La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado parte del relato de la defensa del Director Adjunto Operativo, Manuel Llamas, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la unidad investigadora del Instituto Armado asegura que nunca "desmintieron" las informaciones que salían en prensa sobre las presuntas filtraciones y que "no existe" comunicación alguna entre el DAO y el General de Policía Judicial, Alfonso López Malo, relacionada con este asunto.

El DAO de la Guardia Civil detalló en un escrito a Pedraz que la UCO había desmentido de "forma autónoma" una de las filtraciones relacionadas con las causas que afectaban al Gobierno, al PSOE o a familiares del presidente y aportó conversaciones al respecto. Pero la UCO detalla ahora que fue el DAO y no López Malo quien se dirigió a este y que los mensajes a los que se refiere Llamas "nunca" llegaron a producirse.

En el informe, en el que responden a un requerimiento del instructor de las "cloacas del PSOE", la UCO insiste en que su unidad no estuvo detrás de las filtraciones a la prensa. Estos hechos provocaron que desde la cúpula de la Guardia Civil se abrieran tres informaciones reservadas entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 contra miembros de la unidad por orden, según explicó Llamas en sede judicial, del ministro Fernando Grande-Marlaska y de Mercedes González.

La primera información reservada se abrió tras la publicación de datos relativos al correo institucional de Begoña Gómez, incluida su dirección de correo electrónico, que figuraban en las pesquisas del "caso David Sánchez".

En este informe, el coronel López Malo asegura que, cuando se filtraron los mensajes, se puso en contacto con el DAO para remitirle una nota de despacho en la que se detallaba con bastante profundidad que la unidad nada tuvo que ver con la filtración.

En esa nota, dice, que esos mensajes se incluyeron en un documento remitido a la magistrada del "caso David Sánchez" en el que se explicaba cómo se debían visualizar los anexos de las comunicaciones intervenidas, poniendo de ejemplo a imagen ilustrativo el intercambio de correos que, finalmente, acabaron en prensa. Aun así, Llamas le envió un wasap indicándole que, al día siguiente, se ordenaría incoar una información reservada.

La segunda información reservada se abrió en mayo de 2025, después de que El Mundo publicara chats entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos, que supuestamente estaban incluidas en dispositivos de Koldo García intervenidos por la UCO. El DAO dijo que López Malo se contradijo porque no le informó de que el disco duro se devolviese, pero este ultimo asegura que para aquel entonces ni se devolvió ni la unidad tenia los mensajes en su poder.

El informe detalla, además, que la información se abrió el día 12 cuando dos días antes el DAO ya había confirmado que la filtración no provenía de la unidad investigadora.

La tesis de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Santiago Pedraz es que la apertura de informaciones reservadas se activó de manera coordinada y en momentos coincidentes con el avance de causas judiciales especialmente sensibles, con el posible propósito de presionar a los agentes de la UCO, a quienes se les ordenó, supuestamente, "que se pusieran de perfil".

Los agentes detallan ahora que hicieron constar al DIECAN que el DAO les ordenó que concluyeran en algunas investigaciones que "no había nada" y que les trasmitió la necesidad de mantener un "perfil bajo" en los casos que cercaban al Gobierno.

Vox ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado con el fallecimiento de 69 personas.

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la formación de Santiago Abascal sostiene que el ministro habría tenido una conducta "omisiva" vinculada al ejercicio de sus competencias, y habría incumplido así sus propios "deberes" de dirección y control en relación con la seguridad ferroviaria después de meses de advertencias sobre deficiencias en la red y con el precedente del accidente ferroviario de Adamuz.

Según explican, Puente dirige y "controla" el sistema de seguridad que permitió que un "fallo de protección, de naturaleza previsible y ay conocida en su tipología, derivara en una circulación incompatible con la presencia de un tren detenido en la vía".

De acuerdo con las primeras hipótesis, un fallo en el sistema de seguridad LZB obligó a detener seis trenes y, ocho minutos después, el centro de control de ADIF en Atocha habría autorizado la reanudación de la circulación. Vox sostiene que, tras una incidencia de estas características, los trenes deberían haber circulado bajo condiciones restrictivas de velocidad y seguridad.

La formación recuerda el accidente de Adamuz, que dejó hasta 46 fallecidos, y el posterior descarrilamiento mortal de Gelida, así como las denuncias y movilizaciones de organizaciones sindicales que reclamaban mayores inversiones en mantenimiento y seguridad. También hace referencia al acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y los sindicatos, que contemplaba un incremento de 1.800 millones de euros para mantenimiento, nuevas contrataciones y medidas destinadas a reforzar la seguridad de la red.

Para la formación, este acuerdo es "relevante" por dos razones. "De un lado, supone el reconocimiento por el propio departamento de la necesidad de reforzar el mantenimiento, el personal y la supervisión de la seguridad ferroviaria. De otro, atribuye al Ministerio la asunción de compromisos concretos, de modo que la comprobación de su ejecución dejaba de ser una opción de gestión para convertirse en un deber de seguimiento específico del titular del departamento", expone.

En el escrito, Vox destaca, además, que entre marzo y octubre de este año, ADIF comunicó al menos una veintena de incidencias en el entorno de Toledo y el sur de Madrid y que, incluso, se acudió a Bruselas pedir a la Comisión Europea que verificara la aplicación en España de la normativa europea de seguridad ferroviaria.

También hace referencia a que el sindicato SEMAF convocó el 16 de octubre una nueva jornada de huelga para denunciar supuestos incumplimientos de los compromisos adquiridos. Renfe aseguró entonces que había ejecutado las medidas de su competencia, aunque reconoció que otras siete, dependientes de distintos organismos, continuaban en tramitación.

Para Vox, esta sucesión de acontecimientos, junto con muchos otros, demuestra que el Ministerio conocía las advertencias sobre posibles riesgos y debía haber reforzado los mecanismos de supervisión y prevención.

La formación, que pide al Supremo que tome declaración en calidad de investigado al ministro, atribuye a Puente una presunta falta de actuación previa para garantizar que los sistemas de seguridad y los protocolos ferroviarios funcionaran adecuadamente.

"La actuación exigida al Ministro consistía en activar, a través de los órganos competentes, la obtención de información técnica suficiente; exigir una evaluación documentada de las deficiencias relevantes para la seguridad; impulsar los controles, inspecciones o auditorías procedentes; requerir planes correctores con responsables y plazos; y verificar que las medidas acordadas se ejecutaban efectivamente", dice,

No obstante, asegura, que Puente no ha "promovido y comprobado las medidas de evaluación, control y corrección necesarias para evitar que las deficiencias de seguridad advertidas se trasladaran a la explotación del servicio".

A su juicio, la "deficiente supervisión de la suficiencia y efectividad de las barreras de seguridad habría permitido que el fallo del sistema de protección se tradujera en una reanudación de la circulación sin las garantías necesarias para impedir el alcance de un tren detenido".

El partido formuló este miércoles otra querella contra los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la que también se solicitaban medidas "urgentes" de conservación y aseguramiento de las fuentes de prueba del siniestro.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha detectado la presencia de migrantes ya «asentados» en España o en «suelo europeo» en los grupos de WhatsApp desde los que se orquestó la entrada masiva e irregular de personas procedentes de Marruecos a Ceuta del pasado mes de julio.

En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y en el que los agentes reconstruyen la organización digital que precedió a la invasión de la ciudad autónoma, aseguran que algunos de estos perfiles habrían facilitado «apoyo logístico» e «información» a familiares o conocidos, que pretendían acceder de forma irregular a Ceuta. También añade que, una vez producida la entrada masiva, muchos de ellos proporcionaron alojamiento a los inmigrantes ilegales, que evitaban ser «detectados por las autoridades».

En el documento de 61 páginas, que ya ha sido remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, los agentes exponen que habían detectado el incremento de la actividad digital antes de los hechos. El 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, el CENIF emitió una alerta a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla por un «riesgo extremo de colapso a causa de las entradas irregulares de migrantes» en las ciudades autónomas.

La información que obtuvieron del fenómeno «haraga» (concepto magrebí que alude al cruce fronterizo irregular) les permitió conocer con antelación que se estaba llevando a cabo «un llamamiento masivo a la movilización de estos migrantes con el objetivo de llevar a cabo una entrada irregular en territorio nacional».

El CENIF explica que el proceso comenzó con la captación masiva en redes públicas –como Facebok o TikTok– hasta llegar a la potenciación «psicológica» previa y «orientada a normalizar el cruce e incentivar la adhesión» para, finalmente, acceder al paso fronterizo entre Marruecos y España y «colapsar» la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales. Según explican, las redes públicas funcionaron como el «escaparate de funcionamiento» y el «filtro inicial» que nutrió a la masa crítica de miembros que, posteriormente, fue gestionada en hasta 19 grupos de WhatsApp.

Tras analizar más de 39.263 mensajes, datados entre el 24 de julio (días antes de la entrada masiva) hasta el 14 de agosto, los mandos exponen que se propagaron rumores sobre supuestas «aperturas de frontera, indicaciones en tiempo real sobre la debilidad en los dispositivos policiales o una aparente permisividad absoluta en los controles para forzar desplazamientos masivos hacia el perímetro fronterizo». Así, explican, se amplificó el «efecto llamada» y se produjo una de las mayores crisis migratorias que han sumido la ciudad de Ceuta en el «caos».

No obstante, el CENIF asegura que con la información de la que disponían se dibujó «una previsión de escenarios» en el que calificaba de «extremo» el riesgo de que se produjeran «entradas a nado» junto a un «salto a la valla de forma coordinada» –como, finalmente, ocurrió–.

En otros documentos remitidos a la juez e incorporados ya al sumario del «caso Ceuta», el CENIF corrobora que, efectivamente, la entrada masiva a la ciudad autónoma contó con agentes policiales marroquíes, que se encargaron en algunos casos de impartir «instrucciones» a los inmigrantes.

En otro informe, la Policía detalla con fotografías hasta 24 agentes marroquíes sin uniforme, que actuaron como «dinamizadores sobre el terreno». «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están montando un control policial para evitar la llegada al espigón, se observa la pasividad de las mismas, puesto que la gente lo está atravesando sin problema», expone en una de las descripciones.

Las pesquisas apuntan a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como responsables de la autoría «intelectual» de la entrada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta. La juez Tardón exigió esta misma semana al Gobierno que en un plazo de 15 días desclasifique todas las comunicaciones que hubo entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios secretos de Marruecos.

Es decir, quiere determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas, qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas y qué papel jugó Marruecos en toda la crisis migratoria a fin de identificar la autoría «material» de la invasión que sufrió la ciudad autónoma.

Por otro lado, en otro documento, la Policía cifra en 204 los inmigrantes que consiguieron alcanzar la Península tras la entrada masiva e irregular. Los agentes detallan que, desde el 31 de julio hasta el 16 de agosto de este año, las llegadas se multiplicaron por doce respecto a las cifras del año anterior, que apenas superaron la veintena. Fuentes consultadas por este periódico, detallan también que la totalidad de ellos fueron detenidos.

En este sentido, y en otro informe remitido a la juez Tardón, el CENIF identifica hasta cinco organizaciones dedicadas al tráfico de personas a través de diferentes rutas entre Marruecos y España, con al menos 54 integrantes y una capacidad operativa conjunta estimada de 177 inmigrantes. No obstante, especifican que ninguna de estas cinco redes estuvo detrás de la entrada masiva a la ciudad autónoma.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional detectó en conversaciones internas los planes de los inmigrantes para acceder de forma irregular a otros territorios como alternativa a las tradicionales rutas de Ceuta y Melilla.

En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y en el que los agentes reconstruyen cómo fue la organización digital que precedió a la entrada masiva en Ceuta del pasado mes de julio, los mandos policiales recogen los mensajes internos que se intercambiaban los migrantes.

En ellos, se desprende cómo, conscientes del despliegue policial en el paso fronterizo entre Marruecos y España, proponen desplazarse hacia Italia o Francia como vía alternativa. "Dejad de mirar a Ceuta y Melilla. Está Blindado [...]. Busquemos vías hacia otros países", señala uno de los mensajes examinados por los investigadores.

Entre las alternativas que mencionan estos usuarios, cuyos números de teléfono muestra un claro predominio de contactos con prefijo de Marruecos", figura la utilización de pequeñas embarcaciones para alcanzar otros países. "La única vía es una embarcación pequeña para 6 personas rumbo a Italia o Francia", recoge otra de las comunicaciones analizadas.

El análisis de la Policía Nacional también revela que estas conversaciones se produjeron en un contexto de incertidumbre sobre la situación de quienes estaban tratando de entrar en Ceuta, que provocaron el "colapso" de la capacidad de respuesta de las autoridades españolas. De hecho, en el informe de 61 páginas, se exponen conversaciones entre los inmigrantes que intercambiaron testimonios sobre cómo poder entrar de forma irregular a la ciudad autónoma e, incluso, cómo poder permanecer "escondidos" para evitar el retorno a Marruecos.

Por ejemplo, entre las comunicaciones analizadas, destacan mensajes como "el que sabe lo que es esto no se deja devolver: se esconde en una alcantarilla o donde sea"; "hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los controles", o "en cuanto pises Ceuta di que no puedes volver a Marruecos por problemas políticos".

Debido al análisis de estas conversaciones, los mandos exponen en el informe que pudieron "neutralizar" otra convocatoria posterior, prevista para el 15 de agosto, que también preveía asaltar la frontera de la ciudad autónoma.

Según exponen, esta nueva movilización se concentró en los montes próximos al perímetro fronterizo y se valió de otro tipo de perfil de inmigrantes. Es decir, pasaron de ser mayoritariamente jóvenes marroquíes que intentaban cruzar a nado a hombres de origen subsahariano de hasta aproximadamente 35 años.

Por otro lado, el CENIF, que ya alertó el 29J al puesto fronterizo de Ceuta del "riesgo extremo de colapso" ante una inmediata entrada masiva, detalla en el informe cómo se gestaron y se articularon los hechos sobre los que hoy indaga la juez Tardón. En este sentido, tras detallar que identificaron hasta una red de 19 grupos de WhatsApp, los agentes sostienen que la entrada masiva no fue un proceso "espontáneo" y describen una estructura "horizontal" y "jerarquizada" con distintos niveles, que permitió extender la convocatoria.

En el informe los agentes señalan, además, que –tras el análisis de los numerosos vídeos y fotografías tomadas durante la avalancha migratoria– hubo "agentes dinamizadores sobre el terreno" de las autoridades marroquíes que se encargaban en algunos casos de impartir "instrucciones" a los inmigrantes. De ahí que las pesquisas apunten a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos como responsables de la autoría "intelectual" de la entrada masiva e irregular de inmigrantes.

Los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional han cifrado en 204 los inmigrantes que consiguieron alcanzar la Península tras la entrada masiva e irregular que sacudió Ceuta el pasado mes de julio.

En un informe, al que ha tenido acceso LA RAZÓN y remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un "ataque" contra la integridad territorial de España, los agentes detallan que, desde el 31 de julio hasta el 16 de agosto de este año, las llegadas se multiplicaron por doce respecto a las cifras del año anterior, que apenas superaron la veintena.

Los agentes explican, tras analizar la evolución de los movimientos migratorios después de la crisis fronteriza del Tarajal, que durante las dos primeras semanas de agosto se registró un aumento significativo de las llegadas con varios repuntes diarios que alcanzaron cifras de 29, 24 y 21 personas. Fuentes consultadas por este periódico, detallan también que la totalidad de ellos fueron detenidos.

El informe identifica, asimismo, los diferentes puntos de salida en el litoral ceutí, entre ellos la playa de Benzú, la playa del Trampolín, el entorno del castillo de Santa Catalina y Punta Almina. En el lado peninsular, Algeciras y La Línea de la Concepción aparecen señaladas también como algunos de los principales lugares de llegada.

Los agentes distinguen las llegadas procedentes de Ceuta y Marruecos, así como los casos de personas que viajaron ocultas en medios de transporte. La ruta desde territorio marroquí también registró jornadas con un máximo diario de 19 personas, según los datos recogidos por los investigadores.

Precisamente, la Policía Nacional detalló el pasado 21 de agosto que había detenido a cinco presuntos miembros de una organización criminal, que pedían hasta 9.000 euros por pasajero para acceder a la Península. En este sentido, y en otro informe detallado y remitido a la juez Tardón, el CENIF identifica hasta cinco organizaciones dedicadas al tráfico de personas a través de diferentes rutas entre Marruecos y España, con al menos 54 integrantes y una capacidad operativa conjunta estimada de 177 inmigrantes.

Según los investigadores, estas redes cobran una media de 9.400 euros por persona, aunque las tarifas oscilan entre los 2.000 y los 15.000 euros dependiendo de la organización, el itinerario y los medios de transporte utilizados. Estas organizaciones recurren a contactos personales, intermediarios, redes sociales y conocidos para captar a los inmigrantes, además de utilizar vehículos, puntos de encuentro y alojamientos seguros para preparar los desplazamientos.

Aunque el CENIF detalla que ninguna de las cinco redes analizadas estuvo detrás de la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta del pasado mes de julio, sí expone que se "aprovechan" de forma "oportunista para la obtención de beneficios económicos ilícitos".

"No existe indicio alguno que pudiera señalar a estas Organizaciones Criminales como promotoras o impulsoras de este asalto, ni tan siquiera en el proceso de promoción o difusión de una campaña viral en redes sociales, tampoco se puede hablar de su participación efectiva en los procesos de planificación y gestión simultánea de lo sucedido", concluyen.

Barcelona y sus Mossos d’Esquadra se preparan para una nueva noche de tensión. Aunque la Delegación del Gobierno de Cataluña no ha anunciado aún la prohibición de la manifestación del próximo día 31 de octubre, decenas de radicales están organizando ya asaltos masivos a comercios para asaltar las tiendas de lujo y sumir la ciudad catalana en el «caos». LA RAZÓN ha podido conocer las conversaciones que circulan por grupos de Telegram –bajo el nombre de Blocus– en las que se hace un llamamiento explícito a «saquear a los ricos» y a «quemar los contenedores» para «marear a la Policía».

En uno de los mensajes, un administrador señala que el día de la protesta comunicarán el punto inicial de encuentro y que posteriormente se facilitarán nuevas indicaciones a los participantes. «El 31 diremos ubicación inicial donde quedaremos a las 18.00. De ahí, habrá una persona que dirá tienda sin policía para ir y habrá que ir rápido», se desprende de las comunicaciones.

Bajo perfiles anónimos, la directriz no es otra que «aprovechar» la festividad de Halloween para ponerse «mascaras y guantes» –lo que hace más difícil cribar a los potenciales asaltantes de quienes salen a divertirse por las calles– y «coger cosas de valor». «Os recomiendo cuando tengáis cosas caras alejaros del centro y esconderlas. Si os pillan con eso a calabozo. No seáis ambiciosos. Coged cosas e iros», instruyen los administradores de los chats.

Las conversaciones no solo evidencian que el objetivo de las protestas no sería reivindicativo y que sería directamente delictivo, sino también la enemistad manifiesta de los protestantes contra los agentes policiales.

En uno de los mensajes, un usuario escribe que «hay que pillar a un mosu entre 20 para que vea qué gracia tiene»; otro responde proponiendo dejar al agente «desnudo» e, incluso, hay quien expone que «al policía le dejamos seco y sin porra ni nada».

Conscientes, no obstante, que para la convocatoria del próximo día 31 los Mossos d’Esquadra desplegaran un dispositivo «guapo» de seguridad, hacen un llamamiento a sus «colegas» porque «necesitan ser 700» y proponen tácticas para facilitar la impunidad. «Ya os podéis espabilar y que ninguno se quede en casa viendo directos [...]. Por los secretas no os rayeis chavales. Ocultar vuestro número en privacidad y estáis seguros», dicen.

Estos mensajes se producen en un contexto de preocupación policial por la posible repetición de los incidentes del pasado fin de semana, que terminaron con alrededor de 130 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y decenas de establecimientos saqueados.

El despliegue policial

Fuentes consultadas por este periódico, aseguran que los Mossos preparan ya nuevos dispositivos de seguridad para reforzar la vigilancia de las principales zonas comerciales de la ciudad condal con especial atención a los grandes establecimientos de lujo –como Apple, Louis Vuitton, Rolex, etc.– ante el temor de que se repita la imagen que dejaron los violentos disturbios del pasado fin de semana.

Los agentes también recurrieron ayer a la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), encargada de coordinar la eliminación de propaganda terrorista o extremista en redes, para cerrar, de hecho, el canal de conversación Blocus porque se incitaba a cometer acciones delictivas e instigaba a la violencia y con el objetivo de evitar nuevas réplicas de estos disturbios.

Mientras tanto, los Mossos trabajan para identificar a los promotores de las convocatorias, pero enfrentándose a grandes dificultades para determinar quién está realmente detrás de cada organización. Sobre todo, porque, dicen los investigadores, que los perfiles que agitaron las revueltas son «anónimos y efímeros» y porque utilizan mensajes con escasa trazabilidad que dificultan el rastreo. A ello hay que sumar que las plataformas no suelen colaborar con la Justicia a la hora de identificar sus cuentas.

No obstante, según explicó ayer la portavoz del gobierno catalán, Silvia Paneque, el Ejecutivo solicitó a alguna de estas empresas de mensajería que colaboren con el Govern y que eviten ser «espacios de impunidad y de divulgación de información no cierta».

Por otro lado, distintos mandos consultados por este periódico sí aseguran, en cambio, que tienen claro que el perfil de los detenidos es de gente muy joven, que «no tienen ni idea de política» y que la mayoría de ellos provienen de familias de clase obrera sin que conste tampoco antecedentes policiales. Estas mismas fuentes desligan, de hecho, los incidentes de los grupos ultras clásicos que se mueven por la Ciudad Condal –anarquistas, okupas o antisistemas–.

El uso de perfiles anónimos en redes sociales, la difusión de mensajes a través de grupos de Telegram y la ausencia de líderes visibles son los elementos que más dificultan las pesquisas.

Los investigadores analizan especialmente la creación de esos perfiles anónimos en plataformas digitales, la difusión de carteles generados con inteligencia artificial y el traslado de las convocatorias a grupos de mensajería privada.

Pero, según detallan en conversación con este diario, son investigaciones que suelen quedar «en nada» por la complejidad del rastreo para identificar a los presuntos líderes de las protestas.

No obstante, estas fuentes consultadas establecen una distinción clara entre las redes sociales y los grupos de mensajería privada, donde, dicen, sí puede ser una puerta para analizar a los creadores y organizadores de los mismos y una vía para poder llegar al origen de las revueltas y si este tiene nexos en el extranjero. Llegados a ese punto, unido a que las convocatorias se realizaron en otras ciudades de España, la investigación podría acabar en la Audiencia Nacional.

Aun así, la Policía es consciente de que las convocatorias no se quedaron en Barcelona y trabajan ya en la monitorización de las redes sociales como «seguimiento preventivo». Los agentes detectaron movimientos similares en Madrid y, según trasladan fuentes conocedoras, «neutralizaron» a un grupo amplio «similar» al de Cataluña. Chavales muy jóvenes, vestidos todos de negro y con ánimo de saquear negocios. En la capital la situación no fue a mayores, aunque el operativo se saldó con 200 identificados en el distrito centro, apuntan.

De hecho, debido al conocimiento policial y a las estrategias de monitorización desplegadas por parte de los agentes, la manifestación con intención violenta convocada para el próximo sábado en Madrid a fin de «quemar las calles» fue cancelada ayer. «No queremos que pase lo mismo que el pasado 24 de octubre. No vamos a arriesgar ni a repetir los mismos errores [...]. La operación Halloween ha fallado», apuntó el grupo Blocus a través de sus redes sociales en un comunicado.

Tres inmigrantes que están citados a declarar hoy como testigos en la Audiencia Nacional, a petición propia, ante la juez María Tardón en relación con la entrada masiva en Ceuta el pasado julio identificaron la pasada semana ante la Policía Nacional a una decena de altos cargos y mandos policiales marroquíes que se encontraban en la frontera durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. A cinco de los cuales, además, ellos mismos les vieron sobre el terreno ese día cuando se dirigían a la ciudad autónoma aprovechando la entrada masiva.

Así consta en las actas de declaración –a las que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en las que identificaron, entre otros, al «wali» o gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas (cargo equivalente a nuestros delegados del Gobierno); al jefe de Policía de Tetuán; al «mkadam» de Castillejos, funcionario del Ayuntamiento de dicha localidad; al «bacha» y a un teniente de auxiliares de ese mismo municipio; y al jefe de la Policía de Rincón.

De hecho, un sargento de la Gendarmería Real de Marruecos que accedió a nado a la ciudad autónoma ese día, Hicham E. B., advirtió en su declaración a los agentes españoles de las consecuencias que tendría para él regresar a su país tras haber abandonado el servicio para trasladarse a España de forma ilegal. «Si volviese a Marruecos me podrían meter en la cárcel», trasladó a la Policía el pasado día 19.

Tardón les ha citado a declarar hoy a petición de los propios inmigrantes para que ratifiquen las actas de reconocimiento efectuadas ante los agentes.

Entraron a nado

Mohamed A. (que también entró a nado en Ceuta el 30 de julio), por ejemplo, identificó «sin género de dudas») a cuatro personas y según dijo a todas ellas las vio en la frontera.

En cuanto al «wali» de Tánger-Tetuán-Alhucemas, que según afirmó es Younes Tazi y vestía «camiseta o polo de color verde y gorra», le definió como «la máxima autoridad de la administración territorial del Estado marroquí» en una determinada zona.

Este individuo, según relató, es «el encargado de la logística de la gente que se devuelve a Marruecos por parte de España», pues su cometido sería «organizar los autobuses que los trasladan, la comida que les dan y todo eso».

Otra autoridad a la que puso nombre y apellidos (y a quien, a diferencia de otros de los testigos, no vio en la frontera) es Mohamed el Oualidi, quien según explicó a la Policía es el jefe policial de Tetuán. «Es lo más», recalcó antes de referir que se trata de la «máxima autoridad en ese lugar».

También identificó al «secretario de Administración» provisional, pero no pudo dar su nombre y apellidos. Lo mismo que ocurrió respecto al «jefe del distrito» y a otra persona que, contó «puede ser periodista».

"Pocas fuerzas de seguridad"

«Había policías, fuerzas de seguridad y otras personas vestidas de civil que también podían ser policías y que parecían personal del bacha», explicó en su declaración. El bacha, mientras, «estaba dando órdenes» a los agentes y a las fuerzas auxiliares. Allí había más o menos, especificó, 20 o 30 agentes, «aunque había muchos más en otras zonas de la rotonda en donde se encontraba». Él, sin embargo, pudo pasar «sin problemas», pues no le pararon porque «había mucha gente pasando».

Otro de los testigos, Ziyad A. Y., –quien también entró a nado en Ceuta– dijo que camino de la frontera observó «pocas fuerzas de seguridad» marroquíes. «No había mucha Policía ni fuerzas auxiliares», afirmó.

Este testigo identificó fotográficamente a cuatro personas –aunque a diferencia del anterior a ninguna de ellas las vio en las inmediaciones del paso fronterizo–. Ni al «mkadam» de Castillejos, ni a un teniente de las fuerzas auxiliares de este mismo municipio, ni tampoco al «mkadam» de Condisa y al jefe de la Policía local de Rincón.

Según su testimonio, desde el año 2021 había intentado entrar en España «más de diez veces», por lo que vio hasta en cuatro ocasiones en la frontera a dicho teniente.

Un sargento de la Gendarmería

El último de los tres testigos, Hicham E. B. –que ha trabajado como sargento-jefe de la Gendarmería Real de Marruecos–, consiguió entrar a nado tras ser rechazado en un intento tres días antes. En la frontera, observó que había «agentes de las fuerzas auxiliares de Rabat, agentes de la Policía Nacional Marroquí y agentes de la Gendarmería Real». Este inmigrante identificó a su vez a dos personas: el bacha de Castillejos, a quien vio «en una rotonda situada debajo del hotel Senator, cerca de la frontera» entre las diez y las diez y media de la mañana; y a Mohamed El Oualidi, «wali al-amn» de Tetuán, encargado más de la seguridad. A este último, sin embargo, no le vio en los aledaños de la frontera de Ceuta.

Ayer mismo Tardó escuchó los testimonios de tres consejeros ceutíes: Alberto Gaitán, titular de Vivienda; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente (estos dos últimos estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva y coincidieron en la «pasividad» de los agentes marroquíes). Benzina explicó que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano preguntó: «¿Marruecos está colaborando?», una pregunta que le dejó «en shock» y a la que la consejera de Sanidad contestó irónica: «¿No lo estás viendo?».

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique, con carácter urgente y en un plazo máximo de 15 días, documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta el pasado mes de julio. La instructora pretende determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas y qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas.

En un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la juez considera imprescindible desclasificar esa información para esclarecer unos hechos que investiga como posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado y para que puedan prestar declaración como testigos todo aquel personal de los servicios de inteligencia que haya "mantenido cualquier tipo de comunicación" con agentes de la Guardia Civil y, en concreto, con miembros de la unidad UCE-3 porque, dice, tuvieron un conocimiento "directo, personal y muy relevante" de los hechos investigados.

Tardón también solicita todas las "notas e informes" realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del mismo día de la entrada masiva relacionados a las investigaciones sobre los hechos y todos aquellos relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos.

Además, la instructora pide todas aquellas comunicaciones que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia, conteniendo "cualquier posible aviso o alerta" respecto a la inmigración irregular, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta la fecha.

La petición de Tardón se produce después de que el CNI remitiera el pasado 14 de octubre un informe que, a juicio de la instructora, no responde de manera completa a las cuestiones planteadas por el juzgado. La magistrada reprocha al organismo que parte de la documentación facilitada mantenga las mismas tachaduras que los documentos desclasificados por el Gobierno el pasado 8 de septiembre y que, por tanto, no aporta "ningún extremo" que no fuera conocido por otras actuaciones ya practicadas en el procedimiento.

En este sentido, Tardón cuestiona que el CNI se limite a señalar que sus análisis fueron trasladados a "las autoridades" o a "los organismos correspondientes", sin identificar a sus destinatarios concretos, y reprocha que hay aspectos sobre los que el centro no ha dado una respuesta "completa".

La juez considera que esta información resulta esencial y tiene "absoluta relevancia" para determinar si las instituciones competentes dispusieron de advertencias previas sobre la convocatoria de entrada masiva y cómo reaccionaron.

"En el informe se responde tan sólo una parte de las cuestiones planteadas. Así, se reconoce que el CNI ha continuado investigando lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis. Añade que buena parte de su contenido se basa en esas investigaciones posteriores y que se remitieron documentos actualizados a las autoridades. Sin embargo, no se identifica ni remite ninguno de esos informes, como también se había solicitado por este órgano judicial, dejando sin respuesta la petición expresa de remitir a este órgano judicial los documentos que se hubieran elaborado", expone.

Reclama las comunicaciones secretas entre España y Marruecos

Respecto de la solicitud de las comunicaciones entre España y Marruecos, Tardón expone que el CNI solo ha aportado una nota de las 20 que se dicen que se habrían dirigido a los servicios marroquíes DGED y DGST, de ahí que solicite la desclasificación íntegra de esas notas y de todas las comunicaciones enviadas o recibidas entre los servicios de inteligencia de ambos países.

La magistrada considera especialmente urgente conocer el contenido completo de la nota del 29 de julio, porque podría permitir identificar a los responsables de grupos de WhatsApp y Facebook que fomentaron la entrada masiva de personas en Ceuta.

Aunque Tardón es consciente que los datos solicitados pertenecen al círculo de los secretos oficiales, justifica sus peticiones al asegurar que "la información cuya desclasificación se interesa presenta una relación directa, inmediata y objetiva con el objeto del procedimiento, resultado imprescindible para la averiguación de la verdad material".

En este sentido, añade, que el hecho de que sean secretos oficiales no puede generar un "espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal" y que del propio hecho de que el Gobierno ya desclasificó documentos se desprende que es "compatible" con las exigencias de la seguridad del Estado.

En este caso, dice, la información interesada es "indispensable" para el esclarecimiento de los hechos y porque permitirá determinar qué autoridades conocían y desde qué momento la convocatoria de la entrada masiva y qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que fueron incautadas en el registro de su despacho en Ferraz el pasado mes de mayo. El instructor, en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, considera que la explicación ofrecida por el expresidente no cuenta con "cualquier elemento objetivo de corroboración externa" que justifique activar los mecanismos de cooperación judicial internacional.

El exmandatario aseguró en un escrito dirigido al instructor que las joyas se trataban de un "obsequio" del ya fallecido monarca Abdalá bin Abdulaziz y precisó que le entregó las piezas en La Moncloa con motivo de un viaje oficial realizado los días 18 y 19 de junio de 2007 y que las aceptó "por deferencia y como muestra de agradecimiento".

Se trata de un juego de rubíes, esmeraldas y zafiros que, según precisó el exlíder socialista, han permanecido guardadas durante este tiempo junto a otras joyas "de origen familiar y otros regalos", que no se les dio uso alguno y que no tenía "conciencia de su valor material".

Sin embargo, el juez Calama, que investiga si por estos hechos Zapatero cometió presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando, cuestiona que el expresidente desconociera el valor de las joyas y recuerda que fue durante su mandato cuando se aprobó el Código de Buen Gobierno que obligaba a incorporar al patrimonio público los regalos institucionales de especial significación.

Según expone, y a instancias con la Fiscalía, considera que las explicaciones del expresidente presenta importantes inconsistencias y que, aunque está acreditada la visita oficial del rey saudí a España, no existe constancia documental de que entregara las joyas investigadas.

Por el contrario, explica, que sí figura documentada la entrega de otros regalos institucionales que fueron incorporados al patrimonio del Estado. Entre ellos, un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, regalado en 2007, y otro reloj junto a una pieza de artesanía en oro y plata sobre una base de mármol y jade, entregados durante una visita posterior en 2008.

El juez Calama detalla que la Fiscalía no solo considera "inverosímil" la versión de Zapatero e "innecesaria" la solicitud de una comisión rogatoria a Arabia Saudí, sino que entiende que "viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significado valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia".

El instructor recuerda, en este sentido, que, aunque Zapatero haya afirmado haber remitido dos comunicaciones a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí para obtener una confirmación oficial de los hechos ahora alegados, todavía no ha aportado "acreditación alguna" al respecto. Con todo, dice Calama, la "versión" ofrecida por el exmandatario "no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones".

El Código de Buen Gobierno

Uno de los principales argumentos que utiliza Calama es que el propio Zapatero fue quien aprobó, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005, un Código de Buen Gobierno que establecía expresamente la incorporación al patrimonio público de los obsequios institucionales de especial significación.

El juez entiende que esta circunstancia demuestra que el expresidente conocía perfectamente el régimen aplicable a este tipo de regalos y considera que su explicación actual no resulta "coherente" con esas obligaciones.

También cuestiona que Zapatero pudiera desconocer el valor material de las piezas. Aunque la tasación pericial está pendiente, Calama sostiene que unos juegos de joyería con rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un regalo de un monarca saudí, presentan previsiblemente una "relevante" importancia patrimonial. El magistrado añade que sus características externas permiten apreciar a "cualquier observador" que se trata de bienes de notable valor económico.

Otro elemento que suscita dudas al instructor es que las joyas intervenidas no estuvieran guardadas en sus "estuches originales ni acompañadas de certificados de autenticidad, documentación sobre su procedencia u otros elementos identificativos".

"Tales circunstancias difícilmente se compadecen con la tesis de que se trataría de un regalo institucional efectuado por un Jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público, supuesto en el que cabría razanamente esperar la conservación de la documentación de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia", expone.

El instructor recuerda, además, que Zapatero no tiene restringida su libertad de movimientos y que, por tanto, "dispone de medios directos" para viajar a Arabía Saudí e intentar obtener la documentación que respalde su relato.

En este sentido, concluye, que rechaza la comisión rogatoria porque esta no tiene por finalidad "suplir la absoluta ausencia de acreditación inicial de los presupuestos fácticos sobre los que descansa la diligencia solicitada".

Una posible malversación

Por otro lado, la resolución recoge también la posición de la Fiscalía, que se ha opuesto a la comisión rogatoria y ha solicitado ampliar la investigación contra Zapatero por un posible delito de malversación. El Ministerio Público considera que la propia explicación del expresidente supone reconocer que, mientras ocupaba la Presidencia del Gobierno, recibió joyas de significativo valor económico que no fueron entregadas a Patrimonio del Estado, a diferencia de otros obsequios institucionales.

El Gobierno de Ceuta ha cifrado 45,3 millones euros el coste económico "extraordinario" de la crisis migratoria originada tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio. En un informe enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un "ataque" contra la integridad territorial del España, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ejecutivo ceutí detalla la valoración económica e incluye las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.

El documento, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital para dar cumplimiento a un requerimiento judicial, expone que esos 45,3 millones de euros, 31,7 millones se destinaron a reforzar los recursos en materia de "medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas".

De esta cantidad, 13,5 millones se destinan a limpieza extraordinaria, a los que se suman otros 3,5 millones para trabajos de limpieza mediante encargos a medios propios y otros 7 millones adicionales para la "recuperación medioambiental de playas y montes".

El informe detalla que los costes engloban tanto a aquellos gastos "corrientes necesarios para atender la emergencia" como aquellos destinados a la "realización de inversiones y obras extraordinarias para proteger instalaciones críticas y ampliar la capacidad de determinados servicios".

Ahora bien, explica que todo este montante no incluye "los costes de atención a los menores ni las pérdidas de la Autoridad Portuaria" ni tampoco constituye una "cuantificación general de las pérdidas del conjunto de la economía ceutí, del sector empresarial o del empleo".

Por otro lado, el documento contempla 2,85 millones para obras de emergencia y seguridad en instalaciones críticas, 650.000 euros para actuaciones en el cementerio y 200.000 euros para reforzar la seguridad en las playas.

Según la Consejería de Hacienda, estas intervenciones responden a la necesidad de garantizar la salubridad de los espacios públicos, reparar los efectos medioambientales de la emergencia y asegurar el funcionamiento de infraestructuras esenciales.

El segundo bloque de mayor impacto presupuestario corresponde a sanidad y servicios sociales, con 9,9 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, 7,5 millones, está destinada a cubrir necesidades de alimentación. A ello se añaden 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, dentro de las medidas extraordinarias de protección de la salud pública.

El informe recoge igualmente 1,15 millones para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material, otros 600.000 euros para seguridad en cementerios y 200.000 euros para la atención a fallecidos.

1,3 millones para la seguridad en los colegios

Las consecuencias de la invasión del pasado mes de julio también han obligado a prever actuaciones extraordinarias en el ámbito educativo. El informe cuantifica estas necesidades en 1,48 millones de euros, de los cuales 1,3 millones corresponden al refuerzo de la seguridad en los colegios. Otros 50.000 euros se destinan a cámaras de seguridad y 130.000 euros al traslado de una escuela infantil.

Otro de los capítulos incluidos en el informe es el relativo a las consecuencias económicas de la suspensión de las actividades de Feria. El ejecutivo ceutí prevé 690.000 euros en indemnizaciones para los colectivos afectados. De esa cantidad, 300.000 euros corresponden a los feriantes, 240.000 euros a los caseteros y 150.000 euros a las orquestas.

En paralelo, la respuesta a la emergencia también ha exigido reforzar los dispositivos de seguridad y los servicios operativos municipales. La Consejería de Hacienda calcula en 1,55 millones de euros el coste extraordinario correspondiente a Policía Local, Bomberos y Parque Móvil.

Un consejero de Juan Jesús Vivas, Alberto Gaitán, ha asegurado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio que dos semanas antes alertó a la secretaria de Estado de Interior del Ministerio del Interior, Aina Calvo, del inusual aumento de entrada de menores inmigrantes en la ciudad autónoma, a lo que la alto cargo del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska habría reaccionado restando importancia a la advertencia y, según fuentes jurídicas, y reduciendo la situación a lo que consideraba "un verano más".

Según esas mismas fuentes, tanto Gaitán, consejero de Presidencia, como los otros dos miembros del Ejecutivo ceutí que han testificado -Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, que estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva- han coincidido en señalar la "pasividad" de los agentes marroquíes mientras se producía la avalancha migratoria.

En la reunión con Interior en Madrid referida por Gaitán, celebrada el 16 de julio, Interior habría rechazado la propuesta del Gobierno de Vivas de instalar boyas que delimitaran el paso fronterizo en el mar porque podía causar "problemas". Sin embargo, esas boyas terminarían instalándose días después, aunque Gaitán ha dicho desconocer por orden de quién.

El propio Gaitán ha explicado que a consecuencia de la crisis migratoria entre el 30 de julio y el 30 de octubre, el 112 ha recibido 12.000 llamadas, un 387% más.

Los testigos han prestado declaración ante la juez Tardón, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y los representantes de las acusaciones populares que ejercen Iustitia Europa, Hazte Oír, PP, Zeolandia y Abogados Cristianos y de la acusación particular del Gobierno de Vivas.

Otro de los testimonios que ha escuchado Tardón -quien según fuentes presenciales ha dejado patente su "perplejidad" por el hecho de que, tres meses después, no haya todavía cifras oficiales definitivas sobre esa entrada masiva- ha sido el de la consejera de Sanidad. Nabila Benzima ha explicado que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, preguntó si Marruecos estaba actuando. "¿Marruecos está colaborando?», le escuchó decir, una pregunta que le dejó "en shock" por parecerle fuera de lugar, y a la que la consejera de Vivas le espetó: «¿No lo estás viendo?».

La juez pide una cadena de wasaps

Gaitán ha asegurado que tras esa primera advertencia, el 26 de julio volvió a contactar con Interior, esta vez por WhatsApp para comunicarles que la situación se complicaba, trasladándole desde el departamento de Grande-Marlaska que eran conscientes de la situación y que estaban trabajando en ello. El consejero de Vivas se ha comprometido con Tardón a aportar esa cadena de mensajes.

Según su testimonio, se produjeron reuniones el 27 y 28 de julio en la Delegación del Gobierno, donde se redobló la petición de más efectivos y de un mando único, al mismo tiempo que se sucedían los intentos de Vivas de contactar con Pedro Sánchez.

En cuanto a Ramírez, el vicepresidente ceutí ha contado que estuvo en la frontera a medianoche del 30 al 31 de julio, donde apreció un "flujo continuo" de inmigrantes accediendo a la ciudad autónoma en la zona del espigón, tanto a pie como a nado, utilizando estos últimos flotadores.

Actitud pasiva de los agentes marroquíes

Ramírez y Benzina han afirmado que inicialmente pensaron que el cordón militar se había desplegado para canalizar el retorno a Marruecos de los inmigrantes, pero tras preguntar cayeron en la cuenta de que se les estaba reconduciendo hacia el polígono del Tarajal, lo que trasladaron al presidente Vivas.

La consejera de Sanidad recuerda la presencia de varias personas con uniforme, que supuso eran militares, que se encontraban junto al espigón limitándose a observar lo que sucedía. Según su testimonio, algunas personas que ya habían cruzado a suelo español agrupaban los flotadores utilizados y los lanzaban de nuevo al otro lado, donde se encargaban de repartirlos para nuevas oleadas de inmigrantes.

Respecto a la actitud de los agentes marroquíes en la frontera durante la entrada masiva de inmigrantes, Ramírez ha contado que observó a uno sobre una toalla mirando su móvil y a otro rezando, incidiendo en la pasividad de los mismos ante lo que estaba sucediendo.

Benzina ha cifrado en 90 el número de fallecidos en el aluvión migratorio y ha explicado que Marruecos rechazó en la misma frontera la entrega de los cuerpos, según le refirió la funeraria encargada de los traslados.

A este respecto, ha contado que la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Ceuta era absolutamente insuficiente, pues tiene capacidad para la conservación de nueve cadáveres, por lo que hubo que acondicionar -con ayuda del Ejército- cámaras adicionales con palés capaces de alojar a 200 cuerpos.

"Presencia directa" en la zona

La juez María Tardón acordó la citación de los tres consejeros del Ejecutivo de Ceuta en calidad de testigos tras la declaración del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que les señaló por haber tenido "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis" provocada por la entrada masiva e irregular de inmigrantes y quien aseguró que la administración local trató de contactar con el Gobierno central sin éxito alguno en sus comunicaciones.

La instructora reclamó, de hecho, toda la información de esos contactos el Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y "toda la documentación" sobre las reuniones mantenidas los días 27, 28 y 30 de julio relacionadas con las alertas de una posible avalancha migratoria. Se trata de unas reuniones, que según expuso en una resolución judicial, en las que se "abordó reiteradamente la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se transmitió a las autoridades competentes la necesidad de adoptar actuaciones urgentes" y respecto de las cuales se han referido diversos testigos en sede judicial.

La magistrada expuso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta". Más aún, detalló que la finalidad de la mayoría de inmigrantes no era permanecer en territorio español, sino "obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso" y "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".

Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, que ostenta competencias relacionadas con el área de menores, cuya cifra alcanza ya los 3.300 tutelados por la ciudad autónoma.

Tanto Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, como Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, estuvieron "in situ" en el paso fronterizo el día de la entrada de inmigrantes a Ceuta

El Tribunal Supremo (TS) ha denegado las medidas cautelarísimas que solicitó el Gobierno de Ceuta en un recurso ante la "inactividad" del Ejecutivo central para desplegar los medios humanos y materiales "necesarios" a fin de tramitar en plazo los expedientes de expulsión o devolución de inmigrantes que entraron a la ciudad de forma masiva e irregular el pasado mes de julio.

En una resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el Ejecutivo ceutí no ha acreditado las circunstancias de "especial urgencia" exigidas legalmente para adoptar medidas de forma inmediata y sin escuchar previamente a la Administración General del Estado.

De esta forma, el alto tribunal ha acordado que la solicitud de medidas cautelares continúe tramitándose por el procedimiento ordinario, lo que permitirá conocer las alegaciones del Gobierno central antes de adoptar una decisión.

La ciudad autónoma reclamaba una batería de actuaciones dirigidas a acelerar la respuesta del Estado al entender que no había puesto a disposición del Ejecutivo autonómico los recursos necesarios para tramitar los procedimientos de expulsión o devolución de inmigrantes. También solicitaba que el Gobierno central facilitara en un plazo de cinco días información detallada sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta, los expedientes iniciados, resueltos y ejecutados, las expulsiones y devoluciones realizadas y los recursos efectivamente desplegados.

Sin embargo, el alto tribunal señala que la supuesta inactividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha prolongado durante más de dos meses y medio sin que durante ese periodo se hubiera solicitado la tutela cautelar. Se trata de una circunstancia que la Sala entiende determinante para acordar lo solicitado.

"No se aprecia que concurran las circunstancias de especial urgencia [...], esto es, aquellas que por su entidad no consienten que la toma de decisión sobre una medida cautelar espere, ni tan siquiera, a que transcurra el breve plazo que ha de concederse a la parte contraria (máximo 10 días) para que pueda alegar sobre la procedencia de aquella, conforme al principio general de audiencia de la otra parte", señala en la resolución.

No obstante, el Tribunal Supremo asegura que es "consciente" de que la crisis, derivada de la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio, "está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad, y que, por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".

La resolución supone un revés para la estrategia procesal de la Ciudad, al impedir que las medidas reclamadas se impongan de manera inmediata y sin audiencia del Gobierno central, pero no determina si la Administración General del Estado ha incumplido sus obligaciones ni resuelve definitivamente si deben adoptarse las actuaciones exigidas por Ceuta antes de que se escuchen las alegaciones.

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha declarado ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la entrada masiva e irregular de inmigrantes supuso un "ataque" contra la integridad territorial de España, que el delegado del Gobierno no le dio instrucciones durante la invasión a la ciudad autónoma.

Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas, el mando del Instituto Armado ha asegurado, que ante la inacción del delegado del Gobierno, él tomó las decisiones "operativas" y decidió abrir la valla fronteriza de la ciudad autónoma para evitar que los inmigrantes accedieran a nado. "Abrí la puerta para evitar muertos", ha señalado.

Fue esta decisión, precisamente, la que le derivó en un enfrentamiento con el que fuera inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Lorenzo Juan Fages Cortés. La juez citó a declarar a ambos en calidad de testigo a fin de indagar en qué paso sobre el terreno en el momento de la entrada masiva después de recibir un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y un fotograma en que se les identificaba como testigos de los "hechos objeto de la presente instrucción" y de "las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis".

Obligado a decir la verdad, Lobo ha explicado que el cuerpo solicitó la intervención del Ejército porque, a su juicio, la situación se estaba desbordando y había que "proteger" a los ciudadanos.

Según ha detallado, también informó al delegado del Gobierno de lo que estaba ocurriendo y de la presencia de seis embarcaciones marroquíes la noche previa a la entrada masiva, entre ellas, dos interceptoras, dos patrulleras y dos embarcaciones pequeñas.

La solicitud de medios

Por su parte, el que fuera el inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Lorenzo Juan Fages Cortés ha corroborado que, efectivamente, discutió con el teniente coronel ante la inacción de decisiones operativas y que como nadie le dijo cómo actuar, a su juicio, abrir la valla era una "barbaridad". En el fotograma del vídeo difundido del episodio en el Tarajal, Fages defendió cerrar la puerta o el paso y desplegar a los agentes de Policía Nacional para frenar el avance de la multitud.

El responsable de Seguridad Ciudadana ha detallado que afrontó la entrada masiva sin alerta previa ni un dispositivo extraordinario, que había reclamado medios y que el protocolo de la Policía Nacional no se activó.

En su declaración de más de hora y media, Fages Cortés ha asegurado también que había agentes marroquíes tanto de paisano como uniformados que "daban paso" hacia la ciudad autónoma durante la entrada masiva para "facilitar el avance".

En este sentido, ha explicado que vieron buques de guerra de la Armada de Marruecos, que no eran "habituales", ya el día 30 cerca de aguas españolas. El mando ha asegurado que la entrada de inmigrantes le pareció una "avalancha descontrolada" y que no se activó ningún protocolo.