El testimonio de un exsargento de la Gendarmería Real que ha declarado hoy como testigo por videoconferencia ante la juez María Tardón ha despertado los recelos de la acusación popular y de la que ejerce el Gobierno de Ceuta ante la posibilidad de que pueda tratarse, según fuentes jurídicas, de un "infiltrado" de Rabat. Hasta el punto de que, según fuentes jurídicas, la magistrada ha tenido que cortar en seco sus preguntas al testigo, a quien el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán -que acudió a la comparecencia en sustitución de Iustitia Europa, que aglutina a toda la acción popular- llegó a preguntar si había trabajado "para los servicios secretos de Marruecos".

Hicham E. B. lo negó, pero sí admitió que cuando trabajaba en el aeropuerto de Rabat se "coordinaba" con los servicios secretos. Fuentes jurídicas señalan a LA RAZÓN que las acusaciones evidenciaron "serias dudas sobre su testimonio"

El letrado del Gobierno de Ceuta, por su parte, le inquirió para que aclarase si dimitió de su cargo o "desertó", momento en el que Tardón zanjó la deriva del interrogatorio recordando a los letrados que una posible deserción del testigo no era objeto del procedimiento.

Otro de los testigos, según esas mismas fuentes, ha afirmado que "había militares marroquíes entre los que llegaron a Ceuta", donde otro de los inmigrantes que han testificado, Ziyad A. Y., sitúa a un informador municipal, al "mkadam" de Rincón.

Camiones llenos de gente

Según ha puesto de manifiesto, vio autobuses y camiones "llenos de gente camino de la frontera", sin control alguno, en Castillejos, además de personas caminando por la carretera.

También han comparecido ante Tardón dos agentes del CENIF, el servicio policial de control de fronteras. Un subinspector ha explicado que Mustafá, jefe policial marroquí en el puesto fronterizo, le aseguró el mismo 30 de julio que "todo estaba normal" mientras se producía la entrada masiva de inmigrantes.

Según refirió, acudió con Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, a hablar con la Policía marroquí. Según su declaración, Mustafá negó que sucediera nada anormal mientras él observaba por las cámaras "a numerosas personas entrando por el espigón y a efectivos marroquíes encauzándolas hacia esa zona".

Este agente ha asegurado que preguntó a su superior si debían seguir permitiendo el paso por el puesto, a lo que le respondieron que mientras la Delegación del Gobierno no indicara lo contrario, "debían continuar con normalidad" su actividad. Según ha afirmado, conserva ese intercambio de wasaps, que se ha ofrecido a aportar al juzgado.

Fallos en las comunicaciones

El subinspector, según las mismas fuentes, ha puesto de relieve "fallos de comunicaciones" durante la entrada masiva, pues ha recordado que los mensajes y llamadas "llegaban con retraso". Ese funcionamiento deficiente de las comunicaciones, ha precisado, se prolongó durante varios días. Y aunque inicialmente atribuyeron esas carencias a la proximidad de la frontera o a la saturación de las mismas, sí ha apuntado que planteó la posibilidad de que se hubiese producido "un ataque a las comunicaciones".

El otro agente que ha testificado ha hecho referencia a otro hecho que le llamó la atención la víspera de la entrada masiva: la presencia de "ocho o nueve embarcaciones" frente a la zona fronteriza (movimientos que ya había grabado dos días antes). Una embarcación, ha explicado, "dejó entre diez y doce personas en la orilla marroquí", aunque ha dicho desconocer si eran nadadores o militares en prácticas.

Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Orgaz (Toledo) por la tragedia ferroviaria de Urda, en la que al menos han fallecido ya 64 personas tras el choque de un AVE con un Iryo. El colectivo de funcionarios -que pide que se le admita la personación en el procedimiento como acusación popular- dirige su querella contra Adif, Iryo y Renfe, así como contra aquellos directivos o encargados "de la supervisión, mantenimiento y gestión del material rodante e infraestructura" del tramo donde se ha producido el accidente.

El sindicato aprecia indicios de la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en su modalidad de estragos e infracción de normas de seguridad en los servicios públicos, de imprudencia grave con resultado de lesiones y homicidio, así como una posible responsabilidad penal de personas jurídicas.

En este último caso, por "la falta del debido control, vigilancia o la ausencia de un programa de cumplimiento normativo (compliance) efectivo que impidiera el incumplimiento sistemático de los protocolos de seguridad por parte de los empleados o mandos intermedios".

Mantenimiento deficiente

La denuncia incide en que "han salido a la luz pública informaciones y valoraciones de peritos e ingenieros especializados" que apuntarían a que "la causa directa o determinante del accidente responde a deficiencias estructurales y sistemáticas en las labores de Mantenimiento Preventivo y Corrector, calificadas técnicamente como un "sistema de mantenimiento defectuoso o chapuza"".

En particular, hace referencia a las declaraciones realizadas por el ingeniero industrial Juan Franco difundidas en "Espejo público", en Antena 3, cuya declaración como testigo solicita.

"Según las valoraciones técnicas preliminares", pone de relieve, "las labores de verificación y mantenimiento periódico sobre los elementos de rodadura, frenado, catenaria o señalización de las unidades ferroviarias implicadas se habrían estado ejecutando presuntamente sin cumplir con las especificaciones del fabricante ni con la normativa técnica sectorial de seguridad ferroviaria, escatimando en la sustitución de piezas sometidas a desgaste o demorando revisiones críticas".

Según Manos Limpias, "la omisión o defectuosa ejecución de los protocolos de mantenimiento obligatorios crea un riesgo jurídicamente desaprobado de enorme magnitud, afectando a la vida e integridad física de multitud de usuarios y trabajadores del transporte ferroviario".

Inobservancia deliberada o negligencia

El colectivo denunciante aprecia una "inobservancia deliberada o gravemente negligente de las medidas de seguridad reglamentarias en el mantenimiento de infraestructuras y vehículos de transporte público".

Entre las diligencias a practicar, reclama que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) remita al juzgado "copia íntegra del informe preliminar o definitivo tramitado sobre las causas del siniestro".

Asimismo, quiere que Adif, Renfe e Iryo "aporten el libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado correspondientes a los últimos cinco años". y que certifiquen igualmente "qué empresa o contrato externo tenía encomendado el mantenimiento de dicha unidad ferroviaria y aporten los pliegos y partes de trabajo".

Por último, insta al juzgado a designar un perito pericial técnico independiente "para el análisis del material rodante y las infraestructuras siniestradas".

Juan Jesús Vivas trasladó a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón el pasado 30 de septiembre en su declaración como testigo a consecuencia de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma que Ceuta es "una olla a presión que en cualquier momento puede estallar".

En el audio de su comparecencia, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el presidente ceutí se quejó de que la ciudad ha sufrido "una vulneración de la integridad territorial de España que ha puesto en jaque la soberanía de Ceuta, la piedra angular de nuestra propia convivencia democrática, en paz y en libertad, el elemento más sólido de nuestra ciudad como parte integrante de España".

Vivas incidió en que los ceutíes "han visto mermada gran parte de su seguridad, gran parte de su tranquilidad y gran parte de su libertad", por lo que "viven hoy con el alma en vilo en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar".

Tras poner de relieve que la ciudad fue objeto de una entrada multitudinaria "igual o superior a la población de Ceuta" (de 85.000 habitantes), hizo hincapié en que todo ello ha supuesto una "gravísima perturbación" del orden "en todos los aspectos", desde la seguridad hasta el normal funcionamiento de servicios públicos como la sanidad y la educación, además de "la incidencia en el ámbito económico" -que calificó de "tremenda"-, por lo que según enfatizó "el bienestar de los ciudadanos de Ceuta está afectado".

Vivas se detuvo en detallar las alertas que ya eran visibles en los días previos a la entrada masiva. El 29 de julio, afirmó, habían entrado 1.500 personas en los últimos diez días y el centro de acogida de menores no acompañados pasó de acoger a 180 menores a 800 en apenas diez días. "Esto genera una alarma y trae como consecuencia el colapso de los servicios de acogida", destacó.

"No consigo hablar con el presidente"

Según ha recordado, desde el Gobierno de Ceuta se hizo una advertencia sobre la necesidad urgente de modificar la Ley de Extranjería tras la sentencia del Tribunal Supremo que puso coto a las devoluciones en caliente de inmigrantes que hubieran accedido a nado a la ciudad autónoma (al no haber superado en el mar ninguna barrera física).

"El 27 la primera llamada que hago es a Moncloa. Intento hablar con el presidente del Gobierno porque el asunto tiene muchísima importancia", recordó, por lo que entendía que hacía falta adoptar medidas excepcionales. "No consigo hablar con el presidente", explicó. De hecho, no lo conseguiría, según su testimonio, hasta el mismo 30, cuando la entrada masiva era ya un hecho.

Ese mismo día, se produce una reunión "al máximo nivel" en la sede de la Delegación del Gobierno, donde Vivas pide que se fije un mando único y se decrete la situación de emergencia y se refuerce el despliegue de Fuerzas de Seguridad.

"La situación es de alarma y se requieren de medidas excepcionales e inaplazables", recordó, coincidiendo los presentes en que debía dejarse en manos de "máximo nivel institucional, que todos entendimos era la Presidencia del Gobierno"

Esa misma tarde volvió a llamar a Moncloa, pero también esta vez se tuvo que contentar con hablar con el jefe de gabinete.

Conversaciones con Albares y Robles

Ya el 28, vuelve a insistir a primera hora de la mañana. "Hacemos cuatro llamadas y un mensaje", recordó. Pero el jefe de gabinete de Sánchez le traslada que el canal de comunicación es el delegado del Gobierno porque se trata de un "problema migratorio".

Por la tarde, se pone en contacto con Interior, pero no puede hablar con Marlaska, aunque sí con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quien insiste en sus demandas, comprometiéndose a reforzar los efectivos en la ciudad autónoma. Pero en cuanto al mando único y la declaración de emergencia "me pide 24 horas".

Ese mismo 28 habló con el ministro Albares. "Lo llamo y sí se pone". "De seguir así íbamos a desembocar en una situación parecida a la de mayo de 2021" (la entrada masiva en Ceuta a consecuencia del "caso Ghali"). "Me dijo que Marruecos estaba colaborando activamente en controlar estas llegadas tan intensas", recordó.

Ya el 29 de julio, a Vivas le llega la negativa de Interior para decretar el estado de emergencia, aclarándole que el mando único iba a recaer en el delegado del Gobierno.

"Un asunto migratorio"

En otra conversación, esta con la ministra de Defensa, le pide a Margarita Robles activar al Ejército ante "la situación de excepcionalidad que vivíamos", a lo que se mostró de acuerdo "en función de cómo evolucionaran los acontecimientos en el día siguiente". "Estábamos absolutamente desbordados".

El mismo 30 de julio, "cuando empieza la invasión" -ha afirmado el presidente ceutí- pidieron la activación de la Ley de Seguridad Nacional (para declarar el estado de emergencia), el cierre de la frontera y el refuerzo de efectivos en la frontera.

Ante esta tesitura, consideró "inevitable" volver a llamar a Moncloa, lo que hizo sobre las once de la mañana, poniéndose en contacto con él una hora después el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, insistiendo en que es un "asunto migratorio" por lo que "no era necesario" que despachara con Sánchez.

Pero a la una logra hablar por fin con Pedro Sánchez "ya con la invasión en marcha". "Le digo que lo que está ocurriendo en Ceuta es una violación de la integridad territorial de España que pone en jaque su soberanía". "Me dice que vendrá al día siguiente, el día 31", recordó Vivas.

El informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF) detalla la evolución de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a partir del pasado 30 de julio. Y recoge, entre otros extremos, los gritos que coreaban los inmigrantes durante esa avalancha migratoria. "Viva España, gracias Pedro Sánchez".

El documento, que refleja la evolución del proceso de entrada masiva el 30 de julio, se divide por franjas horarias, recogiendo los rasgos característicos del aluvión migratorio en cada caso.

Así, entre las 8:10 y las 9:30 el perfil de las personas que entraban en la ciudad autónoma de forma irregular se correspondía con jóvenes de 15 a 25 años que accedían a nado "en forma de goteo" cubriendo el tramo entre Castillejos y Ceuta. En su mayoría, se trataba de marroquíes "equipados con neopreno, aletas, flotadores y fundas estancas".

Según avanzaba la mañana, se registra un "aumento progresivo de las entradas por goteo a nado", lo que derivó en su "acumulación" en la zona del control policial del Tarajal.

"Efecto llamada"

Más tarde, entre las once y las 12:15 de la mañana, se produce el "desbordamiento del control policial debido a la presión acumulada". Los jóvenes entran al grito de "Viva España, gracias Pedro Sánchez", señala el CENIF. Al mismo tiempo, se genera "un efecto llamada" que atrae más personas desde Fnideq" (Castillejos).

En esa franja horaria, "continúa la entrada masiva", aunque el perfil de los inmigrantes varía, pues ya comienzan a entrar adultos de hasta 40 años junto a los jóvenes de 15 a 25 años. Pese a que el 98% son marroquíes (solo un 2% son mujeres), se constata la presencia de subsaharianos, "con y sin equipo para nado".

Ya desde las 14:10 a las 17:00 horas, la avalancha migratoria continúa, apreciándose la llegada "de familias con menores de edad" (el 6% de quienes entran), aunque se mantiene el perfil de jóvenes entre 15 y 25 años, en su mayoría de origen marroquí y ahora "sin equipamiento específico" (visten camiseta y pantalón deportivos y chanclas en el caso de los hombres y vestido y velo en el de las mujeres, que ya suman el 11 por ciento de los inmigrantes que a esas horas entran en Ceuta de forma irregular).

Frontera saturada

Son ya seis horas de "desbordamiento" en la frontera, pero la entrada masiva no se detiene, por lo que "el incremento ininterrumpido de la presión sostenida satura de forma crítica el paso fronterizo". De hecho, se ha formado una "columna humana de aproximadamente 5 kilómetros".

Por último, de las cinco de la tarde en adelante, el perfil vuelve a ser el mismo que al inicio: jóvenes

de 15-25 años, la gran mayoría marroquíes, " equipados con neopreno, aletas, fundas estancas y flotadores" que cruzan a nado y sortean la valla fronteriza.

En todo caso, según la unidad policial "comienza a reducirse el volumen de forma progresiva hasta el día 31 de julio". No en balde, el Ejército español "es desplegado por la zona y controla la llegada de los

inmigrantes".

Los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional alertaron el 29 de julio a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla de un "riesgo extremo de colapso a causa de las entradas irregulares de migrantes" en las ciudades autónomas, un escenario que según pusieron de manifiesto estaba previsto que se produjera "con carácter inmediato".

Así consta en una nota informativa del CENIF del pasado 30 de julio que recoge que 24 horas antes se había enviado a ambos puestos fronterizos "una previsión de escenarios sobre los sucesos que podrían acontecer en el día de hoy".

Según pone de relieve esa alerta, "la información obtenida en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea" habían puesto de manifiesto que se estaba llevando a cabo "un llamamiento masivo a la movilización de estos migrantes con el objetivo de llevar a cabo una entrada irregular en territorio nacional". De ahí que, según la unidad policial, el nivel de riesgo de la alerta pasase a ser "extremo".

La nota informativa -incorporada al informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, al que ha tenido acceso LA RAZÓN- precisaba que esa información se había puesto en conocimiento "exclusivamente" de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla por afectar a ambas ciudades autónomas.

"Riesgo potencial de entradas irregulares"

El mismo día, otro comunicado señala que el CENIF ha obtenido información a través del Grupo Frontex de Policía Nacional, en el marco de la "operación Spain-Minerva 2026", "sobre el intento de entrada en la Península por parte de los inmigrantes irregulares que están llegando masivamente a Ceuta".

El modus operandi, apuntaba, consistiría en "ocultarse dentro de los vehículos de conocidos que entran a la Península por los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta". Por todo ello, encarecía a los agentes de esos puestos a llevar a cabo una "minuciosa" inspección para detectar a los inmigrantes irregulares.

En otra nota informativa del 29 de julio, el CENIF ya recogía que los agentes disponían de información sobre "un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla previsto para el día 30 de julio". Sobre la mesa, ponía dos circunstancias determinantes. Por un lado, "las posibles consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo" que el 29 de junio puso coto a las devoluciones en caliente cuando los migrantes han accedido a nado a nuestro país (sin superar por tanto una barrera física como una valla). Por otro, "el antecedente" de lo sucedido el 26 de julio de 2018 coincidiendo con la celebración del Día del Trono de Marruecos. Y todo ello, además, acrecentado por "la información obtenida en redes sociales" sobre un llamamiento masivo a cruzar la frontera.

Con esa información, la unidad policial dibujó "una previsión de escenarios" en el que calificaba de "extremo" el riesgo de que se produjeran "entradas a nado" junto a un "salto a la valla de forma coordinada".

"No se puede asegurar que esto vaya a producirse -precisa el CENIF- pero cuando se ha detectado este tipo de actividad en las redes sociales y otros foros, en ocasiones se ha llegado a materializar".

Los efectos de la sentencia del Supremo

En todo caso, informaba que teniendo en cuenta "las últimas novedades jurídicas" (la referida sentencia del Tribunal Supremo) y el "horizonte de celebraciones en Marruecos", esa alerta no se limitaba al día 30 de julio, sino que podía extenderse a las festividades de los días 10 de agosto (Día Nacional de los marroquís residentes en el extranjero), 14 de agosto (Día de la Lealtad) y 20 del mismo mes (Día de la Revolución del Pueblo).

Pero días antes, el 27 de julio, el Centro Nacional de Comunicaciones (CNC) de la Policía constataba unos datos que debieron haber puesto en alerta al Gobierno, pues informaba de que desde el 8 de julio se habían producido 1.240 entradas irregulares de inmigrantes en Ceuta (748 y otros 492 pendientes de acogida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes).

Ya el 31, en plena oleada de inmigrantes, el CENIF detectó "un aumento en la creación de grupos privados orientados a coordinar aproximaciones a las inmediaciones de la frontera, principalmente en el entorno de Ceuta", tales como "Ataque a Ceuta", "Ataque seguro", "Gente de valla" o "Haraga Melilla + Castillejos".

La alerta se extendió a Canarias

La situación en Ceuta llevó incluso a la unidad policial a poner en alerta a las Islas Canarias. "El fenómeno migratorio acaecido en el día de ayer en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la nacionalidad de los potenciales migrantes", avisó el mismo 31 de julio, "hace necesario se lleve a cabo una alerta sobre una posible repercusión migratoria que pudiera afectar a su territorio, aún de manera preventiva".

Un día después, el 1 de agosto, ese riesgo "extremo" se amplió, advirtiendo de la posible llegada a las costas de Cádiz desde Ceuta "de embarcaciones con inmigrantes irregulares que accedieron a la ciudad autónoma" el 30 de julio.

El CENIF también puso el foco en la posible llegada de inmigrantes a la zona del Campo de Gibraltar desde Ceuta. Tras la entrada masiva de inmigrantes, recoge otra nota informativa, "muchos de ellos se alojan en domicilios de familiares o amigos, con el objetivo de evitar ser detectados por las autoridades". Propagándose entre ellos "mensajes informando de que personas residentes en la ciudad de Ceuta organizan salidas de esta ciudad autónoma a la Península Ibérica, a la zona del Campo de Gibraltar, debido entre otras cuestiones a su cercanía geográfica y asentamiento de diferentes organizaciones con capacidad operativa para el tráfico de migrantes y/o de drogas". Estas tramas criminales, dejaban constancia los agentes, operaban "con números de teléfono españoles" y sus integrantes eran residentes en Ceuta.

El precio del viaje oscilaba entre los 40.000 y los 60.000 dirham (de 4.000 a 6.000 euros), que se abonaban con un pago en efectivo antes de salir de Marruecos o ya en Ceuta. "Hay muchos migrantes que se encuentran esperando en Ceuta, para realizar el cruce irregular al Campo de Gibraltar, siguiendo el mismo modus operandi".

Tres inmigrantes que están citados a declarar hoy como testigos en la Audiencia Nacional, a petición propia, ante la juez María Tardón en relación con la entrada masiva en Ceuta el pasado julio identificaron la pasada semana ante la Policía Nacional a una decena de altos cargos y mandos policiales marroquíes que se encontraban en la frontera durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. A cinco de los cuales, además, ellos mismos les vieron sobre el terreno ese día cuando se dirigían a la ciudad autónoma aprovechando la entrada masiva.

Así consta en las actas de declaración –a las que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en las que identificaron, entre otros, al «wali» o gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas (cargo equivalente a nuestros delegados del Gobierno); al jefe de Policía de Tetuán; al «mkadam» de Castillejos, funcionario del Ayuntamiento de dicha localidad; al «bacha» y a un teniente de auxiliares de ese mismo municipio; y al jefe de la Policía de Rincón.

De hecho, un sargento de la Gendarmería Real de Marruecos que accedió a nado a la ciudad autónoma ese día, Hicham E. B., advirtió en su declaración a los agentes españoles de las consecuencias que tendría para él regresar a su país tras haber abandonado el servicio para trasladarse a España de forma ilegal. «Si volviese a Marruecos me podrían meter en la cárcel», trasladó a la Policía el pasado día 19.

Tardón les ha citado a declarar hoy a petición de los propios inmigrantes para que ratifiquen las actas de reconocimiento efectuadas ante los agentes.

Entraron a nado

Mohamed A. (que también entró a nado en Ceuta el 30 de julio), por ejemplo, identificó «sin género de dudas») a cuatro personas y según dijo a todas ellas las vio en la frontera.

En cuanto al «wali» de Tánger-Tetuán-Alhucemas, que según afirmó es Younes Tazi y vestía «camiseta o polo de color verde y gorra», le definió como «la máxima autoridad de la administración territorial del Estado marroquí» en una determinada zona.

Este individuo, según relató, es «el encargado de la logística de la gente que se devuelve a Marruecos por parte de España», pues su cometido sería «organizar los autobuses que los trasladan, la comida que les dan y todo eso».

Otra autoridad a la que puso nombre y apellidos (y a quien, a diferencia de otros de los testigos, no vio en la frontera) es Mohamed el Oualidi, quien según explicó a la Policía es el jefe policial de Tetuán. «Es lo más», recalcó antes de referir que se trata de la «máxima autoridad en ese lugar».

También identificó al «secretario de Administración» provisional, pero no pudo dar su nombre y apellidos. Lo mismo que ocurrió respecto al «jefe del distrito» y a otra persona que, contó «puede ser periodista».

"Pocas fuerzas de seguridad"

«Había policías, fuerzas de seguridad y otras personas vestidas de civil que también podían ser policías y que parecían personal del bacha», explicó en su declaración. El bacha, mientras, «estaba dando órdenes» a los agentes y a las fuerzas auxiliares. Allí había más o menos, especificó, 20 o 30 agentes, «aunque había muchos más en otras zonas de la rotonda en donde se encontraba». Él, sin embargo, pudo pasar «sin problemas», pues no le pararon porque «había mucha gente pasando».

Otro de los testigos, Ziyad A. Y., –quien también entró a nado en Ceuta– dijo que camino de la frontera observó «pocas fuerzas de seguridad» marroquíes. «No había mucha Policía ni fuerzas auxiliares», afirmó.

Este testigo identificó fotográficamente a cuatro personas –aunque a diferencia del anterior a ninguna de ellas las vio en las inmediaciones del paso fronterizo–. Ni al «mkadam» de Castillejos, ni a un teniente de las fuerzas auxiliares de este mismo municipio, ni tampoco al «mkadam» de Condisa y al jefe de la Policía local de Rincón.

Según su testimonio, desde el año 2021 había intentado entrar en España «más de diez veces», por lo que vio hasta en cuatro ocasiones en la frontera a dicho teniente.

Un sargento de la Gendarmería

El último de los tres testigos, Hicham E. B. –que ha trabajado como sargento-jefe de la Gendarmería Real de Marruecos–, consiguió entrar a nado tras ser rechazado en un intento tres días antes. En la frontera, observó que había «agentes de las fuerzas auxiliares de Rabat, agentes de la Policía Nacional Marroquí y agentes de la Gendarmería Real». Este inmigrante identificó a su vez a dos personas: el bacha de Castillejos, a quien vio «en una rotonda situada debajo del hotel Senator, cerca de la frontera» entre las diez y las diez y media de la mañana; y a Mohamed El Oualidi, «wali al-amn» de Tetuán, encargado más de la seguridad. A este último, sin embargo, no le vio en los aledaños de la frontera de Ceuta.

Ayer mismo Tardó escuchó los testimonios de tres consejeros ceutíes: Alberto Gaitán, titular de Vivienda; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente (estos dos últimos estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva y coincidieron en la «pasividad» de los agentes marroquíes). Benzina explicó que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano preguntó: «¿Marruecos está colaborando?», una pregunta que le dejó «en shock» y a la que la consejera de Sanidad contestó irónica: «¿No lo estás viendo?».