La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha manifestado "su profundo malestar con la reforma de las indemnizaciones anunciada por el Ministerio del Interior que, lejos de acabar con las desigualdades entre víctimas con sentencia y sin sentencia, genera otras nuevas. La reforma parte de una premisa falsa: que las víctimas con sentencia han cobrado indemnizaciones superiores. La realidad es que la inmensa mayoría ha percibido las mismas cantidades que las víctimas sin sentencia, siendo una minoría las que han recibido importes superiores. A ello se suman otros aspectos técnicos que introducen nuevas diferencias de trato entre víctimas".

Denuncian "las falsas expectativas generadas en el colectivo, al que se ha hecho creer que sus indemnizaciones se verían incrementadas cuando, en realidad, serán pocos los beneficiados y, además, el cobro de las cantidades previstas se demorará hasta tres años. Especialmente grave resulta el oscurantismo, la precipitación y la falta de información con los que se ha gestionado esta reforma, anunciada precisamente en un contexto preelectoral".

" La incertidumbre y las respuestas poco claras que están recibiendo las víctimas por parte del Ministerio del Interior sobre quiénes podrán beneficiarse y qué cantidades les corresponderán están generando una nueva situación de revictimización. La equiparación de las indemnizaciones era una reivindicación histórica de las víctimas y un compromiso del Ministerio del Interior. Sin embargo, no puede utilizarse el cumplimiento de ese compromiso como pretexto para aprobar precipitadamente, al final de la legislatura, una reforma que genera nuevas desigualdades. Más aún cuando otros compromisos igualmente importantes, como la aprobación de un régimen sancionador frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo o de un protocolo de actuación tras un atentado terrorista, siguen sin cumplirse y, una vez finalizada la legislatura, permanecerán guardados en un cajón. Las víctimas del terrorismo merecen soluciones reales, no anuncios precipitados que generan falsas expectativas y nuevas injusticias", subrayan.

Las autoridades jordanas han logrado detener a los tres individuos identificados como los autores del ataque del 23 de octubre de 2026 contra la Iglesia Ortodoxa Griega de San Jorge en la aldea de Hammoud, Gobernación de Karak. El ataque mató a nueve personas e hirió a unas 40 durante un funeral. Uno de ellos ya cumplió condena por sus actividades terroristas con el Estado Islámico.

Las fuerzas de seguridad registraron durantetres días aldeas, terreno montañoso y valles escarpados, utilizando puestos de control, patrullas y drones para sellar el área. Los tres sospechosos fueron localizados en una casa abandonada en una aldea cercana. Se negaron a rendirse, abrieron fuego y resultaron heridos y arrestados en el tiroteo.

-Los tres son ciudadanos jordanos y miembros de la misma familia: dos hermanos y su cuñado: Haza Zaidan Muhammad (el planificador de la operación); Mash‘al Zaidan Muhammad (su hermano); y Ahmad Sami Husayn (cuñado). Las autoridades los han descrito como extremistas y takfiris(apóstatas).

Documentos judiciales revelaron que Haza Zeidan ya había sido condenado por terrorismo a siete años de trabajos forzados. Según un fallo emitido por el Tribunal de Casación en su función penal, Zeidan fue uno de los cuatro acusados cuyo caso fue revisado por el Tribunal de Seguridad del Estado, que los declaró culpables de conspiración para cometer actos terroristas y de promover la ideología de un grupo terrorista.El caso se remonta a 2020 y 2021, y los detalles del fallo mostraron que los acusados estaban influenciados por la ideología del Estado Islámico, intercambiando noticias y publicaciones a través de las redes sociales. Zeidan también se comunicó con un miembro de la organización y discutió lo que el fallo describió como yihad. El Tribunal de Seguridad del Estado condenó a Zaidan a 7 años de trabajos forzados por el delito de conspiración para cometer actos terroristas y a 4 años por el delito de promoción de las ideas de un grupo terrorista, aplicándose la pena más severa, que es de 7 años, a partir de la fecha de su detención el 2 de febrero de 2021. Los acusados apelaron la sentencia ante el Tribunal de Casación, que el 13 de noviembre de 2023 desestimó las apelaciones y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Seguridad del Estado