por ello, los investigadores consideran que las desigualdades de salud que ya afectan a las personas autistas pueden contribuir a que esta etapa tenga un impacto mayor en su bienestar.

La sensación de perder el control

El estudio también profundizó en los posibles motivos de estas diferencias. Los investigadores observaron que dos factores relacionados con la forma de interpretar la menopausia -la sensación de tener poco control sobre lo que ocurre y la dificultad para comprender los cambios físicos y mentales-ayudaban a explicar parte de la relación entre el autismo y los peores resultados de salud.

En concreto, quienes tenían más dificultades para entender lo que estaban experimentando y se sentían menos capaces de controlar la situación tendían a comunicar síntomas más intensos, más ansiedad y depresión y una peor calidad de vida.

Los autores advierten de que estos factores no explican por completo las diferencias observadas y que será necesario reproducir los resultados en estudios posteriores y en condiciones más controladas. No obstante, consideran que disponer de información clara y adaptada puede ayudar a reducir la incertidumbre y facilitar que las personas autistas afronten mejor esta transición.

La profesora Julie Gamble-Turner, coautora del trabajo, señaló que algunas personas autistas llegan a pensar que están desarrollando una enfermedad o que están perdiendo la razón porque sus experiencias no coinciden con lo que han leído o escuchado sobre la menopausia. Explicarles qué cambios pueden producirse y cómo pueden manifestarse permitiría reducir el miedo y la confusión.

Dificultades para recibir atención

La investigación también ha puesto el foco en la relación con los profesionales sanitarios. Según Rachel Moseley, coautora del estudio, las personas autistas relatan dificultades para conseguir ayuda durante la menopausia y, en ocasiones, sienten que no se reconoce la intensidad de su malestar.

Una de las razones, apunta, es que pueden expresar su angustia de una manera distinta a la que esperan los profesionales. Una persona puede estar atravesando una situación de gran sufrimiento y, sin embargo, mantener un discurso aparentemente tranquilo y ordenado. Por ello, la investigadora insiste en la importancia de tomar en serio los síntomas y las dificultades que describen las pacientes.

La continua bajada de precios de algunos medicamentos esenciales puede comprometer la seguridad de su suministro en España. Así lo advierte la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), que ha identificado señales de vulnerabilidad en cuatro fármacos utilizados para tratar distintas enfermedades, entre ellas la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. La entidad no prevé necesariamente un desabastecimiento inminente, pero reclama medidas preventivas para evitar que la reducción de proveedores y de la oferta disponible termine afectando a los pacientes.

"No estamos diciendo que mañana vaya a faltar alguno de estos medicamentos, pero sí que existen señales objetivas de vulnerabilidad. El desabastecimiento no empieza cuando el paciente no encuentra el medicamento en la farmacia, sucede mucho antes", ha señalado la secretaria general de la organización, Elena Casaus, durante la presentación de un informe elaborado por la asociación.

El estudio, realizado a partir de información pública y trazable -incluidos datos de CIMA, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), del Nomenclátor y de los listados oficiales de bajadas voluntarias del Ministerio de Sanidad, además de fuentes de mercado-, analiza cuatro medicamentos en los que la entidad detecta una combinación de erosión de precios y reducción de la oferta efectiva.

Uno de los ejemplos es la furosemida de 40 miligramos en envases de 30 comprimidos, utilizada, entre otras indicaciones, para la insuficiencia cardiaca y determinadas formas de hipertensión. Según los datos de Aeseg, su precio de venta de laboratorio (PVL) ha pasado de 1,44 euros en 2021 a 0,36 euros en 2026, una caída del 75%. En el mismo periodo, el número de comercializaciones se ha reducido de 19 a 11. "El problema no son los 36 céntimos, sino la reducción del número de proveedores y la concentración del suministro, que hacen que el sistema sea mucho más vulnerable ante cualquier incidencia que afecte a alguno de ellos", ha explicado la directora técnica de la organización, María Álvarez.

La asociación también ha señalado la situación de la metformina de 850 miligramos, un medicamento de uso habitual para la diabetes tipo 2. En la presentación de 60 comprimidos, el precio de venta de laboratorio se sitúa en 0,99 euros. De los 36 registros analizados, solo diez están efectivamente comercializados. Entre 2024 y 2026, las presentaciones disponibles han pasado de 15 a diez, un descenso del 33%, mientras que las autorizaciones anuladas han aumentado de ocho a 15.

El tercer caso es la hidroxicloroquina de 200 miligramos en envases de 30 comprimidos, empleada en enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. De las nueve autorizaciones examinadas, solo cinco corresponden a presentaciones efectivamente comercializadas. El precio de venta de laboratorio ha bajado de 7,79 euros a 2,97 euros, una reducción de alrededor del 62%.

El cuarto medicamento identificado es el deflazacort, con propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, que acumula una caída del precio cercana al 72%, mientras que su oferta efectiva se ha reducido un 57%.

Revisar las bajadas de precios

La asociación ha recordado que los medicamentos genéricos han contribuido durante décadas a generar ahorros para el Sistema Nacional de Salud y asegura que no cuestiona la competencia en precios. Su advertencia se centra en aquellos mercados en los que las sucesivas reducciones pueden dejar un margen insuficiente para mantener una oferta diversificada y resistente ante posibles problemas de fabricación o suministro.

Por ello, ha planteado que la Administración evalúe de forma preventiva las consecuencias de las bajadas voluntarias especialmente intensas cuando afecten a medicamentos esenciales o críticos, o a mercados con pocos proveedores efectivos. Entre los aspectos que propone analizar figuran las existencias disponibles, la capacidad adicional de fabricación, el aprovisionamiento de principios activos, los plazos de reposición y los planes de contingencia.

Aeseg ha subrayado, además, que la obligación legal de suministrar un medicamento no significa necesariamente que un fabricante pueda multiplicar su producción de forma inmediata si surge una incidencia.

De 1,60 euros a dos por presentación

La entidad considera que la respuesta no debe limitarse a actualizar el umbral mínimo de precio. Frente a esto propone revisar el sistema de bajadas voluntarias en las agrupaciones homogéneas y sustituirlo por un modelo de competencia más ordenado y previsible. También pide elevar de 1,60 a dos euros por presentación el umbral mínimo de precio de venta de laboratorio del Sistema de Precios de Referencia, actualizarlo periódicamente y establecer salvaguardas para los medicamentos esenciales y los mercados vulnerables.

Ante la próxima legislatura, Aeseg ha reclamado a los partidos políticos y al futuro Gobierno que sitúen la seguridad del suministro de medicamentos entre las prioridades de la política sanitaria e industrial. Entre sus propuestas figuran reformar el Sistema de Precios de Referencia, evaluar preventivamente las reducciones extraordinarias y mejorar la coordinación entre política farmacéutica, industria y contratación pública.

La decisión del Ministerio de Sanidad de iniciar la tramitación de una especialidad conjunta de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias ha abierto un nuevo frente de malestar con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). La organización considera que el departamento dirigido por Mónica García ha dado este paso sin atender sus reclamaciones ni responder a la propuesta que presentó en marzo para crear una especialidad específica de Enfermería de Urgencias y Emergencias.

SEMES ha expresado su "profundo malestar" por una decisión que considera relevante para el futuro de la formación enfermera y que, a su juicio, se ha impulsado sin incorporar sus aportaciones. La sociedad, cuya sección de Enfermería representa a más de 2.500 profesionales, lleva años defendiendo que la atención urgente y extrahospitalaria requiere una preparación propia, adaptada a las competencias y responsabilidades de quienes trabajan en estos servicios.

El pasado 9 de marzo, la organización trasladó formalmente al Ministerio una propuesta para reconocer esta especialidad diferenciada. Según denuncia, todavía no ha recibido respuesta. La crítica llega después de que Sanidad anunciara el lunes el inicio de la tramitación de una especialidad que integrará tres ámbitos asistenciales: las unidades de cuidados críticos, las urgencias hospitalarias y los dispositivos de emergencias.

Una formación común para tres ámbitos

La propuesta que ha puesto en marcha el Ministerio fue presentada conjuntamente por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (Seeuic) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (Seeue). El planteamiento busca ofrecer una preparación común para los profesionales que atienden a pacientes en situaciones de riesgo vital, desde la primera asistencia y el traslado sanitario hasta el ingreso en una unidad de cuidados intensivos.

El itinerario previsto contempla dos años de formación mediante el sistema de residencia, con rotaciones tuteladas por unidades de críticos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación sanitaria. También incluye formación teórica, simulación clínica y evaluación continuada de las competencias.

Sanidad defiende que esta fórmula permitirá mejorar la continuidad de los cuidados y garantizar una preparación homogénea. Sin embargo, SEMES sostiene que la Enfermería de Urgencias y Emergencias tiene un ámbito competencial propio que exige una formación "específica y diferenciada". A su juicio, las características de estos servicios justifican una especialidad independiente.

La Semes considera especialmente preocupante que una decisión de esta importancia se haya adoptado sin un proceso de diálogo que permita escuchar a los profesionales y a las sociedades científicas implicadas. Por ello, reclama una negociación transparente que permita alcanzar una solución consensuada y que tenga en cuenta las necesidades reales de la asistencia sanitaria.

Respaldo de varias comunidades autónomas

La organización sostiene, además, que su reivindicación cuenta con respaldo institucional. Según recuerda, los parlamentos autonómicos de Murcia, Galicia y Canarias aprobaron proposiciones no de ley alineadas con la creación de una especialidad propia de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Además, la sociedad señala que la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha han manifestado públicamente su apoyo a esta iniciativa.

La Semes insiste en que su objetivo no es frenar el reconocimiento de nuevas especialidades enfermeras, sino garantizar que la formación responda a las particularidades de cada ámbito asistencial. Por eso, mantiene su disposición a colaborar con Sanidad y con el resto de los agentes implicados, aunque reclama que el proceso tenga en cuenta sus aportaciones.

La controversia coincide con el avance de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, creada oficialmente en 2024 y cuyo desarrollo todavía tiene trámites pendientes. En el caso de Enfermería, el anuncio ministerial supone el inicio de la tramitación, pero no la creación definitiva de la especialidad ni la puesta en marcha inmediata de las plazas de formación.

Más de dos años después de la creación oficial de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias,su implantación todavía tiene trámites pendientes. En este contexto, el Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes el inicio de la tramitación de una nueva especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, que contempla dos años de formación mediante el sistema de residencia.

El acuerdo alcanzado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) supone un primer paso para reconocer las competencias específicas de las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados intensivos, servicios de urgencias y dispositivos de emergencias. Sin embargo, el anuncio no equivale a la creación definitiva de la especialidad ni implica que las plazas de formación vayan a ponerse en marcha de inmediato.

La solicitud ha sido presentada conjuntamente por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (Seeiuc) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (Seeue. La propuesta pretende unificar la preparación de profesionales que atienden a pacientes en situaciones de riesgo vital y alta complejidad clínica, tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él.

Dos años de residencia y rotaciones en distintos servicios

El itinerario formativo planteado tendrá una duración de dos años e incluirá rotaciones clínicas tuteladas en unidades de cuidados intensivos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación sanitaria. La preparación combinará práctica asistencial, formación teórica, simulación clínica y evaluación continuada de las competencias.

Entre las habilidades previstas figuran la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial, la valoración clínica y la detección de signos de deterioro que puedan comprometer la vida. También se contemplan las medidas de soporte vital, los cuidados relacionados con la ventilación asistida y otras técnicas de soporte avanzado, así como la coordinación de traslados sanitarios y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

La propuesta busca facilitar la continuidad de los cuidados desde la primera atención y el traslado sanitario hasta el ingreso en una unidad de críticos. A la preparación técnica se suman competencias de comunicación, trabajo en equipo y acompañamiento a pacientes y familiares en situaciones de incertidumbre.

Sanidad sostiene que esta formación especializada y homogénea contribuirá a mejorar la calidad y la seguridad asistencial y a reforzar la capacidad de respuesta del SNS ante situaciones críticas. Para que se materialice, no obstante, será necesario completar la tramitación administrativa correspondiente.

La especialidad médica sigue pendiente de completar su despliegue

La creación de la especialidad médica de Urgencias y Emergencias se aprobó mediante el Real Decreto 610/2024, publicado en julio de 2024. Desde entonces se han producido avances, como la aprobación del programa formativo oficial, publicado en el BOE en abril de 2026, pero el desarrollo de la especialidad no se ha traducido todavía en la resolución de todos los procedimientos asociados.

Uno de los puntos pendientes afecta a los médicos que ya trabajaban en los servicios de urgencias antes de la creación de la especialidad y que pueden optar al título mediante un procedimiento extraordinario. Sanidad ha expedido los títulos de quienes obtuvieron una resolución favorable por acceso directo en la convocatoria de abril de 2026, pero otros expedientes siguen pendientes de resolución y está prevista una prueba práctica para el 12 de diciembre de este año.

La situación pone de manifiesto la diferencia entre la aprobación legal de una especialidad, el desarrollo de su programa formativo y la resolución de los procedimientos necesarios para reconocer a los profesionales que ya ejercen. Aunque el proceso médico ha avanzado, su despliegue sigue sin estar completado para todos los afectados.

Ahora, el Ministerio abre una nueva vía para la especialización de Enfermería en tres áreas asistenciales estrechamente relacionadas. El acuerdo constituye el inicio del procedimiento, pero todavía deberá recorrer los trámites necesarios antes de que la nueva formación pueda convertirse en una realidad.