El Centro de Integración de Datos (CID) alerta de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) están recibiendo mensajes de textos y llamadas de personas que se hacen pasar por la Guardia Civil informando de la identificación de los cuerpos de sus familiares.

"Ante la falsedad de dichos mensajes, se comunica públicamente que el procedimiento de comunicación de las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza de manera presencial y personal por la Guardia Civil, y nunca por llamada telefónica", ha precisado el CID. Al hilo, ruega a los afectados que no den veracidad a los mensajes ni tampoco a las llamadas que están recibiendo.

Las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas, dice el CID, "continúa ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que el balance de víctimas mortales por el siniestro que tuvo lugar ayer asciende a 69 personas.

La juez que investiga el accidente ferroviario de Adamuz abre la veda a investigar las "incongruencia" denunciadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre la gestión de Adif en los hechos.

Nueve meses después del accidente, los investigadores tratan de esclarecer las causas del siniestro que se cobró la vida de 46 personas y, muy especialmente, las incoherencias detectadas por la CIAF y la Guardia Civil en la documentación sobre la revisión de las soldaduras de las vías que aportó Adif al procedimiento.

De hecho, la titular del Juzgado número 2 de Montoro (Córdoba) que investiga estos hechos, Cristina Pastor, acaba de dar traslado a las partes de un informe del equipo investigador que recopila cuatro incongruencias de Adif. Las mismas pivotan sobre cuatro informes de soldaduras aluminotérmicas del puesto de banalización de Adamuz.

Cambio de versiones

La juez ha ordenado que se imprima y notifique esta documentación que aporta, además, notas aclaratorias sobre los informes. Así, en un primer documento se detecta un cambio de versiones sobre el estado de las soldaduras que llamó la atención de la Guardia Civil. La segunda versión se modificó el 1 de febrero, apenas una semana después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, tildara de bulos las informaciones que apuntaban ya entonces al mal estado de las soldaduras como responsable como la causante del descarrilamiento del tren Iryo que descarriló e impactó contra un tren Alvia que circulaba de Madrid a Huelva.

Del mismo modo, se alertó de modificaciones sobre el "nforme final de soldaduras alumnitérmicas del PB Adamuz" toda vez que el mismo no contenía "ninguno de los documentos incluidos" en una versión previas.

En su tercera notificación se advirtió de la existencia de "multitud de firmas" que no estaban manuscritas ni eran electrónicas, lo que generó "dudas en cuanto a su validez". De hecho, apuntaron a una posible manipulación de las mismas. En cuarto y último lugar se advirtió de que una de las notas aclaratorias sobre el estado de las vías se realizó "con posterioridad al suceso".

La declaración de la investigadora

"Contradice otra que existía previamente. Genera dudas acerca de cuál de las dos es la que contiene información real", expuso la CIAF. Ahora el documento, que se realizó en febrero, queda en manos de las partes para que pidan las diligencias de investigación que consideren oportunas.

De hecho, la acusación popular –que litiga bajo la dirección letrada de Vox– ha pedido sin éxito que declare en la causa Isabel López, la investigadora que detectó las incoherencias de Adif. En su escrito, el partido que lidera Santiago Abascal explicó que su declaración era clave para conocer "los hechos y las comprobaciones que determinaron su comunicación al presidente de la CIAF".

Sin embargo, la juez que instruye la causa ha declinado la petición a la espera de analizar la documentación que obra en las actuaciones. Se trata de un criterio compartido por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), que cree que la comparecencia de la investigadora es "prematura" y que podría incluso afectar a las diligencias que se están llevando a cabo.

Nuevas fotografías del tren

La juez, que circunscribe la investigación a la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, quiere aclarar primero si, como denunció la CIAF, sus superiores les ordenaron modificar el sentido de los informes sobre el estado de las soldaduras. Al respecto, la Dirección General de la Guardia Civil ha remitido al procedimiento las fotografías realizadas por el equipo de la CIAF a los vagones siniestrados.

Se trata de decenas de instantáneas, a las que ha tenido acceso este medio, de los vagones número 6, 7 y 8 del tren Iryo accidentado y que se realizaron el 29 de septiembre. En su oficio, la Guardia Civil advirtió de que los vagones se mantienen "precintados y depositados" en la localidad de Adamuz.

Cabe recordar que la juez reprendió a Adif en marzo tras advertirle la Guardia Civil de que se había llevado piezas del siniestro sin la debida autorización judicial la madrugada del 22 al 23 de enero. La togada avisó al ente que depende de Transportes que tenía que restituir el material sustraído del lugar de los hechos de manera inmediata.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de este hecho insólito tras tomar declaración al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en el municipio cordobés de Hornachuelos. El testigo confesó que recibió "orden verbal del jefe de área de Adif" para que retiraran cupones de rail, entre las que hay soldaduras, y lo trasladaran a la base de mantenimiento de Adif. Además, confesó que se habían realizado ensayos sobre los rieles en los rieles que iba a estudiar la CIAF, aunque negó que se destruyeran fuentes de prueba claves para la investigación penal.