Hay acontecimientos que cambian la vida en un segundo. El accidente ferroviario de este miércoles en Toledo es uno de ellos. A treinta y dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez se ha encontrado con una tragedia que ha obligado al Gobierno a tirar a la basura el guion de campaña. La prioridad es atender a las víctimas, acompañar a sus familias y esclarecer las causas del siniestro.

Pero las consecuencias políticas ya se han empezado a dibujar. En Moncloa saben que estas tragedias no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. También someten a examen la gestión de quienes las dirigen. Los socialistas habían diseñado una estrategia para llegar a las urnas a golpe de sonrisas, bailes y besos con la política social como banda sonora. Los sucesivos Consejos de Ministros hasta el día de los comicios debían servir para recuperar la iniciativa política. Para que los españoles, en definitiva, votaran sobre dos modelos de país y no sobre la acumulación de controversias que ha acompañado al Ejecutivo.

Pero el accidente lo ha cambiado todo. Como ocurrió en enero en Adamuz, los españoles vuelven a poner a su Ejecutivo ante el espejo de su propia gestión en uno de los ámbitos más sensibles para cualquier gabinete: la seguridad de las infraestructuras públicas. El propio presidente admitió este miércoles que no es «asumible» para España encadenar dos accidentes ferroviarios de extrema gravedad en menos de un año.

Sánchez suspendió su agenda y se desplazó a Urda, en Toledo, para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados. La actividad institucional del país entró este miércoles en el congelador. Pero una vez superados los primeros días tras la tragedia, volverán las preguntas sobre el estado de la red ferroviaria, los sistemas de seguridad, los protocolos de circulación y la supervisión de las infraestructuras. En definitiva, se volverá a apuntar hacia el Palacio de la Moncloa, donde son plenamente conscientes de que ya se ha reabierto el debate sobre su gestión material de la realidad y de que ha adquirido, irremediablemente, una dimensión electoral.

Toda la presión recae ahora sobre el Ministerio de Transportes. Su titular, Óscar Puente, se encuentra en una situación crítica que demandará explicaciones técnicas diarias, transparencia y una coordinación constante con los organismos responsables de la investigación. Todo lo que ya hizo hace nueve meses, pero con la tensión política disparada. Su departamento recibirá todos los golpes de la oposición. Y el presidente tendrá que decidir hasta qué punto asume personalmente una crisis que afecta a una infraestructura estratégica del país. También tendrá que decidir si termina tirando por la borda a su ministro antes de que se abran las urnas.

Tanto Sánchez como Puente decidieron centrarse en la gestión inmediata de la tragedia y evitaron ancipar futuras responsabilidades políticas. Aunque hasta sus socios de Frente Amplio las empezaron a pedir este miércoles.

En Moncloa saben que cada nueva información sobre las circunstancias del siniestro tapará por completo cualquier mensaje de campaña. El deterioro del transporte ferroviario, la crisis de Ceuta, la movilización por la vivienda, la huelga general y los disturbios registrados en varias ciudades habían servido en bandeja al PP y a Vox nuevos argumentos contra la gestión de Pedro Sánchez. Entretanto, el PSOE había desplegado una ofensiva electoral frenética para recuperar la iniciativa y alimentar las expectativas de remontada. Una estrategia que, al menos, había logrado contagiar cierto optimismo a sus filas, pese a que las encuestas privadas coincidían en pronosticar una holgada mayoría parlamentaria de las dos formaciones de derechas. Pero esa euforia se volatilizó este miércoles a primera hora de la mañana.

El ministro Óscar Puente queda fuera de combate. El exalcalde de Valladolid era el principal ariete del presidente contra la oposición. Pero el accidente le ha sacado de la contienda política. Es prácticamente imposible que Puente llegue a recuperarse antes del 29N. Es más, nadie a estas alturas descarta que se vea obligado a dimitir para intentar salvar al partido.

Él mismo evitó pronunciarse este miércoles sobre su hipotética renuncia. Preguntado por la posibilidad de poner su cargo a disposición del presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes aseguró que su única preocupación es esclarecer lo ocurrido. «En este momento lo que estoy pensando es en esclarecer y tratar de resolverlo, no estoy pensando en mí», respondió en su primera comparecencia tras el accidente. Tampoco quiso detenerse en cómo está viviendo personalmente la tragedia, la segunda que le golpea al frente del departamento.

En Ferraz también bajan los brazos. Las fuentes consultadas admiten que solo toca «gestionar el horror» de la manera más digna posible de aquí a que se abran las urnas.

La polémica sobre la utilización electoral de la denominada ley de nietos ha terminado por convertirse en un serio revés judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha tenido que reconocer que únicamente 901 de los 163.355 nacionalizados afectados por la suspensión cautelar del Tribunal Supremo han acreditado hasta ahora su condición de descendientes de exiliados. La consecuencia es que 162.454 personas no disponen de la certificación exigida para poder participar en las elecciones, después de que el alto tribunal haya intervenido para impedir que una ampliación potencialmente irregular del censo pueda afectar al proceso electoral.

La cifra resulta especialmente significativa porque pone de manifiesto la enorme distancia entre el número de personas incluidas en el procedimiento de nacionalización cuestionado y aquellas que han conseguido justificar documentalmente los requisitos establecidos por el Supremo. El Ejecutivo había defendido la legalidad del procedimiento, pero la intervención judicial ha obligado a revisar los expedientes y a identificar a los afectados antes de la celebración de los comicios.

Los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores entregaron ayer al Tribunal Supremo la relación nominal de los 163.355 nacionalizados, después de que los magistrados advirtieran de la posibilidad de imponer sanciones si el Gobierno incumplía el plazo establecido. La documentación debía presentarse antes de las tres de la tarde y contiene una cifra ligeramente superior a los 163.020 afectados inicialmente comunicados por el Ejecutivo.

El origen de la controversia está en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para conceder la nacionalidad española a descendientes de personas que tuvieron que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de persecución. Sin embargo, una instrucción posterior del Gobierno introdujo una presunción de exilio para quienes salieron del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigir en esos supuestos una acreditación individualizada de las razones políticas de su marcha.

Esta interpretación administrativa es precisamente la que ha desencadenado el conflicto judicial. Vox e Iustitia Europa denunciaron el riesgo de que miles de personas se incorporaran al censo electoral de residentes ausentes sin haber acreditado las circunstancias que justificaban su acceso a la nacionalidad por esta vía.

El Supremo consideró que existían motivos suficientes para intervenir cautelarmente y suspender los efectos electorales de las inscripciones afectadas. La decisión no supone retirar la nacionalidad española a sus beneficiarios, sino impedir temporalmente que puedan votar en las próximas elecciones generales mientras se resuelve la controversia.

El Gobierno sostiene, sin embargo, que la incidencia electoral de estos nacionalizados sería reducida. Según sus cálculos, si se aplican los niveles habituales de participación de los españoles residentes en el extranjero, los 163.355 potenciales electores representarían menos de 14.000 votos efectivos, distribuidos entre las 52 circunscripciones. Una cifra equivalente a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las generales de 2023.

Este argumento no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo: la obligación de garantizar que el censo electoral se ajusta a la legalidad. En un sistema como el español, en el que determinados escaños se deciden por diferencias reducidas, la distribución territorial de los sufragios puede tener más relevancia que su peso sobre el conjunto nacional. Eso no significa que se haya acreditado una alteración del resultado electoral, pero sí explica la importancia de que los tribunales despejen cualquier duda antes de la votación.

La actuación judicial también ha puesto bajo presión a los ministerios dirigidos por Félix Bolaños y José Manuel Albares, responsables de facilitar la documentación requerida. Exteriores ha tenido que coordinar una revisión de expedientes a través de la red consular, mientras Justicia remitió previamente una relación parcial de 76.600 personas identificadas en el Registro Civil digital.

El Gobierno ha cumplido este miércoles el ultimátum del Tribunal Supremo. Después de siete semanas de controversia judicial sobre la aplicación de la denominada [[LINK:INTERNO|||Article|||6ae0af85d5fe5e0007d255fd|||«ley de nietos»]], el Ejecutivo ha entregado la relación nominal de 163.355 españoles que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Moncloa ha remitido el listado en el último día del plazo concedido por los magistrados, que habían advertido personalmente a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares de la posibilidad de imponerles multas reiterativas de hasta 1.000 euros e incluso exigirles responsabilidades penales si no facilitaban la documentación.

La cifra remitida supera en 335 personas los 163.020 afectados a los que se refería el requerimiento judicial del pasado 23 de octubre. Fuentes gubernamentales confirman que la documentación se ha entregado dentro del plazo establecido por el Alto Tribunal. No han precisado, sin embargo, a qué obedece la diferencia de cifras.

La entrega no ha puesto fin a la controversia. La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala Tercera del Supremo que declare reservado el listado al considerar que contiene datos personales sensibles. Moncloa teme que las organizaciones personadas en el procedimiento puedan utilizar esa información con fines ajenos al proceso judicial.

El Ejecutivo señala expresamente a Vox y a otras asociaciones que identifica con la extrema derecha, a las que atribuye el impulso de las medidas que podrían desembocar en la suspensión del derecho al voto de buena parte de los afectados.

El Gobierno sostiene que ha trabajado desde el principio para cumplir las resoluciones judiciales. Según la cronología facilitada por fuentes oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió la notificación de las medidas cautelares el 14 de septiembre y envió el primer telegrama con instrucciones a los consulados al día siguiente.

Desde entonces, el departamento de Albares ha coordinado la revisión de los expedientes en las oficinas consulares y ha autorizado las contrataciones de asistencia técnica solicitadas para completar el trabajo.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral una primera relación de 76.600 personas inscritas en el Registro Civil digital, conocido como DICIREG. Se trataba, según el Ejecutivo, de toda la información disponible en ese departamento. La Oficina del Censo trasladó posteriormente esos datos al Supremo el 21 de octubre.

Esta cronología es la que esgrime Moncloa para rechazar que haya existido inactividad administrativa durante las últimas siete semanas. El Ejecutivo insiste en que las dificultades obedecían a la necesidad de recabar información dispersa entre distintas oficinas consulares.

La Abogacía del Estado había llegado a alegar que resultaba «materialmente imposible» revisar individualmente los expedientes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el requerimiento exigía la identificación nominal de los afectados, una tarea distinta de la comprobación individual de sus circunstancias.

El Gobierno también ha aprovechado la entrega para cuestionar las consecuencias de las medidas cautelares. Defiende que los afectados adquirieron legalmente la nacionalidad española conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a una instrucción administrativa que reconocía la presunción de exilio.

Según Moncloa, se trata de requisitos semejantes a los aplicados tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, durante cuya vigencia se celebraron numerosos procesos electorales sin que se cuestionara su aplicación.

Además, el Ejecutivo trata de rebajar la trascendencia electoral del litigio. Sus cálculos apuntan a que, aplicando los niveles habituales de participación exterior, la eventual exclusión de los 163.355 nacionalizados tendría un impacto inferior a 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones. Esa cantidad equivaldría, según el Gobierno, a menos del 0,06 % de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.

Moncloa subraya que se trata de una estimación máxima y que la incidencia real sería todavía menor, puesto que la relación nominal incluye a personas que no forman parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), entre ellas menores de edad y ciudadanos fallecidos.

Con la documentación ya en poder del Supremo, el foco se desplaza ahora a la decisión que adopten los magistrados sobre la situación electoral de los afectados. El Gobierno ha evitado el incumplimiento del ultimátum, pero mantiene abierto el enfrentamiento jurídico sobre el alcance de unas medidas cautelares que podrían impedir votar el 29 de noviembre a miles de españoles nacionalizados por la «ley de nietos».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se está desplazando este miércoles a Urda (Toledo), donde dos trenes de alta velocidad han colisionado a primera hora de la mañana en un accidente que ha provocado al menos 64 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El jefe del Ejecutivo ha decidido acudir personalmente al lugar de la tragedia para respaldar a los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados y sus familias, según ha comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación. El presidente comparecerá a las 15.00 junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

«La prioridad es atender a las víctimas y garantizar la máxima coordinación entre administraciones», ha señalado el Gobierno, que ha situado la atención a los heridos y la asistencia a los familiares en el centro de su respuesta institucional.

El accidente se ha producido poco antes de las nueve de la mañana, cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, según los primeros indicios trasladados por fuentes del Ministerio de Transportes. El impacto ha provocado el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales han caído por un terraplén a la altura de Urda. La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida.

El balance de víctimas continúa evolucionando a medida que avanzan las tareas de rescate. Las informaciones difundidas durante la mañana han elevado la cifra de fallecidos hasta varias decenas y apuntan a más de 150 heridos, aunque las autoridades siguen actualizando los datos. Los equipos de emergencia trabajan sobre el terreno mientras los servicios sanitarios han movilizado recursos para atender a los afectados.

Sánchez ha suspendido su agenda institucional y ha mantenido contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Este último también ha cancelado todos sus compromisos y se ha desplazado a la zona del accidente. Puente, por su parte, ha explicado que se encuentra desde las 9.40 horas en el centro de control ferroviario, recabando información sobre lo sucedido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado el siniestro de «accidente muy grave» y ha confirmado la movilización de recursos hospitalarios, incluidos servicios de cuidados intensivos, ante la posibilidad de recibir a numerosos heridos. También ha realizado un llamamiento urgente a la donación de sangre.

La tragedia ha provocado una cascada de reacciones políticas y ha interrumpido la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSOE, el Partido Popular, Frente Amplio y Podemos han suspendido sus actos previstos para este miércoles. El PP ha anunciado la cancelación de su agenda electoral en todo el país, mientras que la coalición de izquierdas ha trasladado su solidaridad a los afectados.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado «muy preocupado» por las informaciones sobre el accidente y ha reclamado que todos los esfuerzos se concentren en atender a las víctimas y acompañar a sus familiares. El presidente del PP también ha contactado con García-Page y con el alcalde de Urda, Manuel Galán Moreno, para ofrecerles su apoyo.

La reacción de Vox ha sido diferente. Santiago Abascal ha decidido mantener sus compromisos electorales y ha vinculado políticamente el accidente con lo que considera una «degradación de las infraestructuras y de las instituciones en España». El dirigente ha defendido que el luto no debe impedir exigir responsabilidades y ha anunciado que su partido ha iniciado actuaciones para solicitar la conservación de las pruebas. Por el momento, las causas del siniestro no están determinadas.

También se han pronunciado los Reyes, que han expresado su consternación y preocupación por lo sucedido, así como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha ofrecido los recursos de su comunidad para colaborar en la asistencia a los afectados.

La magnitud de la tragedia ha tenido consecuencias institucionales inmediatas. La Junta General del Principado de Asturias ha suspendido su sesión plenaria y ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En Andalucía también se han cancelado comparecencias y convocatorias parlamentarias.