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Exclusiva: Lo que realmente está ocurriendo en la frontera entre Irán y Pakistán

No hay forma de luchar contra el Imperio sin eludir su control sobre el sistema financiero internacional.

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Escríbenos: info@strategic-culture.su

Ya se ha desatado el caos a la hora de investigar qué está ocurriendo exactamente en relación con los últimos movimientos, sin duda turbios y vinculados a EE. UU., en territorio y aguas pakistaníes. Tras una evaluación inicial en Transition Protocol —que, como se reconoció, no proporcionó todas las respuestas necesarias—, profundizamos en un análisis mucho más exhaustivo respaldado por varias fuentes.

Lo que estamos observando en varios puntos clave de la conexión terrestre entre Irán y Pakistán, de extrema sensibilidad, no es un cierre total de la frontera, sino un delicado equilibrio de doble vía por parte de Islamabad entre la tremenda presión financiera de Washington y el salvavidas estratégico de Teherán.

Así que esta es la situación actual, combinando los datos contrastados con nuestras últimas consultas.

El punto clave: el detonante normativo fue una medida de sanciones bancarias, no solo la seguridad fronteriza.

Aunque los responsables provinciales de Baluchistán justificaron públicamente el sábado el cierre de dos puntos clave —Taftan y Gabd–Rimdan— alegando motivos de seguridad, lucha contra el terrorismo y lucha contra el contrabando, lo que más importa es el mecanismo exacto en torno a un memorándum emitido el viernes pasado por el Ministerio de Comercio pakistaní.

Dicho memorándum revocó de inmediato una prórroga, concedida el 3 de octubre, de la exención del Formulario Electrónico de Importación (EIF, en inglés) para mercancías importadas de Irán, y coincidió con la orden de Islamabad de cerrar el puesto de inmigración de la Agencia Federal de Investigación (FIA, en inglés) en Taftan.

Lo fundamental es que, sin la exención del EIF, los importadores pakistaníes deben tramitar las compras iraníes a través de los canales bancarios oficiales de Pakistán —lo que, por supuesto, las sanciones estadounidenses hacen absolutamente imposible.

Peyman Sanandaji, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio de Teherán, confirmó oficialmente que ha sido el cumplimiento de las sanciones bancarias (el abandono del EIF) lo que ha paralizado las exportaciones iraníes a Pakistán.

El impacto inmediato en los pasos fronterizos oficiales fue considerable: están en peligro más de 4.000 toneladas de importaciones diarias de GLP iraní a través de Gabd–Rimdan. El expresidente de la Cámara de Comercio de Quetta, Ayoub Miryani, informó de que solo en Gabd–Rimdan hay más de 2.000 contenedores varados, con cientos de camiones de mercancías más atascados en Taftan.

¿Por qué está ocurriendo esto ahora? Debido a la nefasta coincidencia entre el pago del tramo del FMI del 7 de octubre que Pakistán tenía que abonar y la «Operación Economic Outcast» del Tesoro imperial estadounidense.

En el marco de la «Operación Economic Outcast», Washington dio a terceros países un «plazo definido para cerrar» las vías de suministro comerciales relacionadas con Irán o enfrentarse a la expulsión del sistema financiero estadounidense. A esto le siguieron las designaciones de la OFAC del 1 de octubre contra las redes ferroviarias terrestres e industriales de Irán y las medidas del 8 de octubre contra 17 petroleros de la «flota en la sombra».

Pero entonces, el 7 de octubre —solo nueve días antes de que el Ministerio de Comercio revocara la exención del EIF—, Islamabad llegó a un acuerdo con el FMI sobre la cuarta revisión de su Servicio Ampliado del Fondo para desbloquear 1.210 millones de dólares. Esto aún requiere la aprobación del Consejo Ejecutivo del FMI.

Por supuesto, no existe ningún documento público que demuestre una orden directa de EE. UU. o del FMI para cerrar las fronteras entre Irán y Pakistán. Pero fuentes de Islamabad subrayaron que mantener vigente una exención de instrumentos bancarios de duración indefinida antes de la votación del Consejo del FMI se había convertido en una vulnerabilidad insostenible para Pakistán en materia de sanciones.

Las fuentes de Islamabad insisten en que la medida vino acompañada de auténticas preocupaciones por el contrasabotaje y se coordinó discretamente entre Islamabad y Teherán (cursiva mía) para que la pausa no rompiera las relaciones bilaterales.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, calificó públicamente la interrupción como una pausa temporal debida a «problemas técnicos» y «medidas de precaución».

Las fuentes oficiales pakistaníes, por su parte, insistieron en que el endurecimiento de los controles es una medida conjunta de lucha contra el terrorismo que refleja un «entendimiento mutuo» con Teherán tras un repunte de los atentados en Sistán-Baluchistán; las emboscadas en autopistas; y un ataque marítimo perpetrado el 11 de octubre contra embarcaciones de la Guardia Costera de Pakistán frente a Jiwani —que las autoridades pakistaníes atribuyeron a «actores extranjeros» que pretendían sabotear la mediación de Pakistán en el acuerdo de paz con Irán—.

Vuelta al mismo patrón de siempre: yihadistas salafistas utilizados como arma y manipulados por los sospechosos habituales.

La única llamada telefónica confirmada públicamente entre el viceprimer ministro Ishaq Dar y el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi tuvo lugar el domingo 18 de octubre —dos días después del memorándum del 16 de octubre— y sus comunicados oficiales solo mencionan la diplomacia regional y la reunión de la OCI en Bagdad.

Por lo tanto, la coordinación previa a nivel de los ministros Dar y Araghchi y las detenciones específicas por sabotaje forman parte de nuestra propia información.

Exportaciones asimétricas de alimentos y rutas informales

En resumen, los productos siguen cruzando las fronteras. Islamabad ha permitido deliberadamente que sigan circulando los productos perecederos y las exportaciones alimentarias pakistaníes hacia Irán. Los productos perecederos esenciales —entre ellos, tomates, patatas y cebollas— siguen circulando, junto con los flujos tradicionales de petróleo y combustible, a través de la porosa frontera de 909 km.

El registro normativo explica el motivo: hace ocho meses, Pakistán promulgó una exención bancaria específica para diez productos alimenticios exportados a Irán por vía terrestre (en la que se enumeraban explícitamente el arroz, las patatas, las cebollas, los tomates, la carne y la fruta), además de productos farmacéuticos.

La Cámara de Comercio de Teherán confirmó el pasado sábado que, si bien las exportaciones iraníes a Pakistán se ven paralizadas por la normativa del EIF, las importaciones de Pakistán a Irán continúan, y el comercio informal de combustible y el comercio fronterizo a través de Baluchistán ya alcanzan un volumen estimado de entre 800 millones y más de 1 000 millones de dólares anuales al margen de los controles aduaneros oficiales.

Debe prestarse especial atención a los puertos de Gwadar y Karachi, así como a la arquitectura general de tránsito entre China e Irán. Según nuestras fuentes, el tránsito de terceros países y el tránsito entre China e Irán a través de Pakistán sigue estando protegido.

A nivel jurídico, un documento que detalla el tránsito de mercancías por Pakistán estableció seis corredores de tránsito terrestre designados que unen Gwadar, Karachi y Port Qasim con Gabd y Taftan para la carga de terceros países con destino a Irán bajo una garantía bancaria.

Además, una notificación de la Junta Federal de Ingresos del pasado mes de junio designó formalmente la estación de ferrocarril de Taftan como puesto aduanero terrestre, y los ministros iraníes y pakistaníes han promovido el corredor ferroviario para conectar China con Irán y Europa.

Sin embargo, siguen existiendo dos limitaciones operativas muy complicadas.
La modernización de la línea ferroviaria Quetta-Taftan sigue figurando oficialmente como una mejora prevista; y la designación por parte de la OFAC, el 1 de octubre, de la Compañía Ferroviaria de la República Islámica de Irán (RAI) tenía como objetivo explícito frenar el cambio de Teherán de las rutas marítimas bloqueadas al ferrocarril.

En resumen: se necesita una habilidad extraordinaria para enfrentarse al Imperio de la Piratería.

Islamabad ha llevado a cabo una maniobra clásica y calculada: revocar de forma visible la exención formal de importación del EIF en Taftan y Gabd-Rimdan para proteger su próximo tramo del FMI, de 1.210 millones de dólares, y a los bancos paquistaníes de las sanciones secundarias del Tesoro de EE. UU.

Y todo ello sin dejar de mantener vivas las exportaciones alimentarias paquistaníes, las vías fronterizas informales y los marcos de tránsito de terceros países con Teherán.

Que esto siga siendo un breve reajuste administrativo o se consolide en un cuello de botella más prolongado lo decidirán tres indicadores durante las próximas quince días:

  1. Una notificación modificada del EIF o del trueque por parte del Ministerio de Comercio.
  2. Despacho de aduanas independiente para la carga en tránsito por Gwadar/Karachi.

Movimientos de mercancías documentados a través del enlace ferroviario Taftan-Zahedan.

Que la lección quede grabada en las tierras raras para que todo el Sur Global reflexione: no hay forma de luchar contra el Imperio sin eludir su control del sistema financiero internacional.

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Trump Administration Urges SCOTUS To Uphold Federal Ban on Distilling Liquor at Home

homedistilling | Ioannis Syrigos/Dreamstime/Midjourney

The U.S. Supreme Court's 2026–2027 term just got a whole lot boozier. On Monday, the justices agreed to hear arguments later this year or next in the case of Department of Justice v. McNutt. At issue is whether the 1868 federal ban on distilling liquor at home is unconstitutional because it exceeds the lawful regulatory power of the federal government. If any modern Supreme Court case ever deserved its own drinking game, this one is it.

In April, the U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit found the federal ban on home distilling to be unconstitutional because Congress lacked the proper authority to issue such a ban in the first place. It was not a legitimate exercise of the congressional authority "To Lay and collect Taxes," the appellate court reasoned, because "the purpose of a tax is to raise revenue for the government;" yet this law "amount[s] to an anti-revenue provision" that only "prevents distilled spirits from coming into existence." And if it does not exist, of course, the government cannot tax it.

The 5th Circuit also denied that the federal ban on home distilling could be saved by the government's appeal to the Necessary and Proper Clause, which says that Congress has the authority "To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof."

But the federal ban on home distilling cannot be "necessary" to the execution of the enumerated taxing power, the 5th Circuit argued, because the provisions of federal law at issue "tax nothing, and are distinct from the regulation of distilling alcoholic products that is permitted by federal tax law."

Nor did the 5th Circuit find the ban to be "proper." "By purporting to ban activity without a plain connection to the exercise of Congress's taxation power," it held, "Congress has essentially—and 'improperly'—invaded the reserved police and regulatory power of the states."

The Trump administration lost this case at the 5th Circuit and has now successfully urged the justices to hear its appeal. In its petition seeking review, the Trump administration faulted the 5th Circuit for its overeagerness to "second-guess" the "legislative judgment" of Congress. Instead, the Trump administration argued, the federal judiciary owes a great deal more deference to the federal government's regulatory priorities in a case like this. "A law is necessary and proper if it is 'convenient' or 'useful' for carrying an enumerated power into effect, and 'plainly adapted' to that legitimate end," the Justice Department's brief argued. "That is the case here."

This case may lead to an interesting divide among the Supreme Court's more conservative members. In United States v. Comstock (2010), a 7–2 Supreme Court embraced the Necessary and Proper Clause as sufficient constitutional grounding for the Adam Walsh Child Protection and Safety Act, which had empowered federal officials to order the indefinite civil commitment of "sexually dangerous" individuals who had already finished serving their prison sentences. Chief Justice John Roberts joined the majority opinion in that case, while Justice Samuel Alito voted in concurrence. In other words, they both endorsed a broad view of congressional power under the Necessary and Proper Clause. By contrast, Justice Clarence Thomas, joined by the late Justice Antonin Scalia, voted in dissent. The Comstock ruling, Thomas protested, "comes perilously close to transforming the Necessary and Proper Clause into a basis for the federal police power that 'we always have rejected.'"

Are we about to see a similar Alito-Thomas split over the proper reach of federal power in this case? And what about Justices Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett, and Brett Kavanaugh? Will one or more of them play the Scalia part and similarly reject the Trump administration's broad reading of the Necessary and Proper Clause?

Stay tuned.

The post Trump Administration Urges SCOTUS To Uphold Federal Ban on Distilling Liquor at Home appeared first on Reason Magazine.

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The Hormone That Determines What We Remember and What We Forget

Why do some memories last a lifetime while others do not, and what is the connection to the stress hormone? There are memories that time easily erases: what we had for lunch last Tuesday, the color of a building we walked past, or the name of a passerby we happened to encounter. Then there are […]

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The ‘Finger cutter’ and the ‘Brazilian Escobar’: the men accused of bringing cocaine cartels to Europe

A Belgian criminal organisation’s links with a Brazilian cocaine gang have been the focus of a major trial in Brussels, where smuggling links have been alleged between European players and the drug cartels of Latin America

In the early hours of 7 September, a convoy of heavily armed police swept through the sleeping streets of central Brussels towards the Haren district, on the city’s north-eastern outskirts. They made their way to 22 Avenue du Bourget, a militarised bunker-like complex that was the former headquarters of Nato.

The modernist complex, with its austere and functional architecture, was hastily built in 1967 and houses the Justitia courtroom, where Belgium’s federal trials are now held. It was here that the perpetrators and accomplices of the 2015 Paris terrorist attacks and the 2016 Brussels attacks were tried in 2022.

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© Composite: Guardian Design/Belga/AFP/Getty Images/AP/Europol

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